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Las limitaciones de los gasoductos virtuales

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Camión petrolero

UN BICENTENARIO SIN MASIFICACIÓN GASÍFERA

Próximos al bicentenario tenemos poco que celebrar con una corrupción que corroe a la clase política, a los pintados grupos empresariales en el financiamiento de la corrupción fujimorista, partidos afines con las mafias, periodistas comprometidos con Odebrecht, “cuellos blancos”, Club de la Construcción y todo lo demás constituye un freno para el crecimiento económico, que debiera ser un objetivo de una política de estado.

El crecimiento económico, y en general la competitividad de la economía peruana sigue cayendo, a pesar del enorme potencial económico, natural y humano, que tiene nuestro país. Se pudiera crecer al 5 % el próximo año, pero al igual que este año que termina se crecerá por menos de la mitad, lo cual confirmaría un retorno a la pobreza, para miles de familias de peruanos.

Se demandan nuevos motores de crecimiento económico al margen de la minería, como la agroindustria, el turismo entre otros, para ello se requiere energía segura y barata para ganar ventajas competitivas para las industrias de las provincias y familias, las cuales tienen que consumir balones de GLP pagando más de S/ 38 soles por un balón de 10 kilos, energético, que dicho sea de paso, cada vez tenemos que comprarlo afuera, es decir importarlo. Lo cual resulta una paradoja teniendo grandes recursos gasíferos.

Es más, con el gobierno del presidente Vizcarra convocando a elecciones para el próximo Congreso de la República, ahorita a fines de enero del año que comienza, uno de los temas resaltantes debiera ser el rol del estado en la masificación del gas natural, a nivel país pues por ahora el beneficio de la “cultura del gas” está reducido a la Lima Metropolitana y el sur chico, con Ica, Chincha, Pisco etc.

Es más, la alternativa de masificar el país por medio de “gasoductos virtuales” es decir, camiones cisternas que partirían de la Planta de Pampa Melchorita donde se convierte el gas natural a líquido para ser transportado, no resultaría muy atractivo por sus altos costos sobre todo para las familias.

Es decir, los gasoductos virtuales, tal como están haciendo la colombiana Quavii para las ciudades del norte, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Cajamarca etc. con excepción de Piura y Tumbes, y Naturgy antes Fenosa, para Arequipa, Tacna y Moquegua, tendrían altos costos desde el inicio más de US $ 8.5 dólares por millón de BTU en el City Gate de Pampa Melchorita, sin considerar los costos de distribución que presiona el precio hacia arriba.

Tubería oleoducto petróleo gasoducto

DIVERSIDAD DE PRECIOS

En verdad, el país y sobre todo las grandes mayorías y en especial en las zonas productoras como el Cuzco y Piura debieran acceder a este energético ambientalmente limpio, que debiera tener un precio barato, regulado como lo tiene el gas natural del lote 88 que beneficia y refuerza el centralismo limeño.

En los últimos veinte años en materia de energía, hay un antes y un después, y se llama “Proyecto Camisea” cuyas bondades y efectos positivos son mayores a los negativos desde mediados del 2004 a la fecha.

Con la característica principal que el negocio para las empresas integrantes del Consorcio Camisea, Pluspetrol, Hunt Oil, Repsol, Sonatrach, Sk de Corea, ha sido y es la explotación de los líquidos de gas natural, que sería el “lomo fino”, y no tanto el gas natural del lote 88, que sería el “hueso duro” por tener precio regulado. Por ello, se maximiza la extracción de líquidos y se reinyectan millones de pies cúbicos de gas natural.

Todo ello, a pesar de las perversidades de la exportación del gas natural del lote 56 hacia México en el 2010, que se cayó como negocio rentable cuando el precio del marcador internacional del gas Henri Hub en el 2008, se hundió por la crisis financiera mundial y la sobreoferta del “shale gas” en USA.

Así, con el derrumbe del precio del gas natural para México que se bajó de los US $ 10 dólares el millón de BTU (unidad de calor) en el 2008 a menos de US $ 3 dólares y hasta hoy no se recupera. Mientras en nuestro país los precios del gas natural son variables, como se puede observar en el cuadro respectivo, donde la producción fiscalizada de gas natural tienen precios dferentes que van desde los US $ 2 dólares el millón de BTU hasta US$ 7 dólares, pues se rigen por las políticas del libre mercado.

Es más el precio del gas natural del lote 56,el gas destinado a la exportación tiene dos precios en la producción fiscalizada para fijar el pago de regalías al estado como se podrá observar en la parte final del cuadro.

El precio del gas destinado al mercado interno del lote 56 abona ahora US $ 1.895 dólares por millón de BTU, aproximadamente 1,000 pies cúbicos. Por el contrario, el gas del mismo lote 56 que se exporta que es la mayoría, se valoriza al precio mínimo garantizado de US $ 0.675 centavos de dólar por el mismo millón de BTU. Es decir, el gas natural para el mercado interno cuesta más del doble en relación al gas exportado. ¡Esta es una de las perversiones del gas de exportación!

GRACIAS A CAMISEA

Sin Camisea, en particular sin el gas natural y líquidos del lote 88, 56 y 57 el saldo neto deficitario de la balanza comercial de hidrocarburos sería mayor, superando de lejos los US $ 4,000 millones anuales en negativo.

Sin Camisea, seguiríamos consumiendo más diesel 2 e importando aún más del que se consume, utilizaríamos más petróleos industriales contaminantes en los calderos en lugar de gas, las amas de casa comprarían más gas licuado de petróleo que se expende en balones de 10 kilos, y sobre todo las tarifas eléctricas serían más altas de lo que son ahora.

No tendríamos los más de 350 mil vehículos que se alimentan del gas natural vehicular (GNV) y GLP que se procesan sobre todo en la Planta de Fraccionamiento de Pisco a partir de los líquidos de gas natural proveniente de los lotes 88, 56 y 57 en menor medida.

Todo ello al margen de las regalías e impuestos que se abonan por la explotación del gas natural, líquidos de gas natural extraídos de los lotes 88, 56 y 57 que debieran sumarse a las regalías e impuestos provenientes de los lotes ubicados en la Cuenca Talara y Zócalo Continental.

Esta contribución fiscal financia los millonarios ingresos del canon gasífero para la región Cuzco, donde el 50 % de las regalías y el 50% del impuesto a la renta pagados por el Consorcio Camisea financian el canon que se distribuye en los distritos productores, la provincia de Quillabamba, los gobiernos locales, gobierno regional y universidad pública.

Sin embargo, los departamentos del sur tales como el Cuzco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna no acceden a los beneficios del gas natural, entre otras razones por la paralización de la construcción del Gasoducto del Sur, en un contrato firmado por el gobierno de Humala, con series acusaciones de corrupción por parte de Odebrechet y sus empresas asociadas.

Por ello, esta empresa no pudo levantar el íntegro de los capitales para hacer realidad la aspiración del gasoducto del sur. Ello explica la falta de financiamiento de la brasileña Odebrecht para obtener los préstamos de la banca internacional que pudieran ser utilizados para terminar con el tendido del gasoducto que lleva paralizado más de tres años, con altos costos de mantenimiento para el estado.

Algunos precios de gas natural

HACIENDO MEMORIA

Hacer realidad el Proyecto Camisea cuyas reservas del lote 88 fueron descubiertas en 1984 por la transnacional Shell, demoró casi 20 años, pues el gas natural llegó al City Gate de Lurín a mediados del 2004, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo.

En tal sentido, concretizar el proyecto Camisea con el aprovechamiento de los pozos perforados por la Shell en el pasado, y otros realizados por Pluspetrol Perú Corporation como operador del Consorcio Camisea, con la construcción del gasoducto del campo Malvinas (Echarate/ Quillabamba/Cuzco) a Lurín, constituyó una continuidad de políticas de estado que involucró a cuatro gobiernos algo inusual en nuestro país.

Se debe tener presente que la licitación internacional del lote 88 se realizó en la etapa final de la dictadura fujimorista, cuando el país al igual que ahora se sacudía por los “vladivideos”, donde aparecía el Dr. Vladimiro Montesinos filmando la corrupción de congresistas, empresarios, empresarios de la “prensa libre”, altos oficiales, políticos en general que estaban en la planilla del Servicio de Inteligencia (SIN) a cargo de un ex capitán del ejército que fue expulsado del mismo por alta traición.

En esa coyuntura política con la huida del dictador Alberto Fujimori al Japón, el “contrato de Camisea” lo firma el presidente del gobierno de transición (2000/ junio del 2001) el Dr. Valentín Panigua y ministro de Energía y Minas, el Ing. Herrera Descalzi.

Para hacer realidad el proyecto Camisea, para rentabilizar una industria naciente los gobiernos de turno tuvieron que promover la industria del gas con una serie de beneficios y facilidades, que iban desde la prohibición de centrales hidroeléctricas para fomentar la construcción de centrales térmicas, para crear un mercado para el gas natural. Hoy más del 40 % de la energía producida proviene de la quema del gas natural.

Es más, en el uso del “rol subsidiario del rol de estado”, cuando conviene al capital se obligó a la empresa estatal ElectroPerú, que opera las centrales hidrícas de Antúnez de Mayolo, y Restitución en Huancavelica a comprar y pagar sí o sí 65 millones de pies cúbicos diarios de gas proveniente de Camisea, para garantizar las inversiones de la empresa Edegel hoy Enel Generación, que operaba la unidad de generación térmica de Ventanilla. Es decir, ¡el estado tenía que ayudar y subsidiar al capital privado.

En esa línea todos los usuarios eléctricos tuvimos que financiar la construcción del gasoducto de Camisea hacia Lima con un sobrecargo en nuestros recibos de electricidad, el cual garantizaba la rentabilidad de las empresas privadas conformantes de TGP (Transportadora de Gas) que eran casi los mismos socios del Consorcio Camisea. ¡Como estas fueron una serie de facilidades en el marco del rol subsidiario a costa de los bolsillos de miles de usuarios!.

EPÍLOGO

En nuestro país, la masificación del gas natural debiera ser un imperativo nacional, un mandato de la historia para cambiar el perverso patrón de consumo energético basado en los derivados del petróleo que cada vez producimos menos y consumimos más.

De una demanda interna para el mercado de combustibles de 250 mil barriles diarios no producimos actualmente ni 50 mil barriles de crudo por día, por tanto tenemos que importar la diferencia en petróleo, en diesel 2 limpio con 50 partes por millón de azufre, y desde hace unos cinco años, crecientes volúmenes de gas licuado de petróleo (GLP), cuyo consumo ha crecido ante la débil por no decir ridícula masificación del gas natural.

El gas natural, es el hidrocarburo que más tenemos en reservas probadas, sin embargo somos más dependientes del petróleo. Por ello, para hacer realidad una efectiva masifición el estado tiene que asumir un rol protagónico como en Colombia y Bolivia, recuperando para empezar la propiedad, posesión, uso y usufructo sobre los hidrocarburos, en especial del gas natural.

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Política

Fujimorista que postula al Congreso es acusado de matar un militar

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Juan José Muñico, sobrino de Rosa María Bartra Barriga

Según IDL-Reporteros, Juan José Muñico, candidato por Solidaridad Nacional, participó en el asesinato de Ezequiel Huamaní Ñuhuinlla, en 1998.

Como reveló IDL-Reporteros, el candidato al Congreso por Solidaridad Nacional y líder del grupo fujimorista La Resistencia, Juan José Muñico, alias ‘Jota Maelo’, participó en 1998 del asesinato del excombatiente del Cenepa, Ezequiel HuamaníÑuhuinlla.

El hecho se produjo la noche del 2 de agosto de 1998, en el Asentamiento Humano Los Olivos de Pro, donde el engreído político de Rosa Bartra, entonces con 22 años, bebía licor junto a David Capillo Ponte, alias ‘Colita, y Daniel Francisco Pérez Arroyo, alias ‘Oso’, quienes interceptaron a Huamaní y lo apuñalaron en la parte posterior del tórax.

“Luego de cometido el hecho, ambos sujetos se dieron a la fuga dejando herido de gravedad a Ezequiel HuamaníÑahuinlla, quien ante el ataque sufrido corre hacia su domicilio y en estas circunstancias que Juan José Muñico Gonzales lo agrede físicamente con golpes de puntapiés, acción presenciada por SantosaHuamaníChipana, tía de la víctima, así como vociferando a viva voz ‘que lo destriparía’”, consigna el atestado policial.

Tras ser arrestado, ‘Jota Maelo’ admitió haber participado en el ataque, indicando que fue detrás de Huamaní con la finalidad de golpearlo y justificando su accionar en su presunto estado etílico.

CANDIDATO ASESINO

Sin embargo, once días después, David Capillo declaró ante la Quinta Fiscalía Provincial de la Familia que, tras recibir una cachetada por parte del excombatiente, sacó una navaja de su pantalón, lo hirió en la pierna y escapó del lugar, siendo Juan Muñico “quien lo remató provisto de una zapatera (cuchillo)” porque Ezequiel Huamaní “se había metido con su enamorada de nombre Judith”.

Posteriormente, durante el proceso judicial, el abogado Ariosto Muñico, padre de Juan José Muñico, sostuvo que no existían medios probatorios que acrediten que su patrocinado haya participado en el crimen.

Finalmente, el 20 de agosto del 2001, la jueza Carmen Rosa Cucalón declaró “sobreseída la acción penal incoada contra Juan José Muñico y Daniel Pérez Arroyo”. Asimismo, la magistrada reservó por un año el fallo contra ‘Jota Maelo’, a quien ordenaron reglas de conducta y una reparación civil de apenas 500 soles.

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Política

Zavala podría ser investigada por caso Narcoindultos

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María Zavala

Integrante de la Junta Nacional de Justicia firmó 102 indultos como ministra de Justicia en segundo gobierno de García, y tuvo como asesor principal a un abogado defensor de narcotraficantes. Juristas denuncian conflicto de intereses en la JNJ.

El abogado y candidato al Congreso, Guillermo Olivera Díaz, indicó que la integrante de la Junta Nacional de Justicia, María Zavala, podría ser sujeto de investigaciones por su actuación como ministra de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García, por presuntamente haber indultado a sentenciados por narcotráfico.

En el periodo en que se mantuvo al frente de la cartera de Justicia, Zavala firmó por la liberación de 102 de los 5500 indultados y beneficiados en la reducción de sus penas, de las cuales 3302 eran por tráfico ilícito de drogas y 1781 por robo agravado.

Olivera Díaz, que postula al Congreso con el número 3 del partido Renacimiento Unido Nacional – Runa, consideró que Zavala “ha favorecido a narcos” y, en esencia, sus actos son los mismos que los del condenado por el caso Narcoindultos, Facundo Chinguel. “La conmutación de pena por el delito de narcotráfico se encontraba prohibida en distintas leyes, y sin embargo todos los ministros de Justicia de Alan García lo hicieron, como García Toma y Aurelio Pastor”, agregó.

Además, indicó que en los informes de la Megacomisión por el caso Narcoindultos “están los casos firmados por Zavala, uno por uno, por ello de llegar al Congreso investigaremos este caso para que se inicie el trámite de antejuicio o acusación constitucional; ahí se le citará a declarar y se pedirá todas las resoluciones supremas firmadas por la ministra, y se verán los casos de conmutaciones de pena o indultos”, señaló.

Hay que indicar que según afirmaciones de la sucesora de María Zavala en el ministerio de Justicia, Rosario Fernández, la hoy miembro de la JNJ “prácticamente había dejado listo el nombramiento de los integrantes de la comisión (de gracias presidenciales), incluido Facundo Chinguel”, al momento de su renuncia, en diciembre de 2007.

SÍ PROCEDERÍA INVESTIGACIÓN

Por su parte, el especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, sí encontró posible que la hoy miembro de la JNJ sea investigada por la Fiscalía. “En caso los indultos concedidos por la entonces ministra Zavala se encuentren dentro de la política de deshacinamiento de los penales iniciada por el segundo gobierno de Alan García, sí podría ser investigada si es que se reabre el caso narcoindultos, porque bajo esa fachada disfrazaron todos indultos y conmutaciones de penas a narcotraficantes”, indicó.

En ese escenario, Antezana consideró que existiría un grave conflicto de interés, pues Zavala dentro de sus funciones como integrante de la JNJ, podría ratificar, nombrar o remover a fiscales y jueces que eventualmente podrían investigarla y procesarla.

Por otro lado, Antezana recordó que durante su gestión como ministra de Justicia, Zavala tuvo como jefe de gabinete de asesores a Francisco Peixoto, un cuestionado defensor de narcotraficantes.

En efecto, en febrero de 2007, el abogado y jefe del gabinete de asesores de la titular de Justicia, Francisco Peixoto, renunció a su cargo luego de que se revelara su participación en la defensa legal de una docena de procesados por tráfico de drogas. El entonces premier, Jorge del Castillo, había manifestado al respecto que “la defensa de los delitos de esa naturaleza resultan incompatibles con un cargo público”.

En tanto, para el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, en caso que la Fiscalía decida iniciar una investigación contra Zavala por los actos en que presuntamente haya delinquido en el ejercicio de sus funciones, su presencia en la JNJ generaría un conflicto de intereses ya que las funciones del órgano de justicia no solo son elegir, ratificar o destituir jueces y fiscales, sino también sancionarlos. “Así, cualquier magistrado que quiera investigarla va a tener que pensarlo dos veces”, comentó.

Respecto a los vínculos de Zavala con un defensor legal de narcotraficantes, Quispe consideró que “si bien hasta ahora podría ser que no tenga contenido penal, una investigación seria del Poder Judicial o del Ministerio Público sí podría llegar a procesarla y esto definitivamente perjudica la imagen de JNJ”.

El jurista señaló que, aunque el próximo Congreso también tendrá la potestad de iniciar una investigación contra la integrante de la JNJ, por su condición de funcionaria pública de alto nivel se requeriría el levantamiento de su inmunidad para que proceda una investigación judicial.

“Este Congreso, a pesar de que tendrá poco tiempo de funcionamiento, será clave para que se dé campo libre a la Fiscalía para que se investigue a aquellas personas vinculadas a actos de corrupción, comenzando por Pedro Chávarry y José Luis Lecaros. Y una vez que la Fiscalía decida abrir investigación contra Zavala, que se le den todas las facilidades y no se pongan trabas por ser miembro de la JNJ, como antes ocurrió con los miembros del fenecido CNM”, concluyó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Candidato denuncia campaña difamatoria

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Jorge Rodríguez Ríos

El candidato con el número 7 de Juntos por el Perú, Jorge Rodríguez Ríos, denunció que viene siendo víctima de ataques difamatorios que tienen como objetivo perjudicar su imagen pública y en consecuencia su campaña política. Entre las acusaciones realizadas, cuentas anónimas, en las redes sociales, acusan a Rodríguez de no pasar la pensión alimenticia a una presunta hija suya. Sin embargo, el candidato negó que tuviera una hija y afirmó que “la persona que sería la madre de mi supuesta hija, ni siquiera existe”.

Rodríguez señaló que los ataques en redes sociales se remontan al año 2016, cuando a partir la campaña “Keiko no va”, estos se intensificaron “una campaña sistemática de demolición”, con el fin de desacreditar política y socialmente a consecuencia de haber sido uno de la visibilidad adquirida como uno de los voceros.

“Para este fin, utilizan burdas imágenes editadas para acusarme falsamente de estar en el registro de deudores alimentarios morosos, o de tener sentencias judiciales. Estas prácticas nos recuerdan a lo peor del fujimorismo, creen que con toda impunidad pueden seguir difamando”, comentó.

El candidato de Juntos por el Perú informó que ya ha iniciado acciones legales tanto a nivel del Jurado Electoral Especial como del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. “Vamos a ir a fondo para saber quiénes están detrás de estas acciones. Sabemos que en el último Congreso habían trolls pagados y a órdenes del general Miyashiro, con la función de destruir a los oponentes políticos del fujimorismo con estas campañas difamatorias”, manifestó.

DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA

Rodríguez afirmó ser parte del Foro Juvenil de Izquierda desde hace 7 años, organización con la que señala haber participado en diferentes acciones políticas y de protesta contra la corrupción. “Pensamos que es hora de pasar de la protesta a la propuesta, y en este sentido es importante formular propuestas de reforma laboral y tributaria que permita una mayor distribución de riqueza en el país, porque no habrá mayor democracia sin mayor equidad”, consignó.

En ese sentido, cuestionó que existan grandes grupos económicos que reciben exoneraciones y beneficios tributarios, ya sea en el sector minero o agroindustrial, sin que se discuta en qué ha beneficiado eso al país. “Planteamos una reforma que transparente cuales son las empresas con beneficios tributarios y que se discuta por qué”.

En el campo laboral, indicó que el Perú es el país con mayor flexibilidad de la región, y que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) diseñado por el Ejecutivo terminará por precarizar aún más la situación de los trabajadores. “Lo sucedido en McDonald’s o en el incendio de Las Malvinas no es la excepción, es la regla”, indicó. Por ello, propuso devolver al Ministerio de Trabajo facultades coercitivas para que “deje de ser una mesa de partes y defienda los derechos laborales”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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