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Fiscalía brasileña deja sin chance a la peruana para seguir mirando el techo

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Todo indica que la fiscalía brasilera, que hoy se constituye como la vanguardia de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica y el mundo, filtró información al diario O Globo del Brasil sobre delaciones premiadas directamente vinculadas a los financiamientos de campañas presidenciales en Perú.

La información está basada en declaraciones de Marcelo Odebrecht en las que este señala con meridiana claridad que financiaron a todos los candidatos con opción de triunfo en el Perú, lo que incluiría a la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Con esta acción, dejaron sin chance a la fiscalía peruana para seguir mirando el techo y están forzando, bajo la presunción de que se podría filtrar más información, a que la fiscalía peruana resuelva todos los problemas que puedan obstaculizar el flujo de información hacia el Perú.

Al propio tiempo, la empresa internacional OAS, está cerca de cerrar un acuerdo con la fiscalía peruana para el traslado de información sobre actos de corrupción en el Perú.

El acuerdo está condicionado por la decisión del juez Sergio Moro y del equipo de trabajo del Caso Lava Jato, que obliga a la empresa a delatar los sobornos y los financiamientos de campañas ejecutados en el Perú, a cambio de que sus 14 ejecutivos presos en Brasil puedan acogerse al mecanismo de delación premiada.

De cerrarse el acuerdo con OAS, esta sería la segunda empresa a la que se le aplicarían las condiciones del Decreto de Urgencia 003-2017. Debe recordarse que OAS vendió, con la venia del alcalde amarillo y antes de que se publique dicho decreto de urgencia, el íntegro de las acciones del proyecto Línea Amarilla.

Mientras los casos de sobornos confesados en Perú por Odebrecht están hasta, por ahora, circunscritos a La Línea 2 del Metro y a la Interoceánica del Sur; en el caso de OAS son seis mega obras las involucradas en acciones irregulares y corrupción.

Debe decirse que en Brasil hay, al menos, 77 ejecutivos de Odebrecht que han firmado acuerdos para delaciones premiadas y que el juez que era Ministro Supremo del Tribunal de Justicia de Brasil, Teori Zavascki, murió en un extraño accidente de avioneta cuando estaba a horas de aprobar las declaraciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht.

La muerte de Zavascki, retrasó el proceso, como también se retrasó el flujo de información en el Perú cuando se interpuso un proceso contra Barata por un fiscal, acción que afectaba los acuerdos entre las fiscalías peruana y brasilera.

Estos hechos demuestran que hay poderosos actores interesados en que la información no llegue al Perú, lo cual amplifica la importancia del trabajo de la fiscalía y el Poder Judicial brasileros.

Pronto los flujos de información serán re-establecidos y se sentirá en toda su magnitud el terremoto político que se inicia con las filtraciones al diario O Globo. Este es un buen momento en la historia del Perú.

Se develarán las estrategias y tácticas de la gran corrupción e iremos a una “primavera anticorrupción”, que debería consolidarse con una Comisión de la Verdad de la actuación de las multinacionales brasileras en el Perú, desde Charcani V hasta el Túnel de Néstor Gambetta. Sí se puede.

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Portada 25 de mayo 2020

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Portada 25 de mayo 2020

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Política

PNP compró 35 mil mascarillas inservibles

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PNP compró 35 mil mascarillas inservibles

Otro escándalo en la policía. Según publicó el diario La República, un informe del Área Física Forense de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público determinó que 35 mil mascarillas con válvula tipo N95 compradas por el director de la Aviación Policial, general PNP Alfredo Vildoso Rojas, no cuentan con las especificaciones técnicas necesarias para la protección del personal policial.

De acuerdo a la publicación, el 11 y 30 de abril el general Vildoso suscribió contratos con la proveedora Ka’Linson Perú por el suministro de implementos de bioseguridad y útiles de aseo, limpieza y tocador, por más de S/ 2.3 millones, y en ambas ocasiones se incluyó la mascarilla o respirador con válvula, cuyo diseño supuestamente correspondía a la norma internacional conocida como NIOSH 95 (Instituto Nacional para la Seguridad Ocupacional, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, lo que distribuyó el general Vildoso fueron mascarillas marca Life-2095-1 con el etiquetado Classified N95, desprovista de la certificación NIOSH 95.

El fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Callao, Francisco Alarcón Solís, encargado de la investigación de las compras sospechosas en la Dirección de Aviación Policial, requirió a la Oficina de Peritajes si las mascarillas compradas por el general Vildoso concordaban con el requerimiento técnico.

Los peritos Ruth Atalaya Chávez y Yosselyn Ccasani Guillén concluyeron que las mascarillas o respiradores adquiridos a la compañía Ka’Linson, además de no cumplir con las exigencias del usuario, representaban un peligro para la integridad de los agentes policiales. Chávez y Ccasani fueron precisos al señalar que la certificación NIOSH “es un requisito indispensable para su uso en la prevención de contagio de agentes virales como el caso del Covid-19”.

Los peritos comprobaron que las mascarillas compradas por el general Alfredo Vildoso ni siquiera contaban con el sello del NIOSH, una comprobación de que no son aptas tanto para evitar el contagio como para no diseminar el nuevo coronavirus.

“No presenta el logotipo NIOSH al lado de la clasificación N95. No presenta lote del producto. No presenta el código de aprobación por la NIOSH: TC84A-5350”, señala el informe.

En el informe elevado al fiscal Francisco Alarcón, los peritos ratifican que las mascarillas vendidas por la empresa Ka’Linson no son los que pidió la Dirección de la Aviación Policial, sin embargo, el general Alfredo Vildoso las aceptó, desprendiéndose que pudo haber existido un entendimiento entre el proveedor y el usuario.

“(Las mascarillas) no cumplen con los requisitos técnicos indispensables nacionales e internacionales respecto a respiradores de tipo N95, por lo que no es idóneo para su uso por no garantizar con eficacia la prevención y control para disminuir el riesgo a la salud de las personas”, señalan los peritos.

El jueves, el fiscal anticorrupción Francisco Alarcón, como consecuencia del resultado del peritaje, intervino las instalaciones de la Dirección de la Aviación Policial para incautar evidencia material y documental debido a la fuerte sospecha de que existió colusión entre el general Vildoso y la empresa proveedora

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Política

En 7 días se tendrá medidas para deshacinamiento de penales

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En 7 días se tendrá medidas para deshacinamiento de penales

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó que el Poder Ejecutivo establecerá, en un plazo de siete días, las medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por el riesgo de contagio de covid-19.

Refirió que ese es el periodo que el Gobierno había planteado en el proyecto de ley que remitió al Parlamento con el fin de que le delegue facultades para legislar en materia penal y procesal penal.

“En ese plazo (siete días) se dará el marco regulador para atender una situación de excepcionalidad” , señaló el jefe del Gabinete a la Red de Comunicación Regional-RCR.

Explicó que el objetivo es regular la situación jurídica tanto de los sentenciados como de los procesados en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El titular de la PCM, así como el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, acudieron ayer al Parlamento para sustentar la solicitud de facultades para legislar en materia penitenciaria, la cual fue aprobada en la madrugada del sábado y exonerada de segunda votación.

La iniciativa precisa que el Gobierno legislará por el término de siete días calendario, contados a partir de la vigencia de la norma.

Por otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial confirmó su presentación del próximo jueves ante el pleno de la representación nacional.

Zeballos Salinas indicó que como exparlamentario reconoce que el Congreso tiene como función esencial el control político, por lo cual asistirá al Parlamento cuantas veces sea llamado para explicar y dar cuentas de las acciones del Gobierno.

“Somos democráticos y entendemos la dimensión de los roles del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo”, expresó.

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