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Leny Vilca

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OPINIÓN

Barrios Altos: una deuda pendiente

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Fotos: César Saint

Se desploma la quinta del jirón Huanta donde el Grupo Colina, bajo las órdenes del dictador Fujimori y su exasesor Montesinos, victimaron a 16 personas, entre ellas un niño de 8 años de edad. Sin embargo, una apuesta por no ceder al olvido y preservar ese espacio como un lugar de la memoria intenta abrirse paso.

Al pasar frente a la casona donde se perpetró la masacre de Barrios Altos, solo sus más antiguos habitantes recuerdan que, hace 26 años y en plena dictadura fujimorista, el terrorismo de Estado conmocionó al país con la ejecución de quince adultos y un niño de ocho años de edad.

Pero la situación no es complicada solo porque la memoria histórica continúa siendo una tarea pendiente, pues a ello se le suma el alto riesgo de colapso del emblemático inmueble, por sus evidentes malas condiciones estructurales a pesar de estar declarado como patrimonio histórico.

Anahí Vásquez de Velasco, gestora cultural y miembro fundadora de la Asociación Lima Ciudadanía y Patrimonio, viene trabajando en impulsar un proyecto para hacer de la casona de Barrios Altos un museo de la memoria; como lo realizó la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en memoria de las víctimas de la dictadura fujimorista, en Ayacucho.

“El inmueble posee dos hitos históricos, el primero es por la historia que pueda poseer desde su diseño arquitectónico y el segundo es la historia tras la masacre de Barrios Altos porque la ciudadanía necesita ver las causas y los efectos de la historia contemporánea para ir mejorando nuestra convivencia”, sostuvo la gestora cultural.

Y agregó que “para iniciar, uno de los distintivos que podría ponerse en la casona es una placa recordatoria en memoria de las víctimas de esta masacre, considerando que los inmuebles tienen un valor no solo porque sean patrimonio, si porque la población tiene también derecho a la memoria”.

La vieja quinta es uno de los pocos inmuebles aún habitados, de la cuadra ocho del jirón Huanta, que sobrevive entre recientes edificios constituidos como almacenes por la alta demanda de depósitos de los comerciantes en Mesa Redonda.

El inmueble tiene una estilo afrancesado y es reconocido por la UNESCO como patrimonio histórico cultural.

El inmueble tiene una estilo afrancesado y es reconocido por la UNESCO como patrimonio histórico cultural.

A pesar de su estado ruinoso la vieja quinta puede convertirse en un museo de sitio.

A pesar de su estado ruinoso la vieja quinta puede convertirse en un museo de sitio.

ESCUDO AZUL DE LA UNESCO
La casona de la masacre de Barrios Altos posee el escudo azul de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señal dispuesta para identificar y proteger todos los inmuebles declarados monumentos históricos nacionales.

Este emblema tiene por función distinguir las construcciones en centros históricos, generalmente por su valor arquitectónico, de cultura e historia, a fin de que sean protegidas de manera especial en casos de conflictos armados, destrucción por mano del hombre o desastres naturales.

“Este monumento ya tiene un distintivo de la UNESCO, que es el escudo azul, símbolo ideado en principio para evitar que sea destruido en casos de guerra, y lo tiene por su estilo arquitectónico que es art nouveau. Pero hace falta indagar, al margen de la masacre, incluso en la historia primigenia del inmueble”, declaró Vásquez-de-Velasco.

Quinta de Barrios Altos

Quinta de Barrios Altos

Quinta de Barrios Altos

PROLIMA
Desde su creación en el año 1994, PROLIMA se ha encargado de acompañar la recuperación del Centro Histórico de Lima a través de la renovación urbana y la recuperación de espacios públicos, así como, de bienes inmobiliarios de propiedad gubernamental.

Respecto a la situación de la quinta de jirón Huanta, diario UNO consultó a Luis Bogdanovich, arquitecto y gerente de PROLIMA, sobre los criterios considerados para la recuperación de inmuebles históricos por parte de este órgano municipal.

“Si un inmueble declarado como monumento histórico es de propiedad pública, las instituciones del Estado son las responsables de recuperar y preservarlo. Pero si es de propiedad privada, se tiene que tener en cuenta que la ley de presupuesto público declara que no se puede invertir dinero público en estas y que la ley general del patrimonio indica que es el propietario y/o el ocupante el responsable del correcto mantenimiento y conservación del inmueble que habita”, explicó.

Además, Bogdanovich, aseguró que en PROLIMA se encuentran dispuestos a brindar asesoría técnica a cualquiera que la solicita y que “si la propietaria de la quinta de Barrios Altos tiene la intención de invertir en su inmueble, en respeto de la ley, las puertas de PROLIMA están abiertas para recibirla y asesorarla para el cumplimiento de la protección de su casa que es patrimonio cultural y que está en el Centro Histórico de Lima”.

“Si un inmueble tiene un valor por su antigüedad es un monumento de por sí, pero si adicionalmente esa casa es el testimonio de un suceso que tiene trascendencia para la ciudad o para el país con mayor razón”, sostuvo el gerente de PROLIMA.

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Política

Otra vez a prisión

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Yehude Simon detenido capturado

No se lo esperaba. Por disposición de la jueza María de los Ángeles Álvarez, Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros, fue detenido de manera preliminar por 10 días a solicitud del fiscal José Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato. Y fue allanada su vivienda en el distrito de Surco.

Asimismo, fue detenido Pablo Enrique Salazar Torres, exgerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones, hombre de confianza del expremier.

Las diligencias del Ministerio Público comprenden el allanamiento, por un plazo de 48 horas, de ocho inmuebles, cinco de los cuales se encontrarían vinculados a Simon.

El Ministerio Público requirió la medida restrictiva contra Simon como parte de las investigaciones por el proyecto Olmos por presuntamente haber recibido dinero de la constructora Odebrecht durante su gestión como gobernador regional de Lambayeque.

Al exfuncionario se le atribuye la calidad de autor por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos agravado en organización. Según la Fiscalía, Simon habría realizado actos de transferencia, conversión y ocultamiento del dinero. La investigación se encuentra etapa preliminar y ha sido declarada compleja por tratarse de organización criminal.

De acuerdo a la tesis fiscal, al exgobernador regional de Lambayeque se le imputa hechos relacionados a la concesión del “Trasvase e Irrigación de Olmos” a favor de Odebrecht y de haber recibido presuntamente dinero de parte de esta misma empresa brasileña para su campaña electoral reelecionista en el 2006.

Además, el Ministerio Público sindica a Simon por haber hecho uso de codinomes (”Gorno” y “Terco”), para la realización de pagos ilícitos que provendrían del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht (la Caja 2).

MÁS IMPLICADOS

En esta historia de presunta corrupción el expremierYehudeSimon no está solo. Pablo Enrique Salazar Torres y Javier Málaga Cochellafueron señalados como los receptores de dinero de Odebrecht destinado a YehudeSimon.

Cuando Simon era gobernador regional de Lambayeque,Pablo Enrique Salazar Torres fue designado gerente del Proyecto Especial Olmos. Bajo su gestión se diola primera concesión de la obra a la Concesionaria Trasvase Olmos SA, de Odebrecht.

En el año 2008, cuando YehudeSimon era primer ministro del gobierno de Alan García, designó a Javier Málaga Cochella, otro hombre de su confianza, como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Concejo de Ministros.

DELITOS GRAVES

Según el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL) “estos actos configuran el delito de colusión agravada, que es cuando el funcionario interviene o intercede con el particular para tener una retribución económica en perjuicio del Estado, y después se va a investigar como un delito de lavado de activos por el desbalance patrimonial que tendría YehudeSimon en el agravante de la organización criminal, bajo estas dos figuras penales, las dos penas sumadas llegarían a los 35 años”.

“No obstante por no tener antecedentes de ese tipo sería acreedor a una rebaja de la pena de 25 años que igual es una pena es alta”, destacó.

Para Quispe: “Simon tiene un desbalance patrimonial bastante importante, porque tiene 5 casas, entonces configuraría el delito de lavado de activos porque no va a tener como sustentar su compra. Porque recordemos que antes de ser presidente del Gobierno Regional de Lambayeque estuvo preso por el delito de terrorismo. Y fue indultado por la Comisión del Padre HubertLanssiers. Entonces, en un balance de sus ingresos, es complicado de que él pueda sostener cómo compró esas casas que hoy tiene”.

Yehude Simon detenido capturado

¿PRISIÓN PREVENTIVA?

“Culminados los diez días de detención preliminar, lo que procede en este caso es formalizar la investigación preparatoria, es decir judicialización del caso, acompañado de un pedido o de comparecencia o de prisión preventiva. En estos casos es usual que el Equipo Lava Jato, luego de tener una detención preliminarpida una prisión preventiva”, explicó el jurista de IDL.

Asimismo, afirmó: “Los delitos por lo que lo están investigando son graves por tanto se estarían cumpliendo los tres requisitos de la prisión preventiva: sospecha grave en el delito, la pena sería superior a cuatro años, porque llegaría hasta 35 años. Y finalmente el peligro de fuga y de obstrucción a la justicia, porque YehudeSimon no podría probar el trabajo que tiene, y la fiscalía le va a probar que tenga arraigo laboral, familiar, domiciliario y que sea urgente la medida”.

ALGO MÁS

“Si la Fiscalía tiene elementos que hay un peligro de fuga y de obstrucción a la justicia de YehudeSimon pedirá la prisión preventiva. Si no lo tiene como ahora lo ha deslizado, no lo va a hacer”, aseveró Quispe.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Promoverán política nacional de memoria por las víctimas

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Promoverán política nacional de memoria por las víctimas campesina

El Ministerio de Justicia está comprometido con implementar una política nacional de memoria, paz y reconciliación que genere aproximación y respeto hacia las víctimas civiles, militares y policiales del periodo de violencia ocurrido entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, afirmó el viceministro de Derechos Humanos, Daniel Sánchez.

“Hay una práctica nociva de usar el miedo al terrorismo para difamar y descalificar a personas, lugares o acciones que buscan reflexionar críticamente sobre nuestra historia reciente de violencia”, recordó.

“El terruqueo insulta la memoria de miles de víctimas civiles, policiales y militares y golpea a familiares que siguen sufriendo la indolencia de grupos que usan este término con fines políticos y sin sensibilidad humana. Así, no podemos construir ciudadanía”, añadió el viceministro.

De esta forma, hizo un llamado a colocar en el centro de las intervenciones a quienes resultaron afectados por la violencia, en el marco de la inauguración de la Casa de la Memoria Viva de la Asociación de Vivienda Nueva Amanecer que agrupa a familiares de personas asesinadas o desaparecidas durante dicho periodo.

En marzo de 2019, el pleno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), integrado por representantes de 11 ministerios, la Asociación de Universidades del Perú, Colegio Nacional de Decanos y Profesionales del Perú y representantes de asociaciones de derechos humanos, aprobó los “Lineamientos para la construcción de una Política Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación”.

Dicho documento está alineado a políticas de reconocimiento como el Acuerdo Nacional y la Agenda Bicentenario, y será socializado en las regiones de mayor afectación en el país donde congregará a asociaciones de víctimas civiles, policiales y militares, representantes del Estado, universidades y sociedad civil en un proceso descentralizado y participativo.

Con ello, se generará una política pública para promover, garantizar y gestionar intervenciones y aproximaciones que dirijan al establecimiento de una agenda común orientada a garantizar el respeto a las víctimas del periodo de violencia, el rechazo a la violencia y construcción de una cultura de paz, la revalorización de prácticas y espacios de memoria a nivel nacional.

De igual forma, impulsará el reconocimiento de experiencias diversas en la defensa de la democracia y los derechos humanos, y el establecimiento de pilares y garantías de no repetición con miras al Bicentenario.

Según la información del Registro Único de Víctimas, durante el periodo de violencia hubo alrededor de 228,000 víctimas civiles, policiales y militares; 5,712 comunidades sufrieron arrasamientos y pérdidas, y 146 organizaciones de personas desplazadas.

A su vez, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro consigna a 20,500 personas desaparecidas.

A la par del avance de las políticas de atención a víctimas implementadas desde la Ley N° 28592 del Plan Integral de Reparaciones y la Ley N° 30470 para la Búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, el Ministerio de Justicia sostiene que es importante considerar la dimensión y complejidad que la violencia tuvo en el país.

Por ello, subrayó, los procesos de memoria y conmemoración son diversos debido a las características culturales, generacionales, regionales, entre otras; o bien por el papel que tuvieron las víctimas civiles, policiales y militares durante el periodo de violencia.

En ese sentido, existe aún polarización o distancia que no permita aproximarse y abarcar oportunamente estos procesos.

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Política

Se buscará trabajar con Sunedu licenciamiento de programas de educación

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MARTÍN BENAVIDES

El ministro de Educación, Martín Benavides, anunció que se buscará trabajar con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el licenciamiento de los programas de educación.

Esto con el objetivo de garantizar que los mejores docentes sean los que lleguen a las aulas. Comentó que en los últimos años se han destinado importantes recursos al sector educación con el objetivo de atender la problemática docente.

Asimismo, dijo que el Minedu viene desarrollando también una reforma muy importante con los institutos pedagógicos.

“La primera dimensión es garantizar que lleguen los mejores docentes al aula, para eso hay que trabajar en la formación inicial. Por ejemplo, queremos coordinar con la Sunedu el inicio del licenciamiento de los programas de educación, de manera que podamos tener mejores programas de educación en las universidades”, explicó Benavides.

“Hay que asegurarnos que los maestros se desempeñen bien en las aulas y para eso son todas las evaluaciones que se han hecho. Este año hay 14. Debo resaltar que para la prueba de ingreso a la carrera docente este año se ha batido el récord histórico de postulantes”, indicó.

ENFOQUE DE GÉNERO

Respecto a la aplicación de enfoque de género, que forma parte del Currículo Nacional, Benavides Abanto sostuvo que el objetivo primordial de esta herramienta pedagógica es “garantizar una mejor ciudadanía de la que tenemos, que las personas crezcan y promuevan la igualdad, la tolerancia, el respeto a la diversidad”.

Explicó que el Currículo Nacional promueve diversos enfoques, entre ellos el de género. Sostuvo que ante las dudas que podrían surgir alrededor de su aplicación estará dispuesto a conversar con quienes sea necesario.

“Asumo que, a su manera, algunos padres y madres entienden la educación de una manera distinta y hay que explicarles que el Estado tiene una responsabilidad: promover la ciudadanía tal como esta se entiende en el contexto actual”, aseguró.

Benavides señaló que los países que más avanzaron en la promoción de ciudadanía son aquellos donde el Ministerio de Educación asumió la responsabilidad de dar los mensajes adecuados en estos temas.

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