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Róger Rumrrill

Róger Rumrrill

Colaborador

Ayacucho o la prosperidad ilusoria

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El Perú es hoy el primer productor mundial de cocaína.

Ha desplazado a Colombia de esa vergonzosa primera ubicación en la última década por el cambio del mapa de las drogas y por la equivocada estrategia de combate a las drogas ejecutada por todos los gobiernos peruanos desde los setentas del siglo XX y que sigue a pie juntillas el modelo de “la guerra mundial contra las drogas” estadounidense que ha fracasado estrepitosamente en todo el planeta.

De las aproximadamente 500 toneladas métricas de cocaína que producimos cada año, posiblemente entre el 60% o el 70% se procesa en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), es decir, el epicentro de la economía ilegal en el Perú es Ayacucho que, para remate de males, tiene un presidente regional que, según se afirma, ha comprado su reelección pagando con billetes de 100 soles a sus electores.

Acabo de estar en Ayacucho y la prosperidad ilusoria que se observa en la ciudad huamanguina me ha hecho recordar el Iquitos de los ochentas del siglo XX y el Tocache de los noventas, cuando Iquitos era el puerto y la ruta del narcotráfico hacia Colombia y cuando Tocache era la capital de la economía ilegal del narcotráfico como lo es ahora el VRAEM y Ayacucho.

La falaz prosperidad del negocio ilícito -oferta de coca a 100 soles la arroba, comercialización de insumos o precursores para el procesamiento de la coca, venta de pasta básica de cocaína y de cocaína y otros negocios conexos- se refleja y revela en todas partes: vehículos de último modelo haciendo taxis, aproximadamente 100 cajas de ahorro y crédito y todos los bancos recibiendo millones de soles mensuales de depósitos, largas filas de clientes en los cajeros automáticos, 600 vehículos de transporte diario al VRAEM, a Pichari, San Francisco, Palmapampa y otros pueblos y un comercio boyante es la muestra que Ayacucho en particular y en general el Perú es hoy en día la más gigantesca lavandería de dinero del narcotráfico en América Latina.

Entretanto, como ocurre en todo el mundo con estos ciclos de engañosa prosperidad, daría la impresión que la gente pierde la perspectiva de la realidad y que los gobiernos y los políticos están pescando en este río revuelto: enmudecen y no dicen esta boca es mía ante la economía informal que ronda el 70 por ciento en el Perú; continúa el desenfrenado “obrismo” que facilita también el negocio ilícito y por supuesto que el agro sigue abandonado y la inversión en educación y salud, en ciencia y tecnología no tienen ninguna prioridad.

Uno de estos días los ayucuchanos despertarán de esta ilusión de prosperidad y se darán de bruces contra la realidad de la pobreza como una pesadilla.

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Política

TC no debe permitir impunidad de empresas deudoras al Estado

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Marisa Glave

Mientras el país sufre la permanente falta de presupuesto, un grupo de empresas estaría a punto de beneficiarse con la extinción de una millonaria deuda tributaria. La excongresista Marisa Glave denunció en su canal de Youtube que el Tribunal Constitucional estaría evaluando la inaplicabilidad del Decreto Legislativo Nº 1421, dado en el 2018, y que modifica el código tributario.

De acuerdo a la información difundida por la exparlamentaria, tras la promulgación de la referida norma, el Congreso recibió a la representante de la Confiep, Lourdes Chau, y al representante de la Cámara de Comercio de Lima, Sandro Fuentes. En la reunión, los visitantes plantearon diversos argumentos por los que, a su criterio, se debía derogar el D.L. 1421 promulgado por el Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas para legislar en materia económica.

Tribunal Constitucional

TC no debe ser cómplice de la evasión y el perro muerto.

LOBBY EVASOR

Al margen de la paradoja de que Sandro Fuentes, quien se había desempeñado como funcionario de Sunat, estuviera abogando por intereses de empresas con millonarias deudas tributarias, Glave recordó que por esos días había causado revuelo el intento por derogar el Impuesto Selectivo al Consumo en Casinos, lo que finalmente las bancadas funcionales al sector empresarial no lograron concretar.

Algo similar ocurrió con el D.L 1421, cuya vigencia ha marcado los criterios del Tribunal Fiscal, órgano adscrito al Ministerio de Economía y que resuelve controversias entre empresas y el Estado a nivel administrativo.

“El Tribunal Fiscal ya aplicó el D.L. 1421 y lo ha aplicado en casos hasta 1500 millones de soles, en una resolución respecto a una deuda de la minera Buenaventura, que pretendió evitar que le cobren ese monto”, indicó

Glave señaló que al igual que Buenaventura, existen 233 empresas que acumulan S/ 11 mil millones, de las cuales solo 22 empresas concentran S/ 9 mil 400 millones de deuda tributaria. En consecuencia, advirtió que en caso el TC decida no aplicar el D.L. 1421 le estaría dando “un regalazo” a estas 22 empresas que dejarían de pagar una millonaria deuda que bien podría ser utilizada en las urgentes demandas de millones de peruanos.

YA ESTARÍA EN AGENDA

La exparlamentaria también refirió que, en noviembre de 2019, el TC recibió los argumentos de la Sunat, así como del estudio de abogados Gálvez y Dolorier, quienes están detrás de la acción de inconstitucionalidad. Ante ello, advirtió que estaría por resolverse el caso en los próximos días, por lo que expresó su extrañeza por la nula cobertura sobre el tema en los grandes medios de comunicación.

De acuerdo a un informe publicado en el portal de investigación Ojo Público, las empresas deudoras son Pluspetrol, Cerro Verde, Buenaventura, SouthernCopper, Backus, Interbank, Scotiabank, y Nestlé, entre otras.

Respecto al requerimiento de las empresas deudoras, la excongresista sostuvo que estas argumentan que el plazo de prescripción de la deuda tributaria no inicia en el momento en que se notifica una deuda, sino cuando ésta se origina. Así, transcurridos cuatro años, si la Sunat no logró cobrar la deuda, esta se extinguiría.

Sin embargo, Glave explicó que el D.L. 1421 señala claramente tres procesos: determinación de la deuda, determinación de la multa y el cobro. “Solo una vez determinada la deuda corre el plazo de prescripción”, aclaró.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Alan García mandó directivas para proteger a brasileños de Odebrecht

Publicado

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Alan García Pérez

Raúl Noblecilla, defensa legal de Luis Nava Guibert, aseguró que Alan García envió a través de mensajes de WhatsApp una serie de directivas con la finalidad de proteger “a los brasileños” vinculados con la investigación a la empresa Odebrecht.

Dijo que esta información la tienen no solo mediante estas comunicaciones vía las redes sociales, “sino a través de otras formas”, por lo que instó a esperar a que salgan todas esas pruebas.

“Esta arma letal que mandó a disparar el abogado Humberto Abanto les ha dado en la nuca, ¿por qué te lo digo?, porque estarían por aparecer documentos anteriores a la novela Roxanne (Chessman)-(Jorge) Barata que van a dar cuenta de que Alan García, quince días antes de que tomara la decisión de irse, hablaba y mandaba mensajes para ayudar a los brasileños e instar a buscar la forma de apoyarlos”, dijo en Radio Nacional.

Según Noblecilla, García Pérez antes de suicidarse mostraba “pánico y preocupación extrema” sobre las indagaciones que se desarrollaban en torno a su situación y su vínculo con la empresa Odebrecht.

“Estas pruebas saldrán a su tiempo”, adelantó.

En otro momento, precisó que Nava Guibert recibió amenazas de muerte desde que estuvo en el penal Castro Castro, por parte de la Resistencia y de un sector del partido aprista.

“En este documento, en que comunicamos a (el fiscal) José Domingo Pérez de la posible conformación de una organización criminal, solicitamos una vez más la necesidad de protección a mi patrocinado, urgente, no solo para Nava e hijos, sino también para mi familia”, agregó.

Noblecilla agregó que Alan García murió abandonado por sus hijos -quienes ahora reclaman salvarlo de la historia-, dejándolo solo en su casa y con una pistola.

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Política

Juez dicta impedimento de salida del país para Gerardo Sepúlveda

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Gerardo Sepúlveda

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por un plazo de dos meses para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, en su calidad de testigo en el caso Interoceánica Sur.

La medida, que concluirá el 25 de abril de 2020, fue dispuesta a solicitud del fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien había planteado tres meses.

El Ministerio Público informó que apelará la resolución en relación al plazo; la defensa técnica hará lo propio considerando que aspiraban a que la medida sea declarada infundada.

Según el juez, la declaración de Sepúlveda resulta indispensable para la averiguación de la verdad en los hechos que son materia de investigación del caso Interoceánica.

Dichos hechos, recordó, se ciernen sobre presunto pacto que hubo entre el expresidente Alejandro Toledo y la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en la buena pro de la carretera Interoceánica a cambio de un pago ilícito.

“Existe vinculación entre los hechos que va a declarar como testigo y los hechos materia de investigación”, subrayó tras insistir en que lo que declare Sepúlveda será “clave, relevante e imprescindible”.

De igual forma, consideró idónea, necesaria y proporcional la medida de impedimento de salida del país, a fin de asegurar su presencia en el Perú.

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