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Mociones y mociones

Publicado

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Salvador del Solar

El Sistema Democrático, entre otros conceptos, está asentado en lo que se denomina balance o equilibrio de poderes, que no es otra cosa que los pesos y contrapesos entre principalmente el Poder Legislativo, que aprueba las normas, y el Poder Ejecutivo que tiene que cumplirlas y hacerlas cumplir, pero antes tiene la facultad de observarlas y el Parlamento puede aceptar la observación, que es consentir en ella o insistir en su aprobación.

Bueno, pues, el Presidente de la República, en mensaje a la Nación, anunció que su Presidente del Consejo de Ministros iría al Congreso a plantear cuestión de confianza a fin de que se le apruebe cinco proyectos de ley, entre los cuales se encuentran reformas constitucionales y que son parte de doce proposiciones legislativas presentadas anteriormente por el Ejecutivo.

Ahora bien, el Presidente del Consejo de Ministros ha presentado al Congreso su comunicación para sustentar ante el Pleno del mismo la cuestión de confianza anunciada, señalando además que los cinco proyectos son parte del “núcleo mínimo irrenunciable del paquete de reformas”.

Además, como componentes de la cuestión de confianza, que se aprueben los proyectos “sin desnaturalizarlos” y dentro del actual período de sesiones parlamentarias, tanto las proposiciones de ley como las modificaciones constitucionales, estas últimas en cuanto a su primera votación (son dos votaciones calificadas en dos legislaturas ordinarias sucesivas para que tengan efecto).

Lo primero que hay que determinar es si el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza de aprobación de proyectos de ley y de reforma constitucional. Reconociendo que los temas jurídicos no constituyen ciencias exactas y hay margen para las interpretaciones, consideramos que no, pues los parlamentarios, de acuerdo a la Constitución, no están sujetos a mandato imperativo y por lo cual no se les puede compeler a tal aprobación y, menos aun tratándose de modificaciones constitucionales en que hasta hay prohibición de observación presidencial.

Por lo demás es inadmisible que se impongan condicionamientos y plazos al Congreso.

Se viene diciendo que si el Congreso no hace lo que el Ejecutivo ha planteado, este se encuentra facultado para disolver al Congreso y llamar a elecciones parlamentarias para completar el período para el que fueron elegidos los actuales congresistas.

Estimo que hay error de apreciación de quienes consideran que el Ejecutivo podría disolver el Congreso, dentro de los alcances constitucionales, por rechazo de cuestión de confianza. Disiento de tal posición pues debe distinguirse entre “moción de confianza” o “negar confianza”. La primera la puede plantear el Presidente del Consejo de Ministros, usualmente para políticas de Estado y en cualquier oportunidad y, si la moción es rechazada, la consecuencia es que el Gabinete Ministerial tenga obligadamente que dimitir y nombrarse un nuevo Consejo (art. 133 de la Constitución).

A diferencia de la “cuestión de confianza” rechazada en que el Gabinete tiene que renunciar, cuando el Congreso (artículo 134 de la Constitución) ha censurado a dos Consejos de Ministros o negado su confianza a también dos Consejos de Ministros (cuando se presenta al Congreso a exponer la política general del gobierno, dentro de los 30 días de haber asumido funciones), el Presidente de la República está facultado, más no obligado, a disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones parlamentarias para completar el período para el que fue elegido el Congreso disuelto.

En las actuales circunstancias estamos frente a “cuestión de confianza” cuyo rechazo por el Congreso únicamente tiene como consecuencia la dimisión del Consejo de Ministros y el nombramiento de otro, pero en este caso no está facultado el Presidente de la República a disolver al Congreso, como equivocadamente creen algunos.

Si en el caso de que tratamos el Congreso rechaza la “cuestión de confianza” y el Presidente de la República lo disolviera, ello carecería de justificación y de legalidad e, incluso sería contra espíritu y letra de la Constitución, atentando contra nuestra aun defectuosa Democracia. También, crearía más fricciones y enfrentamientos, lo que es dañino para nuestro país, el que requiere tranquilidad para enfrentar los retos de su desarrollo, del desempleo, de las carestías, de la reconstrucción del norte y de zonas de selva, sin olvidar la conflictividad social que está atentando contra actividades extractivas que son soporte de nuestra balanza comercial y de la percepción tributaria.

Ojalá, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, entiendan que están jugando con fuego y que el Perú está lejos de merecer más enfrentamientos absolutamente estériles y, lo peor, bajo el manto protector de que hay que luchar contra la corrupción, como si todos los buenos peruanos no estuviéramos en la misma ruta.

Esperemos que el Ejecutivo entienda que entre sus tareas está plantear proposiciones legislativas, pero que es el Congreso quien las decide, en lo que repetimos es el ámbito de los pesos y contrapesos de la Democracia.

Somos conscientes que no todos los parlamentarios han hecho méritos para permanecer en el Congreso, pero habiendo sido elegidos por cinco años, deberían culminar su período, pero mejorando su actuación y, como moraleja para los electores, la próxima vez elijan mejor a su plancha presidencial y a sus representantes en el Congreso.

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Política

Humala y Heredia otra vez en la cuerda floja

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en

Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

El jueves 27 de febrero se vencerá el plazo de diez días otorgado por el Poder Judicial para que la Fiscalía presente cargos contra el expresidenteOllanta Humala y Nadine Heredia por el caso Gasoducto Sur. Como se recuerda, la defensa de la exprimera dama presentó un pedido de control de plazo para que se defina si el proceso avanza a la etapa de investigación preparatoria o si, en su defecto, termina por archivarse.

A criterio del abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, el plazo dictado por el Poder Judicial resulta sumamente corto y parece ignorar la precariedad presupuestal que acusa el Ministerio Público.

“El Poder Judicial no entiende mucho las carencias del Ministerio Público; no es tan fácil como decir tienes 10 días de plazo, cuando falta personal y falta presupuesto, esto ya lo han dicho los representantes de la propia Fiscalía. Al margen de ello, no veo posible que los fiscales opten por archivar el caso. Entiendo que correrán sobre la marcha para presentar cargos y formalizar la etapa de investigación preparatoria”, afirmó.

El jurista consideró que una vez formalizada la etapa de investigación preparatoria, el Ministerio Público estará en la facultad de solicitar las medidas de restricción o comparecencia que estime pertinentes, y dentro de ellas, la medida de prisión preventiva contra Humala y Heredia.

Caso Gasoducto: una mancha más en el gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala.

Caso Gasoducto: una mancha más en el gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala.

DESBALANCE MILLONARIO

Respecto al desbalance patrimonial de Nadine Heredia, que según la pericia sustentada por el fiscal del Equipo Lava Jato, Germán Juárez Atoche, asciende a S/ 1 millón 231 mil soles, Quispe señaló que es algo que “complica bastante” la situación de la exprimera dama, en tanto resultaría un elemento fundamental del delito de lavado de activos. “La señora Heredia no tiene cómo sustentar el crecimiento de su patrimonio. Si se acredita este desbalance, entonces significa que la Fiscalía tiene un elemento sumamente sólido para imputar el delito de lavado de activos, y perfectamente puede presentarlos como elementos de prueba nuevos para solicitar una prisión preventiva. No sé si la Fiscalía vaya a solicitarla pero nada se lo impide”, apuntó.

Por otro lado, advirtió que el expresidente Humala y sus abogados estarían buscando confundir a la opinión pública al sugerir que los testimonios de los colaboradores eficaces tendrían que estar corroborados como una sentencia de colaboración, algo que no sería necesario en etapa de investigación preliminar.

COLABORADORES SON GENTE DE SU ENTORNO

Además, ante las declaraciones de Humala Tasso intentando desacreditar los testimonios en su contra indicando que son “más de lo mismo”, Quispe destacó que los testigos o colaboradores eficaces no son enemigos políticos del expresidente. “Todo lo contrario, son gente de su entorno más cercano, uno de ellos es su excompañero de promoción del Ejército, al punto de que lo conocían como ‘Paquete’; entonces, a través de estos testimonios en la investigación preliminar es suficiente para pasar a la etapa de investigación preparatoria”, indicó.

NO SON PERSEGUIDOS POLÍTICOS

El letrado también se refirió a la pretendida victimización que estaría buscando Ollanta Humala, quien participará vía internet en un foro belga sobre políticos perseguidos judicialmente, como el caso del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y donde Humala y Heredia figuran como expositores de casos de persecución política.

“Ni Ollanta, ni Antauro, ni los terroristas de Sendero Luminoso o del MRTA son perseguidos políticos, sino que son gente que ha cometido delitos comunes de asesinato o corrupción, pero de ninguna manera son perseguidos políticos. Si ellos se están irrogando esa cualidad es simplemente para mediatizar su caso, pero la Fiscalía debe poner en conocimiento del juez todo esto para determinar si le corresponde al señor Humala salir ante medios nacionales o internacionales a declarar de esta manera”, señaló, ante la eventualidad de que el expresidente podría estar violando alguna regla de comparecencia.

Finalmente, Quispe recordó que en caso se logre acreditar la comisión de los delitos de lavado de activos y cohecho, en un concurso real de delitos se sumarían las penas a imponer y estas podrían llegar hasta los 24 años de cárcel.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

28 de febrero JNE entregará credenciales a congresistas electos

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en

Jurado Nacional de Elecciones JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará el próximo viernes 28 de febrero, a las 10:00 horas, las credenciales a los parlamentarios que resultaron elegidos en el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del pasado 26 de enero.

El acto se realizará luego de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) culminen con las proclamaciones descentralizadas de resultados y de que estos queden firmes en el Pleno del JNE.

De esta forma, la entrega de credenciales se concretará a escasos 33 días de la fecha de la elección, superando en forma significativa el promedio histórico de 50 días alcanzado en las elecciones generales del 2006, 2011 y 2016.

Este récord se logra porque los 60 JEE procedieron a resolver, con rapidez y estricta sujeción a ley, la carga procesal recibida (11,573 actas observadas), atendiendo a la exhortación que hiciera en su momento el presidente del JNE, Víctor Ticona Postigo.

El supremo tribunal electoral también hizo lo propio con las actas que le llegaron en apelación, celebrando audiencias públicas en estricto respeto al derecho a defensa de las partes procesales y emitiendo las resoluciones respectivas con celeridad y conforme a las normas electorales. A la fecha no tiene carga procesal pendiente.

La ceremonia de expedición de credenciales se llevará a cabo en una sede que se viene coordinando. Una vez recibidos estos documentos, los legisladores electos estarán en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso de la República y completar el período parlamentario 2016-2021.

De esta manera, el JNE y los 60 JEE velan por la legalidad del proceso electoral a fin de asegurar que los resultados reflejen la voluntad popular manifestada en las ánforas.

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Política

Fiscalía cita a Luciana León para que declare en caso Los intocables ediles

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Luciana León Romero

El fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Abia, informó que Luciana León fue citada para este miércoles 09:00 horas a fin que brinde su declaración como testigo en la investigación por el caso Los intocables ediles.

Abia refirió que León rendirá su testimonio en su despacho congresal por tratarse de una persona aforada.

“Dada la investidura de la integrante de la Comisión Permanente se cursó un documento para que diga fecha y lugar donde dará su declaración. (…) Ella indicó que sería el 26 de febrero a las 09:00 horas en su despacho que mantiene en el Congreso”, dijo en Canal N.

El fiscal recordó que la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, viene realizado una investigación a Luciana León, debido a que aún cuenta con prerrogativas de congresista, pero que en este caso es citada como testigo.

“En mi calidad de fiscal provincial no la puedo investigar, pero si la puedo citar como testigo, en tal sentido, saludo que ella esté prestando su colaboración y nos dé su declaración testimonial”, agregó.

León Romero, integrante de la Comisión Permanente, es investigada por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado, peculado doloso y organización criminal.

A la exlegisladora se le imputa haber recibido dinero de Los intocables ediles a cambio de realizar gestiones ilícitas para favorecer a la Municipalidad de La Victoria.

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