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Fotocheck político tras las explosivas revelaciones del repartidor Barata

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Fujimorismo:

Sin duda el sector más golpeado de todos es el fujimorismo. La confirmación de que penetró el financiamiento de Odebrecht (1.2 millones de dólares) en la campaña de Keiko Fujimori a través de Augusto Bedoya, Jaime Yoshiyama y el expresidente de Confiep, Ricardo Briceño, actuando de intermediarios, es un golpe duro para la primera fuerza del Congreso.

La situación se agrava pues Kenji Fujimori, fundador de Fuerza Popular, ha justificado su renuncia afirmando que su partido ya no tiene autoridad moral después de haber recibido recursos de Odebrecht.

Si el fujimorismo, el Frente Amplio y Nuevo Perú insisten en la vacancia, es ahora más factible que Kenji y Alberto Fujimori persuadan a más parlamentarios de cambiar de grupo con el objetivo de impedir que el presidente que dio el indulto sea vacado.

Lo que también es grave para el fujimorismo es que haya sido su primer ministro de Transportes y Comunicaciones, el intermediario, pues debe recordarse que Odebrecht nunca tuvo más contratos que durante los 11 años del fujimorato.

Lava Jato data desde el 2005, pues en Brasil todo lo que ocurrió antes ha prescrito pero durante los tres gobiernos de Alberto Fujimori, US$1,800 millones se evaporaron por corrupción comprobada por la Iniciativa Nacional Anticorrupción y US$6,000 millones se estima se perdieron como consecuencia de actos de corrupción ocurridos entre 1990 y el año 2001.

En ese periodo, se firmaron 30 de los 67 contratos suscritos por Odebrecht con entidades públicas peruanas y luego 35 más se firmaron en los siguientes tres gobiernos de García, Toledo y Humala. Durante el fujimorismo la corrupción significó cuantiosos gastos en compra de armamentos después del conflicto con el Ecuador, varias obras sobredimensionadas (Carretera Ilo-Desaguadero y la Presa de Cuchoquesera) y varias privatizaciones que subvaloraron activos.

APRA:
Otro sector duramente golpeado es el APRA y sobre todo Alan García. Muchos pensaban que existía una gran lealtad de Barata hacia Alan García, pero ello no ha impedido que el delator señale que aportaron para el financiamiento de campaña a través de Luis Alva Castro. La cifra señalada (US$200,000) parece insignificante dado que la firma Odebrecht nunca facturó tanto como durante el segundo gobierno de Alan García, pero golpea duro contra la credibilidad de quien siempre afirmó que no se vende como otros. Cabe recordar que los primeros registros de sobornos de Odebrecht, datan del primer gobierno de Alan García en relación a los proyectos: Chavimochic I y Charcani V. En estas dos obras hay pruebas en Brasil con registro de depósitos al expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), Jorge Ramos Ronceros. También de esa época es la denuncia de Sergio Siragusa –el Barata de la época-, que señala que entregó sobornos para el presidente García por la ejecución del Tren Eléctrico. Las transferencias del soborno se depositaron en cuentas a nombre de Alfredo Zanatti. Actualmente, varios importantes funcionarios apristas están presos por sobornos comprobados en la Interoceánica del Sur y la Línea 1 del Metro, un proyecto en donde se ha registrado corrupción durante 29 años.

PERÚ POSIBLE:
En el 2005 el poder corruptor de las empresas brasileras concretó una de sus operaciones más complejas con la Interoceánica del Sur. Una obra en la que, según estudios auspiciados por la propia Odebrecht, se generaron beneficios por US$1,900 millones, pero los costos ascienden a US$5,000 millones sumando inversión, conservación y emergencias. Perdimos US$3,100 millones.

Hubo muchísimas irregularidades en la Interoceánica del Sur y en dichas decisiones (exoneración del SNIP, licitar sin expediente técnico, poner cláusulas para que el costo de las obras se defina en función de los expedientes que hagan los postores, plazo corto de concurso, etc) y todas ponían en posición de indefensión al Estado. En realidad lo más grave para Alejandro Toledo ya se sabía pues los sobornos son más graves que el financiamiento de campaña. Pero al menos ahora sabemos que tanto en la recepción de los fondos de campaña como en los sobornos, el intermediario fue el mismo: Avi Dan On.

Situación legal

PPK:
En el caso de PPK, el impacto político parece ser ambivalente. Ahora sabemos que Susana de la Puente es la supuesta receptora de los aportes de una campaña pero, la verdad es que nadie pensaba que después de saber que PPK recibía dividendos de al menos una de sus empresas por contratos con Odebrecht mientras él tomaba diversas decisiones sobre la Interoceánica del Sur, no hubiera recibido fondos de campaña de la internacional brasilera. Además, Barata estaba en el directorio de la ONG de PPK que promovía el agua potable, así que la información no parece añadir más problemas al aún presidente de los peruanos. Incluso la situación podría favorecerlo si es que la noticia del financiamiento de campaña de Keiko Fujimori profundiza la ruptura en Fuerza Popular y añade parlamentarios a la alianza de los abuelos de la nada.

Ollanta Humala, Nadine Heredia y Susana Villarán:
No se ha dicho nada que no se supiera sobre estos tres actores, pero se les ha dedicado primeras planas ya que los dueños de los medios de comunicación buscan golpear a la izquierda y que el nuevo escándalo no se concentre en Alan García, Keiko Fujimori y la Confiep. Ollanta Humala merece ser investigado por varios casos y es apropiado que se analicen a fondo los proyectos de la Refinería de Talara, el Gasoducto del Sur y la Línea 2 del Metro. Pero, a diferencia de lo ocurrido durante los gobiernos de Toledo y García, las pruebas de corrupción no han sido presentadas y solo se ha verificado que Barata trasladó a regañadientes los fondos que el partido de Lula decidió pasarle. Por ello, la prisión preventiva parece excesiva, pues el fiscal aún no ha formulado la acusación y parece bastante inequitativo que no haya la misma decisión en los demás casos. Mi impresión es que con las nuevas evidencias y la afectación de Alan García y Keiko Fujimori, los dirigentes políticos apadrinados por Odebrecht ahora intentarán decir a los 4 vientos que el financiamiento encubierto de campaña no es delito y eso puede terminar favoreciendo a la pareja Humala-Heredia. En el caso de la campaña del No, no hay ninguna nueva evidencia y Barata no quiso declarar pues ya lo había hecho por escrito al igual que Garreta (dueño de FX Comunicaciones), pero la presión mediática seguirá afectando el caso de la exalcaldesa en su contra.

A pesar de todos los problemas señalados, esta es una buena época para Latinoamérica y el Perú. Hace 12 años, cuando denuncié las irregularidades del proyecto de la Interoceánica del Sur en Perú 21, nunca imaginé que iba a vivir para ver presos a los cinco presidentes del cartel de empresas brasileras y que serían luego enviados a prisión domiciliaria obligados a delatar a los políticos involucrados.

La Fiscalía peruana ha triunfado sobre los intentos del fujimorismo y de otras fuerzas de trabar el flujo de información al menos en cuanto al financiamiento de las campañas se refiere. Ahora, se empezará a investigar todos los casos de sobornos y se concretarán los acuerdos con 14 ejecutivos de OAS lo que generará un nuevo momento de delaciones e información. Mi opinión es que hoy tenemos más probabilidades de que se haga justicia y que termine de develarse la verdad. Muchos sufrirán, pero el Perú está cada vez más cerca de iniciar una primera anticorrupción. Queda claro que la corrupción es mayor a menor institucionalidad de la planificación y gestión de los proyectos. No podemos volver a otorgar concesiones sin expedientes técnicos. Queda claro que la corrupción se inicia en los financiamientos de las campañas. Así que la sociedad ya puede empezar a movilizarse para que el financiamiento encubierto de campañas sea delito y para que exista financiamiento público. Si el Congreso no quiere legislar sobre estos asuntos, tendremos que empezar a pedir que se recorte su mandato y elegir nuevos parlamentarios que quieran poner una muralla legal a la penetración de la corrupción y las redes ilegales en el financiamiento de los partidos políticos. Sí se puede.

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Política

¿Adiós a la reforma política?

Publicado

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Marcha protesta de la gente Cierre de Congreso

Luego de la difusión por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de los resultados de las elecciones congresales extraordinarias 2020, la inquietud que surge en la ciudadanía es respecto a cuándo se instalará finalmente el Congreso.

Hay que recordar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, las normas aplicables en un proceso electoral deben ser aprobadas por lo menos un año antes del día de las elecciones. En otras palabras, si las próximas elecciones generales se llevan a cabo el 11 de abril de 2021, las leyes aplicables para este proceso electoral tendrían que ser emitidas como máximo el 10 de abril de 2020.

¿Tendrá tiempo el Congreso para poner en debate y aprobar las normas pendientes comprendidas dentro del paquete de proyectos de la reforma política? Se debe considerar que tras la finalización del conteo y la revisión de actas, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamar los resultados de manera oficial y proporcionar a la Oficialía Mayor del Congreso las credenciales de los 130 congresistas elegidos. Este órgano, a su vez, entregará a los nuevos congresistas un formulario que deberá ser llenado y devuelto con una declaración jurada sobre bienes y rentas en un plazo máximo de un mes. Posteriormente, se conformará una Junta Preparatoria que deberá coordinar con el presidente de la Comisión Permanente lo relativo al proceso de transición.

En suma, todo esto podría tomar 45 días, por lo que se tornaría inviable cumplir con la aprobación de las normas pendientes respecto a la reforma política antes del 10 de abril. A esto hay que añadir que antes de debatir cualquier ley, primero se deberá instalar la Mesa Directiva y formar el cuadro de comisiones.

TODO SEGUIRÍA IGUAL

En ese escenario, cabe recordar que el Congreso disuelto aprobó parcialmente algunos de los seis proyectos de la reforma política que el Ejecutivo había presentado. Sin embargo, algunos de ellos habrían sido desnaturalizados de su propuesta original.

A criterio del analista Gerardo Távara, el Congreso disuelto no sólo dejó inconclusa la reforma política, sino que “la hizo mal”. “Por ejemplo, estableció que las elecciones primarias se apliquen a los partidos nuevos pero no a los ya inscritos; estableció también que la paridad de hombres y mujeres en las listas se aplique progresivamente desde el año 2021 hasta el 2031. En materia de inmunidad parlamentaria, se aprobó una norma que amplía el “manto de protección” sobre los congresistas y mantiene la decisión en manos del Congreso de la República”, escribió en su blog Tiempo y Lugar.

Por otro lado, los exintegrantes de la Comisión de Alto Nivel, autora de los proyectos de reforma política, sugirieron a fines de enero que se complete la reforma respecto al financiamiento de los partidos políticos, así como “mejorar el proceso de rendición de cuentas y gastos de campaña, los mecanismos de control, y el establecimiento de sanciones con capacidad de hacerse efectivas, incluyendo las políticas”.

El grupo de trabajo liderado por Fernando Tuesta Soldevilla también incidió en la necesidad de lograr la reforma constitucional que impida la postulación a cargos públicos a aquellos sentenciados en primera instancia por delitos dolosos, lo que además requeriría un desarrollo legal para que sea aplicable al 2021.

La no aprobación de las normas referidas a las obligatoriedad de elecciones internas simultáneas para todas las organizaciones políticas, así como la eliminación del voto preferencial sería perjudicial para evitar que desde los partidos se postule a candidatos que sin necesidad de contar con respaldo de bases podrían conseguir un lugar preferente en las listas a cambio de aportes de dinero.

VIZCARRA (AÚN) PUEDE AYUDAR

Para Távara, el Ejecutivo debería aprobar mediante decreto de urgencia la reducción del plazo de aprobación de normas electorales de 1 año a 6 meses antes del día de las elecciones, como una medida extraordinaria de cara a las elecciones generales de abril del 2021.

“Si los partidos que han obtenido representación en el Congreso 2020 – 2021 están efectivamente dispuestos a avanzar en la reforma política y electoral como lo han manifestado, respaldarán esta medida”, señaló.

El exsecretario general de la Asociación Civil Transparencia explicó que “no se trata de que el Poder Ejecutivo apruebe la reforma política y electoral sustituyendo al Congreso de la República, sino que “se trata más bien de que le facilite el plazo para que cumpla con su función de forma oportuna y óptima”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Verónika Mendoza llama al pueblo a organizarse para lograr cambios

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Verónika Mendoza

En el Tinkuy (Encuentro) realizado en Lima Norte tras escuchar a los dirigentes y dirigentes y los problemas pendientes que afectan a sus comunidades, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza destacó y saludó sus luchas para exigir una mejor educación para sus hijos, acceso a agua potable, tarifas justas para el servicio de gas natural y pensiones dignas para los jubilados, destacando la importancia de seguir organizándose.

“Sabemos que la organización del pueblo, en sus barrios y comunidades es la única garantía para que las cosas cambien. Por eso, desde aquí tenemos que seguir organizándonos hasta lograr un gobierno del pueblo y para el pueblo”, destacó

“Nuevo Perú quiere ser más que un partido, quiere ser ese movimiento que articule las valiosas luchas de los pueblos. Queremos estar presente en cada barrio, en cada distrito, comunidad, en cada asociación de comerciantes. Eso es lo que queremos invitarlos e invitarlas a construir” señaló Mendoza invitando a afiliarse a Nuevo Perú.

DEBILIDAD DE GOBIERNO PARA RESPONDER A ODEBRECHT

La lideresa de Nuevo Perú se refirió también a la lucha contra los corruptos y como el Estado peruano sigue capturado por los grandes grupos económicos. En este sentido criticó la débil reacción del gobierno de Vizcarra frente a la denuncia de Odebrecht al Estado peruano ante el CIADI.

“Hace pocos días nos hemos enterado de como uno de los ministros de Vizcarra había trabajado para Odebrecht, y como esta misma empresa ha denunciado al Perú ante tribunales internacionales. Una vez más vimos un gobierno timorato, nervioso, ante un gran poder económico. Necesitamos gobiernos que hagan respetar los intereses del Estado y de los peruanos y peruanas”.

Finalmente, Verónika Mendoza se comprometió a regresar a Lima Norte para realizar un gran Tinkuy con los trabajadores del comercio ambulatorio, pero también a seguir recorriendo el país, en el marco de #YoMeUno, como se conoce a la campaña de afiliación de Nuevo Perú, para continuar recogiendo las demandas de la gente.

“A nosotros nos sobra la voluntad de sumar fuerzas en torno a una propuesta de cambio y de nueva Constitución. No estamos haciendo política solo por un cargo o para quedar bien con los que se creen dueños del país, sino para recuperar el Estado para ponerlo al servicio de la gente”, señaló.

Además del Tinkuy de Lima Norte que contó con la presencia del excongresista Manuel Dammert y de excandidatas al Congreso como Grace Baquerizo, Lucía Alvites y Gahela Cari, Nuevo Perú realizó otras actividades como el Encuentro de Mujeres realizado el miércoles pasado en Lima, en el que participaron dirigentes sindicales, del sector autoempleadas, líderes feministas, y mujeres organizadas con el objetivo de articular las diversas plataformas reivindicativas de las mujeres.

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Política

Hunden más a Ollanta Humala

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

El círculo final en contra de Ollanta Humala se va cerrando. El dominical Panorama reveló que un nuevo colaborador eficaz en el caso “El Club de la Construcción” confirmó que el expresidente de la República recibió millonarios sobornos tanto en Palacio de Gobierno como en su propio domicilio, a cambio de conceder las licitaciones de carreteras sobrevaluadas mediante Provías.

Según el testimonio del colaborador eficaz, las entregas de dinero fueron realizadas por José Paredes, hermano del exministro Carlos Paredes, más de veinte. “Recuerdo que una de estas se produjo el día 21 de Noviembre del 2011… Esta entrega fue de aproximadamente 500 mil dólares y ese mismo día José Paredes entregó el dinero a Ollanta Humala, en su oficina de Palacio”, consigna la declaración.

De acuerdo al colaborador, Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron dinero no solamente de Odebrecht, sino también del “Club de la Construcción”. También reveló que en ocasiones, cuando llegaban al domicilio del presidente, se encontraban con Nadine Heredia: “Humala le entregaba a ella el maletín que contenía el dinero y le pedía que lo guarde, se saludaban y luego ella los dejaba en el comedor de diario, donde los dos solos cenaban algo y seguían conversando”.

Se estima que el total de las millonarias coimas cobradas por Ollanta Humala, en complicidad con Nadine Heredia, a quien consideraba “su mejor Primer Ministro”, alcanzaría los US$ 18 millones. Esto correspondería al 3% pactado respecto al monto de las obras adjudicadas al “Club de la Construcción”. Según el testimonio, las empresas entregaban el dinero a Rodolfo Prialé, hoy colaborador eficaz, mediante un servicio fantasma; este lo entregaba a Paredes, y este a su vez lo hacía llegar a Humala.

Finalmente, Panorama también reveló imágenes donde se observan anotaciones “de puño y letra” de Nadine Heredia sobre movimientos de dinero entre Humala, José Paredes y hasta aportes del chavismo.

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