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El flagelo de la corrupción y la inacción de los poderes del Estado

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En otros países el financiamiento ilegal o encubierto de las campañas es un delito tipificado en el código penal. En el Perú no lo es. Si el presidente de la empresa internacional Odebrecht ha señalado que su empresa ha financiado todas las campañas presidenciales con opción, lo mínimo que debería hacer el Congreso es legislar para que no pueda ocurrir de nuevo este problema en el Perú.

Por ello, el Congreso debería legislar para tipificar el financiamiento ilegal de campañas políticas como delito penal. Los expertos internacionales señalan que para detectar la corrupción hay que seguir la ruta del dinero y que, en la mayoría de los casos, los empresarios corruptos inician su relación indebida con el poder político a través de los aportes a las campañas.

Por ello, el financiamiento público de los partidos y el establecimiento de límites al financiamiento de campañas son las medidas más eficaces para prevenir la corrupción y en el Perú deberían ser de urgente implementación. Las otras medidas preventivas contra la corrupción tienen que ver con el respeto a la institucionalidad para la toma de decisiones de los grandes proyectos.

Los sistemas de planificación deben ayudar a priorizar las inversiones de modo de que no se permita que elefantes blancos puedan ser financiados y ejecutados. Un elefante blanco es un proyecto con un dimensionamiento (tamaño) muy superior a la demanda y que causa que la obra cueste mucho más con el objetivo exclusivo de favorecer al constructor o al proveedor.

La interoceánica del Sur es un ejemplo claro de esta mala práctica que pasó por formular mal el proyecto a nivel de factibilidad, licitarlo sin expediente técnico y sin pasar por el SNIP y aceptar cláusulas que ponían en posición de indefensión al Estado peruano. Los resultados indican que por cada dólar de corrupción se generaron US$10 de sobre-ganancias y US$100 de pérdidas para el país.

En otros casos, la corrupción no es para hacer un proyecto sobredimensionado sino es para que se sesguen las bases a favor de un postor, como hemos podido comprobar ayer por las declaraciones de Barata en relación a la línea 1 del Metro divulgadas en Cuarto Poder, sobre la base de videos obtenidos y analizados por IDL reporteros.

En este caso la prevención de la corrupción va más allá del respeto a los sistemas de planificación e inversiones, y requiere de las intervenciones de las entidades de control externo de forma oportuna y eficiente. Es una lástima que como país tengamos el triste récord de haber ejecutado la Línea 1 del Metro durante 28 años y que se haya comprobado corrupción en las diferentes fases del proceso.

La Interoceánica del Sur viene costando US$4,500 millones y costará US$500 millones más según la Contraloría General de la República y los beneficios ascienden en el mejor de los casos a US$1,900 millones. Como sociedad perdimos US$3,100 millones por tomar decisiones a favor de los postores y lejos de los intereses de las mayorías. Frente a estos problemas gravísimos, el gobierno no tiene una política clara para lograr las reparaciones (ya deberían haber intervenido a las empresas involucradas) y tampoco propone la implementación de los medios que nos deberían permitir contener la corrupción en el futuro. La inacción frente a la corrupción es inaceptable.

Sobre todo si tenemos dos presidentes presos (Alberto Fujimori y Ollanta Humala), uno prófugo (Alejandro Toledo) y a otros varios líderes políticos importantes bajo investigación. La encuesta de Ipsos tomada entre el 11 y el 13 de octubre indica que el 69% piensa que García es culpable y el 46% piensa que Keiko Fujimori es culpable. Con la clase política totalmente afectada por el flagelo de la corrupción deberíamos tomar las medidas ya. Sí se puede.

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Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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