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La Guerra Cibernética: la nueva guerra relámpago del siglo XXI

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La Guerra Cibernética: la nueva guerra relámpago del siglo XXI

El conflicto cibernético ya ha comenzado. Hace unos tres años, Corea del Norte se quedó sin internet, acusando a los Estados Unidos de ello. También las redes sociales del Estado Mayor Conjunto norteamericano fueron hackeadas por el ultra radical Estado Islámico. Y días después de este hecho, los Estados Unidos y la Gran Bretaña anunciaron maniobras cibernéticas conjuntas para evitar “un cyber Pearl Harbor.”

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, todos los días, cada hora, cada minuto, hay ataques cibernéticos de tanteo por todo el mundo entre fuerzas armadas que se consideran rivales. La intención es saber la efectividad del potencial enemigo frente a un ataque de sus sistemas computarizados.

Sin duda, hoy la estrategia militar está siendo revolucionada como nunca, debido al desarrollo de la capacidad cibernética para dañar la operatividad de fuerzas armadas enemigas penetrando las computadoras de los centros de comando y las de las bases militares.

Durante el conflicto del Kosovo, la defensa antiaérea de Serbia fue penetrada por la OTAN, y Belgrado fue bombardeado sin pérdidas aéreas. También los radares de toda la defensa aérea de Siria fueron totalmente cegados por Israel, lo que permitió un ataque aéreo israelí exitoso sobre un blanco, que según especulaciones, era un proyecto nuclear sirio.

También, las computadoras de la OTAN fueron penetradas por un sistema de espionaje cibernético ruso llamado ‘Ghostnet’, que logró obtener valiosa información militar. Asimismo, el cómputo del programa de enriquecimiento de uranio de Irán fue penetrado por un virus que le hizo daño.

Hoy la guerra cibernética ya es una nueva dimensión de la defensa nacional. Todas las grandes potencias militares y también los países en desarrollo, que pretenden tener fuerzas armadas modernas, están desarrollando técnicas bélicas cibernéticas para defender los centros de cómputo de su defensa nacional y atacar los de un enemigo potencial.

Para ello, contratan a los mejores hackers privados nacionales y también a sofisticados hackers mercenarios especializados en “ataques preventivos”, cuyos servicios se consiguen hoy sobre todo en Rusia, China, EEUU y Corea del Sur.

Esto está sucediendo porque el objetivo del ataque cibernético es lograr una victoria rápida por sorpresa paralizando el poderío militar rival, sobre todo si este es superior.

La guerra cibernética es así la nueva ‘blitzkrieg’ (guerra relámpago) del siglo XXI y por ello, tener capacidad para desencadenar un ataque cibernético es hoy una necesidad ineludible para toda fuerza armada que se pretende moderna.

Espero que las Fuerzas Armadas del Perú, en plena modernización, estén al tanto de esta nueva dimensión del conflicto bélico y aprovecharán la gran ventaja estratégica que les puede proporcionar hoy la guerra relámpago de las computadoras.

Recientemente Chile ha hecho maniobras de guerra cibernética con los EEUU ¿Quién era el enemigo?

¿Por qué las fuerzas armadas del Perú no contrata a hackers mercenarios rusos? que han probado ser mejores que los norteamericanos, ya que han penetrado las computadoras de la OTAN y han manipulado las elecciones de los EEUU, ayudando a Donald Trump a ganar la presidencia de los EEUU.

 

OSWALDO DE RIVERO

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Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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