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Modelo, “Reforma” Laboral y criminalización de la protesta

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Mientras los representantes de los trabajadores de la CGTP, CUT y empresarios participan en Ginebra en un evento internacional de la OIT donde la preocupación central de los diversos países es cómo mejorar los estándares de calidad y el trabajo decente y el problema del empleo juvenil, aquí en el país se busca impulsar una reforma laboral en la cual los trabajadores no están participando.

Se enmarca dentro del proceso de reformas neoliberales de segunda generación, que quedaron pendientes desde la apertura de la década del 90, y que los sucesivos gobiernos del 2000 al 2016 no pudieron implementar plenamente, por los altos costos políticos que ello implicaba. La esencia de las reformas laborales “pendientes”se orienta a flexibilizar lo que consideran barreras o sobrecostos del mercado de trabajo (caracterizados por la “rigidez” y la informalidad).

La reforma laboral busca profundizar el modelo, no a partir de un proceso de incremento de la inversión y productividad, la diversificación productiva, la competitividad en base a la innovación, la investigación y desarrollo, sino a costa de una competitividad espuria basada en la reducción de los costos laborales.

Se ha optado por una profundización del modelo en curso, a pesar de los conflictos socio-ambientales y políticos que generen. Hay gremios y sectores en conflicto: Sunafil, mineros, maestros, trabajadores de la universidad, etc. Esto ha llevado a la CGTP a un llamado a una movilización nacional para julio.

El problema es si paralelamente se dan dispositivos que avancen en la criminalización de la protesta social. Creación de nuevos tipos penales, aumento de las penas, creación de agravantes y flexibilización de las garantías procesales, entre otros. Se buscan aplicar penas que no fueron diseñadas para las protestas, equiparando a los actores y organizaciones sociales movilizadas con organizaciones delincuenciales.

En suma, profundización del modelo, flexibilización laboral y criminalización de la protesta, puede ser un coctel explosivo. Más aún en el contexto de la crisis política y el enfriamiento de la economía que enfrentamos.

Medidas: Obstrucción de vías públicas

Casos y jurisprudencia: En el gobierno de Toledo pasó de una pena máxima de cuatro a 6 años (2006) y con García a 8 años (2010)

Medidas: Instigación a delinquir y asociación criminal

Casos y jurisprudencia: Entre mayo y junio de 2015, el Ministerio Publico inició investigaciones por el delito de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos a dirigentes y autoridades locales de Valle del Tambo en Arequipa que protestaron contra un proyecto minero de la empresa transnacional Southern Perú. La hipótesis es que las organizaciones sociales que promueven las protestas son medios de comisión de delitos, y que el financiamiento de las protestas tenía un origen ilegal.

Medidas: Extorsión.

Casos y jurisprudencia: Abarca la ocupación de locales, la obstaculización de vías de comunicación y de calles y la perturbación del funcionamiento de los servicios públicos para obtener “cualquier beneficio o ventaja” de las autoridades. Luego cualquier acto de protesta en este sentido es perseguido penalmente y la obtención de ventaja o beneficio, supone la posibilidad de imputar delito a quienes protestan por demandas o derechos.

Medidas: Flexibilización de las garantías en los procesos de los acusados

Casos y jurisprudencia: En varios casos de procesos judiciales que criminalizaron protestas sociales se cambió la competencia territorial. La Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ, trasladó las investigaciones y causas judiciales contra campesinos, líderes sociales y autoridades locales por protestas contra proyectos mineros a lugares ubicados a grandes distancias, del lugar donde habían ocurrido. A las autoridades públicas que apoyaronprotestas se les dictaron medidas de prisión preventiva.

Medidas: Vigilancia e Inteligencia

Casos y jurisprudencia: Vigilar las comunicaciones de los integrantes de organizaciones y movimientos sociales es una tendencia. En julio de 2014, la Federación Indígenas Quechua del Pastaza descubrió que tres policías se habían infiltrado en su asamblea comunal en el contexto de una huelga indígena que exigía el diálogo con el gobierno por la contaminación de territorios amazónicos atribuida a la empresa Pluspetrol.

Medidas: Modificación de la Constitución en su artículo 2, inciso 24

Casos y jurisprudencia: Se aumenta el tiempo para la detención policial en caso de flagrancia de 24 a 48 horas (en situación de flagrancia) y la prisión preventiva hasta por 15 días (para indagar sobre casos de crimen organizado) (…) la figura de la prisión preventiva, hasta por 15 días, se aplica para investigar delitos como espionaje, terrorismo y tráfico ilícito de drogas” y con la modificación actual se incluye el crimen organizado.

Medidas: Privatización de la seguridad

Casos y jurisprudencia: Convenios entre las empresas mineras y la Policía nacional para dar protección y seguridad.

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Política

Alberto Fujimori recibiría condena por otros 25 años más de cárcel

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Deudos víctimas familiares de masacre de Pativilca

Por la masacre de Pativilca, cometida en enero de 1992, el dictador y otros presuntos responsables del crimen de lesa humanidad serán llevados a juicio oral en las próximas semanas.

El abogado de los familiares de las víctimas del caso Pativilca y abogado de Aprodeh, Cristian Huaylinos, señaló que días antes de conocerse la resolución de la Corte Suprema que dispuso la nulidad del derecho de gracia a favor de Alberto Fujimori, la Sala Penal Nacional programó una audiencia para el 24 de enero, en la cual además de discutir unas excepciones presentadas por los procesados del caso Pativilca también se podría definir el inicio del juicio oral. “Esperamos que no hayan mayores dilaciones y se inicie el proceso luego de dos años de espera”, señaló.

La matanza de Pativilca fue cometida el 29 de enero de 1992, cuando el grupo Colina secuestró y asesinó a seis personas: John Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felandro Castillo Manrique, César Rodríguez Esquivel, Pedro Agüero y Pedro Arias Velásquez. En este caso, Alberto Fujimori es procesado como presunto autor mediato de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir.

Huaylinos remarcó que “las seis personas asesinadas eran campesinos de la comunidad Caraqueño, víctimas circunstanciales que nada tuvieron que ver actividades subversivas”, y que las imputaciones a Alberto Fujimori en este caso están basadas en que por su condición de “líder del aparato organizado de poder y ser jefe supremo de FF.AA.” tuvo pleno conocimiento de todas las acciones realizadas por el grupo Colina.

“Él incluso daba luz verde a varios operativos, incluyendo el de Barrios Altos en el ‘91. Fujimori tenía conocimiento del operativo enPativilca, ha tenido una participación mediata como jefe supremo de las FF.AA.”, agregó.

25 AÑOS DE CÁRCEL

El jurista señaló que por el caso Pativilca, al ser un delito de lesa humanidad cometido por el aparato organizado del Estado contra la población civil, la pena que podría recaer contra Alberto Fujimori sería de 25 años de pena privativa de la libertad.

En cuanto a los tiempos que demandaría el proceso judicial, Huaylinos indicó que debido a la alta carga procesal que tiene el colegiado responsable de resolver el caso, sumado a la complejidad del mismo, el plazo hasta su resolución podría extenderse considerablemente. Sin embargo, expresó sus expectativas de que este plazo no sea mayor a tres años.

Finalmente, remarcó que el caso Pativilca se trata básicamente de una reivindicación de las víctimas y los familiares, que tras 29 años siguen esperando por justicia. “Estamos hablando de un delito cometido en los ‘90, ya estamos iniciando la segunda década del siglo 21 y recién se va a iniciar el juicio oral. Después de tantos años y trabas, este es un ejercicio de memoria para reivindicar a las víctimas y demostrar que son inocentes de toda imputación delictiva, y para demostrar que el actuar del Estado en aquel entonces ha tenido consecuencias nefastas para la población civil”, sentenció.

DERECHO DE GRACIA IRREGULAR

Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, destacó días atrás la decisión de la Corte Suprema al dar cuenta “de algo que se ha venido consolidando en la justicia peruana y es que no hay poderes omnímodos, aún cuando este sea el presidente de la República”, en referencia a la anulación de la gracia presidencial otorgada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al dictador Alberto Fujimori. “Sobre esa base, la Corte Suprema analiza la constitucionalidad y convencionalidad del indulto”, añadió.

Acerca del derecho de gracia otorgado a Fujimori, Rivera recordó que “la comisión de gracias del Ministerio de Justicia, sin que nadie se lo pida, consideró – tras el indulto concedido por Kuczynski – que también correspondía otorgar el derecho de gracia, el cual corresponde a las personas que están procesadas”, lo que calificó de arbitrario.

Además, Rivera advirtió que inclusive se cometió una irregularidad porque en ese momento no se indicó cuáles eran los procesos por los cuales se le otorgaba el derecho de gracia. “Es bastante abierto y arbitrario, pero sobre ese derecho de gracia, absolutamente genérico, se pretendió librarlo del caso Pativilca”, indicó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Consejo de Ética del CAL suspende colegiatura de fiscal Chávarry

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Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) decidió suspender por 18 meses la colegiatura del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, informó IDL Reporteros.

Según la resolución N° 1119-2019-CE/DEP/CAL, Chávarry mintió cuando negó las conversaciones que tuvo con el exjuez supremo César Hinostroza y luego aceptó que sí sucedieron al difundirse los audios correspondientes.

“Debió actuar con veracidad y transparencia desde un primer momento y no esperar que salgan los audios en los medios de comunicación para recién aceptar”, indica que el documento.

“Debió tener una conducta intachable en sus actuaciones, máxime aún si ostentaba en ese entonces el cargo de fiscal de la Nación, máximo representante del Ministerio Público”, enfatiza.

Para el Consejo de Ética del CAL, con su actuación “no solo debilitó la justicia en nuestro país, sino también desprestigió la profesión de abogado”.

Para el colegiado, “se encuentran acreditadas públicamente” las infracciones éticas cometidas” por Chávarry.

La denuncia contra Chávarry fue presentada por los ciudadanos Jorge Bracamonte Allaín, Gerónimo López Sevillano, Martha Cuentas Anci y Lisset Silva del Carpio.

La resolución sobre la suspensión por 18 meses fue aprobada por los consejeros María Vera Tudela, Víctor Cabanillas y Víctor Yamunaque. No obstante, puede ser impugnada.

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Política

Daniel Mora renunció a candidatura al Congreso y al Partido Morado

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Daniel Emiliano Mora Zevallos

Daniel Mora Zevallos, candidato al Congreso por el Partido Morado, renunció irrevocablemente a su candidatura tras la denuncia en su contra por violencia familiar presentada por su esposa Lilia JaureguySanguineti.

El exministro de Defensa anunció en sus redes sociales que también renuncia al Partido Morado.

“Renuncio irrevocablemente a mi candidatura al Congreso, así como al Partido Morado. Agradeciendo a todos mis seguidores por su respaldo y a los que siempre confiaron en mi”, escribió Mora en Twitter.

En una carta enviada a Julio Guzmán, líder del Partido Morado, refiere que presenta su renuncia con el fin “de que mi permanencia” no perjudique a la agrupación.

Argumentó, además, que las publicaciones que se vienen difundiendo en la prensa “no se ajustan a la verdad y que se trata de un asunto judicial concluido”.

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