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¿Cómo le sacan la vuelta a los trabajadores?

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Trabajadores hidrocarburos petroleros

LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN CUESTIÓN

En un artículo anterior mencionaba que constituye todo un problema para las empresas, sobre todo las grandes que operan en sectores extractivos, industriales y financieros, obtener altas utilidades pues estas deben licuarse a través de diversos mecanismos para minimizar el pago del impuesto a la renta, y de pasada afectar la utilidad imponible que sirve de base para determinar las tasas de participación de las utilidades de los trabajadores.

También hemos señalado que todas las empresas que tengan en planilla a más de 20 trabajadores están obligadas a la distribución de las utilidades a sus trabajadores. Si se trata de una empresa manufacturera como la Refinería La Pampilla bajo gestión de la transnacional española Repsol está obligada a distribuir el 10% de la utilidad imponible.

En el mismo sentido las empresas mineras que tienen bajos costos de producción por una serie de ventajas tributarias, baratura en la mano de obra y un mínimo de costos ambientales, están obligadas a distribuir el 8% de la utilidad imponible.

Por último, las empresas de servicios comerciales y financieros como los bancos que tienen también una rentabilidad extraordinaria gracias al elevado diferencial (spread) entre la tasa activa (préstamo) y pasiva (ahorro) en moneda nacional o extranjera.

Así, por ejemplo, un banco privado remunera a los simples ahorristas con una tasa por depósitos del uno por ciento al año (1%), pero si el mismo ahorrista solicita un préstamo al mismo banco, la tasa activa que le cobran no baja del 14% y puede llegar al 45% hasta alcanzar el 150% si se trata de un crédito de consumo en soles. ¡Estas tasas agiotistas son posibles gracias a la libertad de mercado que en USA serían inaceptables!

UN 5% EN LUGAR DE 8%

Por principio legal las empresas extractivas del sector minero o de hidrocarburos están obligadas a distribuir el 8% de la utilidad imponible antes de impuestos como utilidades a sus trabajadores.

En ambos sectores las utilidades debieran diferenciarse de la renta diferencial porque se trata de una actividad extractiva, donde son recursos naturales limitados y agotables los que se explotan.

Al margen de la importancia que tiene el sector de hidrocarburos para el país, se debe reconocer que en la base de la generación de la riqueza está el trabajo como fuente de valor. Si bien por ahora la producción de petróleo crudo se mantiene por debajo de los 50 mil barriles diarios, en la producción de gas natural no estamos tan mal.

Gracias a los lotes 88, 56 y 57 la producción de gas natural bordea los 1,500 millones de pies cúbicos diarios. También en el departamento de Piura se tiene un gran potencial gasífero a pesar que la producción fiscalizada no supera los 60 mil pies cúbicos al día, cuando pudiera producir cinco veces más.

Menciono estos antecedentes, pues a los trabajadores del sector hidrocarburífero que trabajan en la extracción de petróleo, gas asociado y no asociado (Camisea), les debiera corresponder el 8% de la utilidad imponible como participación de utilidades, y no la participación del 5% como se les reconoce actualmente.

Como en los contratos firmados entre las empresas petroleras y Perúpetro en representación del Estado, aparecen como suscritos “contratos por servicios petroleros”, se les abona el 5% en lugar del 8% de la utilidad imponible, como si fuesen actividades de comercio.

Debiera ser evidente que con ello existe una enajenación en la participación de las utilidades laborales que afecta a miles de trabajadores, favoreciendo a una serie de empresas que se capitalizan a costa de la riqueza generada y sustraída a los trabajadores.

NO MÁS DE 20 TRABAJADORES

Las empresas rentables que operan en el país, resultan muy creativas cuando se trata de reproducir mecanismos para disminuir la participación de los trabajadores en la distribución de utilidades. En tal sentido, se crean una serie de empresas satélites, subsidiarias y vinculadas según lo que convenga, manteniendo relaciones de compra/venta, o actividades conexas, con la condición de no superar el número de los veinte trabajadores (20). Por tanto no están obligadas de cumplir con la normativa.

Es el caso por ejemplo de las actividades desenvueltas por el grupo Pluspetrol, que opera en nuestro país desde 1996 gracias a la privatización del Lote 8 de Petroperú (Trompeteros) que se constituyó en la “gallina de los huevos de oro” para el grupo.

Gracias a las utilidades y renta petrolera (renta diferencial) de Pluspetrol en el Lote 8 se pudo financiar la expansión del grupo asumiendo en el 2001 la explotación del Lote 1-AB en un negocio privado con la OXY, para más luego levantar capitales y financiar su participación en el Consorcio Camisea con el 27.20% donde participan otras transnacionales como HuntOil, Repsol, Sonatrach, SK de Corea del Sur etc.

DISTRIBUCIÓN AL 2.20%

De esta forma se recrearon una serie de empresas que funcionan en el mismo edificio con los mismos gerentes, donde la empresa matriz Pluspetrol Resources Corporation, ha establecido en nuestro país una serie de empresas tales como Pluspetrol Camisea S.A., Pluspetrol Perú Corporation (PC), Pluspetrol Lote 56, Pluspetrol Norte S.A., Pluspetrol Exploration.

Sin embargo, la empresa operadora de los lotes 88 y 56 resulta siendo Pluspetrol Perú Corporation S.A. (PPC) con una participación accionaria de apenas el 2.20% del capital, donde se concentran más de 564 trabajadores.

De otro lado, en Pluspetrol Camisea S.A se concentra el 25% del capital accionario pero el número de trabajadores, en su mayoría gerentes, no superan la cifra de 20, por tanto no están obligados a la distribución de utilidades.

La afectación es tal que la mayoría laboral que opera en los campos de los lotes 88 y 56 debiera tener una participación del 8% en las utilidades, y los trabajadores de la Planta Malvinas que resulta siendo una planta industrial que convierte los líquidos de gas natural, en gas licuado de petróleo, nafta y diésel, debieran percibir el 10% por tratarse de una actividad de valor agregado, como si fuera una refinería.

Pero lo más grave es que a los trabajadores de Pluspetrol Perú Corporation se les distribuye las utilidades en función de la participación del 2.20% en el capital accionario, y no en función del 27.20% como realmente les correspondería por un acto de justicia.

De allí, que la participación de las utilidades en la empresa operadora se realiza en función del 2.20% de participación del capital y en las utilidades por distribuir, con lo cual los trabajadores perciben franciscanos montos.

Este fenómeno se reproduce en una serie de empresas como por ejemplo en líderes como Backus, o Repsol que tiene actividades de producción con participación accionaria en el Consorcio Camisea del 10%, que opera la refinería La Pampilla la más importante del país, con actividades de exploración y comerciales. Y se repite la misma historia en contra de los trabajadores.

Trabajadores cobran sus sueldos

EL MÁGICO SECTOR MINERO

El sector minero es sin duda alguna el sector más importante de la economía peruana, pero también es el más conflictivo como lo expone el caso de la minera “Las Bambas”, donde en un “diálogo de sordos” se impondrá la fuerza del Estado, con el llamado principio de autoridad, en un equilibrio precario e inestable que será nuevamente generador de nuevos conflictos.

Desde inicios de los años 90 se ha promocionado en el sector la inversión de capitales privados en un marco legal muy favorable para la obtención de ganancias y aprovechamiento de la renta de las minas.

Para el caso que nos interesa sobre los beneficios tributarios mineros que afectan la distribución de las utilidades laborales por la aplicación de tales beneficios como “gastos tributarios” que minimizan la utilidad imponible que resulta siendo la base para la determinación del 8%

Son múltiples los llamados beneficios tributarios que tiene el sector minero por las partidas deducibles que se aplican como gasto tributario. En el artículo anterior se hizo mención a las depreciaciones, amortizaciones, las regalías, el llamado impuesto extraordinario minero y el gravamen que abonan las empresas con contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa, entre ellas por ejemplo la Mra. Cerro Verde.

INVERSIONES PRIVADAS DEDUCIBLES

Si una empresa minera cualquiera realiza una inversión, un puente, una carretera, en este caso la planta de tratamiento de agua potable “La Tomilla” en Arequipa hacia el período 2007/2012, invirtiendo montos cercanos a los US $ 92 millones de dólares.

En tal sentido, cualquier inversión realizada por una empresa minera que se entrega al Estado central o regional, se convierte en un gasto deducible en el año de la transferencia cuando la inversión se convierte en un bien público.

En este caso la Mra. Cerro Verde aplicó para el 2012 el monto de US $ 92 millones de dólares por concepto de inversión desde la etapa de proyecto hasta la construcción y operatividad de la planta. Esta inversión fue considerada gasto tributario. Con ello se disminuyó la utilidad imponible, pues se aplicó la inversión como gasto deducible, haciendo que la base para la aplicación del 8 % se redujese en ese monto afectando a sus trabajadores.

Esto significa que tanto el Estado como los trabajadores resultaron financiando en última instancia gran parte de esta inversión necesaria para el pueblo arequipeño, pero las palmas se las llevó la empresa bajo el rótulo de la responsabilidad social al mínimo costo.

UN DETERIORO CONTABLE DE ACTIVOS

Este es también un mecanismo que se aplica en los sectores extractivos como la minería y el petróleo, y están en relación a la valorización de las reservas probadas mineras o petroleras que aún no se explotan, y que tienen un valor según la valorización internacional.

Sirva de ejemplo la valorización de las reservas de oro a un precio de US $ 1,400 dólares la onza troy en un año cualquiera 2012 y al año siguiente se verifica una baja en el precio internacional del oro, a US $ 1,200 dólares la onza, habría una disminución de US $ 200 dólares por onza para la empresa en la valorización de sus reservas que forman parte de sus reservas y que se amortizan como intangibles.

Pero cuidado, estas pérdidas serían pérdidas teóricas, contables que se cargan al costo de venta, como deterioro de activos que en realidad no significa una “real pérdida” económica en la medida que dichas reservas todavía no se han explotado.

Sin embargo, en los estados financieros se cargan, se descuentan y con ello se afecta la utilidad imponible reduciendo la utilidad imponible y con ello la participación de los trabajadores en las utilidades, pues se aumentan los costos contables.

En particular este mecanismo se aplica en las empresas auríferas y argentíferas sorprendiendo a los trabajadores. Es más, las inversiones de exploración realizadas por las mineras en el año también resultan deducibles como gasto del impuesto a la renta entre otros mecanismos.

LA ANCHOVETA LE PRESTA AL TIBURÓN

Este es otro ingenioso mecanismo mediante el cual se licuan las utilidades con el objeto de aminorar el abono al impuesto a la renta y de pasada disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades. Ello supone la existencia de una empresa filial que le presta a su matriz millonarios montos para que la matriz realice inversiones en otras operaciones y hasta en otros países.

Recuerdo el caso de Mra. Condestable en el 2010 productora marginal de cobre y de la Sociedad Mra. Corona, empresa exitosa de la mediana minería que opera la mina de Yauricocha, donde esta le presta a su matriz (Sierra Metals) montos superiores a los US $ 18 millones de anuales.

Si tales préstamos no hubiesen sido realizados, serían ingresos operativos, donde el Estado tendría una participación por medio del impuesto a la renta, que en otros países le denominan el “impuesto a las ganancias”. Y como debiera ser obvio, también los trabajadores se estarían afectando, pues se les estaría sustrayendo parte de su participación en las utilidades.

En resumen, el problema de la distribución de las utilidades para los trabajadores constituye todo un reto, pues siempre queda la duda si se está liquidando correctamente y con justicia. De allí la necesidad que los trabajadores organizados en sindicatos fiscalicen tal participación en la riqueza producida.

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Política

Reforma de justicia en peligro

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en

Junta Nacional de Justicia (JNJ)

A pesar de los pedidos para postergar las entrevistas a los candidatos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), estas se llevarán a cabo en días festivos y podrían pasar desapercibidas para la ciudadanía. Un proceso tan importante para la lucha anticorrupción debe realizarse podría quedar manchado por falta de transparencia.

A través de una carta dirigida a la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), solicitó que se aplacen las entrevistas personales a los candidatos para integrar el órgano que será responsable de la designación y remoción de jueces y fiscales.

El pedido se realizó en medio de cuestionamientos de diversos analistas debido a que un evento que podría determinar quiénes integren el organismo que será la piedra angular de la justicia en el Perú, debería realizarse en días que permitan a la ciudadanía prestar la debida atención.

En el documento entregado al defensor del Pueblo y presidente de la Comisión Especial, Walter Gutiérrez, se acusó que las fechas para dicha etapa del proceso de selección “no aseguran debidamente los principios de transparencia y participación ciudadana”, pues según el cronograma establecido para el proceso de selección, las entrevistas personales a los 29 candidatos se realizarían del 26 al 29 de diciembre.

Además, la PUCP remarcó que de postergarse las entrevistas, todavía se estaría a tiempo para realizarlas dentro dentro del plazo establecido originalmente, el cual vence en la quincena de enero.

Finalmente, el documento destacó que la finalidad de postergar las entrevistas es que tanto la prensa como la opinión pública puedan seguir “con el interés y la trascendencia que se merece esta segunda convocatoria”.

JNJ NO ACEPTA POSTERGACIÓN

Por su parte, el actual vocero de la JNJ, Armando Canchanya, manifestó que el organismo “no encuentra razones suficientes” para postergar las entrevistas en cuestión. “Los plazos son conocidos de acuerdo a las bases, publicadas en septiembre. Cuando se conocieron las bases se supo las fechas, de cuando iban a ocurrir cada una de las etapas. Entre el 26 al 29 serán las entrevistas a los postulantes al JNJ”, declaró a Canal N.

Canchanya también resaltó que las entrevistas personales serán televisadas, con el fin de que la ciudadanía pueda presenciar el proceso que busca elegir a los magistrados que formarán el organismo que evalúe, sancione y destituya a los próximos jueces y fiscales.

Sin embargo, hay que recordar que los cuestionamientos no solo han estado orientados a la difusión de las entrevistas, sino precisamente a que las fechas de su realización no ayudaría a que la mentada difusión sea realmente efectiva.

NUEVA VERSIÓN DEL SINIESTRO CNM

Al pedido realizado por la PUCP se sumó lo advertido por el viernes por el semanario Hildebrandt en sus trece, el cual denunció que según una fuente allegada a la Comisión Especial, 5 de los 29 aspirantes que todavía siguen en carrera tendrían “dos padrinos de gran peso” en la referida comisión, quienes serían el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Y todavía más, la publicación consigna que 5 candidatos ya contarían con la venia de la mayoría de integrantes de la Comisión Especial. Así, consigna la publicación, se estaría preparando “una JNJ que no hará extrañar la siniestra etapa del Consejo Nacional de la Magistratura”. En otras palabras, la red de los Cuellos Blancos encontraría un nuevo organismo cómplice y la corrupción en el país quedaría impune una vez más.

En tanto, en redes sociales, el abogado y coordinador de Justicia Viva, Luis Miguel Purizaga, calificó de “perverso” el calendario para realizar las entrevistas a los candidatos a la JNJ, pues consideró que la mayoría de la ciudadanía estará pensando en las festividades por fin de año y resultaría muy difícil que preste atención al proceso.

ALGO MÁS

Esta semana se conoció que tres de los candidatos a la JNJ que siguen en carrera han recibido denuncias cuestionando su idoneidad. Se trata de Jaime Pedro de la Puente Parodi, María del Pilar Dolores Tello Leyva y Luz Inés Tello de Ñecco, quienes ya han presentado sus descargos.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Lucha contra la corrupción tuvo éxito por acuerdo de colaboración con Odebrecht

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

El importante avance en las investigaciones por casos de corrupción, vinculados a la empresa brasileña Odebretch en Perú, no hubiese sido posible sin el acuerdo de colaboración eficaz, afirmó Antonio Maldonado, exprocurador.

Indicó que el acuerdo de colaboración eficaz suscrito en junio del presente año entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht, aprobado por el Poder Judicial (PJ), ha permitido revelaciones muy interesantes, que van a fortalecer las hipótesis del Equipo Especial Lava Jato.

Respecto a los cuestionamientos sobre la devolución de los recursos por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla, la tercera más grande de Perú, afirmó que le parecen infundados.

VALIOSO INSTRUMENTO

“Lo que está ocurriendo esta semana expresa el fundamental valor de este valioso instrumento de averiguación de la verdad”, manifestó a Radio Nacional.

Maldonado resaltó, asimismo, los interrogatorios de los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato en Curitiba, Brasil, relacionados con las investigaciones a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ratificó ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que entregó un millón de dólares a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

ALGO MÁS

Esta información fue validada por el exejecutivo del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien confirmó el aporte, según indicó IDL-Reporteros.

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Política

Jorge Barata hablará el 30 y 31 de enero de 2020

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Jorge Barata

Al término de las diligencias con los exdirectivos de Odebrecht, Rafael Vela, coordinador del equipo especial, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exrepresentante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido a nuevos interrogatorios programados para el 30 y 31 de enero del próximo año.

En ese sentido, el fiscal manifestó que para lograr esta nueva diligencia con el exdirectivo de la empresa brasileña, se tuvo que suscribir un acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello.

“Ya se ha coordinado la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que puedan haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente, aunque eso dependerá de las decisiones de estrategia de los fiscales del equipo especial”, precisó en la ciudad de Curitiba, Brasil.

NUEVA RONDA

Al término de las diligencias con los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance que va a hacer canalizado a través de Odebrecht. Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

La entrega de nuevo material así como la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña.

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