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Los costos de la inseguridad ciudadana

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Inseguridad ciudadana asalto en motocicleta con pistola

APOSTANDO POR LA SEGURIDAD INTEGRAL

El 11 de marzo pasado el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM en coordinación con el Centro de Asesoría & Capacitación en Seguridad Integral (CACSI) organizamos el “Segundo Foro de Integración en Seguridad”, en reconocimiento del 9º Aniversario del Vigilante Peruano, en razón de la importancia del problema de la inseguridad ciudadana.

Esta inseguridad que tiende a su agravación es percibida como el segundo gran problema por resolver, después de la macro y micro corrupción que corroe la sociedad peruana. Es más, ante la incapacidad del Estado por enfrentar y resolver esta realidad que atraviesa todas las clases sociales, las familias y empresas utilizando los mecanismos de mercado tratan de resolver esta problemática.

Con la participación de distinguidos expositores como el gerente de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, coronel de la PNP en retiro, Augusto Vega García, el general de la PNP en retiro Sergio Monar Moyoli; el gerente de la transnacional ABB, Wilson Bracamonte, empresa especializada en Seguridad Integral, y Tulio Salazar, gerente de capacitación de CACSI, se pudo reconocer la extensión y profundidad de la inseguridad a todo nivel que afecta a la población.

Número de denuncias de delitos registrados según tipo

ALGUNAS CIFRAS

Algunos datos relevantes nos pueden exponer la gravedad del problema, su relevancia y la necesidad de resolver en democracia, con eficiencia y transparencia la inseguridad ciudadana a todo nivel, que si bien se concentra en Lima, casi el 50% el número de los delitos registrados y denunciados ante la Policía Nacional y el Serenazgo, es una realidad que tiende a su agravación en las principales ciudades del país, sea Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo o Piura.

A nivel económico el costo de la inseguridad según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido cuantificado en el 2016 alcanzando la astronómica cifra de US$ 10,325 millones, lo que resulta en un equivalente del 2,77% del PBI, monto que en términos relativos supera el presupuesto destinado a la educación.

Si bien este costo incluye los gastos que tiene que asumir el Estado a través de la Policía Nacional, y el mantenimiento de las prisiones donde la tugurización en estas “universidades del delito”, demuestra la gravedad que tiene esta problemática.

EMPRESAS DE SEGURIDAD

La seguridad integral como la educación y la salud es un bien público, y básicamente una responsabilidad del Estado, que no puede ser delegada a privados. Pero es tal la debilidad y la ineficiencia del Estado peruano, al margen de la corrupción que subyace en las fuerzas policiales, que la solución del mercado explica el surguimiento de empresas especializadas en los diversos servicios de seguridad.

En tal sentido, según la Superintendencia Nacional de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones, y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) al mes de febrero del presente año, existen registradas 2,869 empresas de seguridad con registros vigentes, estando concentradas 1,126 en Lima (39.2%), en La Libertad 169 (5.8%), Arequipa con 151 (5.2%), Piura participa con 142 (4.9%) etc. lo que evidencia que la seguridad se ha convertido en un negocio rentable ante la incapacidad del propio Estado de enfrentar y resolver la problemática de la inseguridad.

No solamente se trata de la existencia de 2,869 empresas privadas de las cuales 1,891 están destinadas a la vigilancia privada, 665 se dedican al servicio individual de seguridad personal, 99 están al servicio de protección de personal, y a prestar servicios de tecnología en seguridad, GPS, control de accesos, ingeniería etc.

Con estas empresas entre las cuales destacan por ejemplo Prosegur, J&V Resguardo, G4S, Seguritas, Proseguridad, Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control, Seguroc por mencionar a las más importantes.

Estas empresas emplean por lo menos 150 mil vigilantes formales a nivel nacional, con ingresos que no guardan proporción con los riesgos a la vida y salud asumidos, en jornadas que superan largamente las ocho horas, con jornada nocturna que muchas veces no es reconocida.

Al margen de la reproducción de prácticas abusivas en contra de los vigilantes, pues se puede declarar un costo empresarial de S/ 4,000 o S/ 5,000 por vigilante, pero en la realidad se paga al mismo un poco más de S/ 1,200 a S/1,500 a lo sumo. ¡Esta es la solución de mercado que tiende a su generalización!

EXPLOSIÓN DELICTIVA

Es tan grave la inseguridad ciudadana que solamente las denuncias por los delitos registrados entre el 2012 y 2017 con la estadística especializada se ha incrementado de los 273 mil delitos a prácticamente los 400 mil en el 2017. Ver cuadro “Número de Denuncias de Delitos Registrados, según tipo”.

Siendo el más numeroso y recurrente los delitos contra el patrimonio que ha transitado de los 103 mil en el año 2002 para alcanzar los 265 mil en el 2017. En este delito contra el patrimonio las modalidades más recurrentes se relacionan con el hurto, el robo, la estafa, la apropiación ilícita, fraude etc.

Le sigue en importancia los delitos contra la seguridad pública que en el período mencionado se han incrementado de los 14,839 en el 2012 para llegar a sumar los 49,385 en el 2017, lo cual expone los mayores grados de violencia que tiene la sociedad peruana.

En el mismo sentido, los delitos contra la vida, el cuerpo, y la salud aumentan de manera significativa pasando de los 39 mil a sumar los 50,569 delitos registrados en el 2017, con tendencia a su agravación por la debilidad del Estado, la falta de eficiencia en la Policía Nacional, y la corrupción interna que la carcome.

En verdad, esta información expone la gravedad de la inseguridad ciudadana que deben enfrentar las nuevas autoridades elegidas de los gobiernos locales y regionales, que no solamente se trata de la falta de recursos económicos, y equipamiento, sino que se relaciona con los altos niveles de corrupción existente en las municipalidades, como una expresión de la corrupción generalizada.

Ello es particularmente grave en las regiones ricas gracias a la explotación de recursos naturales como Arequipa con el canon minero, el Cusco que tiene los ingresos del canon gasífero y canon minero más los ingresos provenientes de la actividad turística, o los departamentos ricos del norte del país como Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, donde la riqueza atrae al delito, como “la miel a las moscas”.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En particular me llamó la atención la participación del gerente de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, pues con claridad meridiana planteó una serie de medidas que se están poniendo en práctica con la nueva gestión municipal, reconociendo la necesidad de superar los departamentos estancados, vacíos legales y celos que pudieran existir entre las fuerzas policiales que dependen del Ministerio del Interior y el serenazgo, fuerza preventiva de responsabilidad municipal.

El 80% de los denuncias se registra a nivel de las distintas comisarías, que muchas veces no comparten la información relevante con otras distritales. Así, por ejemplo se puede tener registro de los delincuentes a nivel distrital, pero esta información no se comparte a nivel provincial para un monitoreo. De allí, que un delincuente puede estar prontuariado en un distrito del Callao, pero santificado en La Victoria, pues no se intercambia la información en línea.

Igualmente se señaló la escasa y pobre colaboración entre los serenazgos distritales entre ellos mismos y con la misma policía lo cual debilita la lucha contra el delito y el crimen organizado. Al no compartir información relevante sobre los delitos, actores, modalidades, calles peligrosas se debilita la lucha contra la inseguridad ciudadana.

De allí la necesidad de una mayor racionalidad en el uso de los recursos que tiene cada distrito en una sinergia interdistrital que potencie la supervisión, la vigilancia, la prevención, disuasión y represión del delito y crimen organizado.

DELITO E INVERSIONES

Los países con futuro resuelven en democracia y transparencia la lucha contra la inseguridad ciudadana, con la participación de la población de barrios, manzanas, centros poblados. De allí la necesidad de usar la tecnología moderna para una mejor vigilancia, y la prevención frente al delito.

Nuestro país entre el 2004 y 2012 ha tenido una de las tasas de crecimiento económico más importantes a nivel mundial, pues anualmente se ha crecido en un promedio de 6% anual, lo cual ha permitido disminuir la pobreza extrema, el subempleo, mejorando los ingresos monetarios.

Sin embargo, en la presente coyuntura la inseguridad ciudadana se ha convertido en el problema más angustiante de la población después de la corrupción. De allí la necesidad de medidas radicales para la lucha efectiva contra la delincuencia y el crimen organizado.

El propio Estado a través de Proinversión estima una proyección de inversiones del orden de los US$ 18,225 millones al 2021. Solamente el sector minero a través del departamento de promoción minera proyecta en más de US$ 56 mil millones la inversión en los nuevos proyectos mineros más las ampliaciones.

Podemos especular con los diversos montos de inversiones proyectadas, pero si no se resuelve el problema de la inseguridad ciudadana, en una lucha efectiva contra el delito y el crimen organizado, no solamente aumentará el costo económico, sino que muchas de esas inversiones serán una quimera, pues una de las condiciones de los inversionistas nacionales y extranjeros se estima por la estabilidad política y la seguridad ciudadana.

Solamente un estado fallido es incapaz de ofrecer a sus ciudadanos la debida seguridad ciudadana que es una condición para un mayor bienestar, pues la riqueza atrae al delito, cuando existen graves desigualdades sociales y falta de oportunidades de empleo digno.

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Política

Reforma de justicia en peligro

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

A pesar de los pedidos para postergar las entrevistas a los candidatos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), estas se llevarán a cabo en días festivos y podrían pasar desapercibidas para la ciudadanía. Un proceso tan importante para la lucha anticorrupción debe realizarse podría quedar manchado por falta de transparencia.

A través de una carta dirigida a la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), solicitó que se aplacen las entrevistas personales a los candidatos para integrar el órgano que será responsable de la designación y remoción de jueces y fiscales.

El pedido se realizó en medio de cuestionamientos de diversos analistas debido a que un evento que podría determinar quiénes integren el organismo que será la piedra angular de la justicia en el Perú, debería realizarse en días que permitan a la ciudadanía prestar la debida atención.

En el documento entregado al defensor del Pueblo y presidente de la Comisión Especial, Walter Gutiérrez, se acusó que las fechas para dicha etapa del proceso de selección “no aseguran debidamente los principios de transparencia y participación ciudadana”, pues según el cronograma establecido para el proceso de selección, las entrevistas personales a los 29 candidatos se realizarían del 26 al 29 de diciembre.

Además, la PUCP remarcó que de postergarse las entrevistas, todavía se estaría a tiempo para realizarlas dentro dentro del plazo establecido originalmente, el cual vence en la quincena de enero.

Finalmente, el documento destacó que la finalidad de postergar las entrevistas es que tanto la prensa como la opinión pública puedan seguir “con el interés y la trascendencia que se merece esta segunda convocatoria”.

JNJ NO ACEPTA POSTERGACIÓN

Por su parte, el actual vocero de la JNJ, Armando Canchanya, manifestó que el organismo “no encuentra razones suficientes” para postergar las entrevistas en cuestión. “Los plazos son conocidos de acuerdo a las bases, publicadas en septiembre. Cuando se conocieron las bases se supo las fechas, de cuando iban a ocurrir cada una de las etapas. Entre el 26 al 29 serán las entrevistas a los postulantes al JNJ”, declaró a Canal N.

Canchanya también resaltó que las entrevistas personales serán televisadas, con el fin de que la ciudadanía pueda presenciar el proceso que busca elegir a los magistrados que formarán el organismo que evalúe, sancione y destituya a los próximos jueces y fiscales.

Sin embargo, hay que recordar que los cuestionamientos no solo han estado orientados a la difusión de las entrevistas, sino precisamente a que las fechas de su realización no ayudaría a que la mentada difusión sea realmente efectiva.

NUEVA VERSIÓN DEL SINIESTRO CNM

Al pedido realizado por la PUCP se sumó lo advertido por el viernes por el semanario Hildebrandt en sus trece, el cual denunció que según una fuente allegada a la Comisión Especial, 5 de los 29 aspirantes que todavía siguen en carrera tendrían “dos padrinos de gran peso” en la referida comisión, quienes serían el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Y todavía más, la publicación consigna que 5 candidatos ya contarían con la venia de la mayoría de integrantes de la Comisión Especial. Así, consigna la publicación, se estaría preparando “una JNJ que no hará extrañar la siniestra etapa del Consejo Nacional de la Magistratura”. En otras palabras, la red de los Cuellos Blancos encontraría un nuevo organismo cómplice y la corrupción en el país quedaría impune una vez más.

En tanto, en redes sociales, el abogado y coordinador de Justicia Viva, Luis Miguel Purizaga, calificó de “perverso” el calendario para realizar las entrevistas a los candidatos a la JNJ, pues consideró que la mayoría de la ciudadanía estará pensando en las festividades por fin de año y resultaría muy difícil que preste atención al proceso.

ALGO MÁS

Esta semana se conoció que tres de los candidatos a la JNJ que siguen en carrera han recibido denuncias cuestionando su idoneidad. Se trata de Jaime Pedro de la Puente Parodi, María del Pilar Dolores Tello Leyva y Luz Inés Tello de Ñecco, quienes ya han presentado sus descargos.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Lucha contra la corrupción tuvo éxito por acuerdo de colaboración con Odebrecht

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

El importante avance en las investigaciones por casos de corrupción, vinculados a la empresa brasileña Odebretch en Perú, no hubiese sido posible sin el acuerdo de colaboración eficaz, afirmó Antonio Maldonado, exprocurador.

Indicó que el acuerdo de colaboración eficaz suscrito en junio del presente año entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht, aprobado por el Poder Judicial (PJ), ha permitido revelaciones muy interesantes, que van a fortalecer las hipótesis del Equipo Especial Lava Jato.

Respecto a los cuestionamientos sobre la devolución de los recursos por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla, la tercera más grande de Perú, afirmó que le parecen infundados.

VALIOSO INSTRUMENTO

“Lo que está ocurriendo esta semana expresa el fundamental valor de este valioso instrumento de averiguación de la verdad”, manifestó a Radio Nacional.

Maldonado resaltó, asimismo, los interrogatorios de los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato en Curitiba, Brasil, relacionados con las investigaciones a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ratificó ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que entregó un millón de dólares a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

ALGO MÁS

Esta información fue validada por el exejecutivo del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien confirmó el aporte, según indicó IDL-Reporteros.

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Política

Jorge Barata hablará el 30 y 31 de enero de 2020

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Jorge Barata

Al término de las diligencias con los exdirectivos de Odebrecht, Rafael Vela, coordinador del equipo especial, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exrepresentante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido a nuevos interrogatorios programados para el 30 y 31 de enero del próximo año.

En ese sentido, el fiscal manifestó que para lograr esta nueva diligencia con el exdirectivo de la empresa brasileña, se tuvo que suscribir un acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello.

“Ya se ha coordinado la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que puedan haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente, aunque eso dependerá de las decisiones de estrategia de los fiscales del equipo especial”, precisó en la ciudad de Curitiba, Brasil.

NUEVA RONDA

Al término de las diligencias con los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance que va a hacer canalizado a través de Odebrecht. Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

La entrega de nuevo material así como la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña.

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