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La Helms-Burton: Una ley contra el mundo

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Cuando a fines de 1991 desapareció la Unión Soviética y se desmoronó el sistema socialista en Europa del Este, la administración norteamericana dio por descontado que Cuba caería en sus manos como una pera madura. Pensaba que mucho más temprano que tarde La Habana se vería rebasada por sus dificultades; y que el pueblo, desesperado y abatido por la crisis, daría la espalda a la Revolución surgida en la Patria de Martí desde enero de 1959. Todos sus cálculos indujeron a Washington a considerar inminente la restauración del capitalismo en Cuba. Nada de eso ocurrió.

Pasados cuatro años de aquellos sucesos, las fuerzas más agresivas del capital financiero vieron que habían fallado sus cálculos. Que Cuba no solamente no se había rendido, sino que, al contrario, había ratificado su voluntad de persistir en su derrotero socialista bajo el influjo del liderazgo revolucionario de Fidel y sus compañeros. Esto, agotó la paciencia del Imperio. Le pareció simplemente inadmisible que tal hecho aconteciera en lo que ya la Casa Blanca consideraba un mundo Unipolar, sometido a los designios del gobierno de turno en los Estados Unidos de Norteamérica, a quien todos debían sumisión y obediencia.

Fue por eso que el 9 de febrero de 1995, el senador Jesse Helms, a la sazón Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, introdujo el proyecto que recibiría muy pronto el respaldo y la adhesión de Dan Burton, uno de los representantes más caracterizados del ala más conversadora del Partido Republicano, el denominado Tea Party. Así nació lo que ha pasado a la historia como “La Ley Helms-Burton”, un engendro demoníaco que –orientado contra Cuba- es, realmente una Ley contra el mundo.

Según las disposiciones de esta ley, Cuba no puede exportar ningún producto a esa nación, ni importar de ese país mercancía alguna. Tampoco puede comerciar con filiales de compañías norteamericanas en terceros países; ni recibir turistas norteamericanos: ni usar el dólar en sus transacciones comerciales y financieras con el exterior. Y por si todo eso fuera poco, los barcos y aeronaves cubanas no pueden tocar territorio norteamericano. Conocidos los engranajes del comercio internacional y gracias a los cuales el capital financiero yanqui tiene múltiples intereses comunes con otros países, la Mayor de las Antillas se convirtió en una suerte de leproso en el hemisferio americano por la voluntad de los herederos de James Monroe.

¿Se han puesto a pensar en todo lo que significa una ley como ésta?. La disposición sienta un precedente inigualado en la historia: Un gobierno se da el lujo de dictar normas destinadas a regular la vida, los contratos, la producción, el comercio, la economía y la actividad ciudadana, en otro país ¿Podría el Perú, por ejemplo, dictar una ley así en relación a Chile? ¿Podría Francia, disponer lo mismo hablando de Alemania; o China, en referencia a Japón? ¿Por qué Estados Unidos, podría eso en su vínculo con Cuba? ¿Porque Donald Trump se ha propuesto hacerlo?

En su sano juicio, ni los funcionarios de 10 de Downing Street, ni los mandatarios del Palais d L’Elysees, o la Kanzlerenmast (para citar solo a Inglaterra, Francia o Alemania) podrían admitirlo, pero sí ocurre.

¡Quién podría oponerse a que Cuba venda medicamentos contra al cáncer a empresas francesas de salud, o al gobierno de ese país?; quién, que Inglaterra venda automóviles a Cuba? Tal vez los gobiernos de esos países podrían adoptar tan irracional decisión, pero aún ella se entendería; pero ¿que decida eso el gobierno de los Estados Unidos? ¿Quién le dio vela en esa Misa?

Los expertos reconocen que esta ley de marras, tiene cuatro títulos: El primero, internacionaliza el conflicto que Estados Unidos mantiene con Cuba, haciéndolo extensivo a todos los países del mundo. Washington ha decidido que nadie pueda comerciar con Cuba; comprar, o vender nada a ella. El segundo título se orienta a presentar la “ayuda” del gobierno norteamericano al pueblo de cuba para que “transite hacia el capitalismo” ¿Alguien le ha preguntado a Yanquilandia si sus gobernantes tienen derecho a eso? ¿Y su gobierno le ha preguntado al pueblo de Cuba si quiere hacer ese “tránsito”, y caer en la esfera de influencia del Banco Mundial o el FMI?

El título III de la ley le otorga a ciudadanos o empresas norteamericanas –incluidos cubanos nacionalizados norteamericanos- a interponer demandas ante tribunales de los Estados Unidos por presuntas posesiones en territorio cubano que hubieran cambiado de status legal a partir de 1959. La norma permitiría, por cierto, que los cubanos batistianos que asumieron la nacionalidad norteamericana para quedarse plácidamente en Florida, “recuperasen” dominio de sus “empresas” y bienes abandonados en ese circunstancia. De ese modo, los juzgados norteamericanos tendrán incidencia en Cuba. ¡Nada menos!

Y el título cuarto señala que este régimen de bloqueo se mantendrá hasta que en Cuba haya un gobierno que “a criterio de los Estados Unidos” esté regido por “normas democráticas”, es decir un gobierno como el de Bolsonaro, o Videla, o Pinochet; todos los cuales contaron con apoyo, y ayuda yanqui.

Después de estas disposiciones, ¿alguien puede dudar que Estados Unidos se “siente” dueño de todo, y dicta por eso leyes contra el mundo?

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Política

Humala y Heredia otra vez en la cuerda floja

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

El jueves 27 de febrero se vencerá el plazo de diez días otorgado por el Poder Judicial para que la Fiscalía presente cargos contra el expresidenteOllanta Humala y Nadine Heredia por el caso Gasoducto Sur. Como se recuerda, la defensa de la exprimera dama presentó un pedido de control de plazo para que se defina si el proceso avanza a la etapa de investigación preparatoria o si, en su defecto, termina por archivarse.

A criterio del abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, el plazo dictado por el Poder Judicial resulta sumamente corto y parece ignorar la precariedad presupuestal que acusa el Ministerio Público.

“El Poder Judicial no entiende mucho las carencias del Ministerio Público; no es tan fácil como decir tienes 10 días de plazo, cuando falta personal y falta presupuesto, esto ya lo han dicho los representantes de la propia Fiscalía. Al margen de ello, no veo posible que los fiscales opten por archivar el caso. Entiendo que correrán sobre la marcha para presentar cargos y formalizar la etapa de investigación preparatoria”, afirmó.

El jurista consideró que una vez formalizada la etapa de investigación preparatoria, el Ministerio Público estará en la facultad de solicitar las medidas de restricción o comparecencia que estime pertinentes, y dentro de ellas, la medida de prisión preventiva contra Humala y Heredia.

Caso Gasoducto: una mancha más en el gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala.

Caso Gasoducto: una mancha más en el gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala.

DESBALANCE MILLONARIO

Respecto al desbalance patrimonial de Nadine Heredia, que según la pericia sustentada por el fiscal del Equipo Lava Jato, Germán Juárez Atoche, asciende a S/ 1 millón 231 mil soles, Quispe señaló que es algo que “complica bastante” la situación de la exprimera dama, en tanto resultaría un elemento fundamental del delito de lavado de activos. “La señora Heredia no tiene cómo sustentar el crecimiento de su patrimonio. Si se acredita este desbalance, entonces significa que la Fiscalía tiene un elemento sumamente sólido para imputar el delito de lavado de activos, y perfectamente puede presentarlos como elementos de prueba nuevos para solicitar una prisión preventiva. No sé si la Fiscalía vaya a solicitarla pero nada se lo impide”, apuntó.

Por otro lado, advirtió que el expresidente Humala y sus abogados estarían buscando confundir a la opinión pública al sugerir que los testimonios de los colaboradores eficaces tendrían que estar corroborados como una sentencia de colaboración, algo que no sería necesario en etapa de investigación preliminar.

COLABORADORES SON GENTE DE SU ENTORNO

Además, ante las declaraciones de Humala Tasso intentando desacreditar los testimonios en su contra indicando que son “más de lo mismo”, Quispe destacó que los testigos o colaboradores eficaces no son enemigos políticos del expresidente. “Todo lo contrario, son gente de su entorno más cercano, uno de ellos es su excompañero de promoción del Ejército, al punto de que lo conocían como ‘Paquete’; entonces, a través de estos testimonios en la investigación preliminar es suficiente para pasar a la etapa de investigación preparatoria”, indicó.

NO SON PERSEGUIDOS POLÍTICOS

El letrado también se refirió a la pretendida victimización que estaría buscando Ollanta Humala, quien participará vía internet en un foro belga sobre políticos perseguidos judicialmente, como el caso del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y donde Humala y Heredia figuran como expositores de casos de persecución política.

“Ni Ollanta, ni Antauro, ni los terroristas de Sendero Luminoso o del MRTA son perseguidos políticos, sino que son gente que ha cometido delitos comunes de asesinato o corrupción, pero de ninguna manera son perseguidos políticos. Si ellos se están irrogando esa cualidad es simplemente para mediatizar su caso, pero la Fiscalía debe poner en conocimiento del juez todo esto para determinar si le corresponde al señor Humala salir ante medios nacionales o internacionales a declarar de esta manera”, señaló, ante la eventualidad de que el expresidente podría estar violando alguna regla de comparecencia.

Finalmente, Quispe recordó que en caso se logre acreditar la comisión de los delitos de lavado de activos y cohecho, en un concurso real de delitos se sumarían las penas a imponer y estas podrían llegar hasta los 24 años de cárcel.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

28 de febrero JNE entregará credenciales a congresistas electos

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Jurado Nacional de Elecciones JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará el próximo viernes 28 de febrero, a las 10:00 horas, las credenciales a los parlamentarios que resultaron elegidos en el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del pasado 26 de enero.

El acto se realizará luego de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) culminen con las proclamaciones descentralizadas de resultados y de que estos queden firmes en el Pleno del JNE.

De esta forma, la entrega de credenciales se concretará a escasos 33 días de la fecha de la elección, superando en forma significativa el promedio histórico de 50 días alcanzado en las elecciones generales del 2006, 2011 y 2016.

Este récord se logra porque los 60 JEE procedieron a resolver, con rapidez y estricta sujeción a ley, la carga procesal recibida (11,573 actas observadas), atendiendo a la exhortación que hiciera en su momento el presidente del JNE, Víctor Ticona Postigo.

El supremo tribunal electoral también hizo lo propio con las actas que le llegaron en apelación, celebrando audiencias públicas en estricto respeto al derecho a defensa de las partes procesales y emitiendo las resoluciones respectivas con celeridad y conforme a las normas electorales. A la fecha no tiene carga procesal pendiente.

La ceremonia de expedición de credenciales se llevará a cabo en una sede que se viene coordinando. Una vez recibidos estos documentos, los legisladores electos estarán en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso de la República y completar el período parlamentario 2016-2021.

De esta manera, el JNE y los 60 JEE velan por la legalidad del proceso electoral a fin de asegurar que los resultados reflejen la voluntad popular manifestada en las ánforas.

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Política

Fiscalía cita a Luciana León para que declare en caso Los intocables ediles

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Luciana León Romero

El fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Abia, informó que Luciana León fue citada para este miércoles 09:00 horas a fin que brinde su declaración como testigo en la investigación por el caso Los intocables ediles.

Abia refirió que León rendirá su testimonio en su despacho congresal por tratarse de una persona aforada.

“Dada la investidura de la integrante de la Comisión Permanente se cursó un documento para que diga fecha y lugar donde dará su declaración. (…) Ella indicó que sería el 26 de febrero a las 09:00 horas en su despacho que mantiene en el Congreso”, dijo en Canal N.

El fiscal recordó que la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, viene realizado una investigación a Luciana León, debido a que aún cuenta con prerrogativas de congresista, pero que en este caso es citada como testigo.

“En mi calidad de fiscal provincial no la puedo investigar, pero si la puedo citar como testigo, en tal sentido, saludo que ella esté prestando su colaboración y nos dé su declaración testimonial”, agregó.

León Romero, integrante de la Comisión Permanente, es investigada por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado, peculado doloso y organización criminal.

A la exlegisladora se le imputa haber recibido dinero de Los intocables ediles a cambio de realizar gestiones ilícitas para favorecer a la Municipalidad de La Victoria.

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