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Estado misio a pesar de creciente riqueza

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MINERÍA CON MAYORES EXPORTACIONES

A pesar de la “crisis política” expresada en la confrontación entre un ejecutivo sin norte y el prepotente aprofujimorismo que, arrinconado en el pasado, ha resucitado gracias a la inopia e incapacidad presidencial. Digo que a pesar de ello, el debate sobre la necesidad de promover una “nueva ley general de minería” concentra el interés, y todavía tiene vigencia.

Así, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas se ha constituido una junta de expertos y notables que en menos de cuatro meses tendrán que evacuar algún informe sobre el qué hacer minero. Espero que no sea un saludo a la bandera, para ganar tiempo.

Igualmente el Instituto Peruano de Economía (IPE) que siendo un organismo abscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más parece una extensión de la “Sociedad de Minería”, por la absoluta coincidencia de puntos de vista entre los intereses del IPE y el capital minero.

En el mismo sentido, finalizado el evento de Perumin en la ciudad de Arequipa, uno de los eventos mineros más importantes a nivel mundial, que ha sido opacado por la extensión de los conflictos sociales, que al decir de algunos de los expositores del propio certamen sobre seguridad, resultan monitoreados por extremistas, y poco le faltó decir que los pobladores del Valle del Tambo, serían terroristas encubiertos miembros del MOVADEF

Lo cierto y evidente que esta relativa calma por la oposición a las inversiones en proyecto de Tía María en Arequipa, más la extensión de los conflictos sociales en la zona impactada al proyecto de Las Bambas (Apurímac/Cuzco), por una población campesina que exige la construcción de un mineroducto, por estrictas razones ambientales, será superada.

Así, en el sector se espera un pronto recrudecimiento de los problemas sociales provocados directamente e indirectamente por la explotación minera. En tal sentido, poco o nada tiene que ver una nueva ley general de minería, que dicho sea de paso necesitaría dos legislaturas en el Congreso de la República con mayoría calificada para poder aprobarse, previo proyecto de ley presentado, que por la crisis política parece difícil de cumplir.

Es decir, los conflictos tenderán a extenderse y lamentablemente no existe una política de Estado, multisectorial a nivel de gobierno para prevenir, gestionar y resolver los conflictos provocados por la actividad minera. Ello resulta lamentable pues se trata de una inversión necesaria para el país que explica en parte el crecimiento económico del país pero al mismo tiempo genera una serie de conflictos sociales.

Siempre hemos apostado por una minería social, ambiental y tributariamente responsable, con el mayor de “valor de retorno” que capitalice el país, con mejores salarios, compras locales e industriales y sobre todo con una mayor contribución fiscal.

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FISCO LIMITADO

El cuadro y la gráfica “La Actividad Minera entre el 2004 al 2018, donde se comparan los ingresos fiscales en relación a los ingresos de exportación” resume y expresa la realidad fiscal frente a los ingresos de exportaciones en los quincve años transcurridos 2004 al 2018 que expresa un mix de años de bonanza 2004/2012 con precios altos, y años “de vacas flacas” entre 2013 al 2018 con precios normales, es decir todavía rentables y atractivos para la inversión minera.

Según el cuadro presentado entre el 2014 al 2018 el fisco ha captado directamente por concepto de impuesto a la renta la suma de US $ 20,894 millones de dólares, es decir casi 21 mil millones frente a los US $ 301 mil millones de dólares obtenidos por exportaciones. Ello representa apenas una participación del 6.9%

Ello es así por la serie de beneficios tributarios que tiene el sector, que estaban justificados en el pasado, en los años noventa del siglo pasado , cuando el país era considerado un “paria financiero” por las aventuras populistas de los años ochenta. En 1992 el país no captaba ni 25 millones de dólares por concepto de inversiones en razón de la guerra interna y la crisis económica. Ahora capta según el año montos superiores a los US $ 8 mil millones en promedio anual.

Por ello hasta cierto punto de vista las ventajas tributarias concedidas al sector minero tenían una justificación, que hoy resultan lesivas y perniciosas al interés público, pues el fisco no está captando los suficientes recursos vía impuesto y otras partidas, para asegurar una salud y educación de calidad, y sobre todo la necesaria seguridad ciudadana que se ha convertido en el principal problema social.

OTROS RECURSOS

Como resulta evidente en el cuadro respectivo, después del impuesto a la renta metálica, que en otros países se denomina impuestos a las ganancias aparecen una serie de partidas tales como las viejas y nuevas regalías mineras, el aporte voluntario que tuvo una vigencia del 2007 al 2011, más los derechos de vigencia.

A ello se deben sumar el denominado gravamen especial a la minería (US $ 1,079 millones), y el impuesto especial a la minería (US $ 1,010 millones) que prácticamente se aplican desde fines del 2011 con el llamado nuevo marco tributario durante el gobierno entregista del Comandante ® Ollanta Humala.

Tanto las viejas regalías captadas entre el 2005 al 2018 por un valor de US $ 1,455 millones como las nuevas regalías aplicadas desde fines del 2011 que sumaron un valor de US $ 1,426 millones, como el gravamen y el impuesto extraordianario minero, tienen el carácter de gasto deducible, es decir se descuentan en la determinación del impuesto imponible para fijar la tasa del impuesto a la renta.

Por ello, se puede decir que tanto las viejas y nuevas regalías, como el gravamen e impuesto especial se pagan al fisco pero se deducen, se restan para determinar la renta imponible. Es decir, ¡el capital minero con un bolsillo abona y con el otro bolsillo recupera, pues paga un menor impuesto a la renta!

Por ello, sería interesante que la SUNAT, el IPE, el MEF y MINEM le digan al país cuánto le cuesta al país mantener una serie de beneficios tributarios, exoneraciones, devoluciones, donde los gastos tributarios deducibles son tantos que disminuyen el impuesto a la renta recaudado de forma dramática, restando recursos al Estado para el cumplimiento de sus fines.

Minería minas

MÍNIMA PARTICIPACIÓN

El total de ingresos fiscales directamente recaudados en el período 2004 al 2018, es decir en 15 años resultan equivalentes a los US $ 27,568 millones de dólares, por los diversos conceptos considerados, impuesto a la renta, viejas y nuevas regalías, gravamen, impuesto especial, aporte voluntario y derechos de vigencia.

En la misma lógica en el mismo período los ingresos de exportación han sumado los US $ 301 mil millones de dólares sean por las exportaciones de cobre, oro, plata, zinc, plomo, hierro, estaño que básicamente se venden en los mercado internacionales como materias primas, como concentrados que tienen precios menores en relación a los metales refinados.

En tal sentido la participación fiscal, ingresos fiscales entre exportaciones, US $ 27,568 millones entre US $ 301 mil millones tiene un cociente de 9.16 % Ello significa que por cada 100 dólares de ingresos de exportaciones el fisco captura apenas 9.16 dólares, es decir algo más nueve dólares.

Ello resulta desde todo punto de vista insuficiente para un Estado preñado de múltiples necesidades e incapaz de resolver las necesidades sociales de las mayorías nacionales.

Incluso esa participación fiscal sería menor si se considera el íntegro de la producción que se destina a la exportación como la que se destina al mercado interno. Así, por ejemplo, la producción de las empresas zinqueras como de la Mra. Volcan, y/o Milpo/Atacocha, Cerro Lindo que ahora se denomina NEXA Resources Perú SAA, controladas por capitales brasileños de Votorantim, en un porcentaje mayor al 20% se destinan al mercado interno.

Es decir, si se considera el total de los ingresos mineros, sea por las ventas externas como las ventas internas, esta participación se hace menor, lo cual demuestra la precariedad fiscal.

Por ello, si el sector más importante de la economía como lo es la minería metálica apenas contribuye con el 9.16 % de los ingresos recaudados por exportaciones, estamos ante fisco misio, con limitaciones presupuestales para cumplir con su rol de Estado.

EPÍLOGO

En verdad, más que la necesidad de una nueva ley de minería, debiera analizarse la conveniencia o no de mantener una serie de beneficios tributarios que tiene la minería, que constituye el sector más dinámico, y el más importante captador de inversión extranjera, que genera en promedio el 60 % de los ingresos de exportación del país.

Por ello, cualquier reforma debiera pasar por un análisis de costo/beneficio sobre un patrón de acumulación minero aplicado desde 1992 a la fecha, con un blindaje tributario que ha permitido una creación de riqueza que no ha sido distribuida con equidad, con el propio Estado que a nombre de la Nación es el titular de los recursos mineros, ni con los trabajadores.

Por tal resulta de necesidad pública reconocer las crecientes utilidades que ha obtenido el capital privado a costa de una privación de ingresos fiscales que sería intolerable en otros países como Canadá, Australia y la misma USA, donde la tributación minera es mayor si se suman los impuestos, royalties estaduales y federales.

De allí, la necesidad de un nuevo marco tributario, pues el aplicado el 2011 ha resultado una farsa para los intereses del país, y a las pruebas me remito, pues ahora producimos más de dos y medio de toneladas de cobre equivalente, cuando antes de esa fecha apenas se llegaba al millón, y el fisco tiene menores impuestos e ingresos.

Por tanto, el estudio de la rentabilidad minera resulta fundamental, de allí la necesidad de estimar el excedente económico, que incluye utilidades, depreciaciones, amortizaciones y una serie de gastos deducibles que se traducen en menores impuestos. En tal sentido, la historia y la realidad demostrará que tal modelo de crecimiento minero resultará inviable.

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Política

Matanza de El Frontón no debería quedar impune

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Matanza de El Frontón

Luis Nava, exhombre de confianza de Alan García, corroboró ante la Fiscalía el testimonio de un colaborador eficaz que relató cómo el expresidente sobornó al fiscal a cargo del caso El Frontón para lograr el archivamiento de las investigaciones.

El exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Alan García, Luis Nava, confirmó ante el Ministerio Público los hechos revelados por un colaborador eficaz sobre cómo García se habría librado de ser investigado por el caso El Frontón mediante un presunto soborno.

Según informó IDL-Reporteros, los hechos corroborados por Nava se remontan al año 2004, antes del inicio de la campaña presidencial del 2006. Por esos días, gracias a una gestión del abogado de García, Genaro Vélez, se realizó una reunión en la casa del fiscal Mario Gonzales Díaz, a cargo de las investigaciones del caso El Frontón.

Alan García Pérez

A la cita acudieron Alan García, Vélez y Luis Nava Guibert. IDL-Reporteros da cuenta de la relación cercana que existía entre los tres personajes: Un año antes, en 2003, Luis Nava Guibert fundó un estudio de abogados en sociedad con Genaro Vélez y otro militante aprista, Nestor Walqui. Para esa fecha, Vélez ya había defendido a García en los casos de El Frontón, Accomarca y Cayara, y más tarde sería su asesor legal durante las investigaciones de la Megacomisión, presidida por Sergio Tejada.

De acuerdo al relato del colaborador eficaz, durante la reunión el fiscal Mario Gonzales Díaz ofreció archivar el caso, pero admitió tener miedo a las consecuencias y por tanto solicitó ayuda a sus interlocutores. En esas circunstancias, García habría llevado a Vélez a un ambiente apartado, y le habría entregado US$ 25 mil para que este a su vez le entregue el dinero a Gonzales. Según el colaborador, Vélez cumplió con el encargo con la misma discreción con que recibió el dinero, aunque todos los presentes quedaron al tanto de la entrega.

Minutos después, Gonzales indicó que, pese a todo, seguía temiendo por su futuro tras el archivamiento del caso. Ante esto, García le habría indicado que no se preocupe, pues él lo iba a ayudar.

El 30 de noviembre de 2004, Mario Gonzales Díaz, entonces fiscal provincial de la “fiscalía especializada para desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y exhumación de fosas clandestinas”, archivó la investigación contra Alan García por los presuntos delitos de homicidio calificado, delito contra la seguridad pública, y delito contra la administración pública. Tras ello, Alan García solo fue incluido en el proceso en calidad de testigo, y Gonzales pasó a trabajar a otra entidad estatal, quizás como parte de la “protección” ofrecida.

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, el archivamiento de las investigaciones contra García ya era algo claro antes de su formalización. “A mí me queda súper claro que antes de que emita su disposición, sabíamos que el fiscal no iba a denunciar a García. Así de contundente era el asunto, él lo había expresado con todas su palabras. Me dijo más de una vez que él tenía una disposición de no denunciar y no involucrar a García”, recordó.

IMPUNIDAD GARANTIZADA

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos revelados por el colaborador eficaz y corroborados por Luis Nava, Rivera aclaró que el suicidio de Alan García puso fin a cualquier posibilidad de investigación y proceso en su contra.

En cuanto al caso del exfiscal aludido, Mario Gonzales, el abogado indicó que si bien la acusación podría ameritar una investigación por parte del Ministerio Público, también es un hecho que el caso ha prescrito al cumplirse en noviembre el plazo máximo de 15 años.

Y a pesar de tratarse de hechos directamente vinculados a encubrir un crimen de lesa humanidad, no serían alcanzados por la imprescriptibilidad que se confiere a este tipo de crímenes y correspondería tratarlo solo como un caso de corrupción.

De otro lado, recordó que desde hace dos años se viene desarrollando la etapa de juicio oral contra 34 militares imputados por la matanza de El Frontón. “Aunque estamos evaluando el modo de introducir este elemento nuevo en el proceso, el problema es que García no era acusado, sino testigo, debido al archivamiento que ahora sabemos que fue por un presunto soborno”, indicó.

Finalmente, concluyó que “este acto corrupto del año 2004 fue determinante para garantizar impunidad a favor de García, a pesar de que él debió ser acusado, procesado y condenado como autor mediato del crimen”.

ALGO MÁS

Por su parte, el exabogado de Alan García, Genaro Vélez, calificó de “bajeza” las revelaciones sobre el presunto soborno, y que todas las personas que han intervenido para lograr la declaración del colaborador eficaz “dan asco, porque un hombre no debe mentir para agraviar a una persona que está muerta”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Barata nuevamente sera interrogado

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Jorge Barata

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exsuperintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido a nuevos interrogatorios programados para el 30 y 31 de enero del próximo año.

En ese sentido, el fiscal manifestó que para lograr esta nueva diligencia con el exdirectivo de la empresa brasileña, se tuvo que suscribir un acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello.

“Ya se está coordinado la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que puedan haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente, aunque eso dependerá de las decisiones de estrategia de los fiscales del equipo especial”, precisó en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Al término de las diligencias con los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance que va a ser canalizado a través de Odebrecht. Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

Como se recuerda, la entrega de nuevo material así como la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte de la firma del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña.

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Política

Denuncian campaña de desprestigio contra la ONPE

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Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Fuentes allegadas al Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), denunciaron una presunta campaña de desprestigio emprendida contra el ente estatal a partir de cartas difamatorias que habrían sido distribuidas por el director ejecutivo de Medios Perú, Edgar Guevara Soto.

Así, se buscaría generar un manto de sospecha respecto a la distribución de la franja electoral de las elecciones extraordinarias 2020, exigiendo la intervención de la ONPE y de la Contraloría de la República cuando se trata de un tema que compete a empresas privadas.

Asimismo, las fuentes señalaron que estas acciones estarían motivadas por una suerte de “celos e intereses comerciales”, por lo que se estaría evaluando el inicio de las acciones legales correspondientes.

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