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Decretos con nombre propio

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Por eso la empresa Odebrecht se da el lujo de fijar arbitrariamente el monto de dicha reparación en solo sesenta millones de dólares.

En estas Fiestas Patrias en las que renovamos y fortalecemos el espíritu nacional que nos congrega como sociedad, desde el 28 de julio de 1821; no debemos perder de vista que surgimos como República independiente, con el pasivo de asumir una deuda ajena a nosotros.

Los historiadores y estudiosos del tema, saben que en el numeral octavo del Acta de la Capitulación de Ayacucho -con la cual fue sellada nuestra independencia, luego de la memorable batalla en ese lugar, el 9 de diciembre de 1824- se establecía que debíamos asumir la deuda contraída por el gobierno español en nuestro territorio hasta esa fecha; de acuerdo a lo aceptado por el General de División Antonio José de Sucre, Jefe del Ejército Libertador, al General rendido José de Canterac, Jefe del Ejército Realista por parte del rey de España.

Tal espíritu de asumir deudas del vencido que no nos corresponde, o mal pago de lo que nos deben, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia republicana. Los mecanismos legales usados para ello han sido, sobre todo en los últimos 30 años, los denominados decretos de urgencia; con los cuales bajo el pretexto de salvar situaciones apremiantes, se dispone del dinero de todos los peruanos.

Aún se recuerda la astronómica suma de setecientos millones de dólares (¡así como lo leen!), que gastó el Estado en la década de los noventa –durante el gobierno de Alberto Fujimori- para efectuar el salvataje financiero del Banco Wise Sudameris y el Banco Latino.

Para esto se emitió decretos con nombre propio, como fueron los Decretos de Urgencia N° 034-1999 y N° 041-1999, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca y Seguros, los ejecutivos de dichos bancos y, todos ellos, contando con el asesoramiento de la banca internacional, como lo fue el JP Morgan, es decir, una gran cruzada para salvar el dinero de los Wise y los Picasso.

Valiéndose del marbete de “urgencia”, los gobiernos de turno suelen disponer de recursos públicos para beneficio de la banca, la gran empresa, así como viabilizar obras carentes de transparencia y medidas de carácter ordinario. Allí están, también, los decretos de urgencia de Alan García para la remodelación del Estadio Nacional y la determinación de escalas salariales de los funcionarios del Estado.

En la actual coyuntura viene siendo objeto de debate político el Decreto de Urgencia N° 003-2017, que ha sido emitido para suspender la transferencia de activos, acciones, participaciones o derechos de empresas concesionarias o de sus socios que hayan sido condenadas o hayan admitido la comisión de los delitos de corrupción o lavado de activos.

En la práctica, sin embargo, se trata de otra norma con nombre propio: Odebrecht, es decir, contrariamente a lo que parece, se promueve con este decreto la protección del patrimonio de sus dueños, ya que no establece ninguna medida eficaz y coercitiva que impida la transferencia de esos bienes. Tampoco promueve la determinación objetiva de la reparación civil en favor del Estado, ya que se ha saltado la posibilidad de hacerlo pericialmente, como sucede en el fuero judicial.

Por ello la empresa se da el lujo de fijar arbitrariamente el monto de dicha reparación en solo sesenta millones de dólares. En una actitud arrogante de: lo tomas o lo dejas. Pretendiendo que el Estado se conforme con lo que ella buenamente quiera darle, es decir, la empresa que, según confesión de uno de sus ejecutivos, ha corrompido a más de milfuncionarios en el mundo, y en nuestro país, ha realizado numerosas mega obras plagadas de corrupción durante más de veinte años, pretende resarcir el daño patrimonial en una bagatela.

Recordemos la grandilocuencia con que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, insiste en las virtudes del decreto de garantizar la cadena de pagos, refiriéndose -obviamente- a los acreedores de la empresa, ya que dicha norma no menciona en ninguno de sus artículos el pago a los trabajadores, como ella lo ha venido sosteniendo demagógicamente. Lo que más sorprende es que, muchos y reconocidos periodistas, vienen repitiendo este argumento con aires de estar difundiendo la suprema verdad filosofal.

Por otro lado, si bien es cierto que dicho decreto contiene materia económica y financiera, no fundamenta en su exposición de motivos el carácter de urgencia ni de interés nacional como lo exige el artículo 118, inciso 19, de la Constitución Política del Estado para su validez constitucional.

Es verdad también que el decreto fue aprobado en la décimo novena sesión ordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso, sin embargo, allí se produjo un extraño fenómeno: al momento del debate el presidente de esa Comisión –Miguel Torres- sostuvo que el mismo contenía vacíos que serían corregidos por varios proyectos de ley que ya estaban en camino; por otro lado, la entonces vice presidenta del Congreso –Rosa Bartra-, que formaban parte de esa Comisión, argumentó que el decreto promovía la impunidad. A pesar de ello, con los vacíos y aspectos de impunidad advertidos el decreto fue aprobado por unanimidad (Acta del 09/05/17, pg. 10, en web del Congreso). En este tema el Parlamento y el Poder Ejecutivo jugaron con urgencia y en pared.

Por si fuera poco, y pese a tratarse de una norma con nombre propio y que no cautelar debidamente los intereses del Estado; de acuerdo a la información aparecida en este diario (26/07/17), Odebrecht habría contratado un estudio jurídico norteamericano Quinn Emanuel que estaría preparando una demanda internacional por presuntos daños y perjuicios. Por lo que vemos se siente mal servida. Habiendo dañado el patrimonio y la moral pública de este país, pretendería ahora que le paguemos por sus tropelías.

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Política

El voto oculto de la izquierda

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Carmela Sifuentes, presidenta de la CGTP.

Hay un descontento en el pueblo peruano que nunca se ve reflejado en las encuestas, porque de hacerlo sería cuestionar el modelo económico y que la élite acepte la necesidad de una salida a la permanente crisis del pueblo por la izquierda.

Analistas coincidieron en señalar a Diario UNO que la última semana será decisiva para que la población se decida el voto oculto y tome forma por las opciones electorales de izquierda.

EL PUEBLO ESTÁ DESPERTANDO

Carmela Sifuentes, presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) manifestó a Diario UNO que “el pueblo peruano se está dando cuenta de que la mejor opción son las izquierdas, en ese contexto Juntos por el Perú, el Frente Amplio y las demás fuerzas deben ir avanzando”. “Aunque si hubiesen participado de manera conjunta el panorama sería más claro, sin embargo creo vamos a tener bancadas en el Congreso”, agregó.

PROVINCIAS ES UN BASTIÓN

Asimismo, señaló: “En provincias los partidos políticos tradicionales como el Apra, Solidaridad Nacional, el mismo Morado que está cuestionado por un tema de valores, tampoco tienen una gran aceptación. Acción Popular si está en todo el Perú pero sus postulantes al Congreso y su posición respecto al fujiaprismo es una incógnita”.

“Por eso puede haber muchas sorpresas con el voto en favor de la izquierda.Además las más importantes luchas y movilizaciones contra el actual modelo económico siempre ha tenido como protagonista a los pueblosdel interior del país”, agregó la referente sindical.

VIEJA ESTRATEGIA

Para la presidenta de la CGTP a pesar del terruqueo constante contra la izquierda, afirmó que “el pueblo peruano sabe que es una vieja estrategia de la derecha para asustar a la gente y evitar que voten por una alternativa al sistema. Porque la izquierda no tiene nada que ver con el terrorismo y no un fanatismo a ultranza como nos calumnian”.

Gabriel Salazar Borja, Foro Juvenil de Izquierda.

Gabriel Salazar Borja, Foro Juvenil de Izquierda.

BANDERAS DE MOCRÁTICAS

Gabriel Salazar, dirigente del Foro Juvenil de Izquierda, destacó que “la izquierda tiene como mejor carta de presentación haber sido protagonista de las luchas democráticas en los últimos años, tanto en la defensa de los derechos laborales, de las comunidades que defienden el medio ambiente como de la revelación de los CNMaudios que desató una crisis política que culminó en la disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra”.

“En los últimos días la izquierda ha dado un giro en ser más precisos en sus propuestas, y destacar que tanto en la calle con en sus bancadas, ha trabajado para que el cuestionado Congreso fuese disuelto como lo exigía la población”, resaltó.

Según Salazar: “La población como en el 2016, en la última semana está decidiendo sus votos, por ejemplo las denuncias contra los morados nos van a terminar favoreciendo de alguna manera, me parece que la izquierda va a sacar un buen porcentaje dentro de ese voto oculto, y que recién se decide a última hora”.

VOTO OCULTO

“Tengo la esperanza que en este último tramo pueda tomar un envión y pueda captar lo que se conoce como el voto escondido, porque gran parte de la población tiene críticas al modelo neoliberal y quiere cambios en el país”, indicó el dirigente juvenil.

Asimismo, refirió: “Por ejemplo, lo ocurrido con los jóvenes explotados que murieron en un Mc Donalds. Espero que el voto de protesta se convierta en un voto de propuesta y la izquierda pueda canalizarlo para lograr los cambios que exige la gente”.

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“Por eso espero que las izquierdas tengan su bancada y se vaya articulando pensando en las elecciones presidenciales del 2021 para concretar la unidad”, agregó Salazar.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

No es necesaria inmunidad si el trabajo del congresista es transparente

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Carmen Omonte

Carmen Omonte es candidata al Congreso de la República con el número 2 por Alianza para el Progreso (APP) por Lima. Diario UNO la entrevistó respecto a sus propuestas.

—¿Cuál es su análisis de la crisis política?

—Nuestro país atraviesa una profunda crisis de la que aún no salimos, en la que está en riesgo el sistema democrático, en la actualidadno tenemos dos poderes que equilibren la presencia del Estado con respecto a la atención del ciudadano. Ese es el reto del próximo Congreso. Los ciudadanos tienen que entender que ahora tienen la oportunidad de elegir un Congreso que de verdad los represente. Y ese es un reto, hoy nuestro país está estancado en lo económico, miles de jóvenes no tienen oportunidades laborales, y tenemos un nivel de violencia e inseguridad enorme.

El anterior Parlamento debió haber cumplido un rol de fiscalización, de representación, de atención a estas demandas,pero al no estar en funciones, el país es como si estuviese a la deriva. Hay que asumir esa responsabilidad por eso estoy en política de nuevo, hacer política honesta no es fácil,pero para los que tenemos la esperanza por la experiencia que hemos tenido de que, si es posible lograr grandes cambios con las decisiones correctas, es lo que hace que este enfrentando esta responsabilidad para postular en este proceso electoral.

—¿Por qué propone eliminar la inmunidad parlamentaria?

—Considero que en esta lucha contra la corrupción que es una de las principales demandas ciudadanas, el Congreso tiene que dar el ejemplo, el parlamentario no tiene que ser un ciudadano con una categoría y un nivel de protección diferente, por eso se debe eliminar la inmunidad.

Aunque algunos cuestionan esta propuesta porque dicen que no se podrá fiscalizar sino se tiene ese manto de protección. Ante eso mi propuesta es que tenemos que fortalecer nuestro sistema de justicia,pero también tenemos aliados para luchar contra la corrupción: como la sociedad civil, los medios de comunicación o las redes sociales, que democratizan la información.

Hace décadas un congresista no tenía esos espacios de respaldo para realizar su trabajo de fiscalización y por eso era necesaria la inmunidad, por ejemplo, en Colombia y en Panamá se ha eliminado esta. La inmunidad hace mucho más daño al Congreso como institución que si no la tuviera, tenemos que tomar esa decisión porque el que nada debe, nada teme.

He formado parte de muchas comisiones de investigación en el Congreso, y por lo tanto, sé que si uno hace una labor abierta, transparente, y el ciudadano lo conoce, será tu principal soporte para que no tengamos temor de investigar.

—¿En qué consiste su propuesta para disminuir tarifas de electricidad?

—Tenemos que reconocernos como un país con mayor potencial hídrico, y así en general somos un país con muchos recursos naturales, por eso sorprende el precio de nuestros servicios. Ahora me estoy enfocando en un proyecto de ley que va a lograr que se rebaje el costo de los recibos de luz.

En la década de los noventa por el tema de la inseguridad que generaba el terrorismose dio una ley que garantizaba la rentabilidad de un 12%, a las empresas eléctricas que quisieran invertir en nuestro país. Pero ya pasaron más de 30 años, ya no tenemos ese riesgo país, no obstante, esa ley se ha mantenido de manera discreta y no se ha visibilizado.

Si logramos que este nivel de rentabilidad baje por ejemplo al 8%, de inmediato se reflejaría en un descuento en alrededor del 10% de nuestras tarifas eléctricas.

Y en paralelo, tenemos que prestar mucho cuidado a la fiscalización de los ciudadanos y el Congreso, a algo que todavía está en manos de Indecopi, se trata que la empresa China Tres Gargantas que adquirió la hidroeléctrica Chaglla, pretende comprar Luz del Sur, por lo que se estaría poniendo en riesgo el interés de los usuarios, de la competencia, si es que una sola empresa produce electricidad y también la distribuye.

—¿De qué trata el Plan Nacional de Servicios de cuidado?

—Si salgo elegida, espero lograr apoyo para que, de manera multipartidaria, logremos la aprobación de una ley que declare de interés nacional, la implementación por parte del Ejecutivo de un Plan Nacional de Servicios de cuidado.

Porque actualmente miles de familias peruanas tienen a su cargo a un adulto mayor que ya no puede moverse, a una persona con discapacidad severa, a niños que nacen con una incapacidad intelectual o síndrome de down, y que afecta de manera directa y en particular a las mujeres, que dejan de tener un proyecto de vida porque tienen que quedarse en sus hogares a cuidar a este familiar, porque ya no va a tener una mejora en su salud.

Estos días me he reunido con decenas de mujeres, la mayoría jóvenes y abandonadas por sus parejas porque no soportaron la presión de tener un niño que no va a poder cambiar su desenvolvimiento en la sociedad y necesitará una atención permanente, esas mujeres han truncado su proyecto de vida.

Por eso propongo, que el Estado, así como ya lo están haciendo países desarrollados, incluso en Sudamérica Chile existe un plan nacional piloto“Chile te cuida”, como no lograr que en Perú también se ofrezca opciones como casas de atención, de acogida, que en los centros médicos tengamos personal que puedan acudir y capaciten a estas personas que hacen cargo de la atención. Entonces, ahí nuestro país será inclusivo si se implementan este tipo de planes. Que no nos digan que no hay dinero en nuestro país, porque si lo hay, el tema es cuales son las prioridades que tienen nuestros gobernantes.

 

YÁSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Observadores brindan garantías de transparencia al proceso electoral

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, destacó que la presencia de los observadores internacionales brinda las garantías de transparencia e incuestionabilidad al proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del próximo domingo 26 de enero.

En reunión con el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), Leopoldo López Gil, y miembros de dicha delegación, subrayó que la labor que realizan tales expertos en el Perú es muy valiosa, pues acompañan todo el proceso, incluidos el sufragio, conteo de votos y resultados finales.

Durante el encuentro, el titular del JNE brindó a la misión un panorama sobre la situación actual de las elecciones para el nuevo Congreso y las acciones ejecutadas por la institución con la finalidad de que los comicios se desarrollen con la mayor transparencia, seguridad y garantía de respeto a la voluntad popular.

En ese sentido, explicó los principales aspectos y etapas que se desarrollan para estas elecciones, así como la función jurisdiccional, fiscalizadora, normativa, cívico-educativa y administrativa que cumple el JNE.

Entre ellos, resaltó la realización de debates electorales, organizados por la institución en Lima y provincias, para contribuir al voto informado y responsable de los electores.

La autoridad electoral destacó, además, las permanentes reuniones realizadas entre los organismos del sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec) a fin de planificar, coordinar y ultimar detalles para la realización del proceso electoral.

Recordó que, dado el carácter extraordinario de estos comicios, los plazos breves con los que se cuentan tuvieron que adecuarse en el cronograma electoral aprobado por el JNE, el cual, aseguró, se viene cumpliendo escrupulosamente.

Por su parte, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE indicó que ya está desplegado en el país el primer grupo de más de 50 observadores, cantidad que se incrementará hasta el día de las elecciones.

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Anotó que a ellos se sumará una delegación de diputados del Parlamento Europeo y representantes de las embajadas de los países miembros de la UE.

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