Telefónica llegó al Perú en los noventa, con la dictadura de Fujimori; despidió miles de trabajadores, eliminó puestos de trabajos y tercerizó con contratistas españolas. Desde entonces aumenta tarifas, no invierte en mejorar la calidad del servicio, no paga deudas tributarias y despide trabajadores; busca mano de obra barata, menos calificada, con contrato a plazo fijo, dificulta la sindicalización e impulsa formas de empleo colaborativo.
La semana pasada, a pesar de la emergencia sanitaria, la difícil situación económica de las familias, el creciente desempleo y la necesidad de telecomunicaciones en pandemia, esta empresa transnacional aumentó sus tarifas e inicio un irregular despido masivo, mediante cese colectivo, de 844 trabajadores; 94% de ellos sindicalizados. Despedir en pandemia es casi matar de hambre a la familia del trabajador despedido, ¿los usuarios del Telefónica del Perú podríamos solidarnos con los trabajadores a través de una huelga de usuarios? ¿Por ejemplo, no usar servicios de Telefónica durante una hora?
Telefónica brinda un servicio público esencial que no ha sufrido paralización alguna en la pandemia ¿Por qué despedir trabajadores en pandemia, cuando se requiere mayor cobertura de internet y mejor calidad de las telecomunicaciones en general? ¿Y porque hacerlo unos días antes del 11 de abril?
Enfrentamos una amenaza de cese colectivo ¿Cuál será la respuesta de SUNAFIL, del Ministerio de Trabajo, del Ejecutivo, de los nuevos congresistas y de quien podría ser el Presidente elegido (por trabajadores en general y de telefónica en particular)? ¿Tal como ocurrió en los noventas, época dorada del fujimorismo, estamos ante el inicio de un ciclo de ceses colectivos?
Lecciones iniciales de las elecciones. Poblaciones no incluidas en el sistema adoptan decisiones electorales propias de su sentir político y su sufrir cotidiano como sector social marginado; en segunda vuelta deben seguir avanzando en la ruta del cambio. Hay multinacionales que usan el contexto electoral y mediático como cortina de humo y encubren maniobras empresariales irregulares; el caso de Telefónica es evidente.
Considerando el poder político, psicosocial y económico que las telecomunicaciones tienen en el mundo moderno y los oscuros antecedentes que existen entre Fujimorismo y Telefónica, en segunda vuelta el derecho a internet y las telecomunicaciones debe ser parte de la agenda política del cambio social.
