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El paquetongo: fracaso y abdicación

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El Paquete de Castilla no resuelve la baja de producción actual ni reactiva la demanda, pues se propone reconquistar la confianza de los grandes grupos económicos, otorgándoles beneficios claves con efecto de mediano plazo.

Oculta el fracaso de Castilla, que tuvo estos años más de 30 mil millones de dólares para invertir, pero se dedicó a guardarlo como superávits fiscales para regalarlos ahora, y paralizó la inversión pública reclamada y posible en infraestructuras, servicios y políticas sociales.

El Paquetongo evidencia la Abdicación. El gobierno de Ollanta Humala no solo regala millones a grupos de poder evasores de impuestos, y precariza el empleo, la salud y los servicios, sino sobre todo, para “recuperar su confianza”, les da garantías contractuales por 15 años (los próximos tres gobiernos), abdicando la soberanía del Perú sobre su territorio y sus recursos naturales, los que privatiza y desnacionaliza. Cruel paradoja: Ollanta reestablece un tipo de contratos que anulan la soberanía. Como si regresara la IPC a la Brea y Pariñas.

Las inversiones mineras previstas para los próximos años están a la baja, por reducción de los precios mundiales de los metales. El lobbysmo aprovecha para exigir la abdicación. El Paquetongo plantea la privatización del territorio y la soberanía. El Gobierno regala a las Corporaciones privadas la soberanía, el uso público, y la protección ambiental sostenible de los recursos.

El Paquetongo incluye para esto un nuevo modelo de Contrato de Estabilidad Tributaria CET, por los próximos 15 años, es decir, por los próximos tres gobiernos que no podrían hacer nada al respecto de ellos. Los CET se reducen Contratos de Adhesión, a un estudio de factibilidad técnico económico, con carácter de declaración jurada, sin estudios técnicos-económicos, ni garantías a la nación, y sin obligación con los objetivos nacionales en el uso público de los recursos y el territorio. De esta manera, abdican de la Nación pretendiendo deformarla como una inmensa Zona Franca Privatizada, en la que no existe soberanía respecto a sus recursos y territorios.

Abarcan los CET los grandes proyectos de inversión minera, estimada en 52 mil millones de dólares, y también se proyectan a energía, que incluye la privatización de Petroperú, y a otras inversiones conexas en diversos campos (puertos, vías de transporte, refinerías, fundiciones, zonas urbanas, usos del agua, etc.). Al mismo tiempo, esfuma el ordenamiento territorial como política pública, impidiendo establezca el uso público y sostenible de los recursos (agua, aire, etc.) e infraestructuras. Quiebra al MINAM y a los estudios de impacto ambiental y de calidad del aire. El Perú, uno de los países más afectados por el cambio climático, y cuyo futuro civilizatorio depende de una nueva ecuación agua-tierra-población, es desguarnecido con esta abdicación y privatización territorial. La República Lobbysta aísla al Perú de la Patria Grande Latinoamericana, y pretende sujetarnos al declinante interés geopolítico del Imperio USA en crisis. Peruanizando al Perú, más bien, desde la República de ciudadanos, estamos en condiciones de afirmar sus recursos y potencialidades, para superar las desigualdades, y abrir las grandes alamedas del cambio social y el progreso de la nación. ◘

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Editorial

Transporte reinicia sin vuelos internacionales

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Desde pasado mañana, miércoles 15, se reini­cian los vuelos nacionales, según confirmó anoche el ministro de Transportes y Comu­nicaciones, Carlos Lozada, quien recordó que ya se han publicado los lineamientos para el reinicio del transporte aéreo, aunque no hay nada previsto so­bre los vuelos internacionales porque ello depende de lo que disponga cada país y de los acuerdos a los que se llegue según cada caso. Las aerolíneas han sufrido grandes pérdidas durante el confinamiento debido a la pandemia del Covid-19.

Igualmente, el transporte interprovincial comen­zará a operar en la misma fecha.

Este reinicio, sin embargo se realizará solo con el 30% de las unidades, pero sin restricción del aforo por­que las aerolíneas han implementado en sus aviones filtros HEPA (Recogedor de partículas de alta eficien­cia) que garantizan en un 100% la eliminación de cual­quier agente patógeno del ambiente. Por su parte, los buses del servicio inter­provincial instalaron cor­tinas de polietileno para separar las filas de asien­tos y así evitar que se pro­duzca cualquier contagio entre los pasajeros.

El ministro Lozada ha explicado que si antes del inicio de la pandemia del coronavirus (covid-19) se transportaba diariamente 16,000 pasajeros por vía aé­rea, ahora solo se autoriza hasta un límite de 4,500 (Aproximadamente el 30%). Dijo, a manera de ejem­plo que si el destino Cuzco tenía una frecuencia de 32 vuelos diarios, ahora solo tendrá ocho vuelos por día. De esa manera se evitará pérdidas tanto a las líneas aéreas como al transporte interprovincial terrestre de pasajeros.

No obstante, las autoridades del Gobierno deben redoblar esfuerzos para controlar que se disparen los contagios ahora que va a haber movilización de per­sonas entre las diversas regiones y provincias. Se debe recordar que aún no está bajando el número de con­tagios y que aún hay que esperar las primeras evalua­ciones de lo que ha sido el reinicio de las actividades económicas en todo el país. Se requiere también que el Ejecutivo mantenga el número de pruebas rápidas y moleculares para contar con una información con­fiable, pues al parecer ha disminuido considerable­mente. La salud del país depende de que no se baje los brazos.

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Política

Suspensión de líneas por comunicaciones malintencionadas continuará

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Suspensión de líneas por comunicaciones malintencionadas continuará

La suspensión de líneas fijas o móviles desde donde se realicen comunicaciones malintencionadas a las centrales de emergencias, continuará incluso después de levantarse el aislamiento social obligatorio, con el objetivo de reducir las llamadas falsas que se realizan a estos números cortos.

Así lo informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tras precisar que para proceder con la suspensión de la línea infractora es necesario que todas las centrales de emergencias, como la línea 105 de la Policía Nacional (PNP), 106 SAMU, 107 de EsSalud, 113 Infosalud Minsa, 115 de INDECI y el 117 de la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias (CRUEN) de EsSalud, línea 116 de los bomberos, y otras; reporten al MTC, de acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 026-2020.

El cese temporal del servicio, por 30 días hábiles, incluye el tráfico saliente de voz y datos. Para ello, el procedimiento incluye que las centrales reporten al MTC, en un plazo de 24 horas de ocurrida la llamada malintencionada. Seguidamente, el sector informará a las operadoras de telefonía; las mismas que deben aplicar la suspensión en un plazo no mayor a veinticuatro 24 horas de recibida la comunicación del sector.

“Reducir las comunicaciones malintencionadas depende de todos. Por ello exhortamos a las instituciones que tienen a su cargo las diferentes centrales a reportar este tipo de faltas, de lo contrario poco o nada puede hacer el sector y las empresas operadoras”, sostuvo Patricia Díaz, directora general de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del MTC.

Desde que se publicó el Decreto de Urgencia, el 16 de marzo 2020, se han suspendido 2,226 líneas de telefonía móvil (97%) y fija (3%) por realizar este tipo de comunicaciones que complican la atención oportuna de las líneas de emergencia al haber realizado más de 13,200 llamadas a estas centrales.

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Política

Debe haber registro virtual de hogares para nueva entrega de bonos

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Debe haber registro virtual de hogares para nueva entrega de bonos

Con la finalidad de mi­tigar el impacto económico en los hogares de mayor vul­nerabilidad por efecto de la pandemia, las autoridades nacionales dispusieron -en­tre una serie de medidas excepcionales y tempora­les- la entrega de subsidios monetarios (Bono “Yo me quedo en casa”, Bono In­dependiente, Bono Rural y Bono Familiar Universal) para hogares de diferentes sectores. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha podido comprobar que no se ha llegado a toda la pobla­ción vulnerable de manera oportuna y adecuada.

A través del informe Bonos para hogares en el contexto de la emergencia por la Covid-19: Dificultades y alternativas para mejorar su entrega, la institución evidencia que este esfuerzo no se concretó satisfactoria­mente, entre otros aspectos, debido a que los padrones de beneficiarias/os se elabo­raron tomando como referen­cia la información del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), la cual se encuentra desactualizada.

Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo ha re­comendado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), al Ministerio de Tra­bajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), coordinar para dis­poner una segunda apertura de la plataforma virtual del Registro Nacional de Hogares, para que aquellos hogares que no han recibido ningún bono del Estado, puedan inscribirse y acceder a un subsidio mo­netario.

En esa línea, la entidad plantea revisar el cruce de los padrones de los subsidios económicos otorgados con el padrón del Bono Universal, a fin de evitar la exclusión indebida de hogares que no han recibido ningún subsi­dio y se encuentran en situa­ción de pobreza o pobreza extrema, así como atender los casos pendientes de resol­ver, que fueron ingresados por los canales de atención al público implementados con dicha finalidad.

La Defensoría del Pueblo exhorta a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a disponer la difusión de los Padrones de Beneficiarios de los Bonos otorgados por el gobierno nacional, en el marco del estado de emer­gencia, para garantizar la transparencia en la gestión y el uso de los recursos pú­blicos y facilitar la vigilancia y control social.

 

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