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Félix Jiménez

Félix Jiménez

Félix Jiménez
Economista Ph.D.
Profesor Principal de la PUCP

Lo que no se dijo en la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial

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La Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial llevada a cabo recientemente en Lima, provocó comentarios de distinto signo y, sobre todo, preguntas acerca del papel desempeñado por estas instituciones en las economías de nuestros países. Sin duda, lo más positivo y notorio en la situación actual del país, fue que aumentó el turismo y que benefició notablemente a los negocios del rubro de la gastronomía. Pero, ni las conferencias ni los informes efectuados durante el desarrollo de la Asamblea, abordaron autocríticamente los efectos de las reformas y políticas patrocinadas por dichas instituciones. Por ejemplo, no se dijo nada sobre lo que actualmente ocurre en Grecia luego de que la troika (el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) le impusiera un paquete draconiano de medidas consistente en reducciones de sueldos y jubilaciones, privatizaciones, aumentos de impuestos y despidos de funcionarios de su administración gubernamental.

LA PÉRDIDA DE SOBERANÍA DEL ESTADO NACIONAL
Los préstamos (créditos stand-by) del FMI condicionados a ese paquete de medidas y a la firma de una carta de intención por los gobiernos y autoridades económicas, son bien conocidos en América Latina. Durante la crisis de la deuda externa (fines de los años 1970 y los años 1980), la condicionalidad de los ajustes propuestos por el FMI se intensificó con la participación del Banco Mundial (BM) y de la propia administración norteamericana. En el primer lustro de los años 1980 se impuso el denominado Plan Baker consistente en la generación de liquidez en los países deudores, bajo la condición de que adoptaran el paquete de estabilización del FMI y otras políticas de libre mercado. Esta institución actuaba como intermediario entre los países deudores y los bancos acreedores.

El plan Baker no contemplaba la reducción de la deuda ni de la carga de su servicio. Recién en 1989 se anuncia el Plan Brady cuyo objetivo era «disminuir el valor nominal de la deuda, reducir su servicio y/o facilitar préstamos nuevos», pero en el contexto de programas de reformas impuestos por el FMI y el BM que incluían, además de las políticas de estabilización conocidas, «medidas para alentar nuevas inversiones extranjeras, repatriar capitales, cancelar atrasos, privatizaciones y canje deuda por acciones de capital». Estos programas son implementados bajo la supervisión conjunta del FMI y del BM.

La crisis de la deuda provocó un cambio drástico en los roles asignados en 1944, en Bretton Woods, al FMI y al BM. La función original del FMI era facilitar la corrección de los desequilibrios macro mediante préstamos y políticas de ajuste fiscal y monetario; mientras la del BM era financiar la ejecución de proyectos específicos de inversión, para promover el crecimiento económico a largo plazo. Esta separación de roles terminó con la crisis de la deuda. El FMI introdujo el «Extended Fund Facility» y el «Structural Adjustment Facility», cuyo propósito era afectar la oferta agregada mediante la desregulación de todos los mercados. El BM, por su parte, empezó a condicionar sus préstamos a la adopción de las políticas de estabilización del FMI. De esta manera institucionalizaron el llamado Consenso de Washington sobre por la libertad irrestricta del mercado y la eliminación de la intervención del Estado.

El hecho que las políticas económicas se definieran en el exterior con la participación de estas dos instituciones, condujo, por lo tanto, a la pérdida de soberanía de nuestros Estados Nacionales.

LA DÉCADA PERDIDA DE AMÉRICA LATINA
¿Cuáles fueron los resultados de la aplicación de las reformas y ajustes neoliberales patrocinadas por estas dos instituciones? Su costo económico y social fue enorme. Sin embargo, hasta ahora no hemos escuchado ni leído autocrítica alguna. Nuestras economías se estancaron durante más de una década. Crecieron la informalidad, el subempleo y la pobreza; bajó la inflación, aunque muy poco, a costa de la apreciación monetaria y la contracción de la capacidad de compra de los sueldos y salarios; aumentaron las tarifas de los servicios públicos; aumentó el costo del crédito; se redujeron los presupuestos de educación, salud y de inversión en infraestructura; y, los «despedidos pagados» de funcionarios públicos precarizaron la burocracia de los Estados. Por estas razones, la década de los años 1980 es conocida ahora como la «década perdida de América Latina».

Las reformas y políticas neoliberales siguieron en los años 1990. Las consecuencias en nuestro país fueron: reducción del ritmo de crecimiento de la capacidad productiva per cápita que agravó los desajustes entre la oferta de empleos y el crecimiento de la fuerza laboral; reprimarización de la economía; dolarización de los créditos; pérdida de competitividad de las actividades de bienes y servicios transables; e inicio de un cambio estructural regresivo: la economía tendía hacerse menos industrial y menos agrícola, y más productora de servicios de baja productividad. La crisis asiática y rusa de 1997-1998 agravó esta situación: ocasionó quiebras bancarias y una notable recesión que se prolongó hasta el año 2002.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Ningún analista político ni periodista aprovechó la realización de la citada Asamblea en Lima, para informar que durante los años 2001-2006 se recobró algo de soberanía nacional en la definición las políticas fiscal, monetaria y cambiaria. Sobre esto hemos escrito en otras oportunidades. Se intentó salir de la ruta neoliberal que nos conducía al papel de productores de materias primas y a servir al proceso de acumulación y crecimiento de los países del centro con la enajenación de nuestros mercados.

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Política

Premier Zeballos debe explicaciones al país

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Vicente Zeballos

A pesar que el premier Vicente Zeballos, reaccionó de manera sorprendida, después que se hizo pública la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) de Odebrecht contra el Estado peruano e incluso calificó como frescos a los brasileños. El presidente del Consejo de Ministros siempre tuvo información de primera mano, respecto a este tema, sobre todo desde que era ministro de justicia en el año 2018.

El dominical Panorama reveló que mediante la resolución ministerial 516-2018 del 4 de diciembre de ese año, el entonces ministro de justicia, Vicente Zeballos aprobó la venta de la hidroeléctrica Chagllaque benefició a Odebrecht.

Cuatro días después de esta resolución que autorizaba la venta de Chaglla. Odebrecht decidió firmar el pre Acuerdo de Colaboración Eficaz. Entonces, queda la duda, si la venta de Chaglla habría sido una motivación para que Odebrecht aceptará culpabilidad de realizar sobornos en sólo 4 proyectos de infraestructura, menos en el Gasoducto Sur Peruano. Además de una serie de beneficios.

VOTÓ A FAVOR DE LEY DE REPARACIÓN CIVIL

En marzo del 2018 el Congreso de la República debatió la ley que regulaba el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. La ley establecía la posibilidad de vender bienes, activos o acciones, como ocurrió con Chaglla.

Esta ley fue promovida por el expresidentePedro Pablo Kuzynskyy sería el marco normativo que se aplicaría a Odebrecht, constructora que ya había reconocido el pago de coimas en nuestro país. Y le abría la posibilidad de realizar transferencias al extranjero, como ocurrió con los 524 millones de la venta de Chaglla. Zeballosera congresista por la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio, dio su voto a favor de estos procesos.

En julio de 2018 el presidente Vizcarra nombró como ministro de Justicia a Zeballos. Es decir, asumió el ministerio conociendo que existía la posibilidad de una demanda ante CIADI por el caso Gasoducto, el trato directo entre Odebrecht y el estado, en el 2017, ya había terminado sin éxito alguno.

Incluso el premier dijo hace unos días que estaba expectante la posibilidad de plantear o no una demanda, por parte del Estado peruano a Odebrecht ante CIADI.Si fuese así, por qué no se lo planteó al presidente Vizcarra antes que de Odebrecht haga uso de esta herramienta.

Acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficio - Carpeta de Colaboración Eficaz

MUCHA INFORMACIÓN PERO NINGUNA ACCIÓN

Como Ministro de Justicia Vicente Zeballos podía acceder a información de quién sería nuestro oponente en los tribunales. El Ejecutivo, amparado en la ley, tiene la potestad de establecer medidas de veeduría sobre información económica, contable y financiera de Odebrecht. La pregunta es: ¿Por qué no lo utilizaron estas opciones en beneficio del Estado?

Sin embargo, en diciembre de 2018 Zeballos firmó una resolución ministerial autorizando a Odebrecht la venta de Chaglla, el activo más importante que tenía entonces la constructora en nuestro país.

Cuatro días después Odebrecht decidió firmar el pre acuerdo de colaboración eficaz. Es decir, primero se aseguraron que el Estado autorizara la venta de su principal activo para luego estampar su firma.

En febrero del 2019 siendo aún ministro de Justicia, conoció el acuerdo de colaboración eficaz y la reparación civil, que en ningún momento cuestionó. La información le llegaba de primera fuente, porque la Procuraduría está adscrita a la cartera de Justicia. A pesar de la independencia de los procuradores, sabía los pasos que se estaban dando en el caso Odebrecht, incluso fue interpelado por el Congreso donde debió explicar el acuerdo de colaboración eficaz que él avaló.

La colaboración eficaz y la demanda ante CIADI tiene distintos responsables, la primera ha sido vista por los fiscales y el ex procurador. Mientras que la segunda, debe ser resuelta únicamente por el ejecutivo, que tiene la instancia Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Energía y Minas, los tres ministros que busco el exprocuradorRamírez para advertirles que Odebrecht plantearía la demanda ante CIADI

SE LA SABEN TODAS

El plazo de Odebrecht para presentar el arbitraje vencía a fines de enero pasado, pero esperó pacientemente que el Perú le transfiera los 524 millones de soles de la venta de la hidroeléctrica Chaglla. Odebrecht que se las sabe todas, recibió la transferencia en quincena de diciembre del 2019, se aseguró que el dinero estuviera en su bolsillo para anunciar a los fiscales y al exprocurador su intención de demandar al Perú por el Gasoducto.

A esto hay que agregar, que el exprocurador Jorge Ramírez,declaró que el premier Zeballos y el presidente Vizcarra, estaban al tanto de la reunión entre los ministros y los ejecutivos de Odebrecht en Perú. Según le confesó Juan Carlos Liu, exministro de Energía y Minas.

Aunque el premier Zeballos afirmó que “nuestro gobierno no negocia con corruptos”. La línea de tiempo de los hechos ocurridos indicaría que no es así, y que más allá de una supuesta ingenuidad del Ejecutivo para manejar el tema Odebrecht, habría habido una sospechosa permisividad con la corrupta empresa brasileña. Que es la que nunca pierde.

Odebrecht

¿ACUERDO DE COMPLICIDAD EFICAZ?

Según informó el semanario Hildebrandt en sus Trece, en el Acuerdo de Colaboración Eficaz firmado entre las constructora brasileña Odebrecht y el Estado peruano, a cambio de lo que se supone iba a ser una entrega masiva de información inmediata y sin reservas, Odebrecht obtuvo todos los beneficios por adelantado: la inmunidad absoluta, la devolución de 524 millones de soles por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, la posibilidad abierta de seguir contratando con el Estado, el control absoluto de todos sus bienes y activos en nuestro país, así como la exoneración de embargos, incautaciones y bloqueo de cuentas bancarias para la compañía y sus ejecutivos involucrados en actos de corrupción.

La Fiscalía dejó fuera del ámbito de negociación al Gasoducto Sur Peruano, lo que impidió que el Ejecutivo activara la cláusula anti corrupción. Porque la constructora brasileña sólo había reconocido formalmente el pago de sobornos en: la Interoceánica Sur, el Metro de Lima, la Vía Costa Verde del Callao y la Vía de Evitamiento del Cusco.

Y esto, a pesar que el fiscal Hamilton Castro, exjefe del Equipo Especial Lava Jato, advirtió mediante un documento, como refiere el citado semanario, fechado el 18 de julio del 2018, sus sospechas de que Odebrecht habría estado ocultando la verdad en la investigación del Gasoducto.

“Si la Fiscalía encuentra elementos no proporcionados por la empresa os sus funcionarios que permitan estructurar una investigación penal, es su deber constitucional hacerlo. Y en ese ámbito no existe deber de protección alguna, pues no se trata de delitos cuya comisión haya confesado”, informó Hamilton Castro al fiscal superior César Zanabria.

El exjefe del Equipo Especial Lava Jato se mostró de acuerdo en cerrar el convenio de colaboración eficaz con la empresa brasileña, pero estableciendo una cláusula que indique que, si en un plazo razonable la compañía no entregaba toda la información requerida, la justicia peruana podía revocarle todos los beneficios otorgados.

No obstante, Odebrecht no lo permitió, indicó Hildebrandt en sus Trece, suspendió la colaboración con el Perúy acusó a Castro de sabotear la cooperación internacional. También fue cuestionado por la prensa, días después, el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry lo removió del cargo.

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Política

Vizcarra debe entender que las cosas no se arreglan sacando ministros

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ZENAIDA SOLÍS

Las cosas no se arreglan sacando a ministros, y eso debe saberlo el presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó la congresista electa Zenaida Solís, al comentar la salida repentina de Flor Pablo del Ministerio de Educación.

“[¿Dan ustedes por hecho la cuestión de confianza al Gabinete Ministerial?] No damos por hecho nada. El Gobierno tiene que esforzarse, el presidente tiene que sentir que las cosas no se arreglan sacando a los ministros como los están sacando”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Un ministro que sale significa un nuevo ministro que entra a aprender sobre su cartera por tres o cuatro meses, y, cuando está terminando de aprender, lo sacan. ¿Qué hemos hecho? Esto es un retraso para el país, porque en educación y salud eso es criminal [el sacar a los ministros] y eso no se puede hacer. […] Nuestra premisa será exigirles a los ministros que trabajen”,

LA PREMISA NO ES TUMBARSE MINISTROS

Solís Gutiérrez refirió, no obstante, que la premisa del Partido Morado no será “tumbarse” a los ministros, como se hizo en la anterior legislatura. Sin embargo, refirió que se exigirá que trabajen por el país.

“Haciendo la salvedad que nosotros no ponemos por delante la interpelación de ministros, nuestro objetivo no será de ninguna manera tumbarnos al presidente o que tenga que irse antes de terminar su mandato, ni seguir tumbando a los ministros como ha venido sucediendo. Nuestra premisa no es interpelar y sacar ministros. Nuestra premisa es que los ministros trabajen, exigirles trabajo”, argumentó.

“No es posible que siga pasando cosas, no solamente en el ámbito de seguridad o educación. En todos los ámbitos, en el ámbito laboral. No es posible que el poste se caiga sobre una señora, que dos chicos limpiando un establecimiento se mueran ¿qué es eso? ¿dónde está la Sunafil?, ¿no existen ya?, ¿quién supervisa eso?. Como congresista quiero hacer fiscalización, quiero hacer control político y ver si funcionan algunas cosas para ayudarles a mirar a los ministros”, puntualizó.

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Política

Operadores de justicia se unen para lograr sentencias ejemplares

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Operadores de justicia se unen para lograr sentencias ejemplares

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, participó en la Mesa de Trabajo en Plan de Mejora para el abordaje de la Violencia contra la Mujer en el Poder Judicial del Cono Norte.

Esta reunión fue promovida por la Dirección de Violencia contra el Género del MIMP y contó con la asistencia del presidente de la Corte Superior de Lima Norte, Vicente Pinedo, y representantes de la Fiscalía y Policía Nacional.

La ministra Gloria Montenegro sostuvo que en el 2019 se presentaron más de 185 mil denuncias de violencia y que esto sería una demostración del sinceramiento de la cultura machista que existe en nuestra sociedad. Desatacó, además, la importancia de un trabajo articulado con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional

“Hemos visto cómo la violencia sigue causando estragos en nuestro país, pero tenemos que seguir trabajando, operando de manera articulada con todas las instituciones. Por eso el sistema de interoperabilidad es sumamente necesario de cara a contrarrestar todo tipo de violencia contra la mujer y los integrantes de la familia”, dijo.

Agregó que las medidas de protección que se dan a las víctimas de violencia de género tienen que ser oportunas en este proceso de seguridad y convertirse en garantías que el Estado otorga a los que peligran y requieren de cuidados especiales.

La zona Norte, denominada “Lima Norte”, tiene una población superior a los 2´657,000 habitantes, lugar donde por factores culturales, sociales, económicos y de otra índole, cotidianamente se presentan conflictos intrafamiliares, derivándose de ellas agresiones y atentados a las integridades físicas y psicológicas, principalmente, en las mujeres, niños y personas adultas.

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