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La economía verde en cuestión y las 8 R

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En pleno debate congresal sobre el Presupuesto 2018 y el modelo económico en curso es bueno plantear temas de fondo y uno de ellos es el de la Economía Verde, que fue formulado como alternativa para discutir y aprobar en la reunión de Río+20, realizada en junio del 2012, economía que fue definida como sigue por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): “En su forma más básica, una economía verde sería aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente”.

No obstante, existen serias críticas respecto a este intento de ponerle rostro ambiental al continuado modelo económico, político, social y cultural, sustentado en el extractivismo tradicional de la revolución verde de los sesentas para combatir el hambre.

Esta “revolución” llamada verde en realidad fue negra ya que se basó en fertilizantes e insumos químicos provenientes de hidrocarburos y en semillas transgénicas aumentando la crisis alimentaria y el hambre en el planeta.

El tema de fondo con la economía verde es que se busca no variar un ápice el modelo de la globalización basado tanto en el Consenso de Washington que hizo crisis en 2007-2009 como en el más reciente Consenso de los Commodities. Ambos “consensos” están basados en cuatro pilares:

1) Libre comercio internacional a través de los TLCs con las potencias hegemónicas, incluyendo para nuestro caso la Alianza del Pacífico o Tratado Transpacífico (TPP) de libre comercio e inversiones.

2) Continuada explotación de energías no renovables, básicamente combustibles fósiles o sea petróleo, gas y carbón, principalmente para la exportación, a lo que se suma metales (cobre, plata, oro, estaño bauxita, zinc, etc.) y minerales no metálicos (litio, tierras raras, calizas para cemento, etc.), productos alimenticios (maíz, soya y trigo, principalmente), especies forestales, especies marítimas y acuíferas en general, biocombustibles, etc.

3) Utilización de “tecnologías verdes”, supuestamente protectoras del ambiente y del carácter orgánico de la explotación de los recursos naturales, incluyendo en ello la proliferación de los biocombustibles y el uso intensivo de organismos genéticamente modificados.

4) Desregulación de los mercados con disminución de la presencia del Estado con lo que son afectadas las áreas naturales protegidas, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las fuentes de agua.

CRISIS SISTÉMICA
En un contexto nacional e internacional de crisis sistémica, las propuestas de los pueblos indígenas y los ciudadanos como alternativas al modelo giran en torno a los siguientes puntos:

1) Cambiar los patrones de consumo y producción ya que el extractivismo depredador basado en políticas neoliberales no da para más, por lo que se debe transitar hacia un post-extractivismo sustentado en la protección y uso racional de los recursos naturales.

2) Reconocer la pluriculturalidad de nuestras sociedades y el rescate de los conocimientos ancestrales para la mitigación y adaptación al cambio climático, apoyando la seguridad alimentaria a través de la ampliación de los mercados locales y regionales, así como las fuentes hídricas y su uso racional.

3) Dar prioridad a la pequeña y mediana agricultura campesina, el manejo comunitario de bosques y la protección sostenible de los recursos ictiológicos por pequeños pescadores.

4) Detener la latifundización de las tierras para biocombustibles, concesiones diversas y macro-producciones para la exportación.

5) Cambiar el patrón energético basado en carbón y petróleo, por energías renovables a fin de disminuir los gases de efecto invernadero (GEI) y el calentamiento global.

6) Impulsar la producción agroalimentaria ya que los pobladores urbanos y rurales están sufriendo stress hídrico, lo que implica proteger las fuentes hídricas, elevando las vallas ambientales para los proyectos mineros, petroleros y de otra índole.

7) Impulsar procesos sociales, políticos, culturales, territoriales y también técnicos de zonificación ecológica-económica (ZEE) y ordenamiento territorial (OT) con consulta previa a las poblaciones afectadas por las inversiones a realizar.

8) Combatir actividades ilícitas –drogas, tala ilegal, minería informal, biopiratería, trata de personas, contrabando, etc.-, asociadas al neoliberalismo globalizado, al extractivismo, al neo-extractivismo y a la “economía verde”.

Las 8 R
Junto con lo anterior, proponemos impulsar alternativas concretas y cotidianas en torno a las 8 R interdependientes que señala Jürgen Shculdt en su libro “Desarrollo a escala humana y de la naturaleza” (Universidad del Pacífico, 2017): Reducir del estilo de vida consumista hacia uno de sencillez; Reutilizar para alargar el tiempo de vida de lo que uno consume; Reciclar evitando el consumo y despilfarro; Redistribuir la riqueza entre todos y todas; Relocalizar hacia la autosuficiencia local, disminuyendo el consumo de los servicios de transporte; Revaluar sustituyendo valores individualistas y consumistas por valores locales, de cooperación y humanistas; Reconceptualizar hacia una nueva visión y estilo de vida basada en calidad, suficiencia y simplicidad voluntaria; y, Reestructurar el aparato de producción y las relaciones sociales hacia una nueva escala de valores combinando eco-eficiencia y simplicidad voluntaria.

Estas 8 R son la base para un programa de decrecimiento sostenible asimétrico contra el actual modelo de desarrollo con crecimiento insostenible, depredador de los recursos naturales, la biodiversidad, recorte de derechos ciudadanos y culturas y criminalización de las protestas sociales y luchas democráticas.

A esta forma de ver las cosas, algunos millones de indios levantiscos, ciudadanos molestos y varios economistas preocupados denominan el paradigma del DEH (desarrollo a escala humana: Manfred Max-Neef), del DSA (decrecimiento sostenible asimétrico: Jürgen Schuldt), del PBM (programa bio económico mínimo: Nicholas Georgescu-Roegen) y los PPS (pactos por la supervivencia: Oswaldo de Rivero), como casi la única salida para salvar al planeta y a los seres humanos.

Al respecto es bueno re-leer el libro “El mito del desarrollo: los países inviables en el siglo XXI” del embajador Oswaldo de Rivero y el de Jürgen Schuldt profesor de la Universidad del Pacífico titulado “Desarrollo a escala humana y de la naturaleza”.

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Política

Alberto Fujimori recibiría condena por otros 25 años más de cárcel

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Deudos víctimas familiares de masacre de Pativilca

Por la masacre de Pativilca, cometida en enero de 1992, el dictador y otros presuntos responsables del crimen de lesa humanidad serán llevados a juicio oral en las próximas semanas.

El abogado de los familiares de las víctimas del caso Pativilca y abogado de Aprodeh, Cristian Huaylinos, señaló que días antes de conocerse la resolución de la Corte Suprema que dispuso la nulidad del derecho de gracia a favor de Alberto Fujimori, la Sala Penal Nacional programó una audiencia para el 24 de enero, en la cual además de discutir unas excepciones presentadas por los procesados del caso Pativilca también se podría definir el inicio del juicio oral. “Esperamos que no hayan mayores dilaciones y se inicie el proceso luego de dos años de espera”, señaló.

La matanza de Pativilca fue cometida el 29 de enero de 1992, cuando el grupo Colina secuestró y asesinó a seis personas: John Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felandro Castillo Manrique, César Rodríguez Esquivel, Pedro Agüero y Pedro Arias Velásquez. En este caso, Alberto Fujimori es procesado como presunto autor mediato de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir.

Huaylinos remarcó que “las seis personas asesinadas eran campesinos de la comunidad Caraqueño, víctimas circunstanciales que nada tuvieron que ver actividades subversivas”, y que las imputaciones a Alberto Fujimori en este caso están basadas en que por su condición de “líder del aparato organizado de poder y ser jefe supremo de FF.AA.” tuvo pleno conocimiento de todas las acciones realizadas por el grupo Colina.

“Él incluso daba luz verde a varios operativos, incluyendo el de Barrios Altos en el ‘91. Fujimori tenía conocimiento del operativo enPativilca, ha tenido una participación mediata como jefe supremo de las FF.AA.”, agregó.

25 AÑOS DE CÁRCEL

El jurista señaló que por el caso Pativilca, al ser un delito de lesa humanidad cometido por el aparato organizado del Estado contra la población civil, la pena que podría recaer contra Alberto Fujimori sería de 25 años de pena privativa de la libertad.

En cuanto a los tiempos que demandaría el proceso judicial, Huaylinos indicó que debido a la alta carga procesal que tiene el colegiado responsable de resolver el caso, sumado a la complejidad del mismo, el plazo hasta su resolución podría extenderse considerablemente. Sin embargo, expresó sus expectativas de que este plazo no sea mayor a tres años.

Finalmente, remarcó que el caso Pativilca se trata básicamente de una reivindicación de las víctimas y los familiares, que tras 29 años siguen esperando por justicia. “Estamos hablando de un delito cometido en los ‘90, ya estamos iniciando la segunda década del siglo 21 y recién se va a iniciar el juicio oral. Después de tantos años y trabas, este es un ejercicio de memoria para reivindicar a las víctimas y demostrar que son inocentes de toda imputación delictiva, y para demostrar que el actuar del Estado en aquel entonces ha tenido consecuencias nefastas para la población civil”, sentenció.

DERECHO DE GRACIA IRREGULAR

Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, destacó días atrás la decisión de la Corte Suprema al dar cuenta “de algo que se ha venido consolidando en la justicia peruana y es que no hay poderes omnímodos, aún cuando este sea el presidente de la República”, en referencia a la anulación de la gracia presidencial otorgada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al dictador Alberto Fujimori. “Sobre esa base, la Corte Suprema analiza la constitucionalidad y convencionalidad del indulto”, añadió.

Acerca del derecho de gracia otorgado a Fujimori, Rivera recordó que “la comisión de gracias del Ministerio de Justicia, sin que nadie se lo pida, consideró – tras el indulto concedido por Kuczynski – que también correspondía otorgar el derecho de gracia, el cual corresponde a las personas que están procesadas”, lo que calificó de arbitrario.

Además, Rivera advirtió que inclusive se cometió una irregularidad porque en ese momento no se indicó cuáles eran los procesos por los cuales se le otorgaba el derecho de gracia. “Es bastante abierto y arbitrario, pero sobre ese derecho de gracia, absolutamente genérico, se pretendió librarlo del caso Pativilca”, indicó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Consejo de Ética del CAL suspende colegiatura de fiscal Chávarry

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Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) decidió suspender por 18 meses la colegiatura del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, informó IDL Reporteros.

Según la resolución N° 1119-2019-CE/DEP/CAL, Chávarry mintió cuando negó las conversaciones que tuvo con el exjuez supremo César Hinostroza y luego aceptó que sí sucedieron al difundirse los audios correspondientes.

“Debió actuar con veracidad y transparencia desde un primer momento y no esperar que salgan los audios en los medios de comunicación para recién aceptar”, indica que el documento.

“Debió tener una conducta intachable en sus actuaciones, máxime aún si ostentaba en ese entonces el cargo de fiscal de la Nación, máximo representante del Ministerio Público”, enfatiza.

Para el Consejo de Ética del CAL, con su actuación “no solo debilitó la justicia en nuestro país, sino también desprestigió la profesión de abogado”.

Para el colegiado, “se encuentran acreditadas públicamente” las infracciones éticas cometidas” por Chávarry.

La denuncia contra Chávarry fue presentada por los ciudadanos Jorge Bracamonte Allaín, Gerónimo López Sevillano, Martha Cuentas Anci y Lisset Silva del Carpio.

La resolución sobre la suspensión por 18 meses fue aprobada por los consejeros María Vera Tudela, Víctor Cabanillas y Víctor Yamunaque. No obstante, puede ser impugnada.

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Política

Daniel Mora renunció a candidatura al Congreso y al Partido Morado

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Daniel Emiliano Mora Zevallos

Daniel Mora Zevallos, candidato al Congreso por el Partido Morado, renunció irrevocablemente a su candidatura tras la denuncia en su contra por violencia familiar presentada por su esposa Lilia JaureguySanguineti.

El exministro de Defensa anunció en sus redes sociales que también renuncia al Partido Morado.

“Renuncio irrevocablemente a mi candidatura al Congreso, así como al Partido Morado. Agradeciendo a todos mis seguidores por su respaldo y a los que siempre confiaron en mi”, escribió Mora en Twitter.

En una carta enviada a Julio Guzmán, líder del Partido Morado, refiere que presenta su renuncia con el fin “de que mi permanencia” no perjudique a la agrupación.

Argumentó, además, que las publicaciones que se vienen difundiendo en la prensa “no se ajustan a la verdad y que se trata de un asunto judicial concluido”.

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