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La economía verde en cuestión y las 8 R

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En pleno debate congresal sobre el Presupuesto 2018 y el modelo económico en curso es bueno plantear temas de fondo y uno de ellos es el de la Economía Verde, que fue formulado como alternativa para discutir y aprobar en la reunión de Río+20, realizada en junio del 2012, economía que fue definida como sigue por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): “En su forma más básica, una economía verde sería aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente”.

No obstante, existen serias críticas respecto a este intento de ponerle rostro ambiental al continuado modelo económico, político, social y cultural, sustentado en el extractivismo tradicional de la revolución verde de los sesentas para combatir el hambre.

Esta “revolución” llamada verde en realidad fue negra ya que se basó en fertilizantes e insumos químicos provenientes de hidrocarburos y en semillas transgénicas aumentando la crisis alimentaria y el hambre en el planeta.

El tema de fondo con la economía verde es que se busca no variar un ápice el modelo de la globalización basado tanto en el Consenso de Washington que hizo crisis en 2007-2009 como en el más reciente Consenso de los Commodities. Ambos “consensos” están basados en cuatro pilares:

1) Libre comercio internacional a través de los TLCs con las potencias hegemónicas, incluyendo para nuestro caso la Alianza del Pacífico o Tratado Transpacífico (TPP) de libre comercio e inversiones.

2) Continuada explotación de energías no renovables, básicamente combustibles fósiles o sea petróleo, gas y carbón, principalmente para la exportación, a lo que se suma metales (cobre, plata, oro, estaño bauxita, zinc, etc.) y minerales no metálicos (litio, tierras raras, calizas para cemento, etc.), productos alimenticios (maíz, soya y trigo, principalmente), especies forestales, especies marítimas y acuíferas en general, biocombustibles, etc.

3) Utilización de “tecnologías verdes”, supuestamente protectoras del ambiente y del carácter orgánico de la explotación de los recursos naturales, incluyendo en ello la proliferación de los biocombustibles y el uso intensivo de organismos genéticamente modificados.

4) Desregulación de los mercados con disminución de la presencia del Estado con lo que son afectadas las áreas naturales protegidas, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las fuentes de agua.

CRISIS SISTÉMICA
En un contexto nacional e internacional de crisis sistémica, las propuestas de los pueblos indígenas y los ciudadanos como alternativas al modelo giran en torno a los siguientes puntos:

1) Cambiar los patrones de consumo y producción ya que el extractivismo depredador basado en políticas neoliberales no da para más, por lo que se debe transitar hacia un post-extractivismo sustentado en la protección y uso racional de los recursos naturales.

2) Reconocer la pluriculturalidad de nuestras sociedades y el rescate de los conocimientos ancestrales para la mitigación y adaptación al cambio climático, apoyando la seguridad alimentaria a través de la ampliación de los mercados locales y regionales, así como las fuentes hídricas y su uso racional.

3) Dar prioridad a la pequeña y mediana agricultura campesina, el manejo comunitario de bosques y la protección sostenible de los recursos ictiológicos por pequeños pescadores.

4) Detener la latifundización de las tierras para biocombustibles, concesiones diversas y macro-producciones para la exportación.

5) Cambiar el patrón energético basado en carbón y petróleo, por energías renovables a fin de disminuir los gases de efecto invernadero (GEI) y el calentamiento global.

6) Impulsar la producción agroalimentaria ya que los pobladores urbanos y rurales están sufriendo stress hídrico, lo que implica proteger las fuentes hídricas, elevando las vallas ambientales para los proyectos mineros, petroleros y de otra índole.

7) Impulsar procesos sociales, políticos, culturales, territoriales y también técnicos de zonificación ecológica-económica (ZEE) y ordenamiento territorial (OT) con consulta previa a las poblaciones afectadas por las inversiones a realizar.

8) Combatir actividades ilícitas –drogas, tala ilegal, minería informal, biopiratería, trata de personas, contrabando, etc.-, asociadas al neoliberalismo globalizado, al extractivismo, al neo-extractivismo y a la “economía verde”.

Las 8 R
Junto con lo anterior, proponemos impulsar alternativas concretas y cotidianas en torno a las 8 R interdependientes que señala Jürgen Shculdt en su libro “Desarrollo a escala humana y de la naturaleza” (Universidad del Pacífico, 2017): Reducir del estilo de vida consumista hacia uno de sencillez; Reutilizar para alargar el tiempo de vida de lo que uno consume; Reciclar evitando el consumo y despilfarro; Redistribuir la riqueza entre todos y todas; Relocalizar hacia la autosuficiencia local, disminuyendo el consumo de los servicios de transporte; Revaluar sustituyendo valores individualistas y consumistas por valores locales, de cooperación y humanistas; Reconceptualizar hacia una nueva visión y estilo de vida basada en calidad, suficiencia y simplicidad voluntaria; y, Reestructurar el aparato de producción y las relaciones sociales hacia una nueva escala de valores combinando eco-eficiencia y simplicidad voluntaria.

Estas 8 R son la base para un programa de decrecimiento sostenible asimétrico contra el actual modelo de desarrollo con crecimiento insostenible, depredador de los recursos naturales, la biodiversidad, recorte de derechos ciudadanos y culturas y criminalización de las protestas sociales y luchas democráticas.

A esta forma de ver las cosas, algunos millones de indios levantiscos, ciudadanos molestos y varios economistas preocupados denominan el paradigma del DEH (desarrollo a escala humana: Manfred Max-Neef), del DSA (decrecimiento sostenible asimétrico: Jürgen Schuldt), del PBM (programa bio económico mínimo: Nicholas Georgescu-Roegen) y los PPS (pactos por la supervivencia: Oswaldo de Rivero), como casi la única salida para salvar al planeta y a los seres humanos.

Al respecto es bueno re-leer el libro “El mito del desarrollo: los países inviables en el siglo XXI” del embajador Oswaldo de Rivero y el de Jürgen Schuldt profesor de la Universidad del Pacífico titulado “Desarrollo a escala humana y de la naturaleza”.

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Política

Boluarte pidió a bancada de Perú Libre “no dejarse llevar por ideas de algunos dirigentes”

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Dina Boluarte

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, pidió a la bancada de Perú Libre “mantener la unidad” y “no dejarse llevar por las ideas de algunos dirigentes”. Asimismo, precisó que las discrepancias existentes “deben resolverse dentro del partido”.

“Creo que los temas del partido se atienden dentro del partido. Nosotros con la congresista y hoy ministra Betssy (Chávez) ayer sacamos una carta pero llamando a la militancia de Perú Libre para poder trabajar unidos, con madurez política, no dejarnos llevar seguramente por ideas de algunos dirigentes”, manifestó a la salida de un evento del programa Cuna Más en la región La Libertad.

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Política

Magistrados a evaluar tienen menos de un mes para presentar documentos

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó a evaluación a 200 jueces y fiscales, quienes tienen plazo de presentar sus documentos hasta el próximo 12 de noviembre.

La presentación de documentos se debe realizar a través de la Ficha Única del Magistrado, una plataforma digital disponible las 24 horas del día.

Entre los principales documentos que deberán presentar, están las muestras de su trabajo. Por ejemplo, un juez deberá presentar muestras de sus fallos para que la JNJ evalúe su comprensión de los problemas jurídicos, su capacidad argumentativa, etc.

También deberán presentar muestras de su eficiencia en la gestión de procesos o investigaciones para evaluar cómo conducen una audiencia o qué tan céleres son respecto a su carga procesal.

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Política

Fiscalía pidió impedimento de salida del país para el embajador de Perú en Venezuela

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Fiscalía pidió impedimento de salida del país para el embajador de Perú en Venezuela

El nuevo embajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas, tiene un pedido de 12 meses de impedimento de salida del país por parte del Ministerio Público. Él es investigado por lavado de activos por el presunto financiamiento ilegal de las campañas de Perú Libre.

La tarde de este lunes 18 de octubre la Fiscalía hizo público el pedido en el marco de la investigación que realiza contra Rojas. El pedido fue planteado por la Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Lavado de Activos y fue presentado ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Corrupción de Funcionarios.

Dicho Juzgado deberá fijar fecha de la audiencia en la que evaluará el impedimento de salida contra el actual embajador.

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