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Cuidado con las cabeceras de cuenca

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En un artículo reciente, publicado por el portal digital Lampadia (http://www.lampadia.com/analisis/mineria/ppk-y-fp-legislan-contra-la-minera/), defensora de las actividades extractivistas, sostiene que los “antimineros” han encontrado dos términos muy efectistas que son colchón acuífero y cabeceras de cuenca.

Dice que: “El primero hace consentir que los acuíferos son un ‘colchón’ plano donde está el agua que alimenta los manantiales, y el segundo sugiere que nacen las aguas de las partes altas de la cuenca … pero (que ambos términos) son términos falaces”.

Raúl Benavides –hermano de Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, y cuya familia es propietaria de la minera Buenaventura– da argumentos técnicos atendibles de por qué serían falaces, pero lo que más le preocupa son dos cosas: Por un lado que el 90% de las minas y los minerales se encuentran por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto en cabecera de cuenca. Y, por otro, se pregunta, ¿qué sería de nuestra sierra sin minería?

En resumen, sostiene el empresario minero en Lampadia, que la defensa de las cabeceras de cuenca “es una forma de oponerse a todo emprendimiento minero futuro (y) haría que los funcionarios de la ANA (Autoridad Nacional del Agua) sean constantemente hostilizados por elementos conservacionistas y antisistema para que declaren inviables proyectos (mineros, lo que) se puede usar para oponerse a represamientos, hidroeléctricas y hasta incluso carreteras por ser cabecera de cuenca”.

Por lo anterior, sostiene Raúl Benavides, es necesario derogar cuanto antes la Ley 30640 –presentada por el congresista Marco Arana del Frente Amplio, discutida y aprobada en la Comisión de Pueblos y el Pleno del Congreso de la República y promulgada en El Peruano el 19 de agosto–, que modifica la Ley 29338 de Recursos Hídricos y establece “Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca”.

Acorde con esta ley modificatoria, apoyada por la izquierda, los fujimoristas y congresistas de PPK, la ANA, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede “declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua y otorga 90 días para adecuar la norma reglamentaria y 365 días para elaborar el marco metodológico para implementarla”.

Según Raúl Benavides y Lampadia, las consecuencias de aplicar esta ley serían que ningún proyecto de inversión podrá ser desarrollado hasta no saber si será declarado “cabecera de cuenca”, que todo proyecto de reservorio de agua, hidroeléctrica, mina u otro deberá esperar a que la ANA diga si es o no cabecera de cuenca antes de comprometer la inversión, que la ley de marras genera mayor “permisología” –término acuñado por la tecnocracia neoliberal–, atentando contra una de las Políticas de Estado proclamadas por PPK y el Congreso, que es la simplificación administrativa. Es más, sostiene Raúl Benavides, esta modificatoria de la Ley de Aguas será una fuente más de conflictos para los proyectos de inversión.

Sin embargo, los extractivistas mineros, que se expresaron largamente contra esta ley en la reciente Perumin 33 (Arequipa, 18 al 22 de setiembre), no saben o no quieren saber que en varios de países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, muchos de Europa, los proyectos extractivos y en general los productivos, incluyendo megaproyectos de construcción para viviendas, carreteras y energía, tienen vallas ambientales e institucionales que NO permiten que se instalen en cabeceras de cuencas y acuíferos subterráneos.

Tampoco permiten que se impulsen a tajo abierto, que afecten áreas naturales protegidas o sitios incluidos bajo la Convención de Ramsar (sobre humedales con especies endémicas de flora y fauna), que destruyan sitios arqueológicos y santuarios religiosos de pueblos indígenas y no indígenas, que se realicen sin procesos previos de ordenamiento territorial, que se desarrollen sin consulta a los ciudadanos (vía referéndum) o pueblos indígenas (vía aplicación del Convenio 169 de la OIT), que violentan los usos y costumbres locales (culinaria, patrones comunitarios, prostitución, consumo de drogas), entre otros.

¿Existe extractivismo responsable en el Perú, es decir empresas con responsabilidad social y ambiental? Tengo serias dudas, ya que la mayoría de nuestras empresas mineras ni siquiera cumplen los principios que varias de ellas, agrupadas en el Consejo Mundial de Minería y Metales (ICMM, por su sigla en inglés) firmaron en mayo del 2003.Ver los 10 principios en: http://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/ICMM_Principles_es.pdf.

Sostengo que no hay verde sin azul, no hay agricultura, ganadería, piscicultura, maricultura, árboles y biodiversidad sin agua y no hay agua con extractivismo irresponsable, depredador, sin procesos sociales, políticos y técnicos de ordenamiento territorial (OT), evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) y estudios de impacto ambiental (EIA). El agua blanca y dura de los glaciares se está derritiendo. En 44 años los glaciares peruanos retrocedieron en un 42%: en 1970 habían 2,041 Km2 de superficie glaciar; al 2014 solo quedaban 1,211 Km2. Se ha perdido el agua que consume Lima en 20 años y los glaciares ubicados debajo de 5,000 msnm podrían desaparecer en el 2021.

La tierra se está secando, el verde se está talando en la Amazonía como muestran los 8 a 10 millones de hectáreas ya arrasadas, la agricultura está colapsando, el mar lo estamos contaminando y agotando sus recursos. El hambre puede comenzar a matarnos en un país que busca ser una potencia gastronómica y pertenecer a la OCDE. El stress hídrico nos toca la puerta ya que el agua dulce disponible se encuentra principalmente en humedales, bofedales, lagunas y acuíferos subterráneos que están desapareciendo: la minería metálica y no metálica está bajo ellos en las cabeceras de cuenca..

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Política

Boluarte pidió a bancada de Perú Libre “no dejarse llevar por ideas de algunos dirigentes”

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Dina Boluarte

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, pidió a la bancada de Perú Libre “mantener la unidad” y “no dejarse llevar por las ideas de algunos dirigentes”. Asimismo, precisó que las discrepancias existentes “deben resolverse dentro del partido”.

“Creo que los temas del partido se atienden dentro del partido. Nosotros con la congresista y hoy ministra Betssy (Chávez) ayer sacamos una carta pero llamando a la militancia de Perú Libre para poder trabajar unidos, con madurez política, no dejarnos llevar seguramente por ideas de algunos dirigentes”, manifestó a la salida de un evento del programa Cuna Más en la región La Libertad.

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Política

Magistrados a evaluar tienen menos de un mes para presentar documentos

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó a evaluación a 200 jueces y fiscales, quienes tienen plazo de presentar sus documentos hasta el próximo 12 de noviembre.

La presentación de documentos se debe realizar a través de la Ficha Única del Magistrado, una plataforma digital disponible las 24 horas del día.

Entre los principales documentos que deberán presentar, están las muestras de su trabajo. Por ejemplo, un juez deberá presentar muestras de sus fallos para que la JNJ evalúe su comprensión de los problemas jurídicos, su capacidad argumentativa, etc.

También deberán presentar muestras de su eficiencia en la gestión de procesos o investigaciones para evaluar cómo conducen una audiencia o qué tan céleres son respecto a su carga procesal.

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Política

Fiscalía pidió impedimento de salida del país para el embajador de Perú en Venezuela

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Fiscalía pidió impedimento de salida del país para el embajador de Perú en Venezuela

El nuevo embajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas, tiene un pedido de 12 meses de impedimento de salida del país por parte del Ministerio Público. Él es investigado por lavado de activos por el presunto financiamiento ilegal de las campañas de Perú Libre.

La tarde de este lunes 18 de octubre la Fiscalía hizo público el pedido en el marco de la investigación que realiza contra Rojas. El pedido fue planteado por la Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Lavado de Activos y fue presentado ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Corrupción de Funcionarios.

Dicho Juzgado deberá fijar fecha de la audiencia en la que evaluará el impedimento de salida contra el actual embajador.

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