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Faenón petrolero en curso

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No debiera existir duda alguna sobre la necesidad de fomentar las inversiones de riesgo con el objeto de incrementar la producción y las reservas de petróleo crudo que desde el año 1995 tienen una pertinaz tendencia a la disminución, a pesar que se privatizaron los lotes de PetroPerú, con sus reservas probadas, probables y posibles con la excusa de levantar la producción; mas las reservas fueron usufructuadas por una serie de empresas privadas que se capitalizaron en el tiempo, Petrotech, Sapet, Graña y Montero, Pluspetrol, Petrobras entre otras.

Es decir, el proceso privatizador fue un proceso de transferencia de riqueza desde el estado para favorecer al capital privado ¡PetroPerú hizo el gasto y otros se comieron la torta!

La petrolera estatal desde 1994 fue sometida a un cuestionado proceso privatizador durante la dictadura fujimorista en un proceso que siempre hemos cuestionado, y hoy el tiempo nos ha dado la razón si es que analizamos la marginal producción y reservas de petróleo, con la excepción de las reservas de gas y líquidos de Camisea.

Si no fuera por los lotes 88, 56 y 57 ubicados en el Gran Camisea donde se extraen más de 1,500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y más de 90 mil barriles de líquidos, la situación energética de nuestro país sería crítica, dramática, de emergencia.

Si hacia 1995 la producción de crudo antes de la privatización sumaba un promedio de 124 mil barriles por día, hoy es un poco más de 40 mil barriles diarios, con la producción de la selva prácticamente paralizada sea por problemas ambientales, sociales y sobre todo por el cierre del oleoducto norperuano que ha sido violentado por terceros en más de una docena de veces, con derrames de crudo que han provocado una cuestionada contaminación ambiental.

UNA NEGRA PRIVATIZACIÓN

Así, hacia fines de 1993 se transfirió a la empresa privada Petrotech Peruana la producción, reservas, instalaciones del lote Z-2B que pertenecían a la filial de PetroPerú, denominada Petromar S.A. que operaba en el Zócalo Continental frente a las costas de Piura entre 1987 a 1993, en una etapa crítica para el sector.

Antes de la privatización de ese lote se extraían un promedio de 20 mil barriles diarios hoy se produce un poco más de la mitad. El Z-2B ha permitido enormes utilidades a los accionistas de PetroTech y en el 2009 fue transferido en un millonario contrato a la petrolera Savia Perú, un consorcio formado por dos empresas estatales, Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur.

Lo curioso es que los accionistas de Petrotech (Kallop y socios) transfirieron lo que no era de su propiedad, pues las instalaciones, reservorios, motores, lanchas, plataformas marinas y sobre todo las reservas pertenecían al estado, es decir a todos los peruanos. Por tanto, este contrato de servicios fue transferido a otros accionistas (Savia) y el estado ¡la vio pasar, con Perúpetro y el ministerio de energía como mirones!

Agrava la situación el hecho que Savia, hacia el 2012 anunciaba una millonaria inversión de más de 2,500 millones de dólares para incrementar la producción a 50 mil barriles por día, con una levantamiento de nuevas plataformas marinas para sustituir las viejas plataformas que son propiedad de PetroPerú por el problema suscitado por la estatización de la Belco en 1986, durante el irresponsable gobierno de Alan García.

Hoy todo ha sido una ilusión, y la empresa petrolera Savia Perú cuyo contrato de servicios tiene fecha de vencimiento en noviembre del 2023, espera ansiosamente que automáticamente se amplié la vigencia contractual gracias al tremendo lobby que están haciendo las empresas petroleras por medio de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, y el otro gremio empresarial de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Para ello contratan estudios de abogados, consultores, líderes de opinión, prensa adicta, muchos de los cuales trabajaron también para la empresa brasileña Odebrecht, no solamente el gringo PPK hacía asesorías para esta empresa corrupta.

¿LOBBY QUÉ ESTÁS HACIENDO?

En tal sentido, no debiera llamar la atención el tremendo lobby Congreso de la República, con algunos congresistas fujimoristas piuranos de voceros, que aprovechando la crisis del sector petrolero proponen aprobar el proyecto de ley del ejecutivo PPK dixit de una nueva ley de hidrocarburos, sin un balance riguroso de lo que significó la vigencia de más de 25 años de la ley de hidrocarburos, la transferencia de reservas de PetroPerú a las empresas privadas, el número de pozos exploratorios que constituyen inversiones de riesgo que se han realizado en los últimos años, en especial cuando el precio de barril se mantenía sobre los 100 dólares. ¡Si no invirtieron con altos precios por qué lo harían ahora!

Por medio de una propuesta de una nueva ley de regalías, proyecto Nº 2145/2017/PE se pretende prorrogar, ampliar la vigencia de los contratos para el crudo y gas por más de 20 años adicionales, con una rebajita de las tasas de regalías sin mayores compromisos de inversión, cuando lo razonable es que los lotes de petróleo y gas en la medida que caduca el período de vigencia sean transferidos al estado y bajo nuevas condiciones y compromisos, éstos sean licitados bajo la modalidad de contratos de servicios.

Estos significa que todos los contratos de explotación que están próximos al fin de su período de vigencia tal como aparecen en el listado de “Relación de Contratos en Explotación Próximos a su fecha de Vencimiento”, vigentes al 31 de enero del 2018, debieran pasar a manos del estado, y luego licitados bajos normas transparentes, y que sea la competencia y el mercado los que fijen las nuevas tasas de regalías.

Como se podrá observar en el cuadro respectivo entre los años 2019 al 2026 tienen fecha de vencimiento una serie de contratos operados por las empresas petroleras que presionan por nuevas condiciones contractuales para aumentar las inversiones requeridas por el sector.

La justificación es que dadas estas condiciones de término contractual, más los precios internacionales que tienen una lenta recuperación todavía lejos de los 100 dólares el barril, más las “elevadas tasas de regalías” entre otras consideraciones no estarían justificando las inversiones.

En otros términos, estas empresas no estarían invirtiendo pues no podrían recuperar sus inversiones dado el período cercano de vencimiento contractual.

En verdad, la historia negra de la privatización del Z-2B se reproduce en casi la mayoría de contratos, desde la cuestionada Graña y Montero que se hizo petrolera rentable gracias a los activos y recursos de PetroPerú, pasando por Sapet en el lote VI/VII que hicieron maravillas para recrear una curva básica y adicional de producción y negociar tasas de regalías favorables, hasta el contrato del lote X que fue transferido por la brasileña Petrobras a la estatal china CNPC.

Esta es la oportunidad histórica para que el estado recupere la propiedad sobre los recursos petroleros, mediante la conversión de todos estos contratos de licencia a contratos de servicios, con ello el estado se convierte en el titular y las empresas privadas en operadoras que perciben una retribución. Por ello, bajo nuevas condiciones el estado debe licitar estos contratos y que sea la competencia y el mercado que fijen las regalías. Todo lo demás es mercantilismo puro a costa de los intereses del estado.

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Política

Abogado de Chlimper hunde a Keiko Fujimori

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José Chlimper Ackerman

El semanario Hildebrandt en sus trece reveló que la defensa del exsecretario general de Fuerza Popular, en su intento por refutar las imputaciones por lavado de activos, validó la tesis de la Fiscalía sobre el blanqueo de dinero ilícito de Odebrecht.

Según publicó el semanario Hildebrandt en sus trece, el abogado de José ChlimperAckerman, exsecretario de Fuerza Popular a quien se le imputa el presunto delito de lavado de activos, admitió ante el juez Víctor Zúñiga que el dinero ilícito de Odebrecht entregado a Fuerza Popular fue blanqueado mediante cócteles y rifas.

A fin de sustentar la inocencia de su patrocinado, el abogado José Nolasco se apoyó en la tesis fiscal del miembro del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez. “La Fiscalía ha acreditado que la totalidad de la campaña de la empresa Odebrecht se lavó en cócteles y rifas realizados en el 2010, en los que el señor ChlimperAckerman no tiene ninguna imputación”, alegó.

Como se recuerda, la Fiscalía le imputa a Keiko Fujimori haber utilizado la fachada del partido Fuerza Popular para montar una organización criminal donde se habría lavado dinero proveniente de fuentes ilícitas, para lo cual habrían organizado un sistema de falsos aportantes.

CONTRADICCIONES DE CHLIMPER

De otro lado, y aunque en octubre de 2018 José Chlimper rechazó haber pagado una pauta publicitaria a Radio Programas del Perú (RPP) con US$ 210 mil en efectivo, ante el juez Zúñiga su defensa legal intentó justificar la procedencia lícita del dinero.

“El supuestamente haber entregado una cantidad de dinero a los representantes de los medios de comunicación, cuando el supuesto delito de lavado ya se ha consumado, ¿configura el delito de lavado de activos? La respuesta es un rotundo no”, manifestó en la audiencia.

Nolasco continuó argumentando que Chlimper “no solo cuenta con solvencia económica sino que ha efectuado inversiones en RPP y cuenta con un patrimonio absolutamente lícito”. Sin embargo, el presidente de directorio del medio de comunicación desmintió que Chlimper haya invertido alguna vez en su vida en RPP, ni que le haya prestado dinero.

Al margen de las contradicciones entre Chlimper y su defensa, lo cierto es que sigue sin explicación la procedencia de los US$ 210 mil dólares en efectivo con que el empresario agroexportador pago a la emisora.

SE ESTÁ QUEDANDO SOLA

Para la presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, “todas las acciones negativas tienen un costo”, y para Fuerza Popular el costo es que sus “alfiles principales” como José Chlimper, termine diciendo la verdad a través de lo manifestado por su abogado.

Además, destacó que Keiko Fujimori “se está quedando sola”, pues a la posición adoptada por Chlimper se suman las declaraciones de otros testigos y colaboradores eficaces como Jorge YoshiyamaSasaki y del extesorero de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, que refuerzan la tesis de la Fiscalía respecto a las imputaciones de lavado de activos y de obstrucción a la justicia.

Por otro lado, Sifuentes advirtió que los grandes empresarios ya estarían acusando el impacto negativo generado a partir de la presunta relación de beneficios mutuos sostenida con el fujimorismo. “Es por ello que se están distanciando y marcando límites antes de ser expuestos, a los empresarios que lamentablemente marcan la agenda en el país no les va a resultar tan interesante sostener esos vínculos con un personaje como Keiko Fujimori, que se está quedando sola con sus mentiras”, indicó.

Finalmente, señaló que la ciudadanía está tomando conciencia sobre los riesgos que representa el fujimorismo para el país. “Aunque todavía hay sectores que no se enteran

de esto y aún creen en ellos, las elecciones de este domingo van a demostrar que ese porcentaje no es el mismo de antes y ha disminuido de modo importante”, concluyó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

PJ admitió casación contra juez Zúñiga

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Víctor Zúñiga Urday

La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Especializada admitió la casación presentada para apartar al juez Víctor Zúñiga Urday del caso Keiko Fujimori. El abogado de Fuerza Popular, Juan Alarcón Caycho, afirmó que dicha medida se justifica “en motivos graves que afectan la imparcialidad del magistrado recusado y la extensión de la recusación”.

A finales del año pasado el mismo tribunal rechazó un pedido de recusación contra el magistrado Zúñiga Urday; sin embargo, en esta ocasión la sala del Poder Judicial decidió “conceder el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del Partido Político Fuerza Popular”. En consecuencia, será la Corte Suprema de Justicia, presidida por César San Martín, la que evalúe el pedido para retirar al juez Zúñiga.

Sin embargo, esta decisión no impedirá que el juez Zúñiga emita su resolución sobre el pedido de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori, anunciada para el martes 28 de enero.

El abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, aclaró que para que se resuelva el recurso de casación en la Corte Suprema aún tendrán que pasar varias semanas. “Primero tendrán que señalar fecha y hora para el informe oral en la vista de la causa, y eso se hace con días de anticipación. Así que partiendo de eso nada más, el martes con toda seguridad el juez va a emitir su resolución sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori”, afirmó.

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Política

Denuncian a jueza de familia de favorecer a demandante

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Denuncian a jueza de familia de favorecer a demandante

Una jueza de familia se encuentra en el ojo de la tormenta luego de una queja presentada contra ella ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA). por presuntamente haberse parcializado con una de las partes en un proceso judicial.

La abogada Martha García presentó la queja contra Clara Peña Chauca, jueza del Décimo Sexto Juzgado de Familia de Lima, y contra la especialista Zoila Llontop Trujillo, del mismo juzgado, por una serie de irregularidades que, según la letrada, cometieron en contra de su defendido Antonio García Lossio.

Por ejemplo, afirma que presentó un escrito ingresado con código N° 37786-2019 a Mesa de Partes el 13/08/2019 comunicando al juzgado la variación de su domicilio procesal y nueva designación de abogado. “Toda resolución debió ser dirigida a mi nuevo domicilio procesal a partir de la fecha de la citada comunicación, pero no fue así ya que las quejadas incurrieron en graves faltas al remitir la siguiente resolución al anterior domicilio procesal”.

SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Precisó que el juzgado expidió la resolución N° 127 de fecha 12/09/2019, la misma que no fue notificada a su nuevo domicilio legal a pesar de que un mes antes se comunicó al Juzgado la variación.

“Las quejadas hicieron caso omiso a sus deberes previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 50 del Código Procesal Civil, de igual forma no consideraron que el objeto de la notificación es poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales”, señaló Martha García ante la ODECMA.

También advirtió que la jueza y la especialista incumplieron lo previsto en el inciso 3 del artículo 50 del Código Procesal Civil, que dispone que se debe dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en el orden que ingresan al despacho.

“Las quejadas debieron atender primero mi escrito de fecha 13/08/2019, sin embargo atendieron primero el Informe Pericial 00667-2019-ETP-ASJR-USJLI-PJ ingresado por Mesa de Partes el 2 de setiembre de 2019, siendo que dicho Informe determina la suma de S/21,841.30 soles, por concepto de devengados de alimentos a favor de la demandante”.

ALGO MÁS

La abogada manifestó que el apuro por favorecer a la demandante ha generado que convaliden notificaciones hechas a otros domicilios y a la vez se dispongan emitir copias certificadas a la Fiscalía Penal de Turno de Lima para que proceda a la denuncia de su representado Antonio García Lossio por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.

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