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Denuncia de golpe petrolero estratégico de saqueo antinacional

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Refinería de petróleo

El gobierno de Vizcarra, con Liu Yon Sen (nuevo ministro MEM) anuncia inconstitucional entrega de recursos y la soberanía petrolera para ilegal saqueo y desnacionalización de los lotes petroleros, de Petroperú y de la nueva refinería, para entregarlos a la nueva IPC. (Frontera, + British Petroleum, +Tullow).

El 5 enero 2020 el nuevo ministro de Energía y Minas, Liu Yonsen, ingeniero mecánico electricista, en declaraciones a La República, respondiendo a las reclamaciones patrióticas ciudadanas, a las movilizaciones populares y a los peruanos, anunció el viraje ilegal en curso de la política energética gubernamental, respecto al gas y el petróleo como recursos estratégicos de la nación. En los últimos años, el gobierno anunció y meció al país entre una y otra política sectoriales, de recuperación y afirmación patriótica versus otra de entrega antinacional. Postergaba de esta forma las exigencias de la patria, cuya mayoría ciudadana reclama soberanía y diversificación productiva y social.

ILEGAL E INCONSTITUCIONAL ENTREGA DE NUESTRA SOBERANÍA

En esta entrevista del nuevo ministro Liu, plantea la fórmula “legal” de lo que constituye la ilegal y traidora entrega de la Soberanía sobre el Petróleo y el Gas, nuestros recursos estratégicos nacionales, para dárselos en propiedad a empresas extranjeras, empresas que tienen funestos antecedentes, y que actúan lideradas por British Petroleum, Tullows, y coordinadas en Perú por Frontera Energy, empresa colombiana canadiense, lobbysta activa en el Estado. Está en marcha por el Gobierno la entrega a la Nueva IPC (Consorcio de Frontera, Tullow, British Petroleum) del lote 192, de los otros lotes petroleros, de la Refinería, de la extracción autorizada de petróleo en el mar de Grau otorgada a la empresa BP, responsable de la inmensa contaminación catastrófica en el Golfo de México, cuyos buques anuncia el ministro ya están explorando en Perú y en 30 días darán sus primeros resultados y el gobierno les otorgará los recursos.

El ministro menciona el Gasoducto SIT Gas del Sur, como proyecto priorizado, lo que es falso y solo distractivo, pues postergan este proyecto (que tiene los ductos comprados y situados en el trazo del sur peruano) para un vago futuro. Más aún, en el acceso ciudadano al Gas Domiciliario, pretenden imponer con un plan recortado y saqueador, un tarifazo descomunal a los usuarios ciudadanos concentrados en Lima, monopolizado por Calidda, reduciendo el acceso, con tarifas altas, servicios deficientes, y cobros abusivos ilegales. Pretenden repetir la estafa millonaria de 55 millones de dólares, a 172 mil usuarios. Estafa que fue derrotada por las movilizaciones de los combativos Comités de Usuarios en Lima, devolviéndose el monto estafado; y ahora ellos convocan a la protesta en la marcha ciudadana al MINEM este 17 de enero 2020 para conquistar una masificación ciudadana efectiva y justa.

El objetivo real del actual anuncio del ministro Liu, a nombre del Gobierno, es Desnacionalizar la Soberanía sobre el Petróleo y el Gas, haciendo de los contratos fórmulas que otorgan derechos de propiedad sobre el recurso, quitándoselos a la Patria. Estas fórmulas de “contrato-ley” las privatizan y anulan como rentas estratégicas de la nación. Buscan imponer mafiosos contratos de servicios, dándole a las mismas atribuciones de poseer soberanía sobre el recurso petrolero, lo que anulan a la Patria.

Pretenden quitar ilegalmente este recurso a Petroperú y a su nueva Refinería en Talara, para hacer la entrega inmediata de la propiedad de los recursos de los lotes en Piura y en la Amazonia a la Nueva IPC (alianza de Frontera con British Petroleum, y Tullow). Roban y saquean una de las principales rentas estratégicas del Perú. Y buscan descapitalizar a Petroperú en más de 20 mil millones de dólares. El siguiente paso les otorga derechos a los socios de la “Nueva IPC”, para apropiarse de la mayoría accionaria de la Nueva Refinería de Talara y de Petroperú, en la cual los peruanos hemos invertido millones de dólares para tener combustibles limpios y baratos.

El Lote petrolero 192, tiene reservas probadas de petróleo por un valor – según el Colegio de Ingenieros del Perú (setiembre 2015)- de 13 mil millones dólares, y son el sustento que por Ley están destinadas a ser procesadas con la modernización de Refinería de Talara, junto a los otros lotes con amplios recursos probados pero abandonados, y que deben retornar a Petroperú para convocar sus socios. Constituyen un activo estratégico de la nación. La explotación del Lote 192 corresponde a Petroperú, como manda la ley que presenté, fue aprobada por el Congreso y está vigente. Con esta LEY se logra la integración vertical de Petroperú como empresa pública, incluyendo además a otros lotes en Piura, cuyos contratos han extinguido o se encuentran próximos a su vencimiento. Su explotación por parte de Petroperú como activo empresarial, que convoca sus socios, eleva su patrimonio empresarial (que es de todos los peruanos) en miles de millones de dólares. Y posibilita el abastecimiento de la modernizada Refinería de Talara con un petróleo adecuado y constituido como activo propio empresarial, para abastecer al Perú de combustibles limpios y afirmar una renta estratégica nacional.

TRAICIÓN E ILEGALIDAD PARA IMPONER LOBBYSTA DESNACIONALIZACIÓN A FAVOR DE “NUEVA IPC”

El ministro de Energía y Minas anuncia el método con el cual pretenden hacer el saqueo antinacional. Con desparpajo, anuncia cómo van a incumplir la ley que obliga a entregar el lote 192 y otros a Petroperú. Primero, seguir postergando la consulta previa, como pretexto para que continúe Frontera a cargo del lote, en un plazo indeterminado. Frontera tiene experiencias de estas ilegalidades en sus manejos de los campos en Colombia. Y Perupetro ha demostrado desparpajo, al hacer en que la consulta previa ciudadana en los lotes del mar de Tumbes, Piura y Ancash, se transforme mágicamente en la “consulta previa”, cuando ha sido solo una sesión informal, ilegal, sin reglas ni participación de los sujetos de la “consulta previa”. Esta sesión informativa, en la que no participan pescadores, sino gentes de paso, y desinformada, los que firman asistencia, es luego reconocida por el MEM y la PCM como aprobación por los sujetos activos de la “consulta previa”.

El ministro la amplía para violar el texto de la ley Ley N° 30357, que OBLIGA a entregar el lote 192 a Petroperú. Señala el ministro que, de no haberse ejecutado la consulta previa, se llegaría a un acuerdo ¡” para ampliar el plazo de entrega del lote a Frontera…hasta que termine”! Y, agrega todavía el ministro: “será entregado a Petroperú…pero CON EL FIN DE LLEVARLO A POSTERIORI A UNA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS MÁS FAVORABLES AL PAIS”. El periodista de la República insiste en la pregunta: ¿PERO DÓNDE PETROPERÚ SERÁ EL TITULAR O NO? Y la respuesta desnuda la traición en curso. Dice: “PETROPERÚ SERÁ EL TITULAR Y EL CONVOCANTE, EL ADMINISTRADOR DE LA CONVOCATORIA”. ¡BURDA ENTREGA DE LA SOBERANÍA Y FRONTAL VIOLACIÓN DE LA LEY!

Refinería de gas licuado de petróleo

LEY N° 30357: ACCIÓN SOBERANA PARA DEFENSA DEL LOTE 192.

Ante la situación presentada y cuando era evidente el riesgo que corría el patrimonio nacional expresado en el valor del Lote 192, en octubre del 2015, el Congreso de la República aprobó y promulgó la Ley que presenté, la Ley N° 30357, producto de un debate amplio y democrático, con la movilización del pueblo de Loreto y del país en su conjunto, con casi un consenso nacional en este Poder del Estado. Se sustentó la necesidad de que sea la empresa Petroperú quien explote el Lote petrolero 192 para garantizar la propiedad nacional del recurso, la integración vertical en la gestión integral por Petroperú del recurso estratégico. Con esta ley, se autorizó a la otra empresa estatal, Perupetro S.A, a que evalúe y negocie directamente con Petroperú la suscripción del contrato de explotación respectivo, incluso se exceptuó de la aplicación del artículo 6 de la Ley 30130 que puso restricciones a la posibilidad de realizar inversiones por parte de la empresa Petroperú, y además se autorizó a Petroperú a convocar a socios estratégicos y a realizar las gestiones necesarias para llevar adelante este mandato legal.

La Ley 30357 en su Artículo único incorpora una cuarta disposición complementaria final a la Ley 30130 que dice “CUARTA. Autorícese a Perupetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a la Empresa Petróleos del Perú, Petroperú S.A. Para este efecto exceptúese la aplicación del artículo 6 de la presente Ley. Una vez celebrado el respectivo contrato la empresa Petróleos del Perú, Petroperú S.A. está facultada a convocar, conforme a ley, a socios estratégicos y a realizar las gestiones que sean necesarias”.

El Congreso de la República convencido de que esta ley permite a Petroperú explotar el Lote 192, votó casi por consenso, con una amplia mayoría a favor del dictamen de la Comisión de Energía y Minas. Este proyecto fue aprobado en la sesión de 3 de setiembre de 2015 con una segunda votación, con 72 votos a favor, 10 en contra y 11 abstenciones. Al no ser promulgada por el Ejecutivo, el 22 de octubre 2015 en la sesión 22º del Congreso se insistió en la Ley y se aprobó con una votación aún mayor: 74 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones.

Esta ley, su contenido y su espíritu, por el que votó una mayoría nacional y apoyó el pueblo de Loreto y todos los peruanos, que la consideran como una ley de soberanía y de defensa de nuestro patrimonio nacional, hoy se pretende torcer e incumplir, para favorecer intereses particulares. Varios ministros del Sector Energía y Minas, conocedores de la ley y sus implicancias y del valor del Lote 192, que son quienes deben vigilar su cumplimiento irrestricto e instruir a sus dependencia y sus funcionarios, allí donde tienen representación del sector, como es Perupetro, permiten en sentido opuesto que el Lote 192 pase a Petroperú, violando el mandato de la ley y bloqueando la Integración Vertical Lote192/Oleoducto/Nueva Refinería Talara.

PETROPERÚ DEBE CUMPLIR MANDATO LEGAL POR SOBERANÍA ENERGÉTICA

Lo señalado constituye evidencia que el actual lobby petrolero, violando las leyes, reglamentos y procedimientos públicos, pretende imponer ilegalmente que la cuestionada empresa Canadiense Frontera Energy, fondo especulativo de inversión, arrebate al Perú la riqueza e industria petrolera, y a Petroperú el estratégico lote 192. Se pretende privatizar el estratégico proyecto nacional energético, que integra la Nueva Refinería de Talara, en la que el Estado ha invertido 6 mil millones de dólares, y desnacionalizar los lotes petroleros de costa y amazonia, a partir de controlar el estratégico Lote 192. Para el país, esta ilegal privatización de una riqueza nacional fundamental constituiría el acto de traición y entreguismo más oprobioso de nuestra historia, imponiendo a una nueva IPC, (ahora Frontera Energy, más socios), que pretende ilegalmente desnacionalizar, saquear la gestión de la riqueza petrolera nacional, y afectar un eje estratégico del desarrollo nacional y a los pueblos directamente vinculados ella, así como al conjunto de la Patria y su Soberanía.

Debe cumplirse con las leyes vigentes, que otorgan el lote 192 a Petroperú, para que asuma la gestión del recurso con soberanía al ser propiedad de la nación, así como promuevan las respectivas consultas previas ambientales y a las poblaciones indígenas por los ministerios correspondientes. Las leyes también autorizan los plazos para que retornen a Petroperú los lotes petroleros de la costa cuyos contratos están por vencer, pudiendo Petroperú convocar a socios minoritarios adecuadamente calificados, para gestionarlos con la soberanía del caso.

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Política

Limpieza en el sistema de justicia

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Junta Nacional de Justicia (JNJ), el presidente de dicha entidad, Aldo Vásquez

Tras el anuncio del inicio de procesos disciplinarios e investigaciones preliminares contra siete magistrados por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el presidente de dicha entidad, Aldo Vásquez, aseguró que el organismo actuará con la mayor imparcialidad y cumpliendo los más altos estándares constitucionales y convencionales en los procesos contra dos fiscales supremos y cuatro jueces supremos.

En ese sentido, garantizó que la JNJ respetará “todos los derechos propios del debido proceso a quienes son sometidos a investigación”. Como se dio a conocer, los magistrados sometidos a proceso disciplinario inmediato son los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, y los jueces supremos Martín Hurtado y Aldo Figueroa. En tanto, para el ex juez supremo Vicente Walde y los jueces supremos César San Martín y Ángel Romero se dispuso el inicio de una investigación preliminar.

En el programa Nada está dicho, de RPP, Vásquez manifestó que dentro de sus atribuciones la JNJ puede requerir a otras instancias del Estado, así como a otras del ámbito privado, “toda la información que sea necesaria para los procesos disciplinarios a su cargo”. Sin embargo, aclaró que la JNJ no tiene competencias sobre materia penal, ya que eso le corresponde al Ministerio Público.

“La responsabilidad de la JNJ es cautelar la independencia de jueces y fiscales. Eso significa también remover todo obstáculo que impida el ejercicio independiente de juez y fiscal de cualquier poder político, económico o del tipo que fuera”.

MEDIDAS CAUTELARES

En entrevista con Canal N, el presidente de la JNJ señaló que podría aplicarse la separación temporal a los magistrados que cuenten con procesos disciplinarios abiertos a modo de una medida cautelar.

“Esa posibilidad está siempre abierta, es una medida cautelar de suspensión que podría adoptarse. No hablo en ningún caso en particular, todos los casos que llevamos en la JNJ tienen carácter de reservados”, indicó, y advirtió que dichas medidas cautelares se imponen cuando se advierten riesgos de obstaculización o ante la existencia de elementos de convicción sobre actos irregulares por parte de los investigados.

AL TORO POR LAS ASTAS

Para el analista político Miguel Jugo ha sido un acierto por parte de la JNJ darle prioridad al caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la piedra angular del problema de justicia en tanto han sido una red organizada. “Lo que ha habido siempre son grupos al interior del Poder Judicial que ejercían acciones corruptas, pero lo que han intentado los Cuellos Blancos es tejer una red en el Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura para beneficiarse mutuamente al margen de la ley. Evidentemente esto representa un problema importante y la JNJ ha hecho bien en darle prioridad”, afirmó.

Respecto al fiscal supremo Tomás Gálvez, acusado de pertenecer presuntamente a esta red criminal, Jugo recordó que ya el fiscal anticorrupción Martín Salas ha solicitado que sea apartado del Ministerio Público. “Esto es sumamente grave porque gente de su misma institución lo está señalando. Es muy importante que se logre sancionar porque la mayoría de miembros titulares de la Fiscalía están envueltos en procesos por corrupción, y una institución de esta importancia no puede estar con sus miembros más importantes en situaciones complicadas por presuntos actos fuera de la ley”, anotó.

Sobre las eventuales sanciones que recaerían sobre los magistrados investigados, Jugo indicó que existen diversas posibilidades, en tanto la JNJ tiene facultades administrativas de sanción, pero serán otras instancias las que sancionen penalmente por los delitos en que se les encuentre responsabilidad. En esa línea, advirtió la importancia de que el nuevo Congreso asuma “un compromiso de colaborar con la justicia y avanzar en el levantamiento de la inmunidad para que estas personas con protección constitucional puedan ser llevadas a un proceso judicial”.

ALGO MÁS

Finalmente, el analista consideró que el mensaje de la JNJ hacia la ciudadanía debe ser firme, y que “se va a poner mano dura con todos los actos de corrupción en el Poder Judicial y en la Fiscalía”. “Desde la población, también se debe tomar conciencia de que los ciudadanos pueden participar en los actos de fiscalización mediante sus denuncias, se debe arribar al momento en que la gente vaya esperanzada en poder alcanzar justicia cuando acuda a las instancias de justicia en el país”, manifestó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Destacados profesionales, académicos e intelectuales se suman a Nuevo Perú

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Diego Trelles Paz

Ayer, más de 100 profesionales de diversas disciplinas y de reconocida trayectoria participaron en la reunión de afiliación de Nuevo Perú, quienes manifestaron su identificación por la agenda programática de la organización política, que reivindica la democracia y una economía diversa que genere empleo digno.

Durante el evento de afiliación, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, destacó la participación e interés de todos los asistentes a este diálogo abierto y su amor al Perú.

“Estamos aquí porque nos indigna la corrupción y la violencia, porque nos angustia la precariedad y las múltiples discriminaciones, pero también porque amamos a nuestro país y sabemos que más allá de los corruptos y mafiosos que lo tienen secuestrado, hay un país rico y diverso con un pueblo trabajador y creativo. Sí se puede recuperar el Perú”.

“Necesitamos esa fuerza para lograr los cambios que el país necesita. Es el momento histórico para decidir qué país queremos legarle a nuestros hijos e hijas. Nosotros queremos un país con valores, con ciudadanía, con derechos, solidario sin violencia ni corrupción y para ellos queremos construir con ustedes, un Nuevo Perú”, señaló Mendoza.

Entre los profesionales afiliados, podemos destacar Roberto Rodríguez Rabanal, dos veces decano nacional del Colegio de Sociólogos del Perú; Jorge Manco Zaconetti, economista especialista en Hidrocarburos; y Sigfredo Chiroque Chunga, docente y sociólogo, experto en el seguimiento y análisis de las políticas educación, por mencionar a algunos de ellos.

Desde Francia, el reconocido escritor Diego Trelles Paz, anunció también su afiliación a Nuevo Perú. “Las políticas neoliberales son políticas de muerte. Transforman derechos como la educación y la salud en negocios privados. Normalizan la exclusión y la pobreza. No tengo dudas, el Nuevo Perú es la única fuerza progresista con posibilidades electorales que busca un país más justo e igualitario” señaló.

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Política

Accidente que habría causado contaminación en zona de emergencia

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Accidente que habría causado contaminación en zona de emergencia camión chocado en ladera de cerro pista carretera

Al promediar las 3:30 de la tarde del jueves 20 de febrero, un vehículo encapsulado de placa ARB-913, perteneciente a la empresa WARI, que brinda servicios a la compañía minera MMG Las Bambas, sufrió un accidente en el sector CcollpaUma, que forma parte de la comunidad campesina de Urinsaya – Coporaque, zona que actualmente se encuentra en #EstadoDeEmergencia por las protestas en contra de la contaminación extractiva. Los comuneros reportaron, a través de las redes sociales, que a causa del accidente se vienen derramando materiales líquidos en riachuelos que conectan con el río de Urinsaya y el río Apurímac.

Los primeros en llegar a la zona afectada fueron funcionarios de la municipalidad de Espinar. ‘La contaminación es evidente, pudimos constatar la presencia de líquidos extraños que se vertían en los canales que llegan a un bofedal. El accidente fue por la tarde, y no vimos a funcionarios de la fiscalía o de la OEFA’ declaró YenyHuillca, regidora municipal, a través de una entrevista telefónica.

A pesar de que la empresa se ha pronunciado anunciando que ha cumplido con los protocolos pertinentes de mitigación, Isaías K’ana, Presidente Comunal de Urinsaya, a quién también pudimos entrevistar, considera que la situación es preocupante por el contexto de estado de emergencia al que se enfrentan. ‘El agua contaminada es de consumo humano, también la usamos para alimentar a nuestros animales y para la agricultura, con la temporada de lluvias creemos que la contaminación ha sido mayor’ informó K’ana.

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