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Prosigue el maltrato

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Evidentemente hay mu­chos maltratos y debemos terminar con ellos. En esta ocasión me refiero a los pe­ruanos que residen en el exterior, que vienen siendo maltratados electoralmente desde hace mucho tiempo, al negárseles el derecho a votar para el Congreso por quienes también residen en el extranje­ro y, que quieren tener su dis­trito electoral. Fieles al castigo y a la incomprensión, no cejan en su propósito y persisten en su vocación electoral.

Mejor me explico a fin de evitar confusiones. Des­de hace muchas elecciones generales los peruanos en el exterior, ejercen el derecho de sufragio por candidatos de listas parlamentarias de Lima Metropolitana, y no de listas de peruanos en el exterior. Si bien es cierto que pueden postular dentro de listas de candidatos de Lima Metropoli­tana, no están representando a los peruanos residentes en el exterior sino a los de Lima. En consecuencia, pueden elegir y ser elegidos, pero no para representar a los peruanos que tienen sus mismos inte­reses, problemas y expecta­tivas, entre otros conceptos. En consecuencia, se les trata como de segunda categoría, violentando la igualdad ante la ley, que es precepto cons­titucional.

Desde hacen varias déca­das, los peruanos en el exterior quieren terminar con tan in­fausta situación, pretendiendo que se cree el distrito electoral de los peruanos en el exterior y, para lo cual, en diversas administraciones parlamen­tarias, se han presentado sendos proyectos de ley para proscribir su marginación y darles el mismo tratamiento de los peruanos residentes en el Perú, ergo, que tengan su propio distrito electoral.

Hace aproximadamente dos años, el Gobierno nom­bró una Comisión presidida por Fernando Tuesta para que propusiera reformas políticas y electorales, siendo una de ellas, atender la pretensión de nues­tros compatriotas en el exte­rior. Tuvieron tan mala suerte, que el párrafo en que estaba la proposición, hecha suya por el Poder Ejecutivo, desapareció de la propuesta, por obra de birli­birloque y, por supuesto de la Ley 30996.

En buen romance, fueron por lana y salieron trasquilados, pues no solamente no se incorporó el nuevo distrito de peruanos en el exterior, sino que se quitó el párrafo de la ley que se pretendía modificar, en que se les permi­tía votar por los candidatos a Lima Metropolitana. Ni eso les dejaron. Felizmente para las elecciones parlamentarias del 26 de enero de 2020, pudieron emitir su voto por candidatos del distrito electoral de Lima Metro­politana, en virtud de que, según la Ley Orgánica de Elecciones, las normas que modifiquen la legislación electoral dentro del año previo a las elecciones, no rigen para el proceso electoral en cuestión.

Ahora en la Comisión de Constitución del Parlamento, se ha aprobado dictamen, en el sentido de crear el distrito electoral de peruanos en el exterior, con dos curules, pero sin modificar el número total de congresistas que seguirá siendo 130. Es decir, como el número total de congresistas no aumen­ta, para darle dos curules a los representantes de peruanos del exterior, tendrá que rebajarse el número de parlamentarios que correspondan a otros distritos electorales.

Francamente y con pena, creo que lo señalado en el pá­rrafo anterior no se aprobará, pues como dice un conocido anuncio publicitario, a nadie le gusta “que se coman su Ce­relac”. Si bien a estas alturas del partido y faltando solo 9 meses para las elecciones del 2021, no es conveniente a mi juicio, que se varíen las reglas electorales, esta podría ser una excepción, siempre y cuando se amplíe el número de parlamentarios.

Se han dado diversos argu­mentos para que no se apruebe la reforma, pero carecen de ra­zonabilidad. Se ha dicho que el número de peruanos en el exterior, que participa en las elecciones, no es significativo, pese a que están obligados a votar y si es que no lo hacen están incursos en “muerte civil” y deben pagar multa. Error, ambas cosas fueron de­rogadas en el año 2006 por la Ley 28859.

Se ha afirmado que, en va­rios departamentos del Perú, la representación por parlamen­tario sería mayor a la de los peruanos en el exterior. Cierto, pero también sucede lo contra­rio, pues hay departamentos en que sería muchísimo menor como Madre de Dios (95530) o Lima (215,819). Todo ello sin olvidar que los peruanos estamos subrepresentados en nuestro Congreso.

También se ha argumen­tado que el interés de los pe­ruanos radicados fuera de la patria, es únicamente el buen trato consular y, que si llegan al Parlamento, su labor de fiscalización estaría restrin­gida a nuestros embajadores y cónsules. No es verdad, pues al igual que cualquier otro parlamentario, su facultad fiscalizadora no tiene límite territorial alguno.

Otra objeción que se ha formulado es que tener par­lamentarios originarios del exterior, significarán más gastos para el Estado por el transporte del lugar de su residencia al Perú y vicever­sa, así como para la semana de representación. Si bien la Democracia no tiene precio, siempre se podrán poner lími­tes presupuestales e incluso concurrencia a omisiones y al pleno, no presenciales.

Es verdad monda y liron­da, que quienes más interés tenemos en que los peruanos del exterior estén represen­tados en el Congreso, somos los residentes en el suelo pa­trio, ya que así los primeros se interesarán en los asuntos del Perú y, serán excelentes embajadores para mostrar nuestras bondades, naturale­za, riqueza cultural y podrán ser promotores de turismo e inversiones. Es un juego en que todos ganan.

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Economía

Fraccione deudas pendientes

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Fraccione deudas pendientes

Las personas naturales y empresas con deudas pen­dientes de pago por tesoro público o EsSalud pueden solicitar el aplazamiento hasta por seis meses y/o el fraccionamiento hasta en 36 cuotas mensuales, a una tasa de interés mensual del 0.4% y de esta manera poder contar con recursos finan­cieros para la atención de sus necesidades básicas y el desarrollo de sus actividades comerciales.

Se pueden fraccionar deudas exigibles y pendientes de pago en cualquier estado (en cobranza, reclamada, ape­lada, demanda contenciosa administrativa o en proceso de amparo).

Entre las deudas pendien­tes que se pueden aplazar o fraccionar están las referidas a IGV, Pagos a cuenta del Im­puesto a la Renta de tercera categoría de los meses enero, febrero y marzo del 2020, y los saldos de fraccionamien­tos anteriores.

Asimismo, las contribu­ciones a Essalud, las deudas por multas; y liquidaciones de cobranzas de tributos aduaneros, vinculados a re­soluciones de determinación y multas.

Con la presentación de la solicitud de acogimiento al Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF), el contribuyente se desiste de cualquier medio impug­natorio de la deuda (en re­clamación, apelación o pen­diente de pronunciamiento en el Poder Judicial o Tribunal Constitucional).

No están comprendidas las deudas que a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento todavía no sean exigibles, así como los tribu­tos retenidos o percibidos, la deuda concursal o en procesos de liquidación judicial o ex­trajudicial, los recargos y los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 2020, excepto los que corresponden a los periodos de enero, febrero y marzo.

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Economía

No destruyan ahorro previsional en el Perú

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No destruyan ahorro previsional en el Perú

La Asociación de AFP sostuvo hoy que la apro­bación del proyecto de ley que propone el retiro de 100% de los fondos pre­visionales privados, per­mitiría el retiro de 62,000 millones de soles de las AFP, lo que representa el 41% de la cartera total ad­ministrada por el SPP.

“Para la Asociación de AFP, la aprobación de este proyecto de ley destruiría el ahorro previsional en el Perú”, subrayó a través de un comunicado.

FUTURO INCIERTO

La Comisión de De­fensa del Consumidor (Codeco) debate el pro­yecto de ley que propone el retiro del 100% de los fondos de los afiliados a las AFP que no hayan aportado por 12 meses consecutivos, con lo que más de 3.7 millones de pe­ruanos se quedarían sin pensión para su vejez.

Además, la rentabili­dad de los afiliados que no retiren sus fondos se verá perjudicada debido a la ne­cesidad de recomponer las inversiones de las AFP.

“Este proyecto de ley es incongruente con lo que se propone en la Comisión Especial Multipartidaria, en­cargada de elaborar la refor­ma del sistema de pensiones, porque en lugar de ampliar la cobertura, faculta a reti­rar el 100% de sus aportes, con lo que la cobertura será menor”, explicó la presiden­ta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé.

A esta situación hay que agregarle que los retiros de 2,000 soles ordenados por el Poder Ejecutivo y el retiro del 25% establecido por el Congreso ya han afectado al SPP, que en solo cuatro meses tuvo que desembolsar cerca de 25 mil millones de soles.

“Hay más de 40 proyectos de ley sobre el Sistema Pri­vado de Pensiones que están en diversas comisiones del Congreso y que no son téc­nicos y tampoco tienen una visión de largo plazo.

 

ALGO MÁS

Creemos que todos estos temas deberían ser canalizados en la Comisión Especial Multipartidaria”, sostuvo Giovanna Prialé.

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Política

Produce actualiza Reglamento para Asignación del Código del Fabricante

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Produce actualiza Reglamento para Asignación del Código del Fabricante

Desde el domingo 2 de agosto, entró en vigencia el nuevo Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de Transporte, comprendidos en el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC.

A través del D.S. Nº 014-2020, del Ministerio de la Producción (Produce), se establece las disposiciones vinculadas a la fabricación y ensamblaje de vehículos terrestres, así como el procedimiento para la asignación del código WMI. De esta forma, se busca que dichas actividades se realicen en condiciones de seguridad, con el propósito de preservar la salud del personal responsable de la fabricación de estos vehículos y la ciudadanía en general.

REGLAMENTO

Entre los lineamientos pu­blicados en el nuevo reglamento destacan las condiciones míni­mas con las que debe contar una planta para la fabricación y/o ensamblaje de los vehículos señalados en la norma, así como el proceso de producción y las características que debe poseer el personal a cargo de estas ac­tividades.

De igual forma, se especifica la vigencia de las autorizacio­nes otorgadas, y el proceso de renovación de dichos permisos. Asimismo, se establece que el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) será la entidad encargada de la acreditación de aquellas personas jurídicas que pretendan desarrollar actividades de inspección en las plantas que fabriquen y/o ensamblaje de vehículos de transporte terrestre.

Al mismo tiempo, Inacal tendrá bajo su competencia la emisión de certificados de inspección a plantas que pretendan obtener la autorización para realizar las labores mencionadas. Es preciso señalar que, aquellas solicitudes tramitadas antes de la entrada en vigencia de la presente norma, se rigen por las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 023-2016-Produce, hasta su conclusión.

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