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José De Echave

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GLOBALIZACIÓN CON EQUIDAD

El tema de las devoluciones

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El presidente Martín Vizcarra acaba de declarar que una “mayor recaudación no necesariamente se alcanzará con mayores impuestos”. En gran medida tiene razón. Por ese motivo, el presidente y su equipo económico, debería comenzar a revisar algunos temas que son la causa de la falta de recursos en las arcas del Estado y del forado que se sigue abriendo entre ingresos y egresos.

Al lado de la evasión, elusión, las exoneraciones y los diferentes beneficios tributarios, se le debería prestar mucha atención a un tema cada vez más relevante y que no puede seguir pasando desapercibido: el de las devoluciones fiscales.

Vamos por partes para entender la verdadera dimensión del problema.

¿Qué son las devoluciones fiscales?

Se entiende por devolución fiscal al acto por el cual la Hacienda Pública de un país transfiere -devuelve- a una persona natural o jurídica una cantidad de recursos inicialmente recaudados. Para que se produzca una devolución fiscal es necesario el previo reconocimiento por la Administración Tributaria del derecho a percibirla; para lo cual se tiene que haber establecido un exceso de pago del contribuyente.

Las devoluciones fiscales se clasifican en: (a) regulares u ordinarias, aquellas que forman parte del procedimiento normal de recaudación de los tributos que puede producir un pago anticipado excesivo frente a la carga tributaria que corresponde pagar; (b) irregulares o extraordinarias, aquellas que son resultado de procedimientos excepcionales de revisión.

En el Perú destacan los siguientes tipos de devoluciones por orden de importancia: devoluciones por exportación (en los últimos años representan casi un 60% del total); pagos indebidos o en exceso; recuperación anticipada de IGV; restitución arancelaria (draw back); régimen de percepciones y retenciones del IGV y otros. (Gráfico 1)

¿Qué ha estado pasando en los últimos años?

Como se puede apreciar en el gráfico 2, las devoluciones se han disparado en los últimos años, sobre todo a partir del año 2015, en el contexto del fin del súper ciclo de precios de las materias primas. El año pasado han alcanzado la cifra récord de 16,268 millones de soles, lo que significa un incremento de casi el 60%, solo en el período 2014-2017.

En el total de devoluciones, destacan las del sector minero (30% del total): entre el 2015 y 2017, las devoluciones a empresas mineras pasaron de 2,385 millones de soles a 6,144 millones de soles, lo que representa un incremento de casi un 40% (Gráfico 3).

Este incremento significativo de las devoluciones, en particular las que benefician a las mineras, viene afectando considerablemente los niveles de recaudación. Como se puede apreciar en los gráficos 4 y 5, la recaudación neta del sector minero se volvió negativa el año 2015, lo que significa que el Estado peruano comenzó a devolverle a las empresas mineras más dinero de lo que éstas pagaban por el Impuesto a la Renta que grava sus utilidades y el IGV. Esta situación continuó el año 2016 y recién el año pasado la recaudación minera superó las devoluciones; aunque por un monto muy pequeño (apenas 845 millones de soles1), si se lo compara con el total de devoluciones.

¿Qué hacer?

Una pregunta clave es qué hacer frente a este hecho gravísimo que viene minando la capacidad recaudatoria de nuestro Estado. Aparte de hacer visible el problema y reconocer la gravedad del mismo, debería quedar claramente establecido que para ningún país es posible mantener por mucho tiempo una situación como la descrita.

¿Qué pistas se deberían explorar? Revisar las experiencias de otros países sobre este tema y recoger opiniones de organismos como la OCDE, que ha venido planteando propuestas importantes relacionadas con el tema tributario.

Otro tema a revisar y/o limitar es el poder discrecional que tienen las empresas para optar por el mecanismo de devoluciones. En la práctica se ha observado que cuando las empresas incrementan sus utilidades y por lo tanto aumenta el Impuesto a la Renta a pagar, aplican las devoluciones contra el pago de este impuesto, con lo cual disminuye el Impuesto a la Renta efectivamente pagado. Pero cuando las utilidades disminuyen y es menor el Impuesto a la Renta a pagar, las mineras optan por pedir que se les devuelva de manera efectiva.

Como se ha comprobado, esto lleva a una curiosa situación: en términos netos, el Estado termina subsidiando a las empresas, pues el monto devuelto termina superando el Impuesto a la Renta recaudado por la Sunat.

Se debería apuntar a que bajo ningún concepto los aportes tributarios de los sectores sean negativos. Cuando ello ocurre se debe establecer un mecanismo que permita postergar estas devoluciones hasta que la situación fiscal del país mejore.

En estos momentos, cuánto bien le haría al país, por ejemplo, postergar estas devoluciones hasta que la situación fiscal se recupere y que el Estado capture, por los menos, una parte de ese enorme forado que representan en la actualidad las devoluciones.

¿Los sectores que se benefician de estas devoluciones estarían dispuestos a postergar estos beneficios? Hay que abrir cuanto antes el debate sobre un tema tan importante: el Ejecutivo y el Congreso de la República tienen la palabra.

_______________

1 El principal tipo de devolución en el Perú es el saldo a favor del exportador, con casi 60% del total de devoluciones y su evolución está influida por los propios cambios en la actividad exportadora. Es decir, un aumento en las exportaciones (incluido el sector minero) tendería a aumentar automáticamente este tipo de devoluciones. El saldo a favor del exportador está regido por la Ley del Impuesto General a las Ventas, la cual señala en su artículo 34: “El monto del Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de importación, dará derecho a un saldo a favor del exportador conforme lo disponga el Reglamento”.

José De Echave y César Flores

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Política

Premier Zeballos debe explicaciones al país

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Vicente Zeballos

A pesar que el premier Vicente Zeballos, reaccionó de manera sorprendida, después que se hizo pública la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) de Odebrecht contra el Estado peruano e incluso calificó como frescos a los brasileños. El presidente del Consejo de Ministros siempre tuvo información de primera mano, respecto a este tema, sobre todo desde que era ministro de justicia en el año 2018.

El dominical Panorama reveló que mediante la resolución ministerial 516-2018 del 4 de diciembre de ese año, el entonces ministro de justicia, Vicente Zeballos aprobó la venta de la hidroeléctrica Chagllaque benefició a Odebrecht.

Cuatro días después de esta resolución que autorizaba la venta de Chaglla. Odebrecht decidió firmar el pre Acuerdo de Colaboración Eficaz. Entonces, queda la duda, si la venta de Chaglla habría sido una motivación para que Odebrecht aceptará culpabilidad de realizar sobornos en sólo 4 proyectos de infraestructura, menos en el Gasoducto Sur Peruano. Además de una serie de beneficios.

VOTÓ A FAVOR DE LEY DE REPARACIÓN CIVIL

En marzo del 2018 el Congreso de la República debatió la ley que regulaba el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. La ley establecía la posibilidad de vender bienes, activos o acciones, como ocurrió con Chaglla.

Esta ley fue promovida por el expresidentePedro Pablo Kuzynskyy sería el marco normativo que se aplicaría a Odebrecht, constructora que ya había reconocido el pago de coimas en nuestro país. Y le abría la posibilidad de realizar transferencias al extranjero, como ocurrió con los 524 millones de la venta de Chaglla. Zeballosera congresista por la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio, dio su voto a favor de estos procesos.

En julio de 2018 el presidente Vizcarra nombró como ministro de Justicia a Zeballos. Es decir, asumió el ministerio conociendo que existía la posibilidad de una demanda ante CIADI por el caso Gasoducto, el trato directo entre Odebrecht y el estado, en el 2017, ya había terminado sin éxito alguno.

Incluso el premier dijo hace unos días que estaba expectante la posibilidad de plantear o no una demanda, por parte del Estado peruano a Odebrecht ante CIADI.Si fuese así, por qué no se lo planteó al presidente Vizcarra antes que de Odebrecht haga uso de esta herramienta.

Acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficio - Carpeta de Colaboración Eficaz

MUCHA INFORMACIÓN PERO NINGUNA ACCIÓN

Como Ministro de Justicia Vicente Zeballos podía acceder a información de quién sería nuestro oponente en los tribunales. El Ejecutivo, amparado en la ley, tiene la potestad de establecer medidas de veeduría sobre información económica, contable y financiera de Odebrecht. La pregunta es: ¿Por qué no lo utilizaron estas opciones en beneficio del Estado?

Sin embargo, en diciembre de 2018 Zeballos firmó una resolución ministerial autorizando a Odebrecht la venta de Chaglla, el activo más importante que tenía entonces la constructora en nuestro país.

Cuatro días después Odebrecht decidió firmar el pre acuerdo de colaboración eficaz. Es decir, primero se aseguraron que el Estado autorizara la venta de su principal activo para luego estampar su firma.

En febrero del 2019 siendo aún ministro de Justicia, conoció el acuerdo de colaboración eficaz y la reparación civil, que en ningún momento cuestionó. La información le llegaba de primera fuente, porque la Procuraduría está adscrita a la cartera de Justicia. A pesar de la independencia de los procuradores, sabía los pasos que se estaban dando en el caso Odebrecht, incluso fue interpelado por el Congreso donde debió explicar el acuerdo de colaboración eficaz que él avaló.

La colaboración eficaz y la demanda ante CIADI tiene distintos responsables, la primera ha sido vista por los fiscales y el ex procurador. Mientras que la segunda, debe ser resuelta únicamente por el ejecutivo, que tiene la instancia Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Energía y Minas, los tres ministros que busco el exprocuradorRamírez para advertirles que Odebrecht plantearía la demanda ante CIADI

SE LA SABEN TODAS

El plazo de Odebrecht para presentar el arbitraje vencía a fines de enero pasado, pero esperó pacientemente que el Perú le transfiera los 524 millones de soles de la venta de la hidroeléctrica Chaglla. Odebrecht que se las sabe todas, recibió la transferencia en quincena de diciembre del 2019, se aseguró que el dinero estuviera en su bolsillo para anunciar a los fiscales y al exprocurador su intención de demandar al Perú por el Gasoducto.

A esto hay que agregar, que el exprocurador Jorge Ramírez,declaró que el premier Zeballos y el presidente Vizcarra, estaban al tanto de la reunión entre los ministros y los ejecutivos de Odebrecht en Perú. Según le confesó Juan Carlos Liu, exministro de Energía y Minas.

Aunque el premier Zeballos afirmó que “nuestro gobierno no negocia con corruptos”. La línea de tiempo de los hechos ocurridos indicaría que no es así, y que más allá de una supuesta ingenuidad del Ejecutivo para manejar el tema Odebrecht, habría habido una sospechosa permisividad con la corrupta empresa brasileña. Que es la que nunca pierde.

Odebrecht

¿ACUERDO DE COMPLICIDAD EFICAZ?

Según informó el semanario Hildebrandt en sus Trece, en el Acuerdo de Colaboración Eficaz firmado entre las constructora brasileña Odebrecht y el Estado peruano, a cambio de lo que se supone iba a ser una entrega masiva de información inmediata y sin reservas, Odebrecht obtuvo todos los beneficios por adelantado: la inmunidad absoluta, la devolución de 524 millones de soles por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, la posibilidad abierta de seguir contratando con el Estado, el control absoluto de todos sus bienes y activos en nuestro país, así como la exoneración de embargos, incautaciones y bloqueo de cuentas bancarias para la compañía y sus ejecutivos involucrados en actos de corrupción.

La Fiscalía dejó fuera del ámbito de negociación al Gasoducto Sur Peruano, lo que impidió que el Ejecutivo activara la cláusula anti corrupción. Porque la constructora brasileña sólo había reconocido formalmente el pago de sobornos en: la Interoceánica Sur, el Metro de Lima, la Vía Costa Verde del Callao y la Vía de Evitamiento del Cusco.

Y esto, a pesar que el fiscal Hamilton Castro, exjefe del Equipo Especial Lava Jato, advirtió mediante un documento, como refiere el citado semanario, fechado el 18 de julio del 2018, sus sospechas de que Odebrecht habría estado ocultando la verdad en la investigación del Gasoducto.

“Si la Fiscalía encuentra elementos no proporcionados por la empresa os sus funcionarios que permitan estructurar una investigación penal, es su deber constitucional hacerlo. Y en ese ámbito no existe deber de protección alguna, pues no se trata de delitos cuya comisión haya confesado”, informó Hamilton Castro al fiscal superior César Zanabria.

El exjefe del Equipo Especial Lava Jato se mostró de acuerdo en cerrar el convenio de colaboración eficaz con la empresa brasileña, pero estableciendo una cláusula que indique que, si en un plazo razonable la compañía no entregaba toda la información requerida, la justicia peruana podía revocarle todos los beneficios otorgados.

No obstante, Odebrecht no lo permitió, indicó Hildebrandt en sus Trece, suspendió la colaboración con el Perúy acusó a Castro de sabotear la cooperación internacional. También fue cuestionado por la prensa, días después, el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry lo removió del cargo.

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Política

Vizcarra debe entender que las cosas no se arreglan sacando ministros

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ZENAIDA SOLÍS

Las cosas no se arreglan sacando a ministros, y eso debe saberlo el presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó la congresista electa Zenaida Solís, al comentar la salida repentina de Flor Pablo del Ministerio de Educación.

“[¿Dan ustedes por hecho la cuestión de confianza al Gabinete Ministerial?] No damos por hecho nada. El Gobierno tiene que esforzarse, el presidente tiene que sentir que las cosas no se arreglan sacando a los ministros como los están sacando”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Un ministro que sale significa un nuevo ministro que entra a aprender sobre su cartera por tres o cuatro meses, y, cuando está terminando de aprender, lo sacan. ¿Qué hemos hecho? Esto es un retraso para el país, porque en educación y salud eso es criminal [el sacar a los ministros] y eso no se puede hacer. […] Nuestra premisa será exigirles a los ministros que trabajen”,

LA PREMISA NO ES TUMBARSE MINISTROS

Solís Gutiérrez refirió, no obstante, que la premisa del Partido Morado no será “tumbarse” a los ministros, como se hizo en la anterior legislatura. Sin embargo, refirió que se exigirá que trabajen por el país.

“Haciendo la salvedad que nosotros no ponemos por delante la interpelación de ministros, nuestro objetivo no será de ninguna manera tumbarnos al presidente o que tenga que irse antes de terminar su mandato, ni seguir tumbando a los ministros como ha venido sucediendo. Nuestra premisa no es interpelar y sacar ministros. Nuestra premisa es que los ministros trabajen, exigirles trabajo”, argumentó.

“No es posible que siga pasando cosas, no solamente en el ámbito de seguridad o educación. En todos los ámbitos, en el ámbito laboral. No es posible que el poste se caiga sobre una señora, que dos chicos limpiando un establecimiento se mueran ¿qué es eso? ¿dónde está la Sunafil?, ¿no existen ya?, ¿quién supervisa eso?. Como congresista quiero hacer fiscalización, quiero hacer control político y ver si funcionan algunas cosas para ayudarles a mirar a los ministros”, puntualizó.

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Política

Operadores de justicia se unen para lograr sentencias ejemplares

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Operadores de justicia se unen para lograr sentencias ejemplares

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, participó en la Mesa de Trabajo en Plan de Mejora para el abordaje de la Violencia contra la Mujer en el Poder Judicial del Cono Norte.

Esta reunión fue promovida por la Dirección de Violencia contra el Género del MIMP y contó con la asistencia del presidente de la Corte Superior de Lima Norte, Vicente Pinedo, y representantes de la Fiscalía y Policía Nacional.

La ministra Gloria Montenegro sostuvo que en el 2019 se presentaron más de 185 mil denuncias de violencia y que esto sería una demostración del sinceramiento de la cultura machista que existe en nuestra sociedad. Desatacó, además, la importancia de un trabajo articulado con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional

“Hemos visto cómo la violencia sigue causando estragos en nuestro país, pero tenemos que seguir trabajando, operando de manera articulada con todas las instituciones. Por eso el sistema de interoperabilidad es sumamente necesario de cara a contrarrestar todo tipo de violencia contra la mujer y los integrantes de la familia”, dijo.

Agregó que las medidas de protección que se dan a las víctimas de violencia de género tienen que ser oportunas en este proceso de seguridad y convertirse en garantías que el Estado otorga a los que peligran y requieren de cuidados especiales.

La zona Norte, denominada “Lima Norte”, tiene una población superior a los 2´657,000 habitantes, lugar donde por factores culturales, sociales, económicos y de otra índole, cotidianamente se presentan conflictos intrafamiliares, derivándose de ellas agresiones y atentados a las integridades físicas y psicológicas, principalmente, en las mujeres, niños y personas adultas.

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