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Aída García Naranjo Morales

Aída García Naranjo Morales

Colaboradora
Ex ministra de la Mujer, ex Embajadora de Perú en Uruguay y Representante permanente de Perú ante Mercosur y Aladi

El patriarcado habló en las urnas

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Elecciones votaciones urna

La población femenina totaliza 14’931,123, pero solo han sido elegidas 89 alcaldesas sobre un total de más de dos mil alcaldías, y ninguna mujer fue elegida gobernadora regional.

Las elecciones regionales y municipales de octubre 2018 nos han puesto a las mujeres peruanas en una de las estadísticas más regresivas en igualdad política. Estamos cada vez más ubicadas en la base de la pirámide de la participación política y no en el vértice del poder y decisión de esa representación. Hasta el momento, según información del JNE, 89 mujeres ocuparán una alcaldía en el período 2019 al 2022: 8 alcaldesas provinciales y 81 alcaldesas distritales.

Esta cifra nos acerca a las mujeres a un exiguo, mínimo, absolutamente subrepresentativo 4% de participación política en las alcaldías, teniendo en cuenta que se cubrirán 196 plazas de alcaldías provinciales y 1,874 plazas de alcaldías distritales.

¿Y cuál es el universo de mujeres en el país? Según cifras de los organismos electorales la población total de electoras peruanas es de 11’732,831, constituyéndonos en la primera mayoría nacional de votantes al ser 50.19%. De acuerdo al irregular censo del INEI 2017, las mujeres peruanas somos 14’931,123 (50.8%).

La brecha es gravísima: 4% de representación de un universo que suma poco más del 50%, o por lo menos el 50%.

No es exagerado, por ello, decir que al no haber un equilibrio en la representación del poder en el país, las últimas elecciones han reforzado el poder patriarcal.

NI CUOTA NI PARIDAD HORIZONTAL

Estaba cantado y avizoraba que los resultados en cifras nos serían adversos a las mujeres dado que, según los datos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el cargo de gobernador/a las candidatas eran 32 en un total de 368 candidaturas (8.7%); para las alcaldías provinciales postularon 181 mujeres de un total de 1,996 candidaturas (9.9%) y a nivel distrital las candidatas fueron 94 en un total de 11,470 postulaciones (8.2%). Esta pobre data de opciones ya expresaba una grave limitación de las mujeres para participar en igualdad de oportunidades.

Este es un problema central, que ya no puede dejar de atenderse. Las cuotas electorales no son exigibles para los altos cargos de poder decisorio y carácter ejecutivo. No hay cuota en el orden horizontal en las cabezas de listas. Es decir, no hay cuota horizontal.

Si hubiera paridad, esta figura se llamaría específicamente “paridad horizontal”. Pero, como se sabe, las mujeres estamos muy lejos de lograr paridad ni vertical ni horizontal.

La cuota, según la ley actual, es exigible únicamente para las consejerías, regidurías, etc. Es decir, cuota vertical. Con lo cual la oportunidad de participar para las mujeres se ubicó por debajo del 10% en los tres ámbitos (regional, provincial y distrital).

La participación política de las mujeres se ha dado a nivel de la base de la pirámide del poder, más no en el vértice: en total postularon para ser consejeras, accesitarias, regidoras provinciales y distritales 44,915 candidatas, 39.5% del total de las candidaturas para estos cargos (JNE, 2018. Mujeres candidatas). Cifra sin precedentes en contiendas electorales previas.

Nuevamente y otra vez, lo que ha ocurrido es lo que popularmente se llama “sacada de vuelta”. Muchos partidos y organizaciones aplican la estrategia de “cumplir formalmente la ley” e incumplirla en la práctica y en su naturaleza. Saltaba a la vista en las listas cerradas y bloqueadas para consejerías y regidurías: las mujeres fueron ubicadas en los lugares más desfavorables, sin oportunidad de elección. En general, en el tercio inferior. Así se cumplía con la cuota de 30%, pero se burlaba su verdadero objetivo, que es ampliar la representación de las mujeres.

TENDENCIA REGRESIVA

Los resultados muestran, evidentemente, una tendencia regresiva, dada la infrarepresentación de las mujeres en los altos cargos de poder decisorio como gobernadoras y/o alcaldesas. La cuota de género del 30% muestra su agotamiento demandando un cambio de estrategia.

La paridad se incluyó en la propuesta de Bicameralidad que el Poder Ejecutivo envió entre las cuatro propuestas de r eforma que envió al Legislativo y que se aprobaron hasta el último 4 de octubre. Pero al aprobar la Bicameralidad, quitaron la paridad y su equilibrio de género en el CNM. Votaremos por el “NO” en la pregunta, sobre la Bicameralidad, por esta grave ausencia, no porque se haya cambiado la naturaleza original de la propuesta, sino porque el tema de paridad y alternancia han sido excluidos de la propuesta (y también por el cambio hecho en el tema de la cuestión de confianza).

La regresión ha sido tal que ninguna mujer ha sido elegida para ocupar una presidencia regional ubicándonos por detrás de los periodos precedentes: en Arequipa hay hasta este año una gobernadora regional (4%) y hubo hasta cuatro mujeres en ese cargo (16%) según los resultados del 2002.

REFERENDO

La infrarepresentación de las mujeres es un problema porque es un indicador de la mala calidad de la democracia y de la falta de legitimidad de las instituciones políticas. (Bustelo y Lombardo 2006 p 124).

Tenemos que insistir en que en la reforma judicial y electoral que se someterá a referéndum el 9 de diciembre incorpore: el criterio de paridad y alternancia en la aplicación de la dimensión de género para afirmar una democracia paritaria con una representación por mitades que refleje lo que ocurre, que somos la mitad de la población representada.

ALGO MÁS

La reforma política sin paridad será un retroceso para la democracia. El patriarcado le negó al país en estas elecciones una nueva oportunidad para fortalecer la democracia paritaria.

 

AIDA GARCÍA NARANJO MORALES
Otra Mirada

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Política

Otra vez a prisión

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Yehude Simon detenido capturado

No se lo esperaba. Por disposición de la jueza María de los Ángeles Álvarez, Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros, fue detenido de manera preliminar por 10 días a solicitud del fiscal José Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato. Y fue allanada su vivienda en el distrito de Surco.

Asimismo, fue detenido Pablo Enrique Salazar Torres, exgerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones, hombre de confianza del expremier.

Las diligencias del Ministerio Público comprenden el allanamiento, por un plazo de 48 horas, de ocho inmuebles, cinco de los cuales se encontrarían vinculados a Simon.

El Ministerio Público requirió la medida restrictiva contra Simon como parte de las investigaciones por el proyecto Olmos por presuntamente haber recibido dinero de la constructora Odebrecht durante su gestión como gobernador regional de Lambayeque.

Al exfuncionario se le atribuye la calidad de autor por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos agravado en organización. Según la Fiscalía, Simon habría realizado actos de transferencia, conversión y ocultamiento del dinero. La investigación se encuentra etapa preliminar y ha sido declarada compleja por tratarse de organización criminal.

De acuerdo a la tesis fiscal, al exgobernador regional de Lambayeque se le imputa hechos relacionados a la concesión del “Trasvase e Irrigación de Olmos” a favor de Odebrecht y de haber recibido presuntamente dinero de parte de esta misma empresa brasileña para su campaña electoral reelecionista en el 2006.

Además, el Ministerio Público sindica a Simon por haber hecho uso de codinomes (”Gorno” y “Terco”), para la realización de pagos ilícitos que provendrían del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht (la Caja 2).

MÁS IMPLICADOS

En esta historia de presunta corrupción el expremierYehudeSimon no está solo. Pablo Enrique Salazar Torres y Javier Málaga Cochellafueron señalados como los receptores de dinero de Odebrecht destinado a YehudeSimon.

Cuando Simon era gobernador regional de Lambayeque,Pablo Enrique Salazar Torres fue designado gerente del Proyecto Especial Olmos. Bajo su gestión se diola primera concesión de la obra a la Concesionaria Trasvase Olmos SA, de Odebrecht.

En el año 2008, cuando YehudeSimon era primer ministro del gobierno de Alan García, designó a Javier Málaga Cochella, otro hombre de su confianza, como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Concejo de Ministros.

DELITOS GRAVES

Según el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL) “estos actos configuran el delito de colusión agravada, que es cuando el funcionario interviene o intercede con el particular para tener una retribución económica en perjuicio del Estado, y después se va a investigar como un delito de lavado de activos por el desbalance patrimonial que tendría YehudeSimon en el agravante de la organización criminal, bajo estas dos figuras penales, las dos penas sumadas llegarían a los 35 años”.

“No obstante por no tener antecedentes de ese tipo sería acreedor a una rebaja de la pena de 25 años que igual es una pena es alta”, destacó.

Para Quispe: “Simon tiene un desbalance patrimonial bastante importante, porque tiene 5 casas, entonces configuraría el delito de lavado de activos porque no va a tener como sustentar su compra. Porque recordemos que antes de ser presidente del Gobierno Regional de Lambayeque estuvo preso por el delito de terrorismo. Y fue indultado por la Comisión del Padre HubertLanssiers. Entonces, en un balance de sus ingresos, es complicado de que él pueda sostener cómo compró esas casas que hoy tiene”.

Yehude Simon detenido capturado

¿PRISIÓN PREVENTIVA?

“Culminados los diez días de detención preliminar, lo que procede en este caso es formalizar la investigación preparatoria, es decir judicialización del caso, acompañado de un pedido o de comparecencia o de prisión preventiva. En estos casos es usual que el Equipo Lava Jato, luego de tener una detención preliminarpida una prisión preventiva”, explicó el jurista de IDL.

Asimismo, afirmó: “Los delitos por lo que lo están investigando son graves por tanto se estarían cumpliendo los tres requisitos de la prisión preventiva: sospecha grave en el delito, la pena sería superior a cuatro años, porque llegaría hasta 35 años. Y finalmente el peligro de fuga y de obstrucción a la justicia, porque YehudeSimon no podría probar el trabajo que tiene, y la fiscalía le va a probar que tenga arraigo laboral, familiar, domiciliario y que sea urgente la medida”.

ALGO MÁS

“Si la Fiscalía tiene elementos que hay un peligro de fuga y de obstrucción a la justicia de YehudeSimon pedirá la prisión preventiva. Si no lo tiene como ahora lo ha deslizado, no lo va a hacer”, aseveró Quispe.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Promoverán política nacional de memoria por las víctimas

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Promoverán política nacional de memoria por las víctimas campesina

El Ministerio de Justicia está comprometido con implementar una política nacional de memoria, paz y reconciliación que genere aproximación y respeto hacia las víctimas civiles, militares y policiales del periodo de violencia ocurrido entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, afirmó el viceministro de Derechos Humanos, Daniel Sánchez.

“Hay una práctica nociva de usar el miedo al terrorismo para difamar y descalificar a personas, lugares o acciones que buscan reflexionar críticamente sobre nuestra historia reciente de violencia”, recordó.

“El terruqueo insulta la memoria de miles de víctimas civiles, policiales y militares y golpea a familiares que siguen sufriendo la indolencia de grupos que usan este término con fines políticos y sin sensibilidad humana. Así, no podemos construir ciudadanía”, añadió el viceministro.

De esta forma, hizo un llamado a colocar en el centro de las intervenciones a quienes resultaron afectados por la violencia, en el marco de la inauguración de la Casa de la Memoria Viva de la Asociación de Vivienda Nueva Amanecer que agrupa a familiares de personas asesinadas o desaparecidas durante dicho periodo.

En marzo de 2019, el pleno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), integrado por representantes de 11 ministerios, la Asociación de Universidades del Perú, Colegio Nacional de Decanos y Profesionales del Perú y representantes de asociaciones de derechos humanos, aprobó los “Lineamientos para la construcción de una Política Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación”.

Dicho documento está alineado a políticas de reconocimiento como el Acuerdo Nacional y la Agenda Bicentenario, y será socializado en las regiones de mayor afectación en el país donde congregará a asociaciones de víctimas civiles, policiales y militares, representantes del Estado, universidades y sociedad civil en un proceso descentralizado y participativo.

Con ello, se generará una política pública para promover, garantizar y gestionar intervenciones y aproximaciones que dirijan al establecimiento de una agenda común orientada a garantizar el respeto a las víctimas del periodo de violencia, el rechazo a la violencia y construcción de una cultura de paz, la revalorización de prácticas y espacios de memoria a nivel nacional.

De igual forma, impulsará el reconocimiento de experiencias diversas en la defensa de la democracia y los derechos humanos, y el establecimiento de pilares y garantías de no repetición con miras al Bicentenario.

Según la información del Registro Único de Víctimas, durante el periodo de violencia hubo alrededor de 228,000 víctimas civiles, policiales y militares; 5,712 comunidades sufrieron arrasamientos y pérdidas, y 146 organizaciones de personas desplazadas.

A su vez, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro consigna a 20,500 personas desaparecidas.

A la par del avance de las políticas de atención a víctimas implementadas desde la Ley N° 28592 del Plan Integral de Reparaciones y la Ley N° 30470 para la Búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, el Ministerio de Justicia sostiene que es importante considerar la dimensión y complejidad que la violencia tuvo en el país.

Por ello, subrayó, los procesos de memoria y conmemoración son diversos debido a las características culturales, generacionales, regionales, entre otras; o bien por el papel que tuvieron las víctimas civiles, policiales y militares durante el periodo de violencia.

En ese sentido, existe aún polarización o distancia que no permita aproximarse y abarcar oportunamente estos procesos.

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Política

Se buscará trabajar con Sunedu licenciamiento de programas de educación

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MARTÍN BENAVIDES

El ministro de Educación, Martín Benavides, anunció que se buscará trabajar con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el licenciamiento de los programas de educación.

Esto con el objetivo de garantizar que los mejores docentes sean los que lleguen a las aulas. Comentó que en los últimos años se han destinado importantes recursos al sector educación con el objetivo de atender la problemática docente.

Asimismo, dijo que el Minedu viene desarrollando también una reforma muy importante con los institutos pedagógicos.

“La primera dimensión es garantizar que lleguen los mejores docentes al aula, para eso hay que trabajar en la formación inicial. Por ejemplo, queremos coordinar con la Sunedu el inicio del licenciamiento de los programas de educación, de manera que podamos tener mejores programas de educación en las universidades”, explicó Benavides.

“Hay que asegurarnos que los maestros se desempeñen bien en las aulas y para eso son todas las evaluaciones que se han hecho. Este año hay 14. Debo resaltar que para la prueba de ingreso a la carrera docente este año se ha batido el récord histórico de postulantes”, indicó.

ENFOQUE DE GÉNERO

Respecto a la aplicación de enfoque de género, que forma parte del Currículo Nacional, Benavides Abanto sostuvo que el objetivo primordial de esta herramienta pedagógica es “garantizar una mejor ciudadanía de la que tenemos, que las personas crezcan y promuevan la igualdad, la tolerancia, el respeto a la diversidad”.

Explicó que el Currículo Nacional promueve diversos enfoques, entre ellos el de género. Sostuvo que ante las dudas que podrían surgir alrededor de su aplicación estará dispuesto a conversar con quienes sea necesario.

“Asumo que, a su manera, algunos padres y madres entienden la educación de una manera distinta y hay que explicarles que el Estado tiene una responsabilidad: promover la ciudadanía tal como esta se entiende en el contexto actual”, aseguró.

Benavides señaló que los países que más avanzaron en la promoción de ciudadanía son aquellos donde el Ministerio de Educación asumió la responsabilidad de dar los mensajes adecuados en estos temas.

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