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Pésimas prácticas de la Backus y Johnston

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Pésimas prácticas de la Backus y Johnston

Negocios al interior del grupo económico

Desde el punto de vista fiscal un aspecto que pasa piola son las relaciones que mantienen las grandes empresas con sus subsidiarias, filiales y vinculadas tanto en el país como en el exterior. En un mundo globalizado, de apertura y liberalización de los mercados, las grandes empresas y grupos de poder económico y político, ponen en práctica una serie de mecanismos para sobrefacturar, recargar costos, minimizar los pagos de impuestos, crear empresas de fachada que funcionan digitadas por la principal, abusan de los servicios de terceros, y de los trabajadores, en la mayoría de los cuales se impide la formación de sindicatos.

En resumen, se ponen en práctica una serie de figuras y comportamientos formalmente permitidos, reconocidos con el nombre de elusión tributaria, que tienen como objetivo central: maximizar las utilidades, minimizar los ingresos fiscales y reducir los costos laborales.

Según el portal Ojo Público luego de una sesuda investigación periodística concluyó que las principales corporaciones empresariales han judicializado en casi 800 juicios relacionados a temas tributarios el pago de S/ 20 mil millones de soles, por observaciones de la Sunat sobre el impuesto por pagar, tanto en el tribunal fiscal como en el llamado Poder Judicial (Ver art. Club de los Deudores 26/7/16)

Ello es particularmente importante en la presente coyuntura de “vacas flacas“ para el fisco peruano donde la presión tributaria ha disminuido peligrosamente a menos del 13 % del PBI, gracias a los beneficios tributarios, la corrupción, a la evasión y elusión fiscal de las empresas formales, la informalidad y el contrabando.

Debiera ser evidente que con una presión tributaria de tal nivel, el Estado no tenga los recursos suficientes para enfrentar y resolver las necesidades sociales de todo Estado, salud y educación de calidad, infraestructura y sobre todo la seguridad ciudadana.

Un Estado débil, denominado “empírico” por el historiador Jorge Basadre sea históricamente deficitario salvo en las épocas de bonanza. De allí que en los últimos tres años arrastremos un déficit superior al 3 % en relación al PBI; y la política de los últimos gobiernos ha sido siempre privilegiar los llamados impuestos indirectos, que gravan a los sectores populares, tales como el IGV y el selectivo al consumo a los combustibles, bebidas alcohólicas, gaseosas y cigarrillos.

Sin embargo, se pierde de vista a los “peces gordos”, a las grandes empresas transnacionales y grupos de poder económico que se desenvuelven en el mercado con prácticas de holding, cartel, conglomerados donde una empresa matriz es el cerebro y una serie de empresas filiales y subsidiarias giran alrededor; donde el egreso de una empresa, es el ingreso de la hermana filial o vinculada, donde las compras y ventas se saldan al interior del grupo, y las utilidades se quedan en familia.

LOS TENTÁCULOS DE PULPO

Un caso particularmente grave lo constituye el caso de la industria cervecera donde la transnacional AB Inbev controla a través de “Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A.”, a más de 24 empresas subsidiarias y relacionadas manteniendo privilegiadas relaciones económicas y comerciales afectando las arcas fiscales, a los consumidores y a sus trabajadores, gracias a su poder económico, político y mediático.

Después de todo hemos tenido un presidente de la República (PPK), un presidente del Consejo de Ministros (Zavala), un ministro de Trabajo (Grados), más altos funcionarios de Estado y de las empresas públicas provenientes de la Backus, que se quedaron sin chamba, cuando la transnacional AB Inbev absorbió a la competencia Sab Miller a fines del 2015 en un proceso de reestructuración empresarial a nivel mundial.

AB Inbev es un conglomerado mundial que concentra más de un tercio del mercado cervecero mundial. Es un grupo que tiene presencia a escala mundial; de origen multinacional Belgo-Brasileña, con sede en Lovaina (Bélgica), que en noviembre del 2015 cerraba la compra de SAB Miller, su mayor competidor hasta entonces, con lo cual pasa a controlar UCP Backus y Johnston y subsidiarias en nuestro país y resto del mundo donde SAB Miller operaba.

Los dueños o controladores de este conglomerado es un pool de inversionistas mundiales: Grupo Altria (Capital Group de EEUU), la familia Belga Van-Damme, los brasileños: Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira y Marcel Herrmann Telles. El colombo estadounidense Alejandro Santo Domingo, dueño del grupo Valórem, participa con un menor porcentaje. Es más, para esta parte andina de América Latina, las operaciones de Perú, Ecuador están centralizadas en Colombia.

Desde el 2016 AB Inbev, tiene presencia en más de 80 países. Cuenta con un portafolio de más de 200 marcas de bebidas alcohólicas y gaseosas, al cierre del 2017 empleaba casi 200,000 trabajadores. Cerca de la mitad de sus ingresos globales, se encuentran dentro de Latinoamérica. Sus dos mercados más importantes son EE.UU. y Brasil; además 6 de las cervezas «top 10» del mundo pertenecen a AB Inbev, y en nuestro país tienen una presencia monopólica.

LAS MALAS PRÁCTICAS

El recuadro “Grupo Backus y Johnston: Principales Empresas Subsidiarias y Relacionadas” expone la importancia de este conglomerado donde AB Inbev SA/NV resulta siendo la matriz del holding, el cerebro económico donde se adoptan las decisiones más importantes, y a través de las 24 empresas subsidiarias y relacionadas se mantienen relaciones de compra/venta en condiciones ajenas a la libre competencia, donde se afecta al fisco, a los consumidores y a los trabajadores, minimizando la participación de utilidades a pesar de los crecientes ingresos, y excedentes económicos.

En especial debiera llamar la atención a la Sunat por el ejercicio 2017 el pago de 706 millones de soles por concepto de pagos por regalías por el uso de la marca Backus, a la empresa Backus Marcas y Patentes SAC, es decir la empresa se paga a si misma por el uso de su propia marca, en lo que se conoce arrendamiento de la propiedad intelectual.

Igualmente resulta lesivo para el país el pago a la filial Racetrack Peru SRL, una especie de empresa controladora, dedicada a las actividades de las sociedades de cartera, a la cual se le debe abonar 564 millones por concepto de dividendos cuando en el 2016 la cuenta por pagar no era más de tres millones de soles.

En el mismo sentido también el 2017, todos los consumidores aficionados a la rubia espumosa tuvimos que pagar más de 172 millones de soles por los “servicios de administración, consultoría y asistencia técnica brindados por la matriz AB Inbev SA/NV”.

Para el mismo año también se tuvo que pagar 335 millones de soles por las compras de materias primas en especial a SAB Miller Procurement GMBH que es otra matriz responsable de la producción, elaboración y comercialización de cervezas, bebidas y refrescos.

Por último, sería deseable que la SUNAT en defensa del interés público realice investigaciones, pues resulta evidente que existen serios indicios de millonarias sumas de evasión fiscal mediante estas compras/ventas al interior de empresas subsidiarias y relacionadas, que resulta una práctica extendida de los grupos económicos y financieros.

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Política

Abogado de Chlimper hunde a Keiko Fujimori

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José Chlimper Ackerman

El semanario Hildebrandt en sus trece reveló que la defensa del exsecretario general de Fuerza Popular, en su intento por refutar las imputaciones por lavado de activos, validó la tesis de la Fiscalía sobre el blanqueo de dinero ilícito de Odebrecht.

Según publicó el semanario Hildebrandt en sus trece, el abogado de José ChlimperAckerman, exsecretario de Fuerza Popular a quien se le imputa el presunto delito de lavado de activos, admitió ante el juez Víctor Zúñiga que el dinero ilícito de Odebrecht entregado a Fuerza Popular fue blanqueado mediante cócteles y rifas.

A fin de sustentar la inocencia de su patrocinado, el abogado José Nolasco se apoyó en la tesis fiscal del miembro del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez. “La Fiscalía ha acreditado que la totalidad de la campaña de la empresa Odebrecht se lavó en cócteles y rifas realizados en el 2010, en los que el señor ChlimperAckerman no tiene ninguna imputación”, alegó.

Como se recuerda, la Fiscalía le imputa a Keiko Fujimori haber utilizado la fachada del partido Fuerza Popular para montar una organización criminal donde se habría lavado dinero proveniente de fuentes ilícitas, para lo cual habrían organizado un sistema de falsos aportantes.

CONTRADICCIONES DE CHLIMPER

De otro lado, y aunque en octubre de 2018 José Chlimper rechazó haber pagado una pauta publicitaria a Radio Programas del Perú (RPP) con US$ 210 mil en efectivo, ante el juez Zúñiga su defensa legal intentó justificar la procedencia lícita del dinero.

“El supuestamente haber entregado una cantidad de dinero a los representantes de los medios de comunicación, cuando el supuesto delito de lavado ya se ha consumado, ¿configura el delito de lavado de activos? La respuesta es un rotundo no”, manifestó en la audiencia.

Nolasco continuó argumentando que Chlimper “no solo cuenta con solvencia económica sino que ha efectuado inversiones en RPP y cuenta con un patrimonio absolutamente lícito”. Sin embargo, el presidente de directorio del medio de comunicación desmintió que Chlimper haya invertido alguna vez en su vida en RPP, ni que le haya prestado dinero.

Al margen de las contradicciones entre Chlimper y su defensa, lo cierto es que sigue sin explicación la procedencia de los US$ 210 mil dólares en efectivo con que el empresario agroexportador pago a la emisora.

SE ESTÁ QUEDANDO SOLA

Para la presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, “todas las acciones negativas tienen un costo”, y para Fuerza Popular el costo es que sus “alfiles principales” como José Chlimper, termine diciendo la verdad a través de lo manifestado por su abogado.

Además, destacó que Keiko Fujimori “se está quedando sola”, pues a la posición adoptada por Chlimper se suman las declaraciones de otros testigos y colaboradores eficaces como Jorge YoshiyamaSasaki y del extesorero de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, que refuerzan la tesis de la Fiscalía respecto a las imputaciones de lavado de activos y de obstrucción a la justicia.

Por otro lado, Sifuentes advirtió que los grandes empresarios ya estarían acusando el impacto negativo generado a partir de la presunta relación de beneficios mutuos sostenida con el fujimorismo. “Es por ello que se están distanciando y marcando límites antes de ser expuestos, a los empresarios que lamentablemente marcan la agenda en el país no les va a resultar tan interesante sostener esos vínculos con un personaje como Keiko Fujimori, que se está quedando sola con sus mentiras”, indicó.

Finalmente, señaló que la ciudadanía está tomando conciencia sobre los riesgos que representa el fujimorismo para el país. “Aunque todavía hay sectores que no se enteran

de esto y aún creen en ellos, las elecciones de este domingo van a demostrar que ese porcentaje no es el mismo de antes y ha disminuido de modo importante”, concluyó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

PJ admitió casación contra juez Zúñiga

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Víctor Zúñiga Urday

La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Especializada admitió la casación presentada para apartar al juez Víctor Zúñiga Urday del caso Keiko Fujimori. El abogado de Fuerza Popular, Juan Alarcón Caycho, afirmó que dicha medida se justifica “en motivos graves que afectan la imparcialidad del magistrado recusado y la extensión de la recusación”.

A finales del año pasado el mismo tribunal rechazó un pedido de recusación contra el magistrado Zúñiga Urday; sin embargo, en esta ocasión la sala del Poder Judicial decidió “conceder el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del Partido Político Fuerza Popular”. En consecuencia, será la Corte Suprema de Justicia, presidida por César San Martín, la que evalúe el pedido para retirar al juez Zúñiga.

Sin embargo, esta decisión no impedirá que el juez Zúñiga emita su resolución sobre el pedido de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori, anunciada para el martes 28 de enero.

El abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, aclaró que para que se resuelva el recurso de casación en la Corte Suprema aún tendrán que pasar varias semanas. “Primero tendrán que señalar fecha y hora para el informe oral en la vista de la causa, y eso se hace con días de anticipación. Así que partiendo de eso nada más, el martes con toda seguridad el juez va a emitir su resolución sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori”, afirmó.

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Política

Denuncian a jueza de familia de favorecer a demandante

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Denuncian a jueza de familia de favorecer a demandante

Una jueza de familia se encuentra en el ojo de la tormenta luego de una queja presentada contra ella ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA). por presuntamente haberse parcializado con una de las partes en un proceso judicial.

La abogada Martha García presentó la queja contra Clara Peña Chauca, jueza del Décimo Sexto Juzgado de Familia de Lima, y contra la especialista Zoila Llontop Trujillo, del mismo juzgado, por una serie de irregularidades que, según la letrada, cometieron en contra de su defendido Antonio García Lossio.

Por ejemplo, afirma que presentó un escrito ingresado con código N° 37786-2019 a Mesa de Partes el 13/08/2019 comunicando al juzgado la variación de su domicilio procesal y nueva designación de abogado. “Toda resolución debió ser dirigida a mi nuevo domicilio procesal a partir de la fecha de la citada comunicación, pero no fue así ya que las quejadas incurrieron en graves faltas al remitir la siguiente resolución al anterior domicilio procesal”.

SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Precisó que el juzgado expidió la resolución N° 127 de fecha 12/09/2019, la misma que no fue notificada a su nuevo domicilio legal a pesar de que un mes antes se comunicó al Juzgado la variación.

“Las quejadas hicieron caso omiso a sus deberes previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 50 del Código Procesal Civil, de igual forma no consideraron que el objeto de la notificación es poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales”, señaló Martha García ante la ODECMA.

También advirtió que la jueza y la especialista incumplieron lo previsto en el inciso 3 del artículo 50 del Código Procesal Civil, que dispone que se debe dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en el orden que ingresan al despacho.

“Las quejadas debieron atender primero mi escrito de fecha 13/08/2019, sin embargo atendieron primero el Informe Pericial 00667-2019-ETP-ASJR-USJLI-PJ ingresado por Mesa de Partes el 2 de setiembre de 2019, siendo que dicho Informe determina la suma de S/21,841.30 soles, por concepto de devengados de alimentos a favor de la demandante”.

ALGO MÁS

La abogada manifestó que el apuro por favorecer a la demandante ha generado que convaliden notificaciones hechas a otros domicilios y a la vez se dispongan emitir copias certificadas a la Fiscalía Penal de Turno de Lima para que proceda a la denuncia de su representado Antonio García Lossio por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.

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