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Perú: Un Estado fallido y capturado

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Perú: Un Estado fallido y capturado

Pese a contar con recursos no tendremos la vacuna para hacer frente al coronavirus como producto de la incapacidad de nuestros gobernantes.

En pleno siglo XXI el Estado Republicano reproduce la tesis de Jorge Basadre sobre el “Estado Empírico”, un Estado que no representa a las grandes mayorías, ineficiente en la toma de decisiones y penetrado por la corrupción.

Después de todo, la captura del Estado permite a grupos empresariales la valorización del capital. Sobre todo, a partir de las reformas estructurales de los años noventa del siglo pasado, a nombre de la liberalización de la economía y la integración a la economía mundial nos vendieron la idea del rol subsidiario del Estado en la economía, que hoy hace agua.

Sin embargo, gracias al apoyo estatal, a políticas de subsidios, alianzas públicas/privadas, inversiones públicas corruptas, privatizaciones a precio de remate, exoneraciones, etc., las grandes empresas se capitalizan, hacen estupendos negocios en el país, donde el 70 % de su población económicamente activa es informal.

Todo ello debe ser superado con una nueva política económica estatal, con prácticas democráticas, con la mayor transparencia en los negocios públicos donde el rol del Estado en la economía debe redefinido. De un cuestionado rol subsidiario a uno promotor, eficiente, planificador, regulador que resuelva los problemas de las mayorías nacionales.

SIN VACUNA

Con el gobierno del presidente Sagasti, un gobierno de transición, se ha puesto de conocimiento que no contaremos con la vacuna contra el ‘Covid 19’ en los primeros meses del 2021, por no haber cerrado un contrato en firme con algunos de los grandes laboratorios, que ya están distribuyendo a nivel mundial una vacuna con el 95 % de efectividad.

El Perú, teniendo los recursos económicos como Chile y Colombia, que sí han empezado a distribuir la vacuna a fines del año que termina, se verá afectado seriamente por lo que se conoce ‘la segunda ola’ del coronavirus, que el actual ministro de economía y finanzas, Waldo Mendoza, se negaba a reconocer enfáticamente cuando era asiduo colaborador del diario económico Gestión.

Confundir los deseos con la realidad es un defecto común en los intelectuales de izquierda y derecha, más aún en los pretenciosos técnicos que supuestamente tienen la verdad revelada en las estadísticas, ejercicios econométricos y poemas vallejianos.

Curiosamente la Confiep y sus intelectuales orgánicos han presionado para liberalizar la economía y relajar las medidas sanitarias para controlar y evitar la difusión del virus. Hoy somos testigos de la aglomeración social, las concentraciones en los mercados populares donde el virus se difundirá con más fuerza.

PBI CON 2º OLA

Hoy es evidente que estamos en plena ‘segunda ola’ del virus en el país, y los pronósticos económicos optimistas sobre el futuro de la economía peruana se verán afectados por la expansión del coronavirus en Lima y provincias.

Es más, estamos con las camas de cuidados intensivos prácticamente colmatadas (UCIs), y se reproducirán los problemas de la falta de oxígeno a los pacientes con insuficiencia respiratoria. ¡Evidentemente no hemos aprendido la lección!

Se debe tener presente que aproximadamente el 12% de la población peruana que bordea los 33 millones de habitantes, es la población mayor a los 60 años de edad y es la ‘población vulnerable’. Si a ello agregamos los enfermos de diabetes, presión alta y asmáticos, estamos ante una población que fácilmente supera los 8 millones de peruanos.

Por tanto, la cantidad de vacuna mínima requerida sería de 16 millones de dosis que se aplicaría en dos oportunidades. Esta cifra resultaría inalcanzable de satisfacer en el corto plazo. Por tanto, estamos condenados a pasar la mayor parte del 2021 sin vacuna. ¿Quién es responsable?

En verdad resulta patético escuchar al ex presidente Martín Vizcarra responsabilizar a la vacancia y al Congreso golpista de la falta de vacuna. Lo cierto es que entre el ministerio de salud, economía y finanzas y la cancillería se difumina la responsabilidad política, cuando solamente bastaba un decreto supremo para viabilizar la compra de la vacuna al laboratorio Pfizer.

Esta debilidad institucional del Estado republicano de ejecutar el gasto público en una materia tan sensible como la salud prueba la ineficiencia del ‘Estado fallido y empírico’ que tenemos. Esta compra ha debido tener la prioridad absoluta.

Será difícil que a estas alturas de fin de año se pueda cerrar en firme contratos por esa cantidad ante la demanda efectiva realizada por los países desarrollados, europeos y asiáticos que cuentan con el capital suficiente para comprar de forma adelantada la dosis necesaria y hasta de más como los Estados Unidos de Trump.

Las tasas del crecimiento económico pronosticadas para el 2021 bordean entre el 10% al 11% del Producto Bruto Interno (PBI), que pueden ser menores si las medidas sanitarias involucran cuarentenas regionales y zonales, más otras alternativas como la inmovilidad social, adelanto del toque de queda que el gobierno de transición podría adoptar según la gravedad de la crisis.

Es más, la coyuntura se agrava por la mayor conflictividad social, por las demandas laborales del sector salud que piden la salida de la ministra, más otros gremios como los agroexportadores o los comuneros enfrentados a la minera de cobre de ‘Las Bambas’ que lleva más de tres semanas sin solución.

Esta precariedad estatal para resolver problemas sociales se observa también en la resolución de los conflictos en el sector agroexportador. Donde el Congreso de la República ha derogado una ley de promoción sin sustituirla hasta ahora. Con la pretensión de establecer una remuneración mínima agraria.

En verdad, bastaría la información económica de la Sunat de las casi tres mil empresas agroexportadoras, en una muestra significativa para regular un salario agrario acorde a la real productividad y rentabilidad de las pequeñas, medianas y grandes empresas exportadoras, donde la informalidad laboral campea.

‘Estado empírico’, ‘mercantilista’, ‘patrimonial’, ‘fallido’ son diversas formas de reconocer a un Estado republicano capturado por las elites criollas, limeñas, discriminadoras y excluyentes. Es como si la tesis de Jorge Bravo Bresani padre putativo de Francisco Sagasti, ‘Gran empresa, pequeña nación’ siguiera vigente.

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