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Arturo Rodríguez

DERECHO AL TRABAJO

Paquete simplificador

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Atendiendo a las facultades legislativas otorgadas por el Congreso (setiembre del 2016) el Gobierno ha venido emitiendo una serie de normas en diferentes ámbitos como, reactivación económica, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú, lo cual obviamente ha incluido diversos dispositivos de naturaleza laboral, esto último dentro de la concepción de agilizar las inversiones y acabar con las “rigideces del mercado laboral”.

Así, en palabras de un columnista de un diario local, dicho “paquete simplificador incluye cambios que hacen más simple el cumplimiento de algunas formalidades innecesarias en materia laboral” lo cual se orienta hacia la reducción de la “maraña de exigencias laborales que abruman a las empresas y perjudican a los trabajadores”, en aquella oportunidad el autor celebraba la exoneración del empleador de presentar los contratos modales suscritos con su trabajador ante el Ministerio de Trabajo.

Entre las normas, dentro del ámbito laboral, tenemos como las más resaltantes: Decreto Supremo 016-2016-TR, que flexibiliza la obligación del empleador en practicar los exámenes médico ocupacionales de sus empleados, en la práctica se ha eliminado el examen médico ocupacional de ingreso toda vez que se ha “precisado” que dicha obligación se computará a partir del segundo año del inicio de la relación laboral, asimismo el examen ocupacional de salida solo se practicará en caso el trabajador o empleador lo soliciten.

Decreto Supremo Nº 043-2016-SA, que modifica y amplía el listado de actividades consideradas de riesgo (contenidas en el Anexo 5 del D.S. 009-97-SA), que deberán ser cubiertas por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR, la relación anterior se encontraba bastante desfasada llegando a tipificar como actividades de riesgo la “crianza de ranas” excluyendo otras como las que brinda el personal de seguridad como Serenazgo.

Decreto Legislativo 1310, que establece la obligatoriedad del empleador en conservar los documentos y constancias de pago de obligaciones laborales solo hasta cinco años después de efectuado el pago, esta norma es sumamente controversial, y obviamente será utilizada por muchos empresarios cuando un trabajador en un proceso judicial o inspectivo reclame la presentación de documentos de antigüedad mayor a los 5 años, (como el reporte de ingreso o salida, boletas de pago, oficios, etc.) a fin de acreditar el incumplimiento de obligaciones laborales.

A fin de no vulnerar o precarizar el derecho de los trabajadores a reclamar por el incumplimiento de obligaciones laborales de antigüedad mayor a los cinco años, la norma pudo haber precisado que en caso el empleador decida no conservar la documentación en físico, tenga que digitalizarla conforme ha establecido respecto a las planillas de pago que deberán ser otorgadas a la ONP.

Aunque no es un tema de naturaleza laboral, valga nuestra solidaridad con los vecinos de Puente Piedra a quienes de la noche a la mañana se les ha impuesto en forma abusiva el pago de un cuestionado peaje (lo cual nos lleva al recuerdo del peaje que se pretendió imponer en la avenida Faucett del Callao y por el cual el expresidente de dicha región actualmente está preso), esperemos que su justa protesta sea prontamente atendida, por lo pronto se ha convocado una nueva movilización para el próximo 12 de enero, esperarán las autoridades que se produzcan acaso víctimas mortales para actuar?

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Portada 1 de octubre de 2022

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Política

Candidata a municipio de Pueblo Libre es deudora morosa

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En redes sociales han cuestionado que Tello haya mezclado campañas de salud con la actividad proselitista.

La improvisación en su máxima expresión. La aspirante de Renovación Popular al sillón municipal del distrito de Pueblo Libre, Mónica Tello, ha realizado su campaña electoral asegurando contar con la experiencia necesaria para realizar una gestión exitosa, pero contradictoriamente su nombre figura en el Registro de Deudores Morosos del Poder Judicial.

Una simple búsqueda en la plataforma del Servicio de Consulta en el mencionado registro del Poder Judicial, arroja como resultado la ficha de la candidata de Renovación Popular, que de acuerdo a la ejecución de laudo arbitral dispuesta por el 16 Juzgado Civil Comercial de Lima,  aún consigna una deuda por 26 mil dólares.

Sendas resoluciones emitidas por este juzgado en el 2019 (Expediente N° 09084-2018-0-1817-JR-CO-16) determinaron la existencia de una deuda por alquileres por más de 44 mil dólares, el desalojo de la hoy candidata de un inmueble ubicado en la calle Galicia, de Pueblo Libre, la asistencia policial de ser el caso y la inscripción de la deudora Tello en el Registro de Deudores Morosos del Poder Judicial.

Como dato adicional, cabe mencionar que el domicilio fiscal de la Cámara de Turismo de Pueblo Libre, de la cual Tello afirma ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantener la representación, tiene la misma dirección del inmueble del que fuera desalojada tras la decisión judicial.

IMPROVISACIÓN POPULAR

Por si fuera poco, la candidata Tello tampoco ha sido muy prolija en la conformación del equipo con el que pretende ser elegida alcaldesa de Pueblo Libre. Tras la exclusión de Fabiola Lucero Silva Montero como candidata a teniente alcaldesa, quien hoy es el candidato a teniente alcalde y sucederá a Tello ante una eventual remoción del cargo o viaje fuera de la jurisdicción distrital, es un adolescente de 19 años sin estudios concluidos ni experiencia laboral alguna.

Pablo Manuel Núñez del Río, estudiante de IV ciclo de derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se convertiría así no solo en el alcalde más joven del Perú sino en la prueba viva de la improvisación y la precariedad institucional que desbordan la política local.

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