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Derrotemos Privatizaciones del Agua Potable y de Sedapal

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Sedapal agua potable

AFIRMEMOS EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL AGUA

El gobierno viola el derecho constitucional al Agua, para privatizarla, así como a Sedapal y otras empresas públicas a cargo de su gestión, pese a ser recursos básico y constitucional de la nación. El 13 de julio del 2019 el gobierno dictó el Decreto Supremo 214-2019-EF por el cual modifica, bajo esta norma menor, el Mandato Constitucional y regula la gestión del Agua, para dársela como mercancía al sector privado. Cambia la Constitución, viola las leyes orgánicas y destruye los procedimientos administrativos del Estado, para esta privatización de un recurso público nacional fundamental para la vida.

La Constitución Política del Perú reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. El 21 de junio del 2017 se dio la Ley 30588 que reconoce el derecho del acceso al agua como derecho constitucional. Lo hace con el texto siguiente: Art 7°-a: “El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible”.

El mandato constitucional es expreso, claro y definitivo, respecto al agua como recurso natural y bien público de la nación, con dominio inalienable e imprescriptible. Pero a través de un simple y lobbysta Decreto Supremo, del Ministerio de Economía y Finanzas, del 13 de julio del 2019, han vulnerado directamente el mandato constitucional y mercantilizado el acceso y el uso del agua. Privatizan su gestión y sistemas correspondientes. Un decreto supremo no puede modificar la Constitución como lo hace esta norma, pisoteando los derechos básicos de la patria y sus habitantes.

La fórmula de esta inconstitucional privatización aparece enredada en sus propias palabras, pero no puede esconder su afán privatista y mercantilista, y trata inútilmente de ocultar su carácter inconstitucional. Pisotea abierta y delincuencialmente el reconocimiento constitucional que señala al agua como un bien de dominio público inalienable e imprescriptible.

El tema que pretende regularse de esta forma ilícita es el de la gestión empresarial y los sistemas administrativos del agua, en especial el agua potable, y el propio bien, el agua para consumo humano. Pretende entregar a empresas privadas los sistemas empresariales administrativos de la gestión del agua, haciéndola de esta forma, un bien privado mercantilizado.

Más aún, pese a señalar que son empresas del sector público no financiero en el ámbito de Fonafe, las exceptúan de los sistemas administrativos fundamentales para la gestión de los bienes públicos. Las exceptúa de cinco sistemas claves de gestión, dejándolas al arbitrio del inversionista público, anulando los de tesorería, presupuesto, abastecimiento, programación y gestión de inversiones, gestión de recursos humanos.

Pero no solo eso, también y de manera muy importante, las exceptúa del sistema de endeudamiento público, con lo cual se entrega la soberanía de un recurso nacional estratégico a la especulación financiera global.

Con estas normativas inconstitucionales, lo que hacen es privatizar el agua y destinarla a su mercantilización bajo las leyes del mercado privado. La ganancia del empresario privado, será la que ordene el acceso, gestión, distribución y alcance del agua, así, mercantilizada, a favor de un puñado de beneficiados por tener recursos para ser concentrados por estas empresas.

No contento con el pisoteo constitucional, entrega la empresa Sedapal y otras empresas, a cargo del agua potable, a la voracidad del mercantilismo lobista parasitario. Es lo que pretenden hacer con Sedapal. Empresa con más de un millón 550,000 conexiones. Empresa rentable con utilidades con 355 millones de soles en el 2018. El agua así privatizada será más cara para la población peruana y dará inmensas utilidades para un puñado de empresarios mercantilistas.

Sedapal gestiona el agua potable, su privatización convierte al agua potable en una mercancía.

El D.S Nº 214-2019-EF se enmarca dentro de los objetivos privatistas aprobados en el Política Nacional de Competitividad y Productividad aprobado mediante Decreto Supremo Nº 345-2018-MEF y el D.S. Nº 237-2019-EF Plan Nacional de Competitividad y Productividad que tienen como objetivo en cuanto a la Infraestructura y servicios públicos su privatización, segmentación y precariedad a través de la generalización de la modalidad corrupta de APPs.

Es una norma ilegal e inconstitucional que vulnera los derechos ciudadanos para beneficio de futuros propietarios privados del agua potable que dejará de ser bien público, para convertirse en una mercancía.

El D.S Nº 214-2019-EF es ilegal. En el año 1981 con el Decreto Legislativo 150 LEY DE LA EMPRESA SERVICIO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, se definió que era necesario contar con una Empresa de Propiedad del Estado, encargada de la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional, ya sea directamente o a través de Empresas Filiales o del apoyo que brinde a organismos que actualmente cumplen estas funciones, a fin de que las inversiones que realice el Estado en la instalación, mejora, y ampliación de dichos servicios, correspondan en orden de prioridad a aquellas que beneficien a un menor costo al mayor número de la población y preferentemente a los de menores ingresos.

Por esta ley esta empresa tiene autonomía financiera y administrativa, sus utilidades se reinvierten en ella y en su capital de trabajo.

El Artículo 10 de esta ley señala que las acciones representativas del capital social, serán intransferibles, inembargables y no podrán ser objeto de prenda ni usufructo. El Decreto Supremo N° 214-2019-EF que regula la participación accionaria del sector privado en las empresas del Sector Público No Financiero bajo ámbito del FONAFE constituye un elemento de privatización, de ajuste y venta de nuestros propios recursos en la errática política económica el modelo neoliberal en crisis. En este marco es un decreto ilegal.

D.S Nº 214-2019-EF es inconstitucional. Este D.S, permite la privatización de la empresa Sedapal, afectando de manera inconstitucional el derecho al agua de todos los peruanos que residen en Lima Metropolitana y el Callao, así como el acceso al agua potable en toda la república. Este Decreto Supremo colisiona con el Artículo 7°-A de la Constitución Política, incorporado como Reforma Constitucional con la Ley Nº 30588, que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional, y señala: “El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable.

Sedapal agua potable

El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible”.

La privatización de Sedapal anula el acceso progresivo y universal al agua potable. El interés privado en la propiedad de un recurso fundamental para la vida como es el agua potable, se contrapone con el fin social de una empresa pública como Sedapal, el interés privado busca las utilidades, buscas rentabilidades a toda costa, y lo logrará vendiendo el agua potable cual mercancía al mejor postor, al que más dinero tiene, en desmedro de las poblaciones de estratos socioeconómicos bajos, quienes verán limitado su acceso a este servicio vital.

El interés privado orientará el agua potable a los demandantes de las grandes inmobiliarias quienes se apropiaron del suelo y que ahora se apropiarán del agua potable.

El interés privado orientará las inversiones en los proyectos de agua y alcantarillado a los sectores más pudientes ya que en ellos logrará rentabilidades en la venta del agua, por tanto, los proyectos de inversión en los sectores pobres se verán anulados. El proyecto en zonas pobres no es rentable para un privado.

El interés privado no priorizará el agua para el consumo humano sobre otros usos.

El interés privado encuentra en las grandes empresas industriales sus principales demandantes. Ya ocurre con el caso de la “apropiación” del agua subterránea, agua de alta calidad que es usada como insumo para agua de mesa, agua gaseosa, cerveza y otros bienes con uso intensivo de agua, con tarifas exiguas, que muchas veces no pagan y judicializan, sin control ni fiscalización por los supervisores, lo que les permite grandes ganancias por el uso de esta agua.

El agua subterránea debiera ser la garantía para la vida y la salud humana en momentos de emergencia; sin embargo, se pretende destinar para aumentar la gran ganancia empresarial, al dotar el agua para grandes centros industriales y comerciales. Esta situación crecerá grandemente cuando el agua esté en manos privadas.

Con la privatización de Sedapal no se promoverá el manejo sostenible del agua, no se le reconoce como recurso natural esencial, ni se le considera como bien público y patrimonio de la Nación. Al privatizar el agua potable se ha dejado de considerarlo un bien público y patrimonio de la nación, ha pasado a ser propiedad del concesionario o del privado, quien lo usa como mercancía para obtener ganancias que no son públicas sino privadas.

Un bien público como el agua potable declarado por la Constitución Política del Perú no puede ser sometido a la exclusión. Es decir, existe la imposibilidad de excluir del consumo de agua potable a nadie, puesto que no es posible discriminar, mediante precio, a quién puede y quién no hacer uso de ello.

Con la privatización del agua potable los usuarios pobres serán excluidos en mayor medida. Para el privado el pago de la tarifa es el fundamento de su ganancia. La privatización del agua potable anula la inalienabilidad e imprescriptibilidad como bien público.

Entregar el agua potable a manos privadas a través de la privatización de Sedapal y otras empresas públicas, significa anular la inalienabilidad que supone que el agua como bien público, no se puede embargar, hipotecar, usufructuar. La privatización permite el usufructo inconstitucional de este bien público.

La iniciativa legislativa propone la derogación del Decreto Supremo N° 214-2019-EF (13 de julio de 2019), que regula la participación accionaria el sector privado en las empresas del Sector Público No Financiero bajo ámbito del FONAFE.

Este Decreto Supremo N° 214-2019-EF fija el mínimo de 30% de participación privada en el accionariado de las empresas públicas para estar fuera de todo control público de los sistemas administrativos, estableciendo así la privatización, no solo de Sedapal, sino de todas las demás empresas públicas del Perú.

Y dada la intención expresa de esta norma que vulnera derechos ciudadanos, vulnera la ley y la Constitución Política propone que la Contraloría General de la República ejecute una acción de control gubernamental en el marco de la transparencia y destino de los recursos y bienes del Estado, a los responsables de la elaboración y promulgación de este Decreto Supremo N° 214-2019-EF que privatiza a la Empresa Sedapal.

La ciudadanía de Lima y Callao realizará una gigantesca movilización el jueves 26 de setiembre desde el Campo de Marte hacia el Ministerio de Vivienda; contra la privatización de Sedapal. El Sindicato de Trabajadores de Sedapal, SUTESAL, convoca a esta gran marcha ciudadana por el derecho constitucional al agua y la vida.

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Política

Limpieza en el sistema de justicia

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Junta Nacional de Justicia (JNJ), el presidente de dicha entidad, Aldo Vásquez

Tras el anuncio del inicio de procesos disciplinarios e investigaciones preliminares contra siete magistrados por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el presidente de dicha entidad, Aldo Vásquez, aseguró que el organismo actuará con la mayor imparcialidad y cumpliendo los más altos estándares constitucionales y convencionales en los procesos contra dos fiscales supremos y cuatro jueces supremos.

En ese sentido, garantizó que la JNJ respetará “todos los derechos propios del debido proceso a quienes son sometidos a investigación”. Como se dio a conocer, los magistrados sometidos a proceso disciplinario inmediato son los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, y los jueces supremos Martín Hurtado y Aldo Figueroa. En tanto, para el ex juez supremo Vicente Walde y los jueces supremos César San Martín y Ángel Romero se dispuso el inicio de una investigación preliminar.

En el programa Nada está dicho, de RPP, Vásquez manifestó que dentro de sus atribuciones la JNJ puede requerir a otras instancias del Estado, así como a otras del ámbito privado, “toda la información que sea necesaria para los procesos disciplinarios a su cargo”. Sin embargo, aclaró que la JNJ no tiene competencias sobre materia penal, ya que eso le corresponde al Ministerio Público.

“La responsabilidad de la JNJ es cautelar la independencia de jueces y fiscales. Eso significa también remover todo obstáculo que impida el ejercicio independiente de juez y fiscal de cualquier poder político, económico o del tipo que fuera”.

MEDIDAS CAUTELARES

En entrevista con Canal N, el presidente de la JNJ señaló que podría aplicarse la separación temporal a los magistrados que cuenten con procesos disciplinarios abiertos a modo de una medida cautelar.

“Esa posibilidad está siempre abierta, es una medida cautelar de suspensión que podría adoptarse. No hablo en ningún caso en particular, todos los casos que llevamos en la JNJ tienen carácter de reservados”, indicó, y advirtió que dichas medidas cautelares se imponen cuando se advierten riesgos de obstaculización o ante la existencia de elementos de convicción sobre actos irregulares por parte de los investigados.

AL TORO POR LAS ASTAS

Para el analista político Miguel Jugo ha sido un acierto por parte de la JNJ darle prioridad al caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la piedra angular del problema de justicia en tanto han sido una red organizada. “Lo que ha habido siempre son grupos al interior del Poder Judicial que ejercían acciones corruptas, pero lo que han intentado los Cuellos Blancos es tejer una red en el Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura para beneficiarse mutuamente al margen de la ley. Evidentemente esto representa un problema importante y la JNJ ha hecho bien en darle prioridad”, afirmó.

Respecto al fiscal supremo Tomás Gálvez, acusado de pertenecer presuntamente a esta red criminal, Jugo recordó que ya el fiscal anticorrupción Martín Salas ha solicitado que sea apartado del Ministerio Público. “Esto es sumamente grave porque gente de su misma institución lo está señalando. Es muy importante que se logre sancionar porque la mayoría de miembros titulares de la Fiscalía están envueltos en procesos por corrupción, y una institución de esta importancia no puede estar con sus miembros más importantes en situaciones complicadas por presuntos actos fuera de la ley”, anotó.

Sobre las eventuales sanciones que recaerían sobre los magistrados investigados, Jugo indicó que existen diversas posibilidades, en tanto la JNJ tiene facultades administrativas de sanción, pero serán otras instancias las que sancionen penalmente por los delitos en que se les encuentre responsabilidad. En esa línea, advirtió la importancia de que el nuevo Congreso asuma “un compromiso de colaborar con la justicia y avanzar en el levantamiento de la inmunidad para que estas personas con protección constitucional puedan ser llevadas a un proceso judicial”.

ALGO MÁS

Finalmente, el analista consideró que el mensaje de la JNJ hacia la ciudadanía debe ser firme, y que “se va a poner mano dura con todos los actos de corrupción en el Poder Judicial y en la Fiscalía”. “Desde la población, también se debe tomar conciencia de que los ciudadanos pueden participar en los actos de fiscalización mediante sus denuncias, se debe arribar al momento en que la gente vaya esperanzada en poder alcanzar justicia cuando acuda a las instancias de justicia en el país”, manifestó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Destacados profesionales, académicos e intelectuales se suman a Nuevo Perú

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Diego Trelles Paz

Ayer, más de 100 profesionales de diversas disciplinas y de reconocida trayectoria participaron en la reunión de afiliación de Nuevo Perú, quienes manifestaron su identificación por la agenda programática de la organización política, que reivindica la democracia y una economía diversa que genere empleo digno.

Durante el evento de afiliación, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, destacó la participación e interés de todos los asistentes a este diálogo abierto y su amor al Perú.

“Estamos aquí porque nos indigna la corrupción y la violencia, porque nos angustia la precariedad y las múltiples discriminaciones, pero también porque amamos a nuestro país y sabemos que más allá de los corruptos y mafiosos que lo tienen secuestrado, hay un país rico y diverso con un pueblo trabajador y creativo. Sí se puede recuperar el Perú”.

“Necesitamos esa fuerza para lograr los cambios que el país necesita. Es el momento histórico para decidir qué país queremos legarle a nuestros hijos e hijas. Nosotros queremos un país con valores, con ciudadanía, con derechos, solidario sin violencia ni corrupción y para ellos queremos construir con ustedes, un Nuevo Perú”, señaló Mendoza.

Entre los profesionales afiliados, podemos destacar Roberto Rodríguez Rabanal, dos veces decano nacional del Colegio de Sociólogos del Perú; Jorge Manco Zaconetti, economista especialista en Hidrocarburos; y Sigfredo Chiroque Chunga, docente y sociólogo, experto en el seguimiento y análisis de las políticas educación, por mencionar a algunos de ellos.

Desde Francia, el reconocido escritor Diego Trelles Paz, anunció también su afiliación a Nuevo Perú. “Las políticas neoliberales son políticas de muerte. Transforman derechos como la educación y la salud en negocios privados. Normalizan la exclusión y la pobreza. No tengo dudas, el Nuevo Perú es la única fuerza progresista con posibilidades electorales que busca un país más justo e igualitario” señaló.

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Política

Accidente que habría causado contaminación en zona de emergencia

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Accidente que habría causado contaminación en zona de emergencia camión chocado en ladera de cerro pista carretera

Al promediar las 3:30 de la tarde del jueves 20 de febrero, un vehículo encapsulado de placa ARB-913, perteneciente a la empresa WARI, que brinda servicios a la compañía minera MMG Las Bambas, sufrió un accidente en el sector CcollpaUma, que forma parte de la comunidad campesina de Urinsaya – Coporaque, zona que actualmente se encuentra en #EstadoDeEmergencia por las protestas en contra de la contaminación extractiva. Los comuneros reportaron, a través de las redes sociales, que a causa del accidente se vienen derramando materiales líquidos en riachuelos que conectan con el río de Urinsaya y el río Apurímac.

Los primeros en llegar a la zona afectada fueron funcionarios de la municipalidad de Espinar. ‘La contaminación es evidente, pudimos constatar la presencia de líquidos extraños que se vertían en los canales que llegan a un bofedal. El accidente fue por la tarde, y no vimos a funcionarios de la fiscalía o de la OEFA’ declaró YenyHuillca, regidora municipal, a través de una entrevista telefónica.

A pesar de que la empresa se ha pronunciado anunciando que ha cumplido con los protocolos pertinentes de mitigación, Isaías K’ana, Presidente Comunal de Urinsaya, a quién también pudimos entrevistar, considera que la situación es preocupante por el contexto de estado de emergencia al que se enfrentan. ‘El agua contaminada es de consumo humano, también la usamos para alimentar a nuestros animales y para la agricultura, con la temporada de lluvias creemos que la contaminación ha sido mayor’ informó K’ana.

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