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El nuevo golpismo

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En América Latina está en juego la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos.

Hace unos días, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y un grupo importante de congresistas, tanto de la oposición como del oficialismo, firmaron una moción (N° 12588) en la que, luego de criticar la misión de la Unasur en Venezuela y condenar al gobierno de Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos, “recomiendan” al Poder Ejecutivo dos acciones: a) que se aparte de la actual conducción de ese organismo, y b) que “mientras persista la situación” (se refieren al tema de los derechos humanos y las protestas), el Perú debería suspender su participación en dicho organismo de integración regional.

Si bien la actual situación en Venezuela, además de dramática es polémica y criticable en varios aspectos, cabe llamar la atención que la moción es presentada días después de que el gobierno del presidente Obama diera a conocer un Decreto Ejecutivo en el cual señala que EEUU se ha declarado en “emergencia” porque Venezuela, curiosamente, representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para su “seguridad nacional y la política exterior”.

Con ello, los congresistas firmantes se han puesto no solo del lado de la grosera injerencia estadounidense en los asuntos internos de un país soberano, de la oposición más dura en Venezuela, sino que se ponen también de espaldas a la mayoría de países de la región.

Llama la atención el tono de franca beligerancia de la moción que apuntala a quienes persiguen una salida violenta y anticonstitucional a la crisis política venezolana. Si se leen con un mínimo de serenidad los últimos comunicados de la Unasur se puede concluir que prima en ellos la ponderación, y el esfuerzo para que la crisis en Venezuela se resuelva en el marco democrático y así evitar escenarios de violencia que tendrían una repercusión negativa y perturbadora para toda la región.

El primer comunicado de Unasur, referido a la continuación del diálogo político en Venezuela, afirma que este debe realizarse con todas las fuerzas democráticas, con el pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos y el Estado de Derecho; que la actual situación debe ser resuelta mediante los mecanismos democráticos previstos en la Constitución; y que las próximas elecciones parlamentarias deben mantener el orden constitucional así como la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos, “principios fundamentales de Unasur”.

El segundo comunicado, que rechaza el famoso Decreto Ejecutivo del gobierno de Obama porque considera que es una “amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, manifiesta que se respete el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención; y que EE.UU. “ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela”.

Por eso creo que la moción presentada, de ser aprobada por el Pleno del Congreso, representaría un enorme retroceso para nuestro país en el ámbito de la integración regional.

El nuevo golpismo

Afirmar, como sostiene la propuesta de estos congresistas, que la campaña represiva del gobierno de Maduro consiste en “el asesinato generalizado de estudiantes y amas de casa contrarios a su gobierno” o condenar la actuación del secretario general de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, porque supuestamente pretende “dejar de lado a la oposición” y “consolidar una tiranía desembozada” es, sinceramente, no solo un despropósito sino también una gran falsedad.

Los lamentables hechos de violencia en Venezuela no se pueden comparar con los sucedidos en México -para mencionar un país cercano- y la misión de Unasur se ha comprometido a defender los derechos políticos de la oposición dentro de los marcos institucionales.

La moción de este grupo de congresistas peruanos avala, finalmente, la política torpe e irresponsable que EEUU desarrolla frente a Venezuela y a otros países de la región, como ya se ha comenzado a reconocer en ese país, y se alinea con los sectores golpistas que quieren una solución al margen de los mecanismos constitucionales. Es estar con Leopoldo López y Corina Machado y no con Henrique Capriles quien, desde la oposición, está buscando una salida negociada y constitucional.

Por eso lo que se juega hoy en Venezuela no es solo la suerte de un gobierno que ha cometido errores, entre ellos encarcelar a los opositores violentos, sino también la de otros gobiernos de América latina. Se busca romper la continuidad democrática en la región a través de una nueva modalidad de golpe de Estado.

En América del Sur las crisis políticas que terminaron con la salida o renuncia de presidentes se solucionaron, por lo general, con el camino constitucional. Eso sucedió en Perú en el año 2000, como también en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Paraguay.

Hoy no solo Venezuela está bajo presión. También lo está el gobierno de Dilma Rousseff donde un sector pide no solo la salida de la presidenta sino también un golpe militar. Lo mismo se puede decir sobre el gobierno argentino que soporta en estos días las manifestaciones de la derecha y los intentos de los sectores más conservadores y de los grandes medios para involucrar interesadamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la muerte del fiscal Alberto Nisman que estaba investigando el atentado de la AMIA de 1994.

Por eso la moción de los congresistas sobre Venezuela no está tanto motivada por sus preocupaciones democráticas, como lo demostraría la firma de la mayoría de fujimoristas, que avalaron en su tiempo y que hoy día defienden lo que sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori, sino más bien por la intención de poner fin a los gobiernos progresistas de la región.

Lo que está en juego en la región es la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos contra aquellos nostálgicos de las soluciones golpistas autoritarias. Esa es la disyuntiva: democracia o golpismo.

(*) Parlamentario Andino

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Política

TC no debe permitir impunidad de empresas deudoras al Estado

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Marisa Glave

Mientras el país sufre la permanente falta de presupuesto, un grupo de empresas estaría a punto de beneficiarse con la extinción de una millonaria deuda tributaria. La excongresista Marisa Glave denunció en su canal de Youtube que el Tribunal Constitucional estaría evaluando la inaplicabilidad del Decreto Legislativo Nº 1421, dado en el 2018, y que modifica el código tributario.

De acuerdo a la información difundida por la exparlamentaria, tras la promulgación de la referida norma, el Congreso recibió a la representante de la Confiep, Lourdes Chau, y al representante de la Cámara de Comercio de Lima, Sandro Fuentes. En la reunión, los visitantes plantearon diversos argumentos por los que, a su criterio, se debía derogar el D.L. 1421 promulgado por el Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas para legislar en materia económica.

Tribunal Constitucional

TC no debe ser cómplice de la evasión y el perro muerto.

LOBBY EVASOR

Al margen de la paradoja de que Sandro Fuentes, quien se había desempeñado como funcionario de Sunat, estuviera abogando por intereses de empresas con millonarias deudas tributarias, Glave recordó que por esos días había causado revuelo el intento por derogar el Impuesto Selectivo al Consumo en Casinos, lo que finalmente las bancadas funcionales al sector empresarial no lograron concretar.

Algo similar ocurrió con el D.L 1421, cuya vigencia ha marcado los criterios del Tribunal Fiscal, órgano adscrito al Ministerio de Economía y que resuelve controversias entre empresas y el Estado a nivel administrativo.

“El Tribunal Fiscal ya aplicó el D.L. 1421 y lo ha aplicado en casos hasta 1500 millones de soles, en una resolución respecto a una deuda de la minera Buenaventura, que pretendió evitar que le cobren ese monto”, indicó

Glave señaló que al igual que Buenaventura, existen 233 empresas que acumulan S/ 11 mil millones, de las cuales solo 22 empresas concentran S/ 9 mil 400 millones de deuda tributaria. En consecuencia, advirtió que en caso el TC decida no aplicar el D.L. 1421 le estaría dando “un regalazo” a estas 22 empresas que dejarían de pagar una millonaria deuda que bien podría ser utilizada en las urgentes demandas de millones de peruanos.

YA ESTARÍA EN AGENDA

La exparlamentaria también refirió que, en noviembre de 2019, el TC recibió los argumentos de la Sunat, así como del estudio de abogados Gálvez y Dolorier, quienes están detrás de la acción de inconstitucionalidad. Ante ello, advirtió que estaría por resolverse el caso en los próximos días, por lo que expresó su extrañeza por la nula cobertura sobre el tema en los grandes medios de comunicación.

De acuerdo a un informe publicado en el portal de investigación Ojo Público, las empresas deudoras son Pluspetrol, Cerro Verde, Buenaventura, SouthernCopper, Backus, Interbank, Scotiabank, y Nestlé, entre otras.

Respecto al requerimiento de las empresas deudoras, la excongresista sostuvo que estas argumentan que el plazo de prescripción de la deuda tributaria no inicia en el momento en que se notifica una deuda, sino cuando ésta se origina. Así, transcurridos cuatro años, si la Sunat no logró cobrar la deuda, esta se extinguiría.

Sin embargo, Glave explicó que el D.L. 1421 señala claramente tres procesos: determinación de la deuda, determinación de la multa y el cobro. “Solo una vez determinada la deuda corre el plazo de prescripción”, aclaró.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Alan García mandó directivas para proteger a brasileños de Odebrecht

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Alan García Pérez

Raúl Noblecilla, defensa legal de Luis Nava Guibert, aseguró que Alan García envió a través de mensajes de WhatsApp una serie de directivas con la finalidad de proteger “a los brasileños” vinculados con la investigación a la empresa Odebrecht.

Dijo que esta información la tienen no solo mediante estas comunicaciones vía las redes sociales, “sino a través de otras formas”, por lo que instó a esperar a que salgan todas esas pruebas.

“Esta arma letal que mandó a disparar el abogado Humberto Abanto les ha dado en la nuca, ¿por qué te lo digo?, porque estarían por aparecer documentos anteriores a la novela Roxanne (Chessman)-(Jorge) Barata que van a dar cuenta de que Alan García, quince días antes de que tomara la decisión de irse, hablaba y mandaba mensajes para ayudar a los brasileños e instar a buscar la forma de apoyarlos”, dijo en Radio Nacional.

Según Noblecilla, García Pérez antes de suicidarse mostraba “pánico y preocupación extrema” sobre las indagaciones que se desarrollaban en torno a su situación y su vínculo con la empresa Odebrecht.

“Estas pruebas saldrán a su tiempo”, adelantó.

En otro momento, precisó que Nava Guibert recibió amenazas de muerte desde que estuvo en el penal Castro Castro, por parte de la Resistencia y de un sector del partido aprista.

“En este documento, en que comunicamos a (el fiscal) José Domingo Pérez de la posible conformación de una organización criminal, solicitamos una vez más la necesidad de protección a mi patrocinado, urgente, no solo para Nava e hijos, sino también para mi familia”, agregó.

Noblecilla agregó que Alan García murió abandonado por sus hijos -quienes ahora reclaman salvarlo de la historia-, dejándolo solo en su casa y con una pistola.

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Política

Juez dicta impedimento de salida del país para Gerardo Sepúlveda

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Gerardo Sepúlveda

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por un plazo de dos meses para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, en su calidad de testigo en el caso Interoceánica Sur.

La medida, que concluirá el 25 de abril de 2020, fue dispuesta a solicitud del fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien había planteado tres meses.

El Ministerio Público informó que apelará la resolución en relación al plazo; la defensa técnica hará lo propio considerando que aspiraban a que la medida sea declarada infundada.

Según el juez, la declaración de Sepúlveda resulta indispensable para la averiguación de la verdad en los hechos que son materia de investigación del caso Interoceánica.

Dichos hechos, recordó, se ciernen sobre presunto pacto que hubo entre el expresidente Alejandro Toledo y la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en la buena pro de la carretera Interoceánica a cambio de un pago ilícito.

“Existe vinculación entre los hechos que va a declarar como testigo y los hechos materia de investigación”, subrayó tras insistir en que lo que declare Sepúlveda será “clave, relevante e imprescindible”.

De igual forma, consideró idónea, necesaria y proporcional la medida de impedimento de salida del país, a fin de asegurar su presencia en el Perú.

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