Las personas naturales y empresas con deudas pen­dientes de pago por tesoro público o EsSalud pueden solicitar el aplazamiento hasta por seis meses y/o el fraccionamiento hasta en 36 cuotas mensuales, a una tasa de interés mensual del 0.4% y de esta manera poder contar con recursos finan­cieros para la atención de sus necesidades básicas y el desarrollo de sus actividades comerciales.

Se pueden fraccionar deudas exigibles y pendientes de pago en cualquier estado (en cobranza, reclamada, ape­lada, demanda contenciosa administrativa o en proceso de amparo).

Entre las deudas pendien­tes que se pueden aplazar o fraccionar están las referidas a IGV, Pagos a cuenta del Im­puesto a la Renta de tercera categoría de los meses enero, febrero y marzo del 2020, y los saldos de fraccionamien­tos anteriores.

Asimismo, las contribu­ciones a Essalud, las deudas por multas; y liquidaciones de cobranzas de tributos aduaneros, vinculados a re­soluciones de determinación y multas.

Con la presentación de la solicitud de acogimiento al Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF), el contribuyente se desiste de cualquier medio impug­natorio de la deuda (en re­clamación, apelación o pen­diente de pronunciamiento en el Poder Judicial o Tribunal Constitucional).

No están comprendidas las deudas que a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento todavía no sean exigibles, así como los tribu­tos retenidos o percibidos, la deuda concursal o en procesos de liquidación judicial o ex­trajudicial, los recargos y los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 2020, excepto los que corresponden a los periodos de enero, febrero y marzo.

La Asociación de AFP sostuvo hoy que la apro­bación del proyecto de ley que propone el retiro de 100% de los fondos pre­visionales privados, per­mitiría el retiro de 62,000 millones de soles de las AFP, lo que representa el 41% de la cartera total ad­ministrada por el SPP.

“Para la Asociación de AFP, la aprobación de este proyecto de ley destruiría el ahorro previsional en el Perú”, subrayó a través de un comunicado.

FUTURO INCIERTO

La Comisión de De­fensa del Consumidor (Codeco) debate el pro­yecto de ley que propone el retiro del 100% de los fondos de los afiliados a las AFP que no hayan aportado por 12 meses consecutivos, con lo que más de 3.7 millones de pe­ruanos se quedarían sin pensión para su vejez.

Además, la rentabili­dad de los afiliados que no retiren sus fondos se verá perjudicada debido a la ne­cesidad de recomponer las inversiones de las AFP.

“Este proyecto de ley es incongruente con lo que se propone en la Comisión Especial Multipartidaria, en­cargada de elaborar la refor­ma del sistema de pensiones, porque en lugar de ampliar la cobertura, faculta a reti­rar el 100% de sus aportes, con lo que la cobertura será menor”, explicó la presiden­ta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé.

A esta situación hay que agregarle que los retiros de 2,000 soles ordenados por el Poder Ejecutivo y el retiro del 25% establecido por el Congreso ya han afectado al SPP, que en solo cuatro meses tuvo que desembolsar cerca de 25 mil millones de soles.

“Hay más de 40 proyectos de ley sobre el Sistema Pri­vado de Pensiones que están en diversas comisiones del Congreso y que no son téc­nicos y tampoco tienen una visión de largo plazo.

ALGO MÁS

Creemos que todos estos temas deberían ser canalizados en la Comisión Especial Multipartidaria”, sostuvo Giovanna Prialé.

Desde el domingo 2 de agosto, entró en vigencia el nuevo Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de Transporte, comprendidos en el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC.

A través del D.S. Nº 014-2020, del Ministerio de la Producción (Produce), se establece las disposiciones vinculadas a la fabricación y ensamblaje de vehículos terrestres, así como el procedimiento para la asignación del código WMI. De esta forma, se busca que dichas actividades se realicen en condiciones de seguridad, con el propósito de preservar la salud del personal responsable de la fabricación de estos vehículos y la ciudadanía en general.

REGLAMENTO

Entre los lineamientos pu­blicados en el nuevo reglamento destacan las condiciones míni­mas con las que debe contar una planta para la fabricación y/o ensamblaje de los vehículos señalados en la norma, así como el proceso de producción y las características que debe poseer el personal a cargo de estas ac­tividades.

De igual forma, se especifica la vigencia de las autorizacio­nes otorgadas, y el proceso de renovación de dichos permisos. Asimismo, se establece que el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) será la entidad encargada de la acreditación de aquellas personas jurídicas que pretendan desarrollar actividades de inspección en las plantas que fabriquen y/o ensamblaje de vehículos de transporte terrestre.

Al mismo tiempo, Inacal tendrá bajo su competencia la emisión de certificados de inspección a plantas que pretendan obtener la autorización para realizar las labores mencionadas. Es preciso señalar que, aquellas solicitudes tramitadas antes de la entrada en vigencia de la presente norma, se rigen por las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 023-2016-Produce, hasta su conclusión.