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La historia negra del Z-2B

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El Consorcio petrolero Savia constituido por dos empresas estatales, Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur anuncia el abandono de las operaciones en el lote Z-2B ubicado en Piura frente a las costas de Talara. Un viejo lote del Zócalo Continental explotado desde fines de la década de los cincuenta del siglo pasado que todavía tiene importantes reservas y recursos de hidrocarburos.

En verdad, algo esperable frente a un horizonte incierto con bajos precios internacionales del crudo, con una fecha cercana de término de contrato en el 2023, y sobre todo, que no tiene un comprador seguro, como lo era la Refinería de Talara en pleno proceso de construcción, bajo responsabilidad de PetroPerú.

Esta es una de las consecuencias de la privatización fragmentada (1993), aplicada durante el gobierno del fujimorismo, pues antes de su privatización operaba el Z-2B la empresa Petromar, una filial de PetroPerú, con una producción promedio de 22 mil barriles diarios, hoy no se producen ni 8 mil barriles, por falta de inversiones.

PARÁLISIS REFINERA

De otro lado, sea por razones técnicas, afectación de la pandemia, falta de financiamiento, decisión política y planeamiento estratégico, la modernización de la Refinería de Talara, está llevando más tiempo del esperado.

En la práctica todo el 2020 y 2021 la refinería estará paralizada como señalamos en este diario, por tanto los productores de crudo y gas de Talara no tienen a quien vender sus hidrocarburos en el corto plazo. La refinería es un “monopsonio”, un único comprador, y ese elemento no se evalúo en la privatización.

Desde 2016 hay un relativo atraso que sumados a los años adicionales 2020 y 2021 prácticamente sería un quinquenio, donde los gobiernos de Humala, PPK y Vizcarra, han demorado en la toma de decisiones, para hacer realidad, la modernización de la Refinería de Talara que debió estar operativa a lo mucho el 2019, la cual sería la más moderna de esta parte del mundo.

Sin embargo, el cierre de las actividades de la refinería tiene sus efectos colaterales. La producción de crudo de los lotes I, II, III, IV, VI/VII, IX, X, XIII, Z-1 y del referido lote Z-2B pues no tienen a su natural comprador PetroPerú. Por ello, no debe extrañar, la declaración de abandono de las operaciones del lote Z-2B ubicado en el Zócalo Continental.

LESIVO CONTRATO

En este viejo lote han operado las empresas Belco International, la estatal Petromar, Petrotech Peruana y desde el 2009 el Consorcio Savia que anunciaba grandes inversiones para revertir la declinante producción de crudo y gas en las operaciones marinas.

Hacia el 2010 el Consorcio Savia prometía fuertes inversiones superiores a los US $ 3,000 millones de dólares  elevar la producción  más de 50 mil barriles diarios cuando bordeaba los 12 mil barriles diarios, y construir nuevas plataformas marinas, para sustituir las viejas plataformas que se arrastran desde la época de la norteamericana Belco, con activos largamente depreciados y re pagados por PetroPerú por más de US $ 236 millones a nombre del Estado a fines de los años noventa del siglo pasado.

Por ello, si hay algún lote donde PetroPerú tiene derechos adquiridos es el Z-2B. A la petrolera estatal le pertenecen los equipos, plataformas, pozos, líneas submarinas, por la solución al diferendo que hubo entre el Estado peruano y la empresa aseguradora de la Belco, AIG donde en 1991 se llegó a un acuerdo económico por los activos estatizados en 1986, durante el primer gobierno de Alan García Pérez.

En el 2023 se cumplirían 30 años de una perversa privatización que tiene un largo historial desde su nacimiento. En lo particular al tratarse de un “Contrato de Servicios”, los hidrocarburos, petróleo y gas húmedo, le pertenecen a PerúPetro una agencia de contratos y los activos son de PetroPerú.

Por ello, los contratistas privados PetroTech Peruana y el Consorcio asumieron el compromiso de pagar una tarifa anual de US $ 10 millones de dólares, como un arrendamiento por el equipo, en especial las plataformas marinas que no han percibido un debido mantenimiento.

Con el “Plan de Abandono en función al Vencimiento del Contrato del lote Z-2B” publicado el 15 de octubre del presente que debía presentarse con cinco años de anticipación, más una carta fianza de un capital que asegure, la remediación de los pasivos ambientales y el buen estado de las instalaciones y plataformas marinas.

Es de suponer que PerúPetro y el Osinergmin tienen el conocimiento debido y se hayan establecido las diversas comisiones de trabajo para que se inspeccione las instalaciones del Z-2B, que por su obsolescencia y falta de mantenimiento ha sido una fuente renovada de derrames submarinos de crudo, afectando el medio ambiente.

Al ser un “Contratos de Servicio” el Estado paga una retribución en especie que constituye el ingreso del contratista. Esta retribución se ha mantenido siempre sobre el 84.5 % del petróleo y gas producido. Por tanto, para los contratistas es de interés obtener la retribución más alta, para el Estado que sea menor.

En esta tensión las prácticas empresariales desde la Belco, pasando por PetroTech y Savia han sido extractivistas en el sentido del aprovechamiento al máximo de las reservas que dejó la presencia estatal. Incremento de utilidades sea como sea, con sobrecostos, abusos laborales y perjuicio ambiental.

Hoy dicho lote demanda fuertes inversiones que PetroPerú no está en capacidad de realizar, por ello debería asociarse a una empresa petrolera con espaldas financieras que esté dispuesta asumir riesgos en una coyuntura internacional complicada: Pandemia, bajos precios y sobreoferta mundial de crudo más inestabilidad política.

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Hoy dicho lote demanda fuertes inversiones que PetroPerú no está en capacidad de realizar, por ello debería asociarse a una empresa petrolera con espaldas financieras que esté dispuesta asumir riesgos en una coyuntura internacional complicada…

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