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Graciosa prórroga por 30 años más

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Relación de contratos en explotasión próximos a su fecha de vencimiento y las tasas de regalías que paga y pretende pagar

Parasitismo rentista en los hidrocarburos.

La historia del petróleo en nuestro país es tan negra como el mismo crudo, pues combina buenas dosis de entreguismo, traiciones, corrupción, negocios turbios, enrequicimiento ilícito, todo a costa de la explotación de los recursos naturales como los hidrocarburos que están constituidos por el petróleo, el gas y los líquidos de gas natural. Es decir, es un asalto a la riqueza del país que según la Constitución de la República corresponde a la Nación, es decir a todos los peruanos.

Desde la infamia del famoso “Laudo de la Brea y Pariñas” en las primeras décadas del siglo pasado, que el siempre ponderado historiador Jorge Basadre, y el socialista José Carlos Mariátegui denunciaran, pasando por el escándalo de la “Página Once” en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde (1967), hasta la nefasta privatización de las unidades de la petrolera estatal PetroPerú durante el oprobio de la dictadura fujimorista (1992), la historia del petróleo es la expresión del entreguismo de nuestros recursos con puntuales excepciones.

Durante el régimen fujimorista se privatizaron a precio vil, los lotes con reservas probadas de PetroPerú (el lote Z-2B en el Zócalo Continental, el lote X en Piura que previamente fuera desmembrado en pequeños lotes I, II, III, IV, VI/VII, IX, XIII, y por último el lote 8/8X en la selva (Trompeteros)

30 AÑOS MÁS SIN INVERSIONES DE RIESGO

Como se podrá observar en el cuadro correspondiente “Relación de Contratos de Explotación Próximos a su fecha de Vencimiento y las Tasas de Regalías Que paga y Pretende Pagar” las fechas de vencimiento contractual están cercanas. En el lote I el vencimiento es en diciembre del 2021, es decir, ahorita y en el caso del lote V el término de vigencia contractual es octubre del 2023.

En el caso de la cuestionada empresa estatal china Sapet filial de la CNPC que opera el lote VI/VII en el norte del país, y su matriz explota el lote X, la vigencia termina en octubre del 2023, y para el caso de la CNPC Perú que opera el lote X (El Alto en Talara) la caducidad contractual sería en mayo del 2024. Y siguen las fechas respectivamente.

Toda esta información es previa para entender los alcances, la naturaleza del proyecto que tiene un sugestivo nombre “Ley de Promoción de Hidrocarburos”, y que está próximo de ser sometido al pleno del Congreso para su aprobación.

Mediante el referido proyecto de ley que fue aprobado al caballazo en la Comisión de Energía y Minas el 6/6/18, sin mayor análisis y debate, haciendo uso de la prepotencia de la mayoría fujimorista, se pretende convertir el referido proyecto de ley en una nueva ley de hidrocarburos que sería una nueva estafa al país, con el mismo alcance histórico del oprobio de la “Brea y Pariñas” y la “Página Once”.

Así, con la excusa de promover las inversiones en el sector con el argumento de incrementar la producción se pretende otorgar facultades al organismo responsable PerúPetro de renegociar las regalías a tasas del 5 %, pues supuestamente las regalías pactadas de 20 % o más no resultan competitivas a nivel internacional.

En tal caso en lugar de otorgarle a PerúPetro el poder discrecional para renegociar regalías del 5 % no sería mejor optar por el término del contrato, o adelantar el término de vigencia, y convocar a una licitación y que sean las fuerzas del mercado las que determinen las tasas de regalías. ¿Por qué razones se tienen que disminuir las tasas de regalías como un acto administrativo? Acaso lo moderno y capitalista no sería que las fuerzas del mercado determinen las nuevas tasas de regalías.

No sería mejor para el fisco como alternativa invitar mediante un concurso público y transparente a una licitación internacional convocando a empresas petroleras con respaldo financiero con el objeto de subastar las reservas probadas, posibles y probables que tienen estos lotes, pues poseen un valor económico importante según sea el nivel del precio internacional.

Con ello en lugar de cargar el peso de los impuestos a los más pobres se podrían obtener recursos fiscales en el corto plazo, en lugar de estas prácticas rentistas, propia de parásitos ajenas a un capitalismo competitivo.

¿Por qué razones se pretende prorrogar por 30 años la vigencia de los contratos a las empresas que no han realizado inversiones de riesgo y que se han dedicado a explotar las reservas probadas, probables y posibles dejadas por PetroPerú?

Que esta realidad está próxima de ser un despojo para el país, lo expone con toda crudeza el artículo tercero de las Disposiciones Complementarias Finales del referido proyecto cuando expresamente sostiene que: “ Aquellos Contratistas cuyos Contratos se encuentren a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, a siete años o menos del término de su plazo contractual y que hayan solicitado su adecuación a la presente ley conforme a la Segunda Disposición Complementaria, pueden acceder a la prórroga a que hace referencia el artículo 22-A de la ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, cumpliendo con los requisitos y el procedimiento del citado artículo…..”

Es decir, gracias a los poderes del lobismo, el entreguismo, la corrupción y al fujimorismo con sus aliados, graciosamente se pretende prorrogar por 20 años los contratos próximos a sus vencimientos que podrían ampliarse a 10 años más, sin concurso ni licitación internacional. ¡Una vergüenza más con traición a la Patria incluida!

ALGUNAS PERLAS

Como resulta evidente en el cuadro “Relación de Contratos de Explotación Próximos a su fecha de Vencimiento y las Tasas de Regalías Que Paga y Pretende Pagar” varios de los referidos contratos tienen fecha de vencimiento entre el 2019 y el 2026, como es el caso de los lotes I y V bajo responsabilidad de Graña y Montero Petrolera, y ya se conoce la forma de hacer negocios de esta empresa, comprometida hasta el tuétano en la corrupción de Odebrecht.

Es más, Graña y Montero durante el mediocre gobierno del Comandante Humala asumió en un cuestionado proceso el 100% de participación en los lotes del noroeste que fueron de la noruega InterOil. Allí, hubo un contubernio entre la nefasta presidencia del directorio de PetroPerú, bajo responsabilidad del inefable ex Comandante de la Policía Germán Velásquez, con la ministra del sector Ortiz Ríos, y la petrolera privada de serios indicios de corrupción en la reprivatización de los lotes III y IV, que estuvieron a cargo hasta el 2015 de la petrolera noruega, cuando por legítimo derecho estos lotes con sus reservas probadas debieron ser transferidos a la estatal PetroPerú.

La petrolera Graña y Montero en los lotes I y V mantiene con el organismo representante del Estado en el sector PerúPetro, un “contrato de servicios” mediante el cual el petróleo y gas que yace en el subsuelo, como la producción fiscalizada corresponden en propiedad al Estado, y a la petrolera se le paga una retribución en especie que comercializa con importantes beneficios.

En tal sentido lo que le resta al Estado, en este caso a PerúPetro es la regalía inversa, que en el lote I llega a ser una tasa del 18.64 % del valor de los hidrocarburos, y tratándose del lote V la tasa de regalía inversa es del 27.49 %, según la información oficial a mayo del presente. Con el presente proyecto no solamente se ampliaría la vigencia del contrato sino que también la tasa de regalías inversa sería de 5 %.

Como ha sido el caso de las mayorías de las empresas petroleras del noroeste Graña y Montero a pesar de los altos precios del crudo entre el 2003 al 2012 en más de 20 años de operaciones en el norte del país, tanto en los lotes I y V apenas ha perforado dos pozos exploratorios, que constituyen inversiones de riesgo. Mientras Sapet en el lote VI/ VII apenas perforó un solo pozo exploratorio. ¡Por tanto es de ripley otorgarle beneficios a estas empresas rentistas!

Por último, esta es una oportunidad histórica para que el Estado recupere la propiedad sobre los recursos petroleros, mediante la conversión de todos estos contratos de licencia a contratos de servicios, con ello el Estado se convierte en el titular y las empresas privadas en operadoras que perciben una retribución.

Es más, bajo nuevas condiciones el Estado debe licitar estos contratos al mayor y mejor postor y que sea la competencia y el mercado quienes fijen las nuevas tasas de regalías. Todo lo demás es mercantilismo puro, rentismo propio de los parásitos ajenos a un capitalismo competitivo.

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Política

Abogado de Chlimper hunde a Keiko Fujimori

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José Chlimper Ackerman

El semanario Hildebrandt en sus trece reveló que la defensa del exsecretario general de Fuerza Popular, en su intento por refutar las imputaciones por lavado de activos, validó la tesis de la Fiscalía sobre el blanqueo de dinero ilícito de Odebrecht.

Según publicó el semanario Hildebrandt en sus trece, el abogado de José ChlimperAckerman, exsecretario de Fuerza Popular a quien se le imputa el presunto delito de lavado de activos, admitió ante el juez Víctor Zúñiga que el dinero ilícito de Odebrecht entregado a Fuerza Popular fue blanqueado mediante cócteles y rifas.

A fin de sustentar la inocencia de su patrocinado, el abogado José Nolasco se apoyó en la tesis fiscal del miembro del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez. “La Fiscalía ha acreditado que la totalidad de la campaña de la empresa Odebrecht se lavó en cócteles y rifas realizados en el 2010, en los que el señor ChlimperAckerman no tiene ninguna imputación”, alegó.

Como se recuerda, la Fiscalía le imputa a Keiko Fujimori haber utilizado la fachada del partido Fuerza Popular para montar una organización criminal donde se habría lavado dinero proveniente de fuentes ilícitas, para lo cual habrían organizado un sistema de falsos aportantes.

CONTRADICCIONES DE CHLIMPER

De otro lado, y aunque en octubre de 2018 José Chlimper rechazó haber pagado una pauta publicitaria a Radio Programas del Perú (RPP) con US$ 210 mil en efectivo, ante el juez Zúñiga su defensa legal intentó justificar la procedencia lícita del dinero.

“El supuestamente haber entregado una cantidad de dinero a los representantes de los medios de comunicación, cuando el supuesto delito de lavado ya se ha consumado, ¿configura el delito de lavado de activos? La respuesta es un rotundo no”, manifestó en la audiencia.

Nolasco continuó argumentando que Chlimper “no solo cuenta con solvencia económica sino que ha efectuado inversiones en RPP y cuenta con un patrimonio absolutamente lícito”. Sin embargo, el presidente de directorio del medio de comunicación desmintió que Chlimper haya invertido alguna vez en su vida en RPP, ni que le haya prestado dinero.

Al margen de las contradicciones entre Chlimper y su defensa, lo cierto es que sigue sin explicación la procedencia de los US$ 210 mil dólares en efectivo con que el empresario agroexportador pago a la emisora.

SE ESTÁ QUEDANDO SOLA

Para la presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, “todas las acciones negativas tienen un costo”, y para Fuerza Popular el costo es que sus “alfiles principales” como José Chlimper, termine diciendo la verdad a través de lo manifestado por su abogado.

Además, destacó que Keiko Fujimori “se está quedando sola”, pues a la posición adoptada por Chlimper se suman las declaraciones de otros testigos y colaboradores eficaces como Jorge YoshiyamaSasaki y del extesorero de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, que refuerzan la tesis de la Fiscalía respecto a las imputaciones de lavado de activos y de obstrucción a la justicia.

Por otro lado, Sifuentes advirtió que los grandes empresarios ya estarían acusando el impacto negativo generado a partir de la presunta relación de beneficios mutuos sostenida con el fujimorismo. “Es por ello que se están distanciando y marcando límites antes de ser expuestos, a los empresarios que lamentablemente marcan la agenda en el país no les va a resultar tan interesante sostener esos vínculos con un personaje como Keiko Fujimori, que se está quedando sola con sus mentiras”, indicó.

Finalmente, señaló que la ciudadanía está tomando conciencia sobre los riesgos que representa el fujimorismo para el país. “Aunque todavía hay sectores que no se enteran

de esto y aún creen en ellos, las elecciones de este domingo van a demostrar que ese porcentaje no es el mismo de antes y ha disminuido de modo importante”, concluyó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

PJ admitió casación contra juez Zúñiga

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Víctor Zúñiga Urday

La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Especializada admitió la casación presentada para apartar al juez Víctor Zúñiga Urday del caso Keiko Fujimori. El abogado de Fuerza Popular, Juan Alarcón Caycho, afirmó que dicha medida se justifica “en motivos graves que afectan la imparcialidad del magistrado recusado y la extensión de la recusación”.

A finales del año pasado el mismo tribunal rechazó un pedido de recusación contra el magistrado Zúñiga Urday; sin embargo, en esta ocasión la sala del Poder Judicial decidió “conceder el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del Partido Político Fuerza Popular”. En consecuencia, será la Corte Suprema de Justicia, presidida por César San Martín, la que evalúe el pedido para retirar al juez Zúñiga.

Sin embargo, esta decisión no impedirá que el juez Zúñiga emita su resolución sobre el pedido de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori, anunciada para el martes 28 de enero.

El abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, aclaró que para que se resuelva el recurso de casación en la Corte Suprema aún tendrán que pasar varias semanas. “Primero tendrán que señalar fecha y hora para el informe oral en la vista de la causa, y eso se hace con días de anticipación. Así que partiendo de eso nada más, el martes con toda seguridad el juez va a emitir su resolución sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori”, afirmó.

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Política

Denuncian a jueza de familia de favorecer a demandante

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Denuncian a jueza de familia de favorecer a demandante

Una jueza de familia se encuentra en el ojo de la tormenta luego de una queja presentada contra ella ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA). por presuntamente haberse parcializado con una de las partes en un proceso judicial.

La abogada Martha García presentó la queja contra Clara Peña Chauca, jueza del Décimo Sexto Juzgado de Familia de Lima, y contra la especialista Zoila Llontop Trujillo, del mismo juzgado, por una serie de irregularidades que, según la letrada, cometieron en contra de su defendido Antonio García Lossio.

Por ejemplo, afirma que presentó un escrito ingresado con código N° 37786-2019 a Mesa de Partes el 13/08/2019 comunicando al juzgado la variación de su domicilio procesal y nueva designación de abogado. “Toda resolución debió ser dirigida a mi nuevo domicilio procesal a partir de la fecha de la citada comunicación, pero no fue así ya que las quejadas incurrieron en graves faltas al remitir la siguiente resolución al anterior domicilio procesal”.

SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Precisó que el juzgado expidió la resolución N° 127 de fecha 12/09/2019, la misma que no fue notificada a su nuevo domicilio legal a pesar de que un mes antes se comunicó al Juzgado la variación.

“Las quejadas hicieron caso omiso a sus deberes previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 50 del Código Procesal Civil, de igual forma no consideraron que el objeto de la notificación es poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales”, señaló Martha García ante la ODECMA.

También advirtió que la jueza y la especialista incumplieron lo previsto en el inciso 3 del artículo 50 del Código Procesal Civil, que dispone que se debe dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en el orden que ingresan al despacho.

“Las quejadas debieron atender primero mi escrito de fecha 13/08/2019, sin embargo atendieron primero el Informe Pericial 00667-2019-ETP-ASJR-USJLI-PJ ingresado por Mesa de Partes el 2 de setiembre de 2019, siendo que dicho Informe determina la suma de S/21,841.30 soles, por concepto de devengados de alimentos a favor de la demandante”.

ALGO MÁS

La abogada manifestó que el apuro por favorecer a la demandante ha generado que convaliden notificaciones hechas a otros domicilios y a la vez se dispongan emitir copias certificadas a la Fiscalía Penal de Turno de Lima para que proceda a la denuncia de su representado Antonio García Lossio por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.

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