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Gabriel Salazar

Gabriel Salazar

COLABORADOR

Después de un año explota el malestar social

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La clásica tregua al gobierno entrante se rompió cuando la mayoría congresal planteó la interpelación y posterior censura del Ministro de Educación, Jaime Saavedra, hacia inicios de diciembre del 2016.

Después de un año de gobierno continúa la profundización del modelo neoliberal, reconfigurando más los poderes económicos y políticos del país. En medio de ello la desaceleración económica parece conducirse hacia una recesión, generando cada vez más afectación a las grandes mayorías. Como resultado, algunas expresiones de descontento se manifiestan en más huelgas y protestas.

¿Cómo llegamos a esta situación?, el gobierno ganó gracias al apoyo de las fuerzas democráticas, un sector de la izquierda, pero principalmente gracias al movimiento anti-fujimorista, que a diferencia del 2011 logró levantar una agenda programática mínima que el entonces candidato PPK firmó.

Este resultado trajo una creciente “crispación” política entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y la mayoría congresal fujimorista, dirigida por Keiko Fujimori. Así se encontraban las dos fuerzas políticas que pasaron a la segunda vuelta, mientras la tercera fuerza, la izquierda del Frente Amplio, no lograba aún cuajar un proyecto conjunto.

La clásica tregua al gobierno entrante se rompió cuando la mayoría congresal planteó la interpelación y posterior censura del Ministro de Educación, Jaime Saavedra, hacia inicios de diciembre del 2016. Esta situación logró reactivar las fuerzas democráticas del país, expresadas en la movilización contra la censura fujimorista el 13 de diciembre. Igual, Saavedra fue censurado.

Diciembre acabó con una serie de medidas de gobierno, a propósito de la entrega de facultades legislativas del Congreso fujimorista al Ejecutivo. Por ejemplo, la Disposición Complementaria del DL 1246, que permite que las empresas empleen a sus trabajadores en contratos temporales, con una ausencia de fiscalización de la SUNAFIL.

El siguiente año trajo la creciente indignación nacional producto del caso Odebrecht, que implicaba en casos de corrupción a todos los expresidentes, inclusive al actual, menos a Valentín Paniagua. Todo ello generó una creciente indignación, que se expresó en parte en la movilización del 16 de febrero.

Keiko Fujimori trató disciplinadamente de sacar cuerpo, exigiendo investigación a los implicados, a pesar que las noticias alcanzaban al gobierno de su padre. La indignación menguó rápidamente producto del Fenómeno El Niño, profundizado desde el 14 de marzo, frente al cual todo el país se abocó a la solidaridad, a pesar que en medio del desastre la corrupción también brotaba.

El gobierno, apoyado por Kenji Fujimori, los medios de comunicación, las fuerzas militares, las grandes empresas, y otras fuerzas, impulsó la campaña #UnaSolaFuerza. A pesar de la evidente corrupción y falta de planificación- prevención de desastres en el país, la sociedad apenas llegó a protestar de manera aislada, principalmente contra las autoridades locales.

Como resultado de la coyuntura del desastre, el gobierno cogió popularidad, mientras otros recibieron desprestigio, como el alcalde Luis Castañeda, en Lima, o terminaron en prisión, como Félix Moreno en el Callao. Aprovechando esa recuperación política, el presidente planteó “voltear la página” al fujimorismo, abriendo la primera coyuntura del indulto a Fujimori.

El posible indulto terminó siendo canalizado en la alternativa de prisión domiciliaria del reo Alberto Fujimori con un proyecto de ley del congresista Vieira, el cuál fue negado el 9 de mayo en el Congreso de la República, con el apoyo de la fuerza mayoritaria, el fujimorismo. Mientras tanto, emergió violentamente el caso Chinchero, donde estaba implicada, hasta su renuncia, meses atrás, la hermana del premier Zavala.

El caso del aeropuerto Chinchero terminó con la interpelación y renuncia de su más fuerte defensor, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, el 22 de mayo. Apenas al día siguiente los trabajadores textiles iniciaron un Paro Nacional, protestando contra las medidas anti-laborales del gobierno de Kuczynski.

Empalmando con la protesta de los textiles, los jóvenes trabajadores, junto a una vanguardia de jóvenes politizados, iniciaron una campaña contra la denominada Ley Pulpín 2, que culminó con una movilización el 20 de junio. Para entonces la coyuntura política volvió al tema Chinchero, con los audios del Contralor de la República, Edgard Alarcón.

Los audios de Alarcón implicaron en el caso Chinchero al Premier Fernando Zavala, al Vicepresidente Martín Vizcarra, y al Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne. El caso acabó con la renuncia de Thorne el 21 de junio. Zavala asumió la cartera de Economía, pero no renunció al premierato. Al día siguiente se abrió por segunda vez la posibilidad del indulto.

En medio de esa coyuntura de posible indulto, emergió Kenji Fujimori como el adalid de la lucha por la liberación del reo Alberto Fujimori, acercándose nuevamente a Kuczynski. Frente a ello, se movilizó masivamente el anti-fujimorismo el 7 de julio, y Keiko Fujimori se reunió con Kuczynski el 12 de julio, en lo que se podría leer como una tregua con perspectivas a algo más.

Apenas al día siguiente se detuvo en prisión preventiva al ex-presidente Ollanta Humala, y a su esposa Nadine Heredia, por el caso Odebrecht, rodando una cabeza por la corrupción en el Perú. Al día siguiente Kenji Fujimori visitó al reo Humala, planteando públicamente la reconciliación del país. La respuesta del músculo fujimorista dirigido por Keiko Fujimori ha sido la suspensión de Kenji.

Las ofertas electorales quedaron en el recuerdo.

Las ofertas electorales quedaron en el recuerdo.

El esperado diálogo con Keiko Fujimori fue un saludo a la bandera.

El esperado diálogo con Keiko Fujimori fue un saludo a la bandera.

EXPLOTA NUEVAMENTE EL MALESTAR SOCIAL
Todo parece indicar que el gobierno de PPK seguirá de tumbo en tumbo, profundizando su situación precaria de origen, más aún si persiste en buscar obstinadamente un entendimiento con el fujimorismo, desairando la voluntad democrática que lo llevó a Palacio de Gobierno.

El camino de la componenda con el fujimorismo será la tumba de PPK, creándose un escenario de polarización política combinada con una explosiva polarización social por el mayor deterioro de la economía y también por la obstinada aplicación de recetas neoliberales para enfrentar dicha crisis económica en curso.

Por todo lo que ha hecho el gobierno de PPK en su primer gobierno, al parecer, es muy difícil que cambie de rumbo y replantee su política económica y su estrategia política, que lo lleve incluso a recomponer completamente su gabinete.

Mientras tanto, veremos al fujimorismo en la búsqueda de fortalecerse, tratando de resolver sus pugnas internas, aplicando su plan de doblegar completamente al gobierno de PPK, pero cuidándose muy bien de no comprometerse directamente con el Ejecutivo, allanando más bien el camino para su ansiada victoria electoral del 2018 y sobre todo del 2021.

Keiko Fujimori, con el gesto de pedirle una reunión al presidente y con sus declaraciones subsiguientes, al parecer, muestra que ha superado en parte el trauma de la derrota electoral del 2016. Sin embargo, no debe descartarse una nueva arremetida fujimorista contra el gobierno, en el marco de nuevos escenarios de crisis política.

Del lado del movimiento social, la huelga de maestros lleva más de 30 días en Cusco, y tuvo una masiva movilización este 13 de julio, mientras la Ministra de Educación, Marilú Martens, plantea que se les descuenten los sueldos a quienes continúen en protesta. De igual forma están los médicos y trabajadores de la salud, quienes demandan diálogo y cumplimiento de promesas al gobierno.

Sumado a ello, el 19 de julio se produjo una movilización nacional de trabajadores, articulando a más de 10.000 obreros en Lima, y muchos miles más en provincias. Además, los trabajadores mineros realizaron al día siguiente un Paro Nacional y una marcha de 5.000 obreros en Lima, incrementando la indignación. Los trabajadores comienzan a irrumpir más en la política nacional, pudiendo ser actor clave.

Mientras eso sucede, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, ha separado de sus respectivos cargos a las procuradoras, Katherine Ampuero y Julia Principe, por supuestamente no haber impulsado la investigación y expulsión de Odebrecht del país. Frente a ello, algunos sectores del fujimorismo han pedido la cabeza de Pérez Tello.

¿Qué se viene?, no es algo tan difícil de prever, Kuczynski tal vez diga que es momento de “voltear la página”, como ya lo dijera para el caso Lava Jato –Odebrecht- en América Latina el 28 de enero, o como cuando lo dijo para plantearle una tregua al fujimorismo.

Esta nueva crisis tendrá los mismos actores, el fujimorismo, en mayor crisis interna, con su mayoría parlamentaria, el gobierno central, torpe, lobbysta, y sin mayor brújula, la izquierda congresal, con una ruptura interna a cuestas, y una población demandando que Kucynski cumpla sus compromisos firmados en campaña, y que atienda sus demandas actuales.

Por todo lo expuesto, urge la unidad y actoria del movimiento social, de los sectores populares, patrióticos y progresistas, en un frente que pueda canalizar y resolver sus demandas. De lo contrario, continuará la película de un gobierno criticado por el fujimorismo, que pretende canalizar el descontento popular. En medio de ello, la división de las izquierdas no ayuda, debilita.

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Política

Habría una red criminal al interior del Apra

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Roxanne Cheesman

Ayer por la mañana la defensa del exsecretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert, presentó ante el Ministerio Público una denuncia por una presunta organización criminal que estaría conformada por allegados al fallecido expresidente Alan García Pérez.

Según detalló el abogado Raúl Noblecilla Olaechea a Diario Uno, la denuncia fue presentada ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato. “No estamos afirmando que el partido en sí es una organización criminal, pero a partir del reportaje de Cuarto Poder donde se evidenció no solo el chat de Roxanne Cheesman con Jorge Barata, sino un grupo de Whatsapp con personas vinculadas a otros crímenes, lo que nos lleva a pensar que podríamos estar ante la existencia de una organización criminal al interior del partido”, afirmó.

El letrado señaló que se configuraría la conformación de una organización criminal en tanto se evidencia la existencia de “una forma de repartija de funciones y tareas” entre los integrantes del grupo de Whatsapp, entre quienes se encuentran la expareja de Alan García, Roxanne Cheesman; el abogado investigado en el caso Odebrecht, Humberto Abanto; el exsecretario de García, Ricardo Pinedo; el abogado de la familia del expresidente, Erasmo Reyna; el abogado Wilber Medina, y los excongresistas Aurelio Pastor y Luciana León. “Encontramos en el informe periodístico que Pastor se encargaría de conseguir documentos, a un elocuente Humberto Abanto afirmando que ‘no disparemos el arma letal’, a Pinedo y Reyna participando de la estrategia, a Luciana León que parece muda pero participa de la conformación”, agregó.

Por lo detallado, Noblecilla presume la existencia de una organización criminal que buscaría obstaculizar la labor de la justicia. “Estarían tratando de manipular la declaración de un colaborador eficaz y no para ayudar en la investigación, sino para entorpecerla. Desde ahí nomás ya se evidencia un fin ilícito, que es una característica de la organización criminal”, señaló.

PIDEN GARANTÍAS POR HOSTILIZACIONES

Además de requerir a la Fiscalía que se inicien las investigaciones por el presunto delito denunciado, el letrado informó que también ha solicitado se brinden las garantías personales tanto para sus patrocinados como para su persona.

“No solo hemos visto los insultos como ‘maldito’, ‘perro’ o ‘rata blanca’ (en el grupo de chat aludido) dirigidos a mi patrocinado Luis Nava Guibert, sino también desde el grupo denominado La Resistencia hemos recibido una serie de ataques”, indicó.

Al respecto, señaló que integrantes del grupo de choque fujimorista han difundido mensajes en redes sociales, alusivos a “acabar con Nava” o a atacar al “terrorista de su abogado”. “Los insultos no me asustan ni me interesan si vienen de un patán, pero estos patanes sienten temor y pánico, y así como uno se metió un tiro en la cabeza, otros pueden disparar un tiro contra otra persona, y eso sí me preocupa. No puedo ser tan irresponsable de pensar que solo son un par de locos; debo tener responsabilidad frente a mí persona y frente a quienes dependen de mí. Por eso hemos pedido al Ministerio Público urgentes garantías para mis patrocinados y que estas se hagan extensivas a mi persona”, manifestó.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

De otro lado, Noblecilla se refirió a las motivaciones de la expareja de Alan García para intentar bloquear las investigaciones. “Podríamos decir que la señora Cheesman no tenía tanto interés por la humanidad de su amado como por los bienes patrimoniales que hoy están en un proceso de extinción de dominio. ¿Es lícita esa defensa? Obviamente no, porque han intentado sabotear una investigación manipulando a un colaborador eficaz”. En ese sentido, advirtió que Cheesman habría caído en un delito flagrante de obstrucción a la justicia.

Cabe recordar que durante los interrogatorios a Jorge Barata en abril de 2019, el exabogado de García e integrante de la presunta organización criminal denunciada por Noblecilla, Erasmo Reyna, se acercó al colaborador eficaz con el fin de grabar una conversación en la cual intentó sensibilizarlo antes que brinde su testimonio a los fiscales.

Finalmente, el letrado pidió que los involucrados dejen de politizar el proceso de investigación, y que la Fiscalía pueda corroborar la veracidad de las conversaciones mencionadas en los últimos días.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Frente Amplio retomará ley de ordenamiento territorial

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Rocío Silva Santisteban

La bancada del Frente Amplio impulsará el debate y aprobación del proyecto de ley general de ordenamiento territorial en el próximo Congreso, señaló la legisladora electa Rocío Silva Santisteban.

“Es una ley fundamental e importantísima, tanto para el territorio rural como urbano”, sostuvo Silva Santisteban en declaraciones a la Agencia Andina.

Indicó que el problema del tráfico de terrenos que hoy se vive en Villa María del Triunfo se deriva de que no existe una norma de ordenamiento territorial como ley nacional.

La congresista electa dijo que a título personal le interesa promover una ley de fomento de nuevas masculinidades, que podría llamarse “ley antimachismo”, la cual estaría orientada a trabajar no solo con las víctimas sino con quienes podrían convertirse en los futuros victimarios, además de los operadores de justicia.

“La idea es también trabajar con los operadores de justicia que no son empáticos con las víctimas y que muchas veces se han convertido en el nudo para que el problema no se pueda encarar de la mejor manera”, explicó.

La iniciativa considera desarrollar capacitaciones y talleres profundo de cuestionamiento de la masculinidad en las escuelas de oficiales y suboficiales y oficiales.

COMISIONES

Sobre las comisiones que le interesa presidir al Frente Amplio en el nuevo Congreso, Silva Santisteban indicó que entre ellas están la Comisión de Trabajo, la Comisión de Energía y Minas, así como la de Pueblos Indígenas, Agraria o de la Mujer.

“Tendremos conversar y veremos qué sucede dependiendo de las elecciones para la Mesa Directiva del Congreso”, indicó.

De acuerdo con los resultados de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, el Frente Amplio tendrá nueve representantes en el nuevo Parlamento.

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Política

Pedido de extradición de Toledo es totalmente procedente

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Alejandro Toledo Manrique y Eliane Karp

El legislador electo y ex militante de Perú Posible, Rennán Espinoza, sostuvo que el expresidente Alejandro Toledo debe rendir cuentas en el Perú por los delitos que se le imputan en la investigación por el caso Ecoteva.

En ese sentido, consideró totalmente procedente el pedido de extradición formulado por el Ministerio Público y confió en que el Poder Judicial accederá al requerimiento.

“Lo mejor para un político acusado por corrupción es que venga a responder a justicia de su país. Si una persona se dice inocente tiene que responder y luchar para que todo se esclarezca”, señaló Espinoza a la Agencia Andina.

Sostuvo que la justicia del país debe hacer su trabajo y de encontrar culpable al exmandatario, como señalan los indicios, sancionarlo.

Espinoza consideró que la actuación de Toledo fue penosa y reconoció que para quienes fueron militantes de Perú Posible fue decepcionante enterarse de hechos, que con el tiempo demostraron que él mintió.

“Todo lo que decía era mentira, su lucha a favor de la democracia y contra la corrupción era falsos. Era un corrupto más y lo único que esperamos es que se le investigue y procese con respeto a la ley”, expresó.

La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema reprogramó para mañana, a las 08.30 horas, la audiencia para evaluar el pedido de extradición contra Toledo y la exprimera dama ElianeKarp, como parte de la investigación por lavado de activos en el caso Ecoteva.

La expareja presidencial se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde Toledo Manrique afronta en prisión un primer pedido de extradición por el Caso Odebrecht.

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