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Proyectos de flexibilización laboral y mercado de trabajo regional

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Un análisis de la reforma laboral que plantea el gobierno y de las observaciones de la CGTP al respecto.

Se ha anunciado desde el gobierno, una reforma laboral que sería anunciada en el mensaje presidencial de julio. Las centrales sindicales se han retirado de las “negociaciones” en el Consejo Nacional del Trabajo,señalando que no se están considerando sus propuestas y se trataría de una imposición. En este artículo,presentamos las observaciones de los trabajadores,particularmente las de la CGTP, ubicando el contexto laboral regional reciente.

POSICIÓN DE LOS TRABAJADORES
Se plantea que es un proyecto de flexibilización laboral, que profundiza las políticas de liberalización y apertura implementadas en los años noventa del siglo pasado

1) Se cuestiona la modificación del Contrato de Trabajo por el denominado “Régimen General”, que buscaría introducir normas que hoy rigen para regímenes agrarios y de exportaciones,buscando dividir generacionalmente a los trabajadores.Los viejos mantendrían derechos de sus contratos a tiempo indeterminado,y a los nuevos con la “reforma laboral”,se les recortarían gratificaciones,CTS,vacaciones,derechos de seguridad y salud en el trabajo.

2) Se discute la ley para “promover” el empleo joven, y el subsidio al sector empresarial con el 9% de los aportes y a las AFPs con el direccionamiento de la afiliación. Se teme que en última instancia se busque quebrar ESSALUD,ya que el Estado no le paga una deuda significativa.

3) Otro problema es el de Ceses Colectivos. Se ha dicho que se verá caso por caso,y ya se aprobaron para una empresa que los solicitó. La CGTP considera hay una voluntad política de iniciar un despido masivo de trabajadores nombrados,de forma tal que en un plazo relativamente corto solo quede el grupo de trabajadores con derechos recortados.

4)También les preocupa la desactivación en los hechos de la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral),no tiene suficiente presupuesto,y se le están recortando funciones de fiscalización eliminando multas y dificultando su pago, permitiendo la judicialización de los procesos, creando condiciones para la impunidad de los empleadores por los abusos cometidos.

5)Se cuestiona la propuesta de “regular”el arbitraje potestativo causado, el que ya no existe desde el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Asimismo, buscar prolongar el trato directo a 6 reuniones o tres meses,complicando la negociación colectiva.Atentaría contra la libertad sindical,y eliminaría la posibilidad de plantear un “cierre de pliego” en las fórmulas arbitrales.

6)De otra parte,se considera ineficiente la ley procesal de trabajo,ya que hay audiencias que se están programando para noviembre del año 2018. La pregunta que se hacen, es dónde pueden acudir entonces los trabajadores que consideran afectados sus derechos fundamentales,si se flexibilizan las normas laborales y el poder judicial está rebasado.

REFORMA Y “MERCADO”  DE TRABAJO REGIONAL
Un reciente trabajo conjunto de CEPAL-OIT (1) muestra el incremento de la tasa de desempleo al 2016. La razón, de acuerdo a la CEPAL, es por la caída de la tasa de ocupación y un aumento de la tasa de participación que pone en evidencia “el efecto de un aumento abrupto del desempleo, que, al afectar el nivel de ingresos de los hogares, puede gatillar el deseo de más personas de participar en el mercado laboral. Por ende, en un contexto de caída de la tasa de ocupación urbana producto de la contracción económica, una participación laboral creciente abona las condiciones para que aumente de modo significativo la tasa de desempleo… ” p8 (ver gráfico I.2).

La caída de la tasa de ocupación es la del empleo asalariado, urbano, que fue el que creció durante la época del crecimiento económico.

Lo anterior se traduce en un deterioro de la calidad del empleo. La caída de la tasa de ocupación y de generación de empleo asalariado, se vio compensada por la generación de autoempleo con mayor informalidad, y porque el empleo se concentró en las actividades en ramas de actividad con condiciones laborales más precarias. Los ingresos se precarizaron y cayeron los salarios reales.(gráfico I.7)

En suma, pasado el ciclo de crecimiento de los últimos años,los trabajadores formales sufren los efectos de la desaceleración en la región. No es el mejor contexto para afectar derechos sindicales, cuando la vulnerabilidad por el ciclo económico aumenta, agudizando problemas estructurales pre-existentes.

En el Perú,aumenta la precariedad del empleo en un contexto de alta informalidad,autoempleo y coexistencia de diferentes modos de producción. En ese sentido,las preocupaciones de laCGTP, deben considerarse para un debate de fondo en el país,ya que es mucho lo que está en juego para el destino de los trabajadores y del Perú.En un contexto de polarización política, desatender las promesas hechas en campaña a los trabajadores, es echar más leña a la hoguera.

(1)CEPAL/OIT Coyuntura Laboral en ALyC. La Inmigración laboral en América Latina. Mayo 2017, número 16

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Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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