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Perupetro: entreguismo, traición y felonía

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Oleoducto de gas licuado de petróleo

VIRTUAL CIERRE DEL OLEODUCTO NORPERUANO

Ante los recurrentes derrames de crudo producto de atentados realizados por terceros al Oleoducto Norperuano, el inefable presidente del directorio del organismo estatal, Perupetro, encargado de promover las inversiones de hidrocarburos y al mismo tiempo de supervisar los contratos, no ha tenido mejor idea que auspiciar y promover un acuerdo para que el petróleo crudo que se extrae en la selva norte de nuestro país, sea transportado hacia el Ecuador, usando las instalaciones del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de nuestro vecino, que está bajo responsabilidad de la petrolera estatal Petroecuador.

Con la información oficial está demostrado que existe una “mano negra”, un “modus operandi” desde el 2015 a la fecha donde se ha vuelto recurrente la fractura del oleoducto que conlleva a derrames de crudo con las consecuencias ambientales que todos tenemos que lamentar. ¡Estas paralizaciones son la excusa perfecta para justificar la privatización por partes de Petroperú!

Es más, representantes de dirigentes nativos amenazan con nuevas fracturas del oleoducto ante el histórico abandono de las comunidades nativas por parte del Estado peruano.

SISTEMÁTICO CHANTAJE

Frente a ello la petrolera estatal Petroperú, titular del Oleoducto Norperuano ha desembolsado millonarias sumas para la remediación ambiental a supuestas empresas especializadas y redistribuye ingresos en las comunidades nativas para la limpieza de los derrames.

Es más, en el pasado cercano se justificó una Comisión Investigadora en el Congreso de la República presidida por el “desaparecido” presidente del Consejo de Ministros, “que no sabe y no opina” respecto a los derrames, causas y efectos, donde supuestamente se debiera saber sobre los responsables.

Por ello, debiera reconocerse a ciencia cierta ¿cuántos millones de soles se han gastado de parte de Petroperú supuestamente para resolver este problema con las comunidades nativas? Cabe preguntarse si existirán auditorías respecto a estos pagos que se han vuelto en la práctica un chantaje para la petrolera estatal de parte de miembros de las comunidades que con jornales de 150 soles diarios o más resuelven en parte el problema de los bajos ingresos.

CUESTIÓN DE ESTADO

Al margen de las diferencias que pudieran existir entre el Perú y Ecuador en materia de hidrocarburos, esta peregrina idea del ingeniero Seferino Yesquén ha merecido los duros calificativos del congresista Manuel Dammert, donde el supuesto plan ‘B’ para sacar el crudo extraído en la selva norte, constituye una traición al Perú y violenta los intereses de Petroperú.

El Oleoducto Norperuano, después de la Refinería de Talara, es el activo más importante que tiene la petrolera estatal, la misma que ha permitido desde 1978 a la fecha trasladar el petróleo de los lotes 1-AB ahora denominado 192, el lote 8 y otros.

En realidad el oleoducto ha permitido monetizar, valorizar por casi 2,000 millones de barriles de petróleo crudo, que han pagado impuestos y regalías que fundamentalmente financian el canon petrolero para la región Loreto, pero que tales recursos lamentablemente se concentran en la capital Iquitos, dejando de lado a las zonas productoras.

Refinería de petróleo

PERUPETRO VERSUS PETROPERÚ

En verdad, no debería causar extrañeza estas declaraciones del presidente del directorio de Perupetro que no coinciden con los intereses de Petroperú, la petrolera estatal, titular del Oleoducto Norperuano.

Es más, cabría preguntarse si tal posición del presidente del directorio de Perupetro cuenta con la aprobación del conjunto de sus miembros o es una salida individual, la misma que colisiona no solamente con Petroperú, sino también con el Ministerio de Defensa y la cancillería nada menos.

¡Esto sucede cuando buenos técnicos se improvisan como funcionarios que carecen de una visión de estado!

En el mismo sentido cabría interrogarse si el ministro del sector de Energía y Minas comparte esta alternativa, este denominado plan ‘B’ ante las interesadas paralizaciones del Oleoducto Norperuano.

Todo pareciera en este caso que el presidente de Perupetro, Seferino Yesquén, expresa y representa los intereses de las empresas petroleras que operan en la región, concretamente Perenco del lote 67 que teniendo operaciones en el Ecuador preferiría sacar su crudo por la selva ecuatoriana.

Sumado al argumento de los atentados que provocan el cierre, la paralización del bombeo de crudo en las operaciones del Norperuano, con las pérdidas económicas consiguientes para las empresas, el Estado, los gobiernos locales y regionales como también la afectación de los intereses de Petroperú, se exponen argumentos económicos adicionales.

TARIFAS ALTAS CON SUBUTILIZACIÓN

Las empresas que utilizan el Oleoducto de Petroperú señalan que la tarifa por abonar por barril de crudo transportado es muy alta, cercana a los US$ 10 cuando por el vecino país, las tarifas serían menores a los US$ 3 por barril. Por tanto, lo económico para las empresas privadas, el plan ‘B’ de Yesquén es sacar el petróleo del lote 67 por Ecuador.

Debiera ser evidente que si una empresa se conecta con el oleoducto ecuatoriano, otras también seguirán ese camino, en lo que llamaríamos “efecto espejo” con lo cual el Oleoducto Norperuano sería dejado de lado por obra y gracia de Perupetro, una agencia estatal que juega contra Petroperú, es decir contra el interés público.

Debiera ser evidente que un Oleoducto como el Norperuano construido en la década de los setenta del siglo pasado, fue diseñado para trasladar en el tramo más importante 200 mil barriles diarios y hoy está claramente subutilizado por una serie de razones.

Como “monopolio natural” si su construcción fue diseñada para trasladar 200 mil barriles diarios, y hoy en día no traslada ni 20 mil barriles, debiera ser evidente que los costos unitarios por trasladar un barril se encarecen. De allí la explicación de por qué las empresas tienen que pagar US$ 10 por barril como tarifa de transporte.

Por tanto la solución fácil y expeditiva es sacar el crudo de la selva nororiental usando el oleoducto ecuatoriano, cuya salida en la costa del país vecino sería en el norte del Ecuador, en el puerto de Esmeraldas y de allí el crudo sería trasladado a la refinería de Talara/Petroperú, evidentemente pagando un flete marítimo, con lo cual al margen de las consideraciones geopolíticas, “el remedio sería peor que la enfermedad”.

Una consecuencia derivada por esta decisión que ha sido calificada de entreguista y una traición al Perú, es el fomento de la falta de integración entre la producción de crudo y el uso del Oleoducto Norperuano.

INTEGRACIÓN VERTICAL

Al respecto debemos reconocer que constituye una máxima económica que mientras más producción se tenga que extraer y movilizar por el Oleoducto de Petroperú, menores serán las tarifas por pagar por barril transportado. ¡A más volúmenes transportados, menores tarifas!

Ello será posible con la madurez de los proyectos en los lotes 95, 67, 39, 64 que tendrán una salida hacia la costa norte, para ser tratados en la refinería de Talara. Que con la producción conjunta de los lotes 192, lote 8 se proyectaría producir más de 100 mil barriles diarios.

En tal sentido, la salida del petróleo de la selva norte al fluir por el Ecuador, quebraría la integración vertical que debiera existir en la producción bajo responsabilidad de operadores privados y Petroperú.

Es más, se atentaría contra las sinergias que debieran existir entre la producción de crudo pesado del lote 192, lote 8, lote 67 que podrían ser tratados en la Refinería modernizada de Talara a partir del 2021.

Es de público conocimiento que las reservas del lote192 debieran ser transferidas a Petroperú por ley expresa aprobada por el Congreso de la República, desde agosto del 2018, y si no fuese por las recurrentes perforaciones del oleoducto que prolongan interesadamente la administración temporal de Frontera Energy que parece ser la empresa preferida del presidente de Perupetro.

TRANSPORTE SABOTEADO

El Oleoducto Norperuano es una obra de ingeniería de la década del setenta del siglo pasado que ha permitido valorizar el crudo del lote 1-AB desde 1978 que ahora ha sido redimensionado e identificado como lote 192, donde históricamente han operado las petroleras OXY, Pluspetrol Norte desde el 2001 hasta el 2015 (agosto), y ahora por Pacific Stratus Energy que se ha convertido en Frontera Energy, una empresa “pichiruchi” en el sector.

El Oleoducto Norperuano ha permitido monetizar, valorizar el crudo pesado del lote 192 (antes 1-AB) que se mezclaba con el petróleo del lote 8 en una combinación que permitía su traslado y otorgaba un mayor valor al petróleo de dichas operaciones, pues mezclaba un crudo de 18º grados con uno de 24º grados API o densidad, lo cual agilizaba su transporte.

Lo cierto y evidente es que el Oleoducto Norperuano debe ser modernizado y sobre todo mejor vigilado, pues en el mediano plazo la producción solamente de la selva norte puede superar los 100 mil barriles día, con la plena operación del lote 192 donde se podría extraer un mínimo de 20 mil B/DC barriles por día calendario, que sumadas a las operaciones del lote 8 (10 mil B/DC), más la reciente inaugurada Petrotal que en los primeros años extraerá cerca de 10 mil B/DC, más la producción futura de Perenco del lote 67 (15 mil B/DC), GeoPark/Petroperú (5 mil B/DC) y otros lotes más.

¿QUÉ HACER?

En verdad, en el marco de la responsabilidad social empresarial, el Estado tiene que enfrentar y resolver el problema de la inseguridad del Oleoducto Norperuano que sistemáticamente es perforado por terceros que merecen la máxima sanción.

A la vigilancia de día y noche en los más de 900 kilómetros tanto en el ramal principal como aquel que conecta al lote 192, mediante métodos modernos, sensores, drones, etc. urge la participación de la población interesada, pues la riqueza que se traslada de alguna forma debe ser compartida por la población cercana a este importante activo que bien conservado puede durar 100 años más como los oleoductos que existen en Estados Unidos de Norteamérica.

Por ello, al igual de lo que se hizo para Piura y Tumbes en el 2002 se debe mejorar la redistribución del canon y sobrecanon petrolero con el objeto de favorecer a las poblaciones cercanas a la explotación de petróleo.

Lamentablemente el canon petrolero se centraliza en la capital Iquitos, captando el gobierno regional el 52%del mismo, universidad pública un 5% y el Instituto Peruano de la Amazonía (3%), siendo el monto restante del canon petrolero (40%) distribuido entre todas las provincias y distritos que conforman Loreto.

Por tanto la población de la zonas productoras como Datem del Marañón o los distritos de Andoas (lote 192) y Trompeteros (lote 8) que experimentan en carne propia las consecuencias negativas del extractivismo petrolero, perciben cifras ridículas por concepto del canon y sobrecanon petrolero.

Evidentemente a los grupos étnicos de los achuares y comunidades cercanas a la explotación petrolera les llega muy poco de estos recursos en razón que ha sido y es una práctica de los gobiernos de turno concentrar los recursos por razones políticas en los centros urbanos.

Por tanto, la exigencia al Gobierno Central por servicios, educación, salud, infraestructura etc. será cada vez mayor a pesar del potencial de la riqueza petrolera que debiera ser explotada bajow los principios de la responsabilidad social, ambiental y tributaria.

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Política

Reforma de justicia en peligro

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

A pesar de los pedidos para postergar las entrevistas a los candidatos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), estas se llevarán a cabo en días festivos y podrían pasar desapercibidas para la ciudadanía. Un proceso tan importante para la lucha anticorrupción debe realizarse podría quedar manchado por falta de transparencia.

A través de una carta dirigida a la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), solicitó que se aplacen las entrevistas personales a los candidatos para integrar el órgano que será responsable de la designación y remoción de jueces y fiscales.

El pedido se realizó en medio de cuestionamientos de diversos analistas debido a que un evento que podría determinar quiénes integren el organismo que será la piedra angular de la justicia en el Perú, debería realizarse en días que permitan a la ciudadanía prestar la debida atención.

En el documento entregado al defensor del Pueblo y presidente de la Comisión Especial, Walter Gutiérrez, se acusó que las fechas para dicha etapa del proceso de selección “no aseguran debidamente los principios de transparencia y participación ciudadana”, pues según el cronograma establecido para el proceso de selección, las entrevistas personales a los 29 candidatos se realizarían del 26 al 29 de diciembre.

Además, la PUCP remarcó que de postergarse las entrevistas, todavía se estaría a tiempo para realizarlas dentro dentro del plazo establecido originalmente, el cual vence en la quincena de enero.

Finalmente, el documento destacó que la finalidad de postergar las entrevistas es que tanto la prensa como la opinión pública puedan seguir “con el interés y la trascendencia que se merece esta segunda convocatoria”.

JNJ NO ACEPTA POSTERGACIÓN

Por su parte, el actual vocero de la JNJ, Armando Canchanya, manifestó que el organismo “no encuentra razones suficientes” para postergar las entrevistas en cuestión. “Los plazos son conocidos de acuerdo a las bases, publicadas en septiembre. Cuando se conocieron las bases se supo las fechas, de cuando iban a ocurrir cada una de las etapas. Entre el 26 al 29 serán las entrevistas a los postulantes al JNJ”, declaró a Canal N.

Canchanya también resaltó que las entrevistas personales serán televisadas, con el fin de que la ciudadanía pueda presenciar el proceso que busca elegir a los magistrados que formarán el organismo que evalúe, sancione y destituya a los próximos jueces y fiscales.

Sin embargo, hay que recordar que los cuestionamientos no solo han estado orientados a la difusión de las entrevistas, sino precisamente a que las fechas de su realización no ayudaría a que la mentada difusión sea realmente efectiva.

NUEVA VERSIÓN DEL SINIESTRO CNM

Al pedido realizado por la PUCP se sumó lo advertido por el viernes por el semanario Hildebrandt en sus trece, el cual denunció que según una fuente allegada a la Comisión Especial, 5 de los 29 aspirantes que todavía siguen en carrera tendrían “dos padrinos de gran peso” en la referida comisión, quienes serían el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Y todavía más, la publicación consigna que 5 candidatos ya contarían con la venia de la mayoría de integrantes de la Comisión Especial. Así, consigna la publicación, se estaría preparando “una JNJ que no hará extrañar la siniestra etapa del Consejo Nacional de la Magistratura”. En otras palabras, la red de los Cuellos Blancos encontraría un nuevo organismo cómplice y la corrupción en el país quedaría impune una vez más.

En tanto, en redes sociales, el abogado y coordinador de Justicia Viva, Luis Miguel Purizaga, calificó de “perverso” el calendario para realizar las entrevistas a los candidatos a la JNJ, pues consideró que la mayoría de la ciudadanía estará pensando en las festividades por fin de año y resultaría muy difícil que preste atención al proceso.

ALGO MÁS

Esta semana se conoció que tres de los candidatos a la JNJ que siguen en carrera han recibido denuncias cuestionando su idoneidad. Se trata de Jaime Pedro de la Puente Parodi, María del Pilar Dolores Tello Leyva y Luz Inés Tello de Ñecco, quienes ya han presentado sus descargos.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Lucha contra la corrupción tuvo éxito por acuerdo de colaboración con Odebrecht

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

El importante avance en las investigaciones por casos de corrupción, vinculados a la empresa brasileña Odebretch en Perú, no hubiese sido posible sin el acuerdo de colaboración eficaz, afirmó Antonio Maldonado, exprocurador.

Indicó que el acuerdo de colaboración eficaz suscrito en junio del presente año entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht, aprobado por el Poder Judicial (PJ), ha permitido revelaciones muy interesantes, que van a fortalecer las hipótesis del Equipo Especial Lava Jato.

Respecto a los cuestionamientos sobre la devolución de los recursos por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla, la tercera más grande de Perú, afirmó que le parecen infundados.

VALIOSO INSTRUMENTO

“Lo que está ocurriendo esta semana expresa el fundamental valor de este valioso instrumento de averiguación de la verdad”, manifestó a Radio Nacional.

Maldonado resaltó, asimismo, los interrogatorios de los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato en Curitiba, Brasil, relacionados con las investigaciones a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ratificó ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que entregó un millón de dólares a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

ALGO MÁS

Esta información fue validada por el exejecutivo del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien confirmó el aporte, según indicó IDL-Reporteros.

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Política

Jorge Barata hablará el 30 y 31 de enero de 2020

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Jorge Barata

Al término de las diligencias con los exdirectivos de Odebrecht, Rafael Vela, coordinador del equipo especial, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exrepresentante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido a nuevos interrogatorios programados para el 30 y 31 de enero del próximo año.

En ese sentido, el fiscal manifestó que para lograr esta nueva diligencia con el exdirectivo de la empresa brasileña, se tuvo que suscribir un acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello.

“Ya se ha coordinado la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que puedan haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente, aunque eso dependerá de las decisiones de estrategia de los fiscales del equipo especial”, precisó en la ciudad de Curitiba, Brasil.

NUEVA RONDA

Al término de las diligencias con los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance que va a hacer canalizado a través de Odebrecht. Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

La entrega de nuevo material así como la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña.

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