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Oscar Maúrtua de Romaña

Oscar Maúrtua de Romaña

OPINIÓN

Canciller de la República

Derechos humanos y democracia en la política exterior peruana

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El canciller escribe sobre la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “la falta de definición objetiva de la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente” y las cinco veces que el Congreso del Perú ha recurrido a esa opción.

La promoción y protección de los derechos humanos que se encuentran articuladas y armonizadas tanto en el sistema universal como en los sistemas regionales de derechos humanos están alineadas con la política exterior del Perú, que está a su vez consagrada en el Acuerdo Nacional y en las prioridades del gobierno del presidente Pedro Castillo.

En el plano regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo que forma parte del sistema interamericano, se asienta en la plena vigencia de los derechos fundamentales, con base en valores como la democracia. En el plano global, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo.

En ese contexto, resulta pertinente destacar el comunicado de prensa -del 10 de diciembre último- en el que la CIDH, como parte de su función de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, reiteró su preocupación por “la falta de definición objetiva de la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente”, al tiempo de advertir sobre las potenciales consecuencias que ello puede acarrear en la separación de poderes y la institucionalidad democrática en el Perú.

El comunicado, además de referirse a las cinco ocasiones en las que el parlamento peruano ha recurrido a esa fórmula en el último lustro, agrega al respecto que se debe limitar cualquier tipo de discrecionalidad “inconsistente con la democracia”.

Ello es particularmente relevante para nuestro país debido a que -como lo he recordado en otro lugar- el Perú planteó la necesidad de contar con un instrumento que garantice la democracia representativa, a través de la adopción en septiembre de 2001 de la Carta Democrática Interamericana (CDI).

El objetivo de dicho instrumento fue precisamente establecer un sistema de garantía multilateral de defensa de la democracia para los casos de alteración de la institucionalidad. En efecto, la CDI afirma que la separación de poderes y el acceso al poder con sujeción al Estado de Derecho son elementos esenciales de la democracia representativa.

Que la Comisión Interamericana haya emitido motu proprio tal comunicado debe ser entendido como una manifestación genuina del sistema interamericano en su esfuerzo por identificar situaciones que puedan ser adversas a la democracia y a los derechos humanos.

Ello es aún más relevante al constatar, según informes como “El estado global de la democracia 2021” (elaborado por IDEA), la última evaluación de la organización Freedom House, o incluso los discursos de los líderes en la reciente Cumbre para la Democracia, organizada por el Gobierno de los EEUU, que la pandemia del Covid-19 ha exacerbado la tendencia de un creciente autoritarismo alrededor del mundo, con muchos países descendiendo en la escala de medición de la democracia.

La ausencia pues de una definición objetiva de la figura de la incapacidad moral permanente –es decir, contrario sensu, la existencia de un amplio y flexible margen para declararla, por parte del Congreso- constituiría en buena cuenta una transformación de facto de nuestro sistema político en uno de corte más bien parlamentarista, lo que sería ajeno a nuestra tradición política y constitucional.

En consecuencia, el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, acorde con los lineamientos de nuestra política exterior, se ha pronunciado acerca de esta situación con el objetivo de evitar el socavamiento de la institucionalidad democrática en el Perú y en defensa de la búsqueda de justicia, igualdad, dignidad y derechos humanos para todos. Ello debe ser entendido así, tanto en el plano interno como en el ámbito mundial.

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Política

Designan nuevo director ejecutivo para ARCC

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Robert López López y Amalia Moreno Vizcardo

El Poder Ejecutivo designó a Robert López López en el cargo de director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en reemplazo de Amalia Moreno Vizcardo.

El nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema 140-2022-PCM, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Asimismo, se dio por concluida la designación de Amalia Moreno Vizcardo en el cargo, brindándole las gracias por los servicios prestados. La resolución suprema es refrendada por el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

El nuevo Director Ejecutivo es licenciado en Administración de Empresas, habilitado por el Colegio de Licenciados de Lambayeque y magíster en Ciencias Políticas, con especialización en Gestión Pública, Contrataciones del Estado, Proyectos de Inversión Pública, Planeamiento Financiero y Administración Gerencial. Cuenta con 15 años de experiencia en el sector público y cuatro años en el sector privado en cargos de confianza de alta dirección.

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Política

Barrios y Unesco respaldan el enfoque de género en las escuelas

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Barrios y Unesco respaldan el enfoque de género en las escuelas

Ante la aprobación por parte del Congreso de un proyecto de ley que permite a organizaciones de padres vetar contenidos en los textos escolares, entre ellos los referidos a la educación sexual integral (ESI), la presidenta del Poder Judicial (PJ), Elvia Barrios, y la Unesco se sumaron a las voces de respaldo al enfoque de equidad de género en las escuelas, rechazando la norma impulsada por la ultraderecha.

Para Barrios, si bien el Congreso legisla en el ámbito de su competencia, la norma aprobada representa “un retroceso si se trata de quitar el enfoque de género en la educación”.

En esa línea, advirtió que el enfoque de género permite visibilizar la situación asimétrica entre la mujer y el hombre. “Vivimos en una cultura patriarcal y debemos erradicar la violencia. Es la otra pandemia”, dijo.

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Política

OCMA recaba información sobre liberación de presuntos asesinos de Solsiret Rodríguez

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Andrea Regina Aguirre Concha y Kevin Alexander Villanueva - Caso Solsiret Rodríguez

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) realizó una “visita extraordinaria” al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao luego de la decisión de ordenar la excarcelación de Andrea Regina Aguirre Concha y Kevin Alexander Villanueva, acusados del homicidio de Solsiret Rodríguez.

A través de sus redes sociales, la OCMA publicó un comunicado en donde informa que recaba diversos elementos para determinar si se realizó o no una liberación irregular de los imputados, ante las críticas y comentarios de personajes políticos y las denuncias expuestas por los medios periodísticos sobre la excarcelación por haberse cumplido el plazo máximo de prisión preventiva.

“El equipo contralor comisionado viene verificando, además, el cumplimiento de los deberes y obligaciones del juez a cargo, así como del personal que labora en el citado órgano jurisdiccional de la Corte del Callao”, indicó la OCMA en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, el último martes 17 mayo, el magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao, Roberto Sucno Jara, ordenó la liberación de los acusados del asesinato a la joven activista, Rodríguez Aybar, y dictó comparecencia restringida.

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