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Enrique Fernández-Maldonado Mujica

Enrique Fernández-Maldonado Mujica

OPINIÓN

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Gobierno peruano cuestionado por incumplimiento de derechos laborales

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Esta semana el Estado peruano fue objeto de una queja ante el punto de contacto de la Unión Europea. La razón: incumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales. No es la primera vez que ocurre.

En marzo del 2015 siete organizaciones sindicales peruanas presentaron un documento similar al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), por los mismos motivos: no garantizar el respeto y ejercicio de derechos laborales fundamentales (como la libertad sindical y la negociación colectiva), en sectores económicos beneficiados por las ventajas arancelarias del TLC entre ambos países. Al igual que ahora, en aquella oportunidad la queja hacía referencia a actividades reguladas por la Ley de Exportación No Tradicional (N° 24342) y la Ley de Promoción del Sector Agrario (N° 27360), regímenes laborales cuestionados por facilitar prácticas antisindicales y establecer un doble estándar para los trabajadores y sus organizaciones.

Las quejas presentadas ante los EEUU y la UE dan cuenta de violaciones sistemáticas a los derechos colectivos e individuales en el rubro textil–confecciones y el agroexportador. Ambos sectores registran una cantidad enorme de denuncias contra empresas que usan los contratos temporales para debilitar la capacidad organizativa de los trabajadores e inhibir la afiliación sindical.

Como consecuencia de la queja presentada por los sindicatos peruanos, USDOL emitió sendas comunicaciones al Gobierno peruano. En la primera, de marzo del 2016, plantea seis recomendaciones de política para levantar las observaciones dirigidas a la legislación y el proceso inspectivo. En la segunda, remitida el 18 de diciembre del 2016, como parte del “primer examen periódico de progreso”, USDOL reafirmó su disposición para “participar con el Gobierno del Perú para identificar un camino hacia estas cuestiones y preocupaciones”, señalando que USDOL, USTR (Representante de Comercio) y el Departamento de Estado de EEUU “continuarán supervisando y evaluando el progreso del gobierno peruano para abordar estos asuntos durante los próximos seis meses”.

Sin embargo, agotados los plazos iniciales fijados por USDOL, el Gobierno peruano ni el Congreso de la República parecen haber tomado nota de estas recomendaciones. A la fecha, y luego de la segunda y última misión de investigación conjunta de USDOL y USTR, no se conocen señales estatales en la dirección de corregir los aspectos normativos e institucionales que son objeto de cuestionamiento. Si bien el Gobierno viene anunciando la ampliación de más intendencias de la SUNAFIL, todavía está verde la meta comprometida con los Estados Unidos al firmar el TLC, como es garantizar la plena operatividad del sistema inspectivo en todo el territorio nacional.

Asimismo, lejos de adecuar la legislación laboral al estándar establecido en los Convenios y Tratados internacionales convocados en el TLC, el gobierno de PPK busca implementar medidas que apuntan a desregular la contratación y despido de trabajadores, a reducir la capacidad fiscalizadora de las inspecciones de trabajo, y de paso limitar las posibilidades de negociación colectiva a través del arbitraje potestativo.

Por si fuera poco, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aún no agenda los dictámenes elaborados por la anterior presidencia, y que apuntan a derogar los regímenes laborales “promocionales” que dieron lugar a las denuncias contra el Estado peruano. Al parecer, para el congresista Justiniano Apaza, actual presidente de la Comisión, el tema no está entre sus prioridades.

En ese plan, los plazos para que el Gobierno atienda las recomendaciones de USDOL vencieron, el primero en diciembre del 2016, y el segundo en junio del presente año, sin que las instancias competentes (incluido el Congreso) hayan considerado atender las correcciones sugeridas por su contraparte comercial.

Se reactiva la queja
El último 8 de setiembre las Centrales Sindicales peruanas enviaron una nueva comunicación a Robert Lighthizer y Mark Mittlehauser, funcionarios de la Secretaría de Asuntos Internacionales de USDOL, así como a los ministros peruanos de Trabajo (Alfonso Grados Carraro) y de Comercio (Eduardo Ferreyros), con copia al senador Sander Levin (demócrata) y a la Directora de Asuntos Internacionales de la AFL-CIO, Cathy Feingold, reiterando su preocupación por la inactividad (¿falta de voluntad?) del Gobierno peruano para recoger e implementar las observaciones a la legislación, las inspecciones y el sistema de justicia laboral, anunciando –por el contrario– iniciativas que van en sentido contrario a los reclamos de las organizaciones sindicales y la propia USDOL.

La comunicación de las organizaciones peruanas tuvo eco en la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL–CIO), que a su vez replicaron a USDOL, explicitando su inquietud por la desatención del Gobierno peruano (y también del colombiano, sobre el que pesa una queja por incumplir con los estándares laborales del TLC entre ambos países) para implementar las correcciones recomendadas meses atrás.

Es más: la AFL–CIO solicita expresamente que de no darse respuestas satisfactorias por parte del Estado peruano, se pase a la siguiente etapa contemplada por el capítulo 21 del acuerdo comercial, como es la activación de un proceso de solución de controversias por incumplimiento de sus cláusulas. Llegado a este punto, esto es, de persistir la vulneración a los derechos fundamentales afectados y si el Gobierno peruano no adopta las medidas correctivas para cumplir con los estándares comprometidos, el siguiente paso podría ser la activación de los mecanismos que dan lugar a sanciones comerciales (como es la suspensión de las ventajas arancelarias al país infractor).

Se trata, ciertamente, de un proceso abierto y de resultado incierto, pero que hasta el momento va en marcha, que ya es bastante (trabajodigno.pe).

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Política

Habría una red criminal al interior del Apra

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Roxanne Cheesman

Ayer por la mañana la defensa del exsecretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert, presentó ante el Ministerio Público una denuncia por una presunta organización criminal que estaría conformada por allegados al fallecido expresidente Alan García Pérez.

Según detalló el abogado Raúl Noblecilla Olaechea a Diario Uno, la denuncia fue presentada ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato. “No estamos afirmando que el partido en sí es una organización criminal, pero a partir del reportaje de Cuarto Poder donde se evidenció no solo el chat de Roxanne Cheesman con Jorge Barata, sino un grupo de Whatsapp con personas vinculadas a otros crímenes, lo que nos lleva a pensar que podríamos estar ante la existencia de una organización criminal al interior del partido”, afirmó.

El letrado señaló que se configuraría la conformación de una organización criminal en tanto se evidencia la existencia de “una forma de repartija de funciones y tareas” entre los integrantes del grupo de Whatsapp, entre quienes se encuentran la expareja de Alan García, Roxanne Cheesman; el abogado investigado en el caso Odebrecht, Humberto Abanto; el exsecretario de García, Ricardo Pinedo; el abogado de la familia del expresidente, Erasmo Reyna; el abogado Wilber Medina, y los excongresistas Aurelio Pastor y Luciana León. “Encontramos en el informe periodístico que Pastor se encargaría de conseguir documentos, a un elocuente Humberto Abanto afirmando que ‘no disparemos el arma letal’, a Pinedo y Reyna participando de la estrategia, a Luciana León que parece muda pero participa de la conformación”, agregó.

Por lo detallado, Noblecilla presume la existencia de una organización criminal que buscaría obstaculizar la labor de la justicia. “Estarían tratando de manipular la declaración de un colaborador eficaz y no para ayudar en la investigación, sino para entorpecerla. Desde ahí nomás ya se evidencia un fin ilícito, que es una característica de la organización criminal”, señaló.

PIDEN GARANTÍAS POR HOSTILIZACIONES

Además de requerir a la Fiscalía que se inicien las investigaciones por el presunto delito denunciado, el letrado informó que también ha solicitado se brinden las garantías personales tanto para sus patrocinados como para su persona.

“No solo hemos visto los insultos como ‘maldito’, ‘perro’ o ‘rata blanca’ (en el grupo de chat aludido) dirigidos a mi patrocinado Luis Nava Guibert, sino también desde el grupo denominado La Resistencia hemos recibido una serie de ataques”, indicó.

Al respecto, señaló que integrantes del grupo de choque fujimorista han difundido mensajes en redes sociales, alusivos a “acabar con Nava” o a atacar al “terrorista de su abogado”. “Los insultos no me asustan ni me interesan si vienen de un patán, pero estos patanes sienten temor y pánico, y así como uno se metió un tiro en la cabeza, otros pueden disparar un tiro contra otra persona, y eso sí me preocupa. No puedo ser tan irresponsable de pensar que solo son un par de locos; debo tener responsabilidad frente a mí persona y frente a quienes dependen de mí. Por eso hemos pedido al Ministerio Público urgentes garantías para mis patrocinados y que estas se hagan extensivas a mi persona”, manifestó.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

De otro lado, Noblecilla se refirió a las motivaciones de la expareja de Alan García para intentar bloquear las investigaciones. “Podríamos decir que la señora Cheesman no tenía tanto interés por la humanidad de su amado como por los bienes patrimoniales que hoy están en un proceso de extinción de dominio. ¿Es lícita esa defensa? Obviamente no, porque han intentado sabotear una investigación manipulando a un colaborador eficaz”. En ese sentido, advirtió que Cheesman habría caído en un delito flagrante de obstrucción a la justicia.

Cabe recordar que durante los interrogatorios a Jorge Barata en abril de 2019, el exabogado de García e integrante de la presunta organización criminal denunciada por Noblecilla, Erasmo Reyna, se acercó al colaborador eficaz con el fin de grabar una conversación en la cual intentó sensibilizarlo antes que brinde su testimonio a los fiscales.

Finalmente, el letrado pidió que los involucrados dejen de politizar el proceso de investigación, y que la Fiscalía pueda corroborar la veracidad de las conversaciones mencionadas en los últimos días.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Frente Amplio retomará ley de ordenamiento territorial

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Rocío Silva Santisteban

La bancada del Frente Amplio impulsará el debate y aprobación del proyecto de ley general de ordenamiento territorial en el próximo Congreso, señaló la legisladora electa Rocío Silva Santisteban.

“Es una ley fundamental e importantísima, tanto para el territorio rural como urbano”, sostuvo Silva Santisteban en declaraciones a la Agencia Andina.

Indicó que el problema del tráfico de terrenos que hoy se vive en Villa María del Triunfo se deriva de que no existe una norma de ordenamiento territorial como ley nacional.

La congresista electa dijo que a título personal le interesa promover una ley de fomento de nuevas masculinidades, que podría llamarse “ley antimachismo”, la cual estaría orientada a trabajar no solo con las víctimas sino con quienes podrían convertirse en los futuros victimarios, además de los operadores de justicia.

“La idea es también trabajar con los operadores de justicia que no son empáticos con las víctimas y que muchas veces se han convertido en el nudo para que el problema no se pueda encarar de la mejor manera”, explicó.

La iniciativa considera desarrollar capacitaciones y talleres profundo de cuestionamiento de la masculinidad en las escuelas de oficiales y suboficiales y oficiales.

COMISIONES

Sobre las comisiones que le interesa presidir al Frente Amplio en el nuevo Congreso, Silva Santisteban indicó que entre ellas están la Comisión de Trabajo, la Comisión de Energía y Minas, así como la de Pueblos Indígenas, Agraria o de la Mujer.

“Tendremos conversar y veremos qué sucede dependiendo de las elecciones para la Mesa Directiva del Congreso”, indicó.

De acuerdo con los resultados de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, el Frente Amplio tendrá nueve representantes en el nuevo Parlamento.

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Política

Pedido de extradición de Toledo es totalmente procedente

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Alejandro Toledo Manrique y Eliane Karp

El legislador electo y ex militante de Perú Posible, Rennán Espinoza, sostuvo que el expresidente Alejandro Toledo debe rendir cuentas en el Perú por los delitos que se le imputan en la investigación por el caso Ecoteva.

En ese sentido, consideró totalmente procedente el pedido de extradición formulado por el Ministerio Público y confió en que el Poder Judicial accederá al requerimiento.

“Lo mejor para un político acusado por corrupción es que venga a responder a justicia de su país. Si una persona se dice inocente tiene que responder y luchar para que todo se esclarezca”, señaló Espinoza a la Agencia Andina.

Sostuvo que la justicia del país debe hacer su trabajo y de encontrar culpable al exmandatario, como señalan los indicios, sancionarlo.

Espinoza consideró que la actuación de Toledo fue penosa y reconoció que para quienes fueron militantes de Perú Posible fue decepcionante enterarse de hechos, que con el tiempo demostraron que él mintió.

“Todo lo que decía era mentira, su lucha a favor de la democracia y contra la corrupción era falsos. Era un corrupto más y lo único que esperamos es que se le investigue y procese con respeto a la ley”, expresó.

La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema reprogramó para mañana, a las 08.30 horas, la audiencia para evaluar el pedido de extradición contra Toledo y la exprimera dama ElianeKarp, como parte de la investigación por lavado de activos en el caso Ecoteva.

La expareja presidencial se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde Toledo Manrique afronta en prisión un primer pedido de extradición por el Caso Odebrecht.

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