El juez Víctor Zúñiga dispuso prisión preventiva por un plazo de 15 meses en contra de Keiko Fujimori. Se estima que en cinco meses habría acusación formal y en dos meses más se iniciaría la etapa de juicio oral.

El Poder Judicial dictó 15 meses adicionales de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, quien es investigada por presuntamente haber lavado dinero ilícito de la empresa Odebrecht, además de otros delitos que habría cometido en su afán de ocultar el hecho ilícito.

El juez Zúñiga decidió aceptar el pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal José Domingo Pérez; sin embargo, estableció un plazo de 15 meses y no de 18 meses y dos días, como había sido el requerimiento fiscal inicial. No obstante, el Ministerio Público manifestó estar conforme con esta medida.

Durante la lectura de la sentencia, el magistrado destacó que “la investigada paga un alquiler de 1600 dólares mensuales (5536 soles), suma con la que por sí misma podría haber generado una vivienda propia como lo hacen los ciudadanos peruanos”. A criterio del juez, ello probaría un limitado arraigo posesorio.

Además, Zúñiga advirtió respecto a la sospecha grave de peligro de fuga de Keiko Fujimori, y rechazó los argumentos de la defensa, la cual había intentado desvirtuar el peligro de fuga indicando que la investigada se presentó a las citaciones de la Fiscalía.

Por otro lado, el juez señaló que existe sospecha grave sobre que Keiko Fujimori coordinó los actos de obstrucción a la justicia, a través del Estudio Oré Guardia, coaccionando a los testigos para que mientan ante la Fiscalía haber aportado al partido Fuerza Popular.

Para el magistrado, resultaron fundamentales los testimonios de Jorge YoshiyamaSasaki, sobrino del exsecretario de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama; del excongresista Daniel Salaverry y del empresario Antonio Camayo, quienes en diferentes circunstancias habrían sido testigos de los intentos de Keiko Fujimori por obstruir la acción de la justicia.

REACCIONES VISCERALES

En tanto, tras conocer la decisión judicial, la virtual congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, manifestó que se han cumplido “los vaticinios de la persecución política” contra Keiko Fujimori.

“Se cumplieron los peores vaticinios de la persecución política a Keiko Fujimori. El juez ‘canero’ traído a dedo desde Arequipa por el juez Lecaros perpetra nueva prisión preventiva contra ella. El fiscal Pérez ni siquiera tuvo la hombría de asistir a la audiencia. ¡Cobardes!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Chávez alegó con euforia que la sentencia judicial tendría trasfondos políticos para evitar que Keiko Fujimori llegue a la presidencia de la República. “El juez canero perpetra prisión preventiva hasta el 21 de abril del 2021, justo después de las próximas elecciones generales. Ese es el propósito de la persecución política! ¡Miserables! La Vida se encargará de que los perseguidores paguen cada segundo de injust prisión de Keiko!”, expresó.

Por su parte, la investigada Keiko Fujimori manifestó a través de redes sociales que no dejará de “dar la cara” ante las graves acusaciones en su contra. “Le he pedido a mi esposo que presente mi caso a gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Como comprenderán no puedo quedarme de brazos cruzados frente a esta segunda prisión preventiva. Pido que se me trate como cualquier ciudadano», indicó.

Fujimori Higuchi dirigió sus críticas al juez Zúñiga por la decisión adoptada, interpretando que el Tribunal Constitucional “descartó” los argumentos de la Fiscalía. “Me mandan a prisión a pesar de que el fiscal no pudo entregar ni un solo elemento nuevo y de que el Tribunal Constitucional ya descartó todos los argumentos del Ministerio Público”, señaló.

TESTIMONIOS DETERMINANTES

Sin embargo, para el analista político Glatzer Tuesta las argumentaciones de Keiko Fujimori carecen de sustento. “El TC no incorporó ni valoró los testimonios (de los testigos), por tanto no se puede decir que los desestimó, lo que hizo fue pronunciarse sobre lo que ya el Poder Judicial había revisado, y el Poder Judicial no había revisado las declaraciones de Yoshiyama ni los otros elementos”, explicó.

El director del Instituto de Defensa Legal (IDL) consideró que los testimonios presentados por el Ministerio Público han sido “determinantes”, y destacó el hecho de que estos no provengan de opositores ni críticos de Keiko Fujimori, sino de su entorno más cercano. “El razonamiento del juez pone las cosas en su lugar. De tal palo tal astilla: Alberto Fujimori fue indultado de manera ‘trucha’, Keiko Fujimori fue liberada con una sentencia cuestionada del TC y ambas resoluciones fueron revertidas por el Poder Judicial. Definitivamente, ya estamos en otros tiempos”, afirmó.

Tuesta también se refirió a los grupos económicos que financiaron irregularmente al fujimorismo: “Este proceso los deja en su real dimensión, como mercachifles que queriendo doblegar la voluntad popular introducen dinero para favorecer a quienes defiendan sus intereses. Quedan evidenciados en su insano interés de doblegar la voluntad de la gente”.

“Keiko Fujimori acaba de auto disolverse. Esto ha sido la cereza en la torta de la debacle fujimorista luego de estar activo en la política en los últimos 30 años; creo que este es el peor momento del fuijimorismo, Keiko Fujimori no tiene ninguna posibilidad política, y cuando llegue a juicio oral le puede ir peor todavía”, apuntó.

Lo adelantamos. En noviembre de 2019 advertimos futuro de Keiko Fujimori.

MÁS PRESUPUESTO PARA FISCALES

Por su parte, el fundador de Aprodeh, Francisco Soberón, destacó que el fujimorismo viene en picada, sancionado en los procesos electorales, y hoy con una representación congresal sumamente reducida en comparación a la obtenida en el 2016. “Todavía van a continuar con este proceso de desgaste, pese a que queda un sector que les da algún tipo de respaldo”, señaló.

Soberón saludó la decisión del Poder Judicial, y pidió que se acelere al máximo el trabajo de la Fiscalía para que se pueda cumplir con la acusación formal y pasar al juicio oral dentro del plazo dictado como prisión preventiva.

Por su parte, la virtual congresista Rocío Silva Santisteban, manifestó que desde el Frente Amplio se ha propuesto que no debería haber financiamiento privado de gran escala a los partidos políticos, en referencia a los millones de dólares recibidos irregularmente por Keiko Fujimori. “Todo debe ser financiamiento público, a fin de permitir que partidos en situaciones de campañas más austeras puedan realmente competir en condiciones igualitarias”, comentó.

Finalmente, consideró que será tarea del Congreso fiscalizar por que los equipos de fiscales que vienen luchando contra la corrupción cuenten con el presupuesto acorde a la importancia de sus funciones. “No nos olvidemos de las fiscales mujeres super valientes que han denunciado a los Cuellos Blancos, ellas también deben tener presupuesto para hacer investigaciones eficientes y a la vez estar protegidas”, señaló.

El 26 de enero de 1983 en Uchuraccay –una especie de comunidad campesina perdida en los mapas del Perú y en el tiempo- se produjo el asesinato de ocho periodistas, el guía y un comunero. Ellos fueron: Eduardo de la Pinella, Pedro Sánchez, Félix Gavilán (de El Diario de Marka), Willy Retto y José Luis Mendívil (del diario El Observador), Amador García (Revista Oiga), Jorge Sedano (diario La República), Octavio Infante (diario Noticias de la ciudad de Ayacucho), el guía Juan Argumedo y el comunero Severino Huáscar.

La noticia recorrió rápidamente todos los medios de comunicación nacional e internacional. Se comentó mucho sobre la “Matanza de Uchuraccay” en las mesas familiares, en los colegios, universidades, sindicatos, plazas públicas, etc. inmediatamente el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry conformó una Comisión de Alto Nivel para investigar lo ocurrido.

Esta comisión fue integrada por el escritor Mario Vargas Llosa, el Decano del Colegio de Periodistas del Perú, Mario Castro Arenas y el jurista Abraham Guzmán Figueroa. La Comisión Vargas Llosa –como se le denominó- debería emitir un informe a los treinta días de su instalación pero, él mismo recién se conoció el 4 de marzo de 1983.

Según el Informe Final presentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación:

“En 1981, la población de Uchuraccay era de aproximadamente 470 habitantes, de los cuales alrededor del 30% sabían leer y escribir, según la profesora Alejandrina de la Cruz Llamocca, quien tuvo a su cargo el censo de ese año en la comunidad. En la plaza del pueblo se ubicaban la casa hacienda, la iglesia, el cementerio, el cabildo y la escuela, y en sus alrededores vivían unas ocho familias. Hacia el este, en la parte alta de la plaza, se encontraba el pago de Wachwasaqa, y a unos 15 o 20 minutos a pie, Uchuraccaypata y Huantaqasa. Tikllaqocha y Wachubamba se encontraban a unos 40 minutos a pie de la plaza del pueblo…Ubicadas a más de 3800 msnm, las punas de Uchuraccay eran una zona de frontera entre la selva y los valles de Huanta y Tambo (véase mapa de ubicación de Uchuraccay). Una zona estratégica para el PCP Sendero Luminoso, que consideró dicho territorio como corredor para incursionar en esos valles desde el Rasuwilca, nevado y apu tutelar más importante del norte de Ayacucho que los miembros del PCP SL convirtieron en base de operaciones”.

Mejor dicho, los habitantes de Uchuraccay no eran los “más atrasados peruanos del territorio andino”. Por el contrario, gozaban de un apreciable 30% de alfabetizados en castellano. Porque, en el Perú, cuando se utiliza la condición de alfabetizado, se refiere directamente a personas que saben leer y escribir en castellano.

De esta manera, la llegada a la comunidad de otro castellano parlante, no significaría ningún problema para la comunicación. Mejor dicho, los comuneros de Uchuraccay, se encontraban en condiciones plenas de poder entablar un diálogo con periodistas llegados desde Lima y Huamanga. Aunque, la presencia senderista –y su respectivo accionar- determinó un rechazo o temor contra cualquier extraño o “visitante”.

El historiador Alberto Flores Galindo señala que:

“Hasta el primer mes de 1983, por Ayacucho deambulaban unos personajes incómodos, provistos de máquinas fotográficas y lapiceros, que bajo el pretexto de informar se ofrecían como eventuales testigos. El ejército comenzó a hostigarlos. El 7 de enero los corresponsales establecidos en Ayacucho protestan por la forma violenta en que se les impide realizar su misión. Días después, el 26 de enero, 8 periodistas y un guía fueron asesinados en Uchuraccay”.

La pregunta es ¿por qué los fotógrafos y periodistas empezaron a ser personajes incómodos en Ayacucho? La respuesta es que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry el 21 de diciembre de 1982, mediante decreto supremo, entregó el control del orden interno de Ayacucho a las Fuerzas Armadas, siendo el General Roberto Clemente Noel Moral designado como el primer Jefe del Comando Político Militar de la Zona de Emergencia (diciembre de 1982- diciembre de 1983).

De esta forma, el Gobierno civil entregó la solución del problema a los militares. Aunque, el propio presidente Belaunde intentó una rendición senderista el 26 de diciembre. Sendero rechazó cualquier rendición y por el contrario, los primeros días de enero de 1983 asesinaron al alcalde Víctor Raúl Tapahuasco (Acción Popular) y al cabo de la Guardia Republicana Chávez Ruelas.

Entonces, el 14 de enero de 1983, un destacamento de los Sinchis –destacamento policial- incursionó en la comunidad de Vinchos y asesinaron a tres comuneros (Clímaco Portal, Zenobio Yupanqui y un NN) en sus domicilios. Además, se denunció la violación de una niña de 9 años. Un día después, otra patrulla de Sinchis, incursionó en la comunidad de Antasco (a 93 kilómetros de Andahuaylas) y dieron muerte a ocho comuneros.

Las incursiones y los asesinatos se hicieron “cosa común” en las zonas de emergencia, la autoridad civil había declinado su rol de Estado, entonces, la población tenía en los periodistas el único medio para denunciar cualquier abuso. Ser periodista o fotógrafo en Ayacucho desde 1983, se convirtió en la profesión más peligrosa del país. Ya anteriormente lo había sido ser profesor.

Jorge Luis Mendivil, periodista del diario El Observador, publicó el artículo Violencia, Suspenso y Recogimiento. La Pasión Según Ayacucho (5 de abril de 1982), donde escribió que:

“Algo que se ha repetido hasta la saciedad; que la actual violencia tiene mucho que ver con el estado de postración económica que hasta nuestros días sufren nuestras provincias. ¿Acaso el ejército podrá liquidar al hambre, ese principalísimo agitador terrorista?”.

Jorge Luis Mendivil fue uno de los ocho periodistas asesinados en Uchuraccay, el 26 de enero de 1983, un mes después que el gobierno central designara al General Noel Moral como Jefe del Comando Político Militar de la Zona de Emergencia. Los analistas de medios de comunicación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de seguro que habrán leído los artículos de Mendivil y conocían su posición sobre la intervención del ejército en la solución de la violencia política existente en Ayacucho.Fue un periodista que buscó tener una visión objetiva de la realidad. Ser objetivo es ser –muchas veces- peligroso. Un peligro inaceptable en ese lugar y en ese momento. Esa peligrosa objetividad lo llevó a cuestionar los comunicados oficiales sobre los hechos. Y, entonces, buscó acercarse a la realidad de las comunidades. Allí fue donde la muerte lo encontró. Cuestionar “la historia oficial” lo acercó a Uchuraccay, donde finalmente encontró la verdad.

El 30 de enero de 1983, el General Roberto Clemente Noel Moral, realizó una conferencia de prensa donde señaló que, los comuneros confundieron a los periodistas con elementos terroristas. Los comuneros por ser gente de poca cultura confundieron los lentes de las cámaras fotográficas con armas de fuego. Además, los periodistas portaban una bandera roja. De esta manera, los periodistas fueron asesinados por una suerte de “hombres buenos pero ignorantes”.

La Comisión Vargas Llosa en su informe llegó a la misma conclusión. Utilizando un lenguaje plagado de conceptos filosóficos y antropológicos concluyeron que los comuneros por su ignorancia, asesinaron a los ocho periodistas, al guía y a su acompañante. El círculo se cerró. Y, pese a que las fotos tomadas por Willy Retto demuestran que los comuneros dialogaron con los periodistas. El círculo sigue cerrado. 37 años después la verdad sigue esquiva.

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL

El presidente de la República, Martín Vizcarra, felicitó la participación masiva de la ciudadanía en el proceso electoral que eligió a los nuevos representantes del Parlamento Nacional para el periodo 2020-2021.

Tras participar en la supervisión de la puesta en marcha de la Avenida Mariscal Castilla en Tumbes, precisó que no se puede hablar si valió la pena o no la disolución constitucional del Congreso, sino la gran participación de los peruanos en todo el país en las elecciones del pasado domingo.

“Yo quiero felicitar porque hubo una participación masiva, cerca del 80 por ciento de la población se constituyó en todo el país para, precisamente, dar su voto responsable y respaldar a los partidos que a juicio de los ciudadanos cree que representa”, refirió.

Asimismo, felicitó a las 9 o 10 organizaciones políticas que tendrán participación en el nuevo Congreso de la República.

“Nosotros nos sentimos cerca del pueblo peruano y por eso vamos a trabajar con todos los partidos políticos”, señaló el mandatario.

En ese sentido, el jefe de Estado explicó que la representación que tendrá el Congreso “es un reflejo fiel del sentimiento del ciudadano peruano”.

“Respaldo esta conformación porque es la representación leal del sentimiento del pueblo”, agregó.

El pasado domingo 26 de enero más de 24 millones de peruanos en el país y en el extranjero, eligieron a los representantes del Parlamento Nacional para el periodo 2020-2021.