El año 2020 será recordado como el año de la mayor “catástrofe sanitaria” que haya experimentado el país con más de 80 mil muertos extraoficiales. Será reconocido como el período donde tuvimos tres presidentes de la república en una semana, con una revolución ciudadana que hizo respetar los principios democráticos, como el de la división de poderes ante un perverso golpe de estado.

Será también conocido como el de la mayor caída del valor de la producción, estimado en más de 13 % del PBI, y será también reconocido como el año en el cual se pactó por vez primera un endeudamiento externo a pagarse en 100 años, es decir en el año 2120.

Es decir, los nietos de nuestros hijos tendrán que abonar estos compromisos de deuda que se han pactado por primera vez para pagarse en una centuria. Ello significa que estamos dejando como herencia a nuestros bisnietos una hipoteca a su futuro, lo cual dice bastante, sobre la situación económica.

Lo curioso del discurso liberal que nos han vendido como sentido común, se relaciona con las supuestas bondades del modelo económico peruano aplicado en los últimos años. Se pregona que somos el país que ha tenido un crecimiento del 4.1 % como promedio anual entre el 2001 al 2019.

Se sostiene que tenemos una fortaleza macroeconómica y fiscal ejemplar. Que somos el país con la menor proporción de deuda pública externa en relación al PBI entre los países de la región, el que mejor ha pactado sus compromisos de deuda externa, en cuanto a tasas de interés.

También se afirma que somos el país que ha proporcionado más recursos del PBI en la lucha contra el “corona virus”. Solamente S/ 60 mil millones (más de US $ 17 mil millones) en el “Fondo Reactiva Perú”, que constituye un salvataje financiero para las grandes y medianas empresas del país ante la brutal caída de la demanda interna, producto de la cuarentena y aislamiento sanitario.

Sin embargo, ante un derrumbe en promedio del 30 % de la recaudación de los ingresos del estado, con un déficit fiscal casi del 10 % en relación al PBI para el 2020, el gobierno ha tomado la decisión de levantar crédito internacional mediante la emisión de bonos que se pagarán unos en unos 12 años, otros en 50 y 100 años.

En verdad, el presupuesto del 2021 que está por aprobarse en el desacreditado congreso de la república, a fin de mes, está desfinanciado y se requiere un endeudamiento público externo superior a los S/ 47 mil millones de soles, (más de US $ 12 mil millones), para financiar el gasto público.

LA DEUDA ETERNA

En principio, no es negativo endeudarse en el largo plazo si el país tiene el crédito suficiente, en un período en el cual existe una abundante liquidez internacional y bajas tasas de interés en el mercado norteamericano. Pero endeudarse por 100 años como lo hizo Argentina, preocupa, pues pone en duda la fortaleza macroeconómica del país.

El endeudamiento externo debería la excepción y no la norma y prácticamente para el 2021 y 2022 más del 38 % del PBI serán equivalentes como deuda pública externa que debe financiar el gasto público. Es de suponer que dicho endeudamiento debe estar destinado a una inversión de infraestructura o equivalente, pues sería perverso que el país se endeude para financiar el gasto corriente.

En verdad, recurrir al endeudamiento público externo es la salida fácil y expeditiva de los gobiernos que no aspiran a una reforma tributaria integral, que grave los mayores ingresos y la riqueza que se ha generado en el país, y que se ha concentrado en las grandes empresas y grupos de poder económico.

URGENTE REFORMA TRIBUTARIA

Un país de ingresos medios como el Perú con una población cercana a los 33 millones de habitantes con PBI de US $ 270 mil millones en dólares constantes, no puede tener una presión tributaria menor al 15 %, y un presupuesto público para el 2021 de 184 mil millones de soles (un aproximado de US $ 50 mil millones)

Ante las crecientes necesidades de la población, las inversiones necesarias en salud y educación pública, seguridad ciudadana e infraestructura, el estado demanda mayores ingresos fiscales y una racionalización de los mismos para minimizar la corrupción.

Una reforma tributaria que elimine las exoneraciones, los regímenes especiales, los beneficios tributarios, los gastos deducibles al impuesto a la renta que al final de cuentas minimizan los ingresos del estado.

Resulta inaceptable por ejemplo que el sector agroexportador genere ingresos de exportación del orden superiores a los US $ 6,200 millones anuales y el impuesto a la renta sea menor a los US $ 55 millones como sucedió en el 2019. Sector privilegiado que abona como tasa de impuesto a la renta el 15 % fuera de la tasa del régimen común que abona 30 %

En el mismo sentido, resulta una paradoja que ante tanta riqueza marina que el fisco perciba rentas tan ínfimas. Así, la pesca de exportación, tanto de la harina de pescado como de aceite pescado que genera ingresos anuales superiores a los US $ 2,500 millones abone menos de US $ 40 millones por concepto de impuesto a la renta

Urge que el próximo gobierno tenga como uno de sus objetivos fundamentales una reforma tributaria integral, que grave relativamente más la riqueza, el patrimonio y los altos ingresos para tener un estado posible y viable en el largo plazo.

AMPLIADO

Recurrir al endeudamiento público externo es la salida fácil y expeditiva de los gobiernos que no aspiran a una reforma tributaria integral.