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Disolución parlamentaria

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Martín Vizcarra Cornejo

Sin duda alguna, el hecho que más recoge nuestro interés en el Perú, en los últimos meses, es la disolución del Congreso de la República dispuesta el 30 de setiembre de 2019, con el corolario de haberse convocado a elecciones parlamentarias para el 26 de enero en curso, en que se completará el período del Congreso elegido en el año 2016.

Como todo acto político, relacionado con las disposiciones constitucionales y legales, ha sido y es objeto, de las más disímiles interpretaciones y ello por la simple razón que los temas de índole jurídico no son como las matemáticas que son exactas, sino que están sujetos tanto a certezas como a dudas.

El tema hace recordar el lejano 05 de abril de 1992, en que escuchamos ¡Disolver!, ¡Disolver! que todavía hiere nuestros oídos, pero que a algunas personas con más memoria para los agravios y más hígado con sus pasiones, agregan como cereza en torta: “les dieron de su propia medicina”, sin hacer distinciones ni de personas, ni de tiempos ni tampoco de escenarios.

El Presidente del Congreso y, por ende, de su Comisión Permanente, planteó ante el Tribunal Constitucional, una acción competencial, a fin de que el llamado máxime intérprete de la Constitución, resolviera si la disolución del Parlamento fue arreglada a las normas jurídicas o no, y ello en relación con la cuestión de confianza que había planteado el entonces Presidente del Consejo de Ministros.

Como toda decisión, ella implica aspectos positivos como negativos, y el positivo es que el TC no retrotrajo la situación a la disolución del Congreso, restituyendo en sus funciones a los congresistas cesados. Ello hubiera generado caos que había que evitar a como diera lugar, más aún, cuando está en marcha un proceso electoral para sustituir a los congresistas removidos.

Lo malo es que hasta donde se sepa, por no estar aun publicada la sentencia del TC, no se hayan fijado pautas interpretativas sobre la cuestión de confianza, así como la distinción entre la cuestión de confianza que conlleva necesariamente la renuncia del Gabinete Ministerial y su sustitución por otro, y la cuestión de confianza que conlleva, a discreción del Presidente de la República, a la disolución del Congreso y convocatoria a elecciones para completar el período del Parlamento disuelto.

A nuestro juicio las pautas interpretativas del TC son sustanciales, dado que la redacción de los artículos constitucionales sobre la cuestión de confianza, tienen imprecisiones que pueden llevar a errores, los que lamentablemente tampoco están superados en el Reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley.

Para algunos la cuestión de confianza con la posibilidad de disolución del Congreso en caso de no ser concedida, puede ser para cualquier cosa, mientras para los constitucionalistas más prestigiados, solo puede ser en caso de denegatoria de confianza a dos nuevos gabinetes cuando se presentan al Parlamento dentro de los 30 días de nombrados o para políticas de Estado.

No soy constitucionalista, pero si constituyente, esto es, coautor de la Carta de 1993, y como tal, conociendo el tema y debates, me inclino por la segunda interpretación y, si de interpretación oficial se trata, hay que resolver las materias sobre las que el Poder Ejecutivo podrá legislar en el interregno entre la disolución del Parlamento y la juramentación del sustituto. Algunos creen que se puede legislar sobre todo por el Ejecutivo, mientras otros con criterio formal, estiman que solo para las materias de los Decretos de Urgencia, ergo temas financieros y económicos.

El autor de esta nota, al establecer la Constitución en el tema, el verbo “legislar”, se estaría refiriendo a toda materia, lo que es excesivo, por lo que habría que señalar las materias sobre las que se puede legislar, en que todo es mucho, pero solo temática económica y financiera, es poco, cuando en la práctica el interregno es de cerca de medio año, en que el país puede requerir por emergencia de otras normativas con fuerza de ley.

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Política

¿Adiós a la reforma política?

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Marcha protesta de la gente Cierre de Congreso

Luego de la difusión por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de los resultados de las elecciones congresales extraordinarias 2020, la inquietud que surge en la ciudadanía es respecto a cuándo se instalará finalmente el Congreso.

Hay que recordar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, las normas aplicables en un proceso electoral deben ser aprobadas por lo menos un año antes del día de las elecciones. En otras palabras, si las próximas elecciones generales se llevan a cabo el 11 de abril de 2021, las leyes aplicables para este proceso electoral tendrían que ser emitidas como máximo el 10 de abril de 2020.

¿Tendrá tiempo el Congreso para poner en debate y aprobar las normas pendientes comprendidas dentro del paquete de proyectos de la reforma política? Se debe considerar que tras la finalización del conteo y la revisión de actas, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamar los resultados de manera oficial y proporcionar a la Oficialía Mayor del Congreso las credenciales de los 130 congresistas elegidos. Este órgano, a su vez, entregará a los nuevos congresistas un formulario que deberá ser llenado y devuelto con una declaración jurada sobre bienes y rentas en un plazo máximo de un mes. Posteriormente, se conformará una Junta Preparatoria que deberá coordinar con el presidente de la Comisión Permanente lo relativo al proceso de transición.

En suma, todo esto podría tomar 45 días, por lo que se tornaría inviable cumplir con la aprobación de las normas pendientes respecto a la reforma política antes del 10 de abril. A esto hay que añadir que antes de debatir cualquier ley, primero se deberá instalar la Mesa Directiva y formar el cuadro de comisiones.

TODO SEGUIRÍA IGUAL

En ese escenario, cabe recordar que el Congreso disuelto aprobó parcialmente algunos de los seis proyectos de la reforma política que el Ejecutivo había presentado. Sin embargo, algunos de ellos habrían sido desnaturalizados de su propuesta original.

A criterio del analista Gerardo Távara, el Congreso disuelto no sólo dejó inconclusa la reforma política, sino que “la hizo mal”. “Por ejemplo, estableció que las elecciones primarias se apliquen a los partidos nuevos pero no a los ya inscritos; estableció también que la paridad de hombres y mujeres en las listas se aplique progresivamente desde el año 2021 hasta el 2031. En materia de inmunidad parlamentaria, se aprobó una norma que amplía el “manto de protección” sobre los congresistas y mantiene la decisión en manos del Congreso de la República”, escribió en su blog Tiempo y Lugar.

Por otro lado, los exintegrantes de la Comisión de Alto Nivel, autora de los proyectos de reforma política, sugirieron a fines de enero que se complete la reforma respecto al financiamiento de los partidos políticos, así como “mejorar el proceso de rendición de cuentas y gastos de campaña, los mecanismos de control, y el establecimiento de sanciones con capacidad de hacerse efectivas, incluyendo las políticas”.

El grupo de trabajo liderado por Fernando Tuesta Soldevilla también incidió en la necesidad de lograr la reforma constitucional que impida la postulación a cargos públicos a aquellos sentenciados en primera instancia por delitos dolosos, lo que además requeriría un desarrollo legal para que sea aplicable al 2021.

La no aprobación de las normas referidas a las obligatoriedad de elecciones internas simultáneas para todas las organizaciones políticas, así como la eliminación del voto preferencial sería perjudicial para evitar que desde los partidos se postule a candidatos que sin necesidad de contar con respaldo de bases podrían conseguir un lugar preferente en las listas a cambio de aportes de dinero.

VIZCARRA (AÚN) PUEDE AYUDAR

Para Távara, el Ejecutivo debería aprobar mediante decreto de urgencia la reducción del plazo de aprobación de normas electorales de 1 año a 6 meses antes del día de las elecciones, como una medida extraordinaria de cara a las elecciones generales de abril del 2021.

“Si los partidos que han obtenido representación en el Congreso 2020 – 2021 están efectivamente dispuestos a avanzar en la reforma política y electoral como lo han manifestado, respaldarán esta medida”, señaló.

El exsecretario general de la Asociación Civil Transparencia explicó que “no se trata de que el Poder Ejecutivo apruebe la reforma política y electoral sustituyendo al Congreso de la República, sino que “se trata más bien de que le facilite el plazo para que cumpla con su función de forma oportuna y óptima”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Verónika Mendoza llama al pueblo a organizarse para lograr cambios

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Verónika Mendoza

En el Tinkuy (Encuentro) realizado en Lima Norte tras escuchar a los dirigentes y dirigentes y los problemas pendientes que afectan a sus comunidades, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza destacó y saludó sus luchas para exigir una mejor educación para sus hijos, acceso a agua potable, tarifas justas para el servicio de gas natural y pensiones dignas para los jubilados, destacando la importancia de seguir organizándose.

“Sabemos que la organización del pueblo, en sus barrios y comunidades es la única garantía para que las cosas cambien. Por eso, desde aquí tenemos que seguir organizándonos hasta lograr un gobierno del pueblo y para el pueblo”, destacó

“Nuevo Perú quiere ser más que un partido, quiere ser ese movimiento que articule las valiosas luchas de los pueblos. Queremos estar presente en cada barrio, en cada distrito, comunidad, en cada asociación de comerciantes. Eso es lo que queremos invitarlos e invitarlas a construir” señaló Mendoza invitando a afiliarse a Nuevo Perú.

DEBILIDAD DE GOBIERNO PARA RESPONDER A ODEBRECHT

La lideresa de Nuevo Perú se refirió también a la lucha contra los corruptos y como el Estado peruano sigue capturado por los grandes grupos económicos. En este sentido criticó la débil reacción del gobierno de Vizcarra frente a la denuncia de Odebrecht al Estado peruano ante el CIADI.

“Hace pocos días nos hemos enterado de como uno de los ministros de Vizcarra había trabajado para Odebrecht, y como esta misma empresa ha denunciado al Perú ante tribunales internacionales. Una vez más vimos un gobierno timorato, nervioso, ante un gran poder económico. Necesitamos gobiernos que hagan respetar los intereses del Estado y de los peruanos y peruanas”.

Finalmente, Verónika Mendoza se comprometió a regresar a Lima Norte para realizar un gran Tinkuy con los trabajadores del comercio ambulatorio, pero también a seguir recorriendo el país, en el marco de #YoMeUno, como se conoce a la campaña de afiliación de Nuevo Perú, para continuar recogiendo las demandas de la gente.

“A nosotros nos sobra la voluntad de sumar fuerzas en torno a una propuesta de cambio y de nueva Constitución. No estamos haciendo política solo por un cargo o para quedar bien con los que se creen dueños del país, sino para recuperar el Estado para ponerlo al servicio de la gente”, señaló.

Además del Tinkuy de Lima Norte que contó con la presencia del excongresista Manuel Dammert y de excandidatas al Congreso como Grace Baquerizo, Lucía Alvites y Gahela Cari, Nuevo Perú realizó otras actividades como el Encuentro de Mujeres realizado el miércoles pasado en Lima, en el que participaron dirigentes sindicales, del sector autoempleadas, líderes feministas, y mujeres organizadas con el objetivo de articular las diversas plataformas reivindicativas de las mujeres.

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Política

Hunden más a Ollanta Humala

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

El círculo final en contra de Ollanta Humala se va cerrando. El dominical Panorama reveló que un nuevo colaborador eficaz en el caso “El Club de la Construcción” confirmó que el expresidente de la República recibió millonarios sobornos tanto en Palacio de Gobierno como en su propio domicilio, a cambio de conceder las licitaciones de carreteras sobrevaluadas mediante Provías.

Según el testimonio del colaborador eficaz, las entregas de dinero fueron realizadas por José Paredes, hermano del exministro Carlos Paredes, más de veinte. “Recuerdo que una de estas se produjo el día 21 de Noviembre del 2011… Esta entrega fue de aproximadamente 500 mil dólares y ese mismo día José Paredes entregó el dinero a Ollanta Humala, en su oficina de Palacio”, consigna la declaración.

De acuerdo al colaborador, Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron dinero no solamente de Odebrecht, sino también del “Club de la Construcción”. También reveló que en ocasiones, cuando llegaban al domicilio del presidente, se encontraban con Nadine Heredia: “Humala le entregaba a ella el maletín que contenía el dinero y le pedía que lo guarde, se saludaban y luego ella los dejaba en el comedor de diario, donde los dos solos cenaban algo y seguían conversando”.

Se estima que el total de las millonarias coimas cobradas por Ollanta Humala, en complicidad con Nadine Heredia, a quien consideraba “su mejor Primer Ministro”, alcanzaría los US$ 18 millones. Esto correspondería al 3% pactado respecto al monto de las obras adjudicadas al “Club de la Construcción”. Según el testimonio, las empresas entregaban el dinero a Rodolfo Prialé, hoy colaborador eficaz, mediante un servicio fantasma; este lo entregaba a Paredes, y este a su vez lo hacía llegar a Humala.

Finalmente, Panorama también reveló imágenes donde se observan anotaciones “de puño y letra” de Nadine Heredia sobre movimientos de dinero entre Humala, José Paredes y hasta aportes del chavismo.

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