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Espejito, espejito: ¿cómo le va a Trump?

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Donald Trump

El fracaso de Trump, sus furiosos ataques a la prensa y su inminente derrota electoral.

“Los seres humanos más deshonestos de la tierra son los periodistas”, dijo el señor Trump en su primer discurso como presidente de los Estados Unidos. Unas semanas más tarde los calificó como “los enemigos del pueblo”.

Hay una buena razón para estos exabruptos de Trump. La prensa es el espejo de todo lo que ocurre, y en los Estados Unidos revela todos los días la espantable personalidad del ocupante de la Casa Blanca.

Ahora hay una razón más. Las elecciones legislativas están a la vuelta de esquina, y todos en el mundo las consideran como un referendo. El desastre que todos anticipan para el partido republicano puede ser el Requiescat in Pace de Trump.

Las previsiones que hicimos al comienzo de su presidencia se están cumpliendo. Quisiera recordarlas:

1) ¿Quiénes serán los primeros en sufrir al presidente de la peluca?

Los primeros en sufrir a Trump van a ser los mismos que lo eligieron, es decir los blancos pobres, quienes no tienen educación completa ni la consideran necesaria, disponen de tarjetas de créditos que no son aceptadas y, por fin, son llamados “blue collar” o también “loosers” (perdedores) que quiere decir “muertos de hambre” en el vocablo ultrajante del magnate.

Aunque suena paradójico, estos norteamericanos que sufren más que cualquiera las crisis del capitalismo son quienes eligieron a quien probablemente se convertirá en su mayor enemigo. Ellos no suelen ir a votar, pero esta vez lo hicieron para elegir a Donald Trump.

Se les dice “loosers” y lo son. En su despiadada búsqueda de beneficios, el sistema los dejó atrás. En las últimas décadas, los blancos pobres perdieron más que nadie poder adquisitivo y puestos de trabajo, y esa situación los llevó al alcoholismo, las drogas, la obesidad y el suicidio.

Su completa ignorancia (la mayoría no culminó la educación) los hizo aceptar el sofisma propagandístico trumpiano de que los inmigrantes eran los responsables de robarles sus puestos de trabajo. No era un argumento recién inventado, pues Hitler lo usó para culpar a los judíos de todas las miserias alemanas, pero resultó efectivo.

La verdad es diferente. Las dos causas de su desgracia son generadas por el propio sistema por el que han votado. Primera, el fenómeno empresarial del “offshore”, en el que las grandes corporaciones de los Estados Unidos establecen filiales en los países pobres a fin de abaratar el costo de mano de obra.

La otra causa es la automatización de la industria en virtud de la cual han desaparecido los trabajos repetitivos que ellos y sus padres (por sus bajas calificaciones) ejercían. En ninguno de los dos casos (offshore y automatización) vale la condición de “americano” ni importa mucho la de “blanco”. Los “profits” de las empresas son lo que interesa. Y eso es algo que el señor Trump se olvidó de decir a sus “fans”.

Más todavía, desde hace 30 años, el auge del capitalismo neoliberal ha significado la pérdida del derecho a la sindicalización, la disminución de los salarios y la generalización de los contratos temporales de trabajo que convierten a los trabajadores en minúsculos individuos frente al poder de los directorios, todo lo cual se expresa en un “tómalo o déjalo”.

Supuestamente, el triunfo de su candidato iba a significar el comienzo del fin de los oscuros inmigrantes y con ello la recuperación de sus trabajos y de su dignidad.

Nada de eso va a ocurrir. Con el triunfo de su candidato, ahora, aparte de sus periódicas privaciones de empleo, las hipotecas vencidas y las mudanzas forzadas, van a quedarse sin seguro de salud porque esa es la primera medida del presidente Obama que Trump ha prometido liquidar.

Actualmente, ese seguro cubre las necesidades de millones de norteamericanos los cuales no poseían cobertura de salud por la renuencia de las compañías privadas o la oposición de los empleadores.

Lo dijimos. Y se está cumpliendo.

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Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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