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Con la familia no se juega

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La organización social más cercana al ser humano indiscutiblemente es la familia, y además forma parte de ella, por lo cual las legislaciones del mundo en general la protegen, aunque tenemos que reconocer que el concepto de familia no es el mismo en todas las culturas y credos.

En el Perú nuestra Constitución reconoce a la familia y al matrimonio “como institutos naturales y fundamentales de la sociedad”, agregando que “es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos” y estos últimos “tienen el deber de respetar y asistir a sus padres”, así como también tienen los padres el derecho “de escoger los centros de educación”.

En adición a lo señalado, el Código Civil determina que “la regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamadas en la Constitución…”

Siguiendo el derrotero señalado en la Constitución y en el Código Civil, en el año 2005 se dictó la Ley 28542 con la finalidad de “fortalecer el desarrollo de la familia como fundamento de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo integral del ser humano, basándose en el respeto de los derechos fundamentales y las relaciones equitativas entre sus miembros”. En la misma norma se fijaron políticas públicas y acciones para la protección de la familia.

Teniendo en consideración lo aludido en el párrafo anterior, causó extrañeza -por decir lo menos – que el Gobierno, supuestamente autorizado para ello por ley de delegación de facultades, dictara el Decreto Legislativo 1408 derogando innecesariamente la Ley 28542, sustituyéndola por perniciosa normatividad en que dispuso el “…fortalecimiento de familias democráticas” así como su promoción “…con relaciones igualitarias entre sus integrantes”.

El desatino fue enorme y obligó que a que a menos de una semana de su publicación, se dictase un nuevo Decreto Legislativo, el 1443 que lo modificó quitándole el veneno de lo de la “familia democrática”.

Pese a que ya se le puso antídoto al veneno, conviene recordar que los Decretos Legislativos que se expiden por la delegación de facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, son aprobados previamente en el Consejo de Ministros, lo que demostraría que no se toman allí las cosas con seriedad y que hay ministros que no se dan cuenta de lo que firman, lo que también pasó con el Presidente de la República.

Lo de la “familia democrática” indiscutiblemente fue un contrabando que le metieron al Gobierno desde el Ministerio en que se preparó el cuestionado Decreto Legislativo, lo que aparentemente hasta ahora no ha sido investigado, y que será menester que el Parlamento al fiscalizar los Decretos Legislativos consiga esclarecer el estropicio, así como sus motivaciones.

La familia no es democrática, lo pueden ser los partidos políticos, las organizaciones en que se eligen a sus representantes, pero de ningún modo las familias, en que hay un orden, no solo de precedencias sino de autoridad, pues para educar a los hijos tiene que haber autoridad, y las cosas del hogar no se discuten ni con los menores hijos ni menos se ponen a votación.

Ojalá que a los autores del desatino no se les ocurra mañana decir que la Policía y las Fuerzas Armadas son democráticas. Pues no señor, son absolutamente piramidales, en que los de rango inferior tienen deber de obediencia frente a los de rango superior.

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Política

Otra vez a prisión

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Yehude Simon detenido capturado

No se lo esperaba. Por disposición de la jueza María de los Ángeles Álvarez, Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros, fue detenido de manera preliminar por 10 días a solicitud del fiscal José Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato. Y fue allanada su vivienda en el distrito de Surco.

Asimismo, fue detenido Pablo Enrique Salazar Torres, exgerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones, hombre de confianza del expremier.

Las diligencias del Ministerio Público comprenden el allanamiento, por un plazo de 48 horas, de ocho inmuebles, cinco de los cuales se encontrarían vinculados a Simon.

El Ministerio Público requirió la medida restrictiva contra Simon como parte de las investigaciones por el proyecto Olmos por presuntamente haber recibido dinero de la constructora Odebrecht durante su gestión como gobernador regional de Lambayeque.

Al exfuncionario se le atribuye la calidad de autor por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos agravado en organización. Según la Fiscalía, Simon habría realizado actos de transferencia, conversión y ocultamiento del dinero. La investigación se encuentra etapa preliminar y ha sido declarada compleja por tratarse de organización criminal.

De acuerdo a la tesis fiscal, al exgobernador regional de Lambayeque se le imputa hechos relacionados a la concesión del “Trasvase e Irrigación de Olmos” a favor de Odebrecht y de haber recibido presuntamente dinero de parte de esta misma empresa brasileña para su campaña electoral reelecionista en el 2006.

Además, el Ministerio Público sindica a Simon por haber hecho uso de codinomes (”Gorno” y “Terco”), para la realización de pagos ilícitos que provendrían del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht (la Caja 2).

MÁS IMPLICADOS

En esta historia de presunta corrupción el expremierYehudeSimon no está solo. Pablo Enrique Salazar Torres y Javier Málaga Cochellafueron señalados como los receptores de dinero de Odebrecht destinado a YehudeSimon.

Cuando Simon era gobernador regional de Lambayeque,Pablo Enrique Salazar Torres fue designado gerente del Proyecto Especial Olmos. Bajo su gestión se diola primera concesión de la obra a la Concesionaria Trasvase Olmos SA, de Odebrecht.

En el año 2008, cuando YehudeSimon era primer ministro del gobierno de Alan García, designó a Javier Málaga Cochella, otro hombre de su confianza, como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Concejo de Ministros.

DELITOS GRAVES

Según el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL) “estos actos configuran el delito de colusión agravada, que es cuando el funcionario interviene o intercede con el particular para tener una retribución económica en perjuicio del Estado, y después se va a investigar como un delito de lavado de activos por el desbalance patrimonial que tendría YehudeSimon en el agravante de la organización criminal, bajo estas dos figuras penales, las dos penas sumadas llegarían a los 35 años”.

“No obstante por no tener antecedentes de ese tipo sería acreedor a una rebaja de la pena de 25 años que igual es una pena es alta”, destacó.

Para Quispe: “Simon tiene un desbalance patrimonial bastante importante, porque tiene 5 casas, entonces configuraría el delito de lavado de activos porque no va a tener como sustentar su compra. Porque recordemos que antes de ser presidente del Gobierno Regional de Lambayeque estuvo preso por el delito de terrorismo. Y fue indultado por la Comisión del Padre HubertLanssiers. Entonces, en un balance de sus ingresos, es complicado de que él pueda sostener cómo compró esas casas que hoy tiene”.

Yehude Simon detenido capturado

¿PRISIÓN PREVENTIVA?

“Culminados los diez días de detención preliminar, lo que procede en este caso es formalizar la investigación preparatoria, es decir judicialización del caso, acompañado de un pedido o de comparecencia o de prisión preventiva. En estos casos es usual que el Equipo Lava Jato, luego de tener una detención preliminarpida una prisión preventiva”, explicó el jurista de IDL.

Asimismo, afirmó: “Los delitos por lo que lo están investigando son graves por tanto se estarían cumpliendo los tres requisitos de la prisión preventiva: sospecha grave en el delito, la pena sería superior a cuatro años, porque llegaría hasta 35 años. Y finalmente el peligro de fuga y de obstrucción a la justicia, porque YehudeSimon no podría probar el trabajo que tiene, y la fiscalía le va a probar que tenga arraigo laboral, familiar, domiciliario y que sea urgente la medida”.

ALGO MÁS

“Si la Fiscalía tiene elementos que hay un peligro de fuga y de obstrucción a la justicia de YehudeSimon pedirá la prisión preventiva. Si no lo tiene como ahora lo ha deslizado, no lo va a hacer”, aseveró Quispe.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Promoverán política nacional de memoria por las víctimas

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Promoverán política nacional de memoria por las víctimas campesina

El Ministerio de Justicia está comprometido con implementar una política nacional de memoria, paz y reconciliación que genere aproximación y respeto hacia las víctimas civiles, militares y policiales del periodo de violencia ocurrido entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, afirmó el viceministro de Derechos Humanos, Daniel Sánchez.

“Hay una práctica nociva de usar el miedo al terrorismo para difamar y descalificar a personas, lugares o acciones que buscan reflexionar críticamente sobre nuestra historia reciente de violencia”, recordó.

“El terruqueo insulta la memoria de miles de víctimas civiles, policiales y militares y golpea a familiares que siguen sufriendo la indolencia de grupos que usan este término con fines políticos y sin sensibilidad humana. Así, no podemos construir ciudadanía”, añadió el viceministro.

De esta forma, hizo un llamado a colocar en el centro de las intervenciones a quienes resultaron afectados por la violencia, en el marco de la inauguración de la Casa de la Memoria Viva de la Asociación de Vivienda Nueva Amanecer que agrupa a familiares de personas asesinadas o desaparecidas durante dicho periodo.

En marzo de 2019, el pleno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), integrado por representantes de 11 ministerios, la Asociación de Universidades del Perú, Colegio Nacional de Decanos y Profesionales del Perú y representantes de asociaciones de derechos humanos, aprobó los “Lineamientos para la construcción de una Política Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación”.

Dicho documento está alineado a políticas de reconocimiento como el Acuerdo Nacional y la Agenda Bicentenario, y será socializado en las regiones de mayor afectación en el país donde congregará a asociaciones de víctimas civiles, policiales y militares, representantes del Estado, universidades y sociedad civil en un proceso descentralizado y participativo.

Con ello, se generará una política pública para promover, garantizar y gestionar intervenciones y aproximaciones que dirijan al establecimiento de una agenda común orientada a garantizar el respeto a las víctimas del periodo de violencia, el rechazo a la violencia y construcción de una cultura de paz, la revalorización de prácticas y espacios de memoria a nivel nacional.

De igual forma, impulsará el reconocimiento de experiencias diversas en la defensa de la democracia y los derechos humanos, y el establecimiento de pilares y garantías de no repetición con miras al Bicentenario.

Según la información del Registro Único de Víctimas, durante el periodo de violencia hubo alrededor de 228,000 víctimas civiles, policiales y militares; 5,712 comunidades sufrieron arrasamientos y pérdidas, y 146 organizaciones de personas desplazadas.

A su vez, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro consigna a 20,500 personas desaparecidas.

A la par del avance de las políticas de atención a víctimas implementadas desde la Ley N° 28592 del Plan Integral de Reparaciones y la Ley N° 30470 para la Búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, el Ministerio de Justicia sostiene que es importante considerar la dimensión y complejidad que la violencia tuvo en el país.

Por ello, subrayó, los procesos de memoria y conmemoración son diversos debido a las características culturales, generacionales, regionales, entre otras; o bien por el papel que tuvieron las víctimas civiles, policiales y militares durante el periodo de violencia.

En ese sentido, existe aún polarización o distancia que no permita aproximarse y abarcar oportunamente estos procesos.

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Política

Se buscará trabajar con Sunedu licenciamiento de programas de educación

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MARTÍN BENAVIDES

El ministro de Educación, Martín Benavides, anunció que se buscará trabajar con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el licenciamiento de los programas de educación.

Esto con el objetivo de garantizar que los mejores docentes sean los que lleguen a las aulas. Comentó que en los últimos años se han destinado importantes recursos al sector educación con el objetivo de atender la problemática docente.

Asimismo, dijo que el Minedu viene desarrollando también una reforma muy importante con los institutos pedagógicos.

“La primera dimensión es garantizar que lleguen los mejores docentes al aula, para eso hay que trabajar en la formación inicial. Por ejemplo, queremos coordinar con la Sunedu el inicio del licenciamiento de los programas de educación, de manera que podamos tener mejores programas de educación en las universidades”, explicó Benavides.

“Hay que asegurarnos que los maestros se desempeñen bien en las aulas y para eso son todas las evaluaciones que se han hecho. Este año hay 14. Debo resaltar que para la prueba de ingreso a la carrera docente este año se ha batido el récord histórico de postulantes”, indicó.

ENFOQUE DE GÉNERO

Respecto a la aplicación de enfoque de género, que forma parte del Currículo Nacional, Benavides Abanto sostuvo que el objetivo primordial de esta herramienta pedagógica es “garantizar una mejor ciudadanía de la que tenemos, que las personas crezcan y promuevan la igualdad, la tolerancia, el respeto a la diversidad”.

Explicó que el Currículo Nacional promueve diversos enfoques, entre ellos el de género. Sostuvo que ante las dudas que podrían surgir alrededor de su aplicación estará dispuesto a conversar con quienes sea necesario.

“Asumo que, a su manera, algunos padres y madres entienden la educación de una manera distinta y hay que explicarles que el Estado tiene una responsabilidad: promover la ciudadanía tal como esta se entiende en el contexto actual”, aseguró.

Benavides señaló que los países que más avanzaron en la promoción de ciudadanía son aquellos donde el Ministerio de Educación asumió la responsabilidad de dar los mensajes adecuados en estos temas.

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