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Industria, Etiquetado y Regulación alimentaria

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El mercado de la leche en Perú además está altamente concentrado, en las que 3 empresas abastecen el 90% del mercado.

Algunos datos
El Perú es uno de los países de mayor consumo de leche evaporada donde la producción nacional de leche se distribuye en un 80% de leche evaporada. El mercado de la leche en Perú además está altamente concentrado, en las que 3 empresas abastecen el 90% del mercado: Gloria, Laive y Nestlé. De las tres, Gloria “se ha consolidado como la líder en la elaboración y comercialización de productos lácteos, tanto de leches industrializadas como de sus derivados (mantequilla, yogur y queso)” (Gestión 05/06/2017).

Hay que señalar que el consumo per cápita de la leche en Perú está ubicado entre 70 y 80 litros por persona, mientras que la FAO recomienda que el consumo per cápita de un país debe ser de 120 litros al año. Esto posiciona a la industria láctea con un gran potencial de expansión.

Los actores
La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, representa a 220,000 productores de leche. Históricamente han pedido que se prohíba la producción de leche evaporada a base de leche en polvo, demandan que debe ser de leche fresca a la que se le evapora el agua.

Para Agalep: “No es un tema de rotulado (…) No se puede vender la imagen de que este es un producto natural de la vaca”, y advirtió que en el país no existen regulaciones específicas para la combinación de leche. Según observó, debido a dicho vacío normativo, las compañías que fabrican leche evaporada emplean “productos químicos dañinos para la salud que no serían necesarios si solamente se usara leche fresca”. Dichos productos, puntualizó el gremio, son la carragenina, maltodextrina, proteína de soya transgénica y aceites vegetales hidrogenados. Según Héctor Guevara, gerente general y técnico de Agalep, estos sirven para espesar y realzar el sabor y dulzor del producto. “Son productos artificiales. Lo que decimos es que no se tienen que usar”, dijo y apuntó que la carragenina está prohibida en Europa. […] y en relación a los insumos que si están en el Codex Alimentarius, son para pequeñas dosis, y lo que pasa es que la leche se consume todos los días, desde que uno es niño hasta que uno es adulto y se va a acumulando (El Comercio 06/06).

Agalep busca una integración mayor de los productores lácteos al mercado, que debería ser promovido por el Estado, con reglas claras, porque el mercado está distorsionado vendiéndose productos que no son leche como si fueran leche.

Por su parte, ADIL señala que Perú no es un país ganadero por lo que tiene que importar leche (Perú se autoabastece del 70% de la leche que consume), sin embargo el desarrollo de la industria en los últimos años ha bajado el coeficiente de leche importada de 10,56% en el 2000 a 7%. Ellos plantean i) el reemplazo de la actual leche importada ya sea como insumo o producto, que copa más o menos 31% del consumo total, ii) un crecimiento del 70% de la industria para cubrir el consumo de 130 L requeridos y iii) un incremento de la exportación de productos lácteos y copar más mercados.

En cambio, ASPEC, ha presentado cinco denuncias a Indecopi contra las marcas Bonlé Familia, Gloria Niños Defense, Pura Vida Nutri Max, Reina del Campo e Ideal Amanecer, de las empresas Gloria y Nestlé. Debido a que esas empresas vienen comercializando durante varios años esas marcas bajo la denominación de “leche evaporada”, sin cumplir la normativa vigente. Por lo que responden a una “violación de las normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Codex Alimentarius y las Normas Técnicas Peruanas”. (La República 6/6).

Industria, Etiquetado y  Regulación alimentaria leche

Sobre el etiquetado:
Las normas son establecidas por el Codex Alimentarius, establecidas por la FAO y la OMS en 1963, para “proteger la salud de los consumidores y fomentar prácticas leales en el comercio de alimentos”. En Perú falta una adecuada normatividad: la legislación vigente es la Ley 28405, sobre rotulado, y el DL. 1304, acerca de etiquetado.

El Gobierno acaba de aprobar el Reglamento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, se debe especificar la información nutricional a los consumidores, se establecen parámetros técnicos para explicitar los niveles de algunos componentes como sodio, azúcar, grasas saturadas. Se ha creado gran polémica.

El Congreso aprobó dictamen que prohíbe el uso de leche en polvo para la elaboración de leche evaporada, y otros productos lácteos. Señalan que dicha medida beneficiaría a la salud pública y al desarrollo del sector ganadero. Pero, ADIL aduce que el impacto se traducirá en un alza de precio que afectaría directamente al consumidor; y por otro lado, que gran parte de la producción lechera no cumple con los componentes necesarios que exige la norma para la leche evaporada. Por otro lado, Agalep culpa a la industria por desinformar y crear un clima de desconfianza hacia los productos lácteos.

Son temas sensibles que afectan a la población, por lo que se deben dar las mejores leyes y normas, así como el fortalecimiento institucional. El debate recién empieza.

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Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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