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Aportes de la resistencia dentro de la embajada venezolana en Washington

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Protesta de Venezolanos en Washington

La buena noticia, oposición y Gobierno venezolanos continuarán las negociaciones en Noruega esta semana; la mala, Estados Unidos sigue empeñado en derrocar a Maduro y así lo ha hecho saber el Departamento de Estado en un reciente comunicado. Como señal de su empecinamiento, consolidó la invasión de la embajada venezolana en Washington cediéndosela a la oposición, aunque para conseguirlo cometiese un acto de guerra aún impune a los ojos impávidos de la comunidad internacional.

El viernes por la tarde, Carlos Vecchio, designado representante de Juan Guaidó en Washington, tuiteaba un video en el que se le ve colgando la bandera venezolana desde una de las ventanas del edificio consular.

PROVOCACIÓN BÉLICA

Permitir que individuos auto-designados representantes de Venezuela tomen posesión de la embajada venezolana vulnera explícitamente los artículos 22 y 35 de la Convención de Viena de 1961, de la que Estados Unidos es signatario.

Asimismo, el allanamiento de la embajada venezolana por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses el pasado 16 de mayo constituye un acto de guerra. Aquel día fueron arrestados 4 pacifistas que permanecían en la sede diplomática con el permiso de las autoridades venezolanas.

Para beneplácito de los agresores, estos hechos son minimizados por la mayoría de medios de comunicación, obviados por las organizaciones internacionales y silenciados por los jefes de Estado del mundo.

UNA EMBAJADA FANTASMA

La Organización de Naciones Unidas sigue reconociendo a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Y lo que es más importante, las fuerzas armadas y la mayor parte del pueblo venezolano desconocen a Guaidó como su jefe de Estado.

Ante este panorama, la embajada usurpada ya no representa al Gobierno venezolano en Estados Unidos y, por tanto, no podrá procesar ninguno de los trámites consulares (pasaportes, visas, apostilla de documentos) para beneficio de la población venezolana o extranjeros que deseen viajar al país caribeño. En ese sentido, la embajada dejó de serlo. Hoy es el termómetro de un fracasado intento de golpe de Estado.

PROTEGIENDO LAS EMBAJADAS

Después de la ruptura de las relaciones diplomáticas de ambas naciones, Estados Unidos se apoyó en la Convención de Viena para solicitar al Gobierno venezolano aceptar a Suiza como “país protector” de su embajada en Caracas. El Gobierno venezolano accedió y actualmente el recinto diplomático estadounidense opera con un reducido personal que lleva a cabo trámites consulares esenciales bajo la supervisión de Suiza.

En reciprocidad, Venezuela pidió aprobar a Turquía como “país protector” de su embajada en Washington. El Gobierno de Donald Trump ni siquiera respondió; se dedicó a quebrantar la normativa internacional hasta que las fuerzas de Guaidó pudieran tomar la sede consular.

EL COLECTIVO DE PROTECCIÓN DE LA EMBAJADA

En enero, Estados Unidos reconoció un gobierno paralelo en Venezuela liderado por Juan Guaidó y decretó incautar los bienes y activos del gobierno venezolano en suelo estadounidense para cedérselos al autodesignado presidente.

Posteriormente, tres propiedades diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos fueron usurpadas por las fuerzas opositoras. Días después, el Gobierno de Nicolás Maduro dio permiso de instalarse en su embajada en Washington a un grupo de pacifistas estadounidenses. Los activistas se oponían a que la embajada corriera con la misma suerte que las demás propiedades.

Su principal objetivo era frenar una guerra liderada por Estados Unidos, la que podría encontrar una excusa perfecta si tras una invasión de la embajada venezolana, se le sucedía -en “reciprocidad”- una invasión a la embajada estadounidense en Caracas.

Siempre amparándose en el derecho internacional y específicamente en la Convención de Viena, los activistas defendieron hasta el último día de su estancia en la embajada que la administración del recinto pertenece legítimamente al Gobierno de Maduro, en tanto que fue electo y continúa siendo el único presidente venezolano reconocido por las Naciones Unidas.

CRONOLOGÍA DEL ASEDIO A LA SEDE DIPLOMÁTICA

Cuando el “Colectivo de Protección de la Embajada” cumplió dos semanas residiendo en el edificio, los agentes federales estadounidenses dieron un ultimátum: diplomáticos y pacifistas debían abandonar la misión diplomática antes del 28 de abril o podrían ser arrestados. Solo los pacifistas desafiaron la orden. Pronto las redes sociales corrieron la voz de su resistencia, atrayendo a activistas de diversas ciudades de Estados Unidos. En un momento dado llegaron a ser más de 50.

El megáfono de las redes sociales también atrajo a simpatizantes de Guaidó, quienes atrincherados al exterior de la embajada impedían la entrada de alimentos y medicinas y atacaban a los activistas física y verbalmente.

Su agresividad creció cuando en la mañana del 30 de abril Juan Guaidó volvió a intentar un fallido golpe de Estado. Crearon una web para recaudar fondos y financiar a quienes quisieran permanecer cercando la embajada. En solo tres días habían conseguido casi 4 mil dólares. Armaron toldos alrededor del edificio, desde donde utilizaron altavoces para atormentar a los pacifistas. Las amenazas de violación a las activistas mujeres, los insultos racistas, y el clamor instando a una intervención militar estadounidense en Venezuela se hicieron constantes.

Apostados a las afueras del edificio las 24 horas, los oficiales del servicio secreto estadounidense fueron testigos oculares y cómplices de este despliegue de violencia: arrestaron a varios pacifistas que trataron de ingresar alimentos al edificio buscando esquivar a la turba pro-Guaidó. Por ejemplo, Ariel Gold de la Organización CodePink fue imputada con el cargo de “lanzamiento de misiles” al tirar un pedazo de pan hacia una de las ventanas de la embajada. GerryCondon, histórica figura de los movimientos antiguerra y director de la organización Veteranos por la Paz, fue detenido -y golpeado hasta sangrar- por lanzar un pepino.

El 9 de mayo, el Departamento de Estado envió un comunicado a la compañía eléctrica alegando que el “embajador de Venezuela, Carlos Vecchio” ordenaba el corte de luz. Forzados por la falta de suministros de comida y medicinas, varios activistas (sobre todos los de edad más avanzada) tuvieron que salir de la embajada. Cuando el 12 de mayo también les cortaron el agua, cuatro se quedaron resistiendo.

VALENTÍA DE LOS CUATRO HÉROES

Vivir prácticamente sin agua y alimentos, sin energía eléctrica y a expensas de ser linchados por una turba pro-Guaidó marcaron el día a día de los cuatro de la embajada. De cara a sobrevivir el mayor tiempo posible, racionaron los alimentos, recolectaron agua de lluvia y hasta construyeron un inodoro ecológico.

Cuando el 13 de mayo oficiales del servicio secreto y miembros de la policía metropolitana de Washington DC, llevando consigo una carta de desalojo que no contenía ni firma ni sello, cortaron las cadenas que amarraban las puertas de ingreso de la embajada, fueron recibidos por los cuatro pacifistas: la Dra. Margaret Flowers (56), pediatra; Dra. Adrienne Pine (48), profesora universitaria; Kevin Zeese (63), abogado; y David Paul (69), enfermero y educador.

Con tranquilidad, explicaron la legalidad de su estancia e instaron a los oficiales a abandonar el edificio para evitar cometer una violación mayor del derecho internacional, en tanto que el espacio allanado es considerado territorio venezolano. Al sumarse a la conversación, la abogada del colectivo, Mara Verheyden-Hilliard, señaló el grave peligro que correrían todas las embajadas del mundo, y en especial las estadounidenses, en caso se consumarse la invasión a la embajada venezolana.

La explicación fue tan contundente que los policías salieron del edificio y colocaron las cadenas en su lugar. Esta victoria de los activistas se extendió hasta un día después, en el que el mundialmente reconocido defensor de los derechos humanos, el reverendo Jesse Jackson, acudió a la embajada con alimentos, logrando entregarlos a través de una cesta colgante, sin que el servicio secreto se lo impidiera.

PARAFERNALIA DEL ARRESTO

Estados Unidos y las fuerzas de Guaidó tramaron una burda estrategia para eludir la ilegalidad de la usurpación de la misión diplomática. Carlos Vecchio, representante de Guaidó, remitió una carta al Departamento de Estado en calidad de “embajador venezolano”, anunciando su “renuncia a la inviolabilidad del territorio de la embajada, conferida por la Convención de Viena” hasta que las fuerzas de seguridad estadounidenses “liberen al edificio de los invasores”. Ese documento fraudulento (¿acaso se puede renunciar momentáneamente a una convención internacional?) sirvió de “asidero legal” para el desalojo.

El 16 de mayo, la policía metropolitana de Washington, junto al servicio secreto ponía en práctica un despliegue digno del arresto de un grupo terrorista de alto calibre. Portaban ametralladoras y pistolas, chalecos antibalas y cascos; estaban acompañados de perros antidrogas, conducían vehículos blindados, furgonetas y carros policía. Corrían de un lugar a otro, estacionaban los vehículos, se gritaban instrucciones indescifrables y volvían a realizar la misma ilógica pero monumental operación. A las 9:30 de la mañana decidieron colocar más personal en la parte trasera del edificio y sacar un viga con cabezal de hierro, con la que derribaron la puerta del garaje. Afuera, los pocos medios televisivos que cubrieron el evento transmitían los gritos de rechazo de los activistas antiguerra y los de apoyo a la policía de grupos de la oposición venezolana.

FRUTOS DE LA RESISTENCIA

Después de un día en prisión, los 4 de la embajada salieron libres comprometiéndose a una serie de condiciones restrictivas (no acercarse a la embajada ni a figuras pro-Guaidó, entre otras) y con la obligación de presentarse ante el juez en los próximos días, quien decidirá si son culpables del cargo que se les imputa: “interferir con ciertas funciones protectoras” de los agentes federales.

Desde entonces, solo medios alternativos han hecho hincapié en la injusticia de su detención y en el descarado quebrantamiento de la ley internacional perpetrado por Estados Unidos.

No es descabellado asumir que su continua lucha contribuyó a que actualmente Gobierno y oposición venezolanos vayan a verse las caras en las negociaciones que Noruega está mediando. Los pacifistas expresan anhelar un desenlace positivo para el pueblo del país caribeño, después de este triste episodio en la historia mundial de la diplomacia.

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Política

Humala y Heredia otra vez en la cuerda floja

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

El jueves 27 de febrero se vencerá el plazo de diez días otorgado por el Poder Judicial para que la Fiscalía presente cargos contra el expresidenteOllanta Humala y Nadine Heredia por el caso Gasoducto Sur. Como se recuerda, la defensa de la exprimera dama presentó un pedido de control de plazo para que se defina si el proceso avanza a la etapa de investigación preparatoria o si, en su defecto, termina por archivarse.

A criterio del abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, el plazo dictado por el Poder Judicial resulta sumamente corto y parece ignorar la precariedad presupuestal que acusa el Ministerio Público.

“El Poder Judicial no entiende mucho las carencias del Ministerio Público; no es tan fácil como decir tienes 10 días de plazo, cuando falta personal y falta presupuesto, esto ya lo han dicho los representantes de la propia Fiscalía. Al margen de ello, no veo posible que los fiscales opten por archivar el caso. Entiendo que correrán sobre la marcha para presentar cargos y formalizar la etapa de investigación preparatoria”, afirmó.

El jurista consideró que una vez formalizada la etapa de investigación preparatoria, el Ministerio Público estará en la facultad de solicitar las medidas de restricción o comparecencia que estime pertinentes, y dentro de ellas, la medida de prisión preventiva contra Humala y Heredia.

Caso Gasoducto: una mancha más en el gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala.

Caso Gasoducto: una mancha más en el gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala.

DESBALANCE MILLONARIO

Respecto al desbalance patrimonial de Nadine Heredia, que según la pericia sustentada por el fiscal del Equipo Lava Jato, Germán Juárez Atoche, asciende a S/ 1 millón 231 mil soles, Quispe señaló que es algo que “complica bastante” la situación de la exprimera dama, en tanto resultaría un elemento fundamental del delito de lavado de activos. “La señora Heredia no tiene cómo sustentar el crecimiento de su patrimonio. Si se acredita este desbalance, entonces significa que la Fiscalía tiene un elemento sumamente sólido para imputar el delito de lavado de activos, y perfectamente puede presentarlos como elementos de prueba nuevos para solicitar una prisión preventiva. No sé si la Fiscalía vaya a solicitarla pero nada se lo impide”, apuntó.

Por otro lado, advirtió que el expresidente Humala y sus abogados estarían buscando confundir a la opinión pública al sugerir que los testimonios de los colaboradores eficaces tendrían que estar corroborados como una sentencia de colaboración, algo que no sería necesario en etapa de investigación preliminar.

COLABORADORES SON GENTE DE SU ENTORNO

Además, ante las declaraciones de Humala Tasso intentando desacreditar los testimonios en su contra indicando que son “más de lo mismo”, Quispe destacó que los testigos o colaboradores eficaces no son enemigos políticos del expresidente. “Todo lo contrario, son gente de su entorno más cercano, uno de ellos es su excompañero de promoción del Ejército, al punto de que lo conocían como ‘Paquete’; entonces, a través de estos testimonios en la investigación preliminar es suficiente para pasar a la etapa de investigación preparatoria”, indicó.

NO SON PERSEGUIDOS POLÍTICOS

El letrado también se refirió a la pretendida victimización que estaría buscando Ollanta Humala, quien participará vía internet en un foro belga sobre políticos perseguidos judicialmente, como el caso del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y donde Humala y Heredia figuran como expositores de casos de persecución política.

“Ni Ollanta, ni Antauro, ni los terroristas de Sendero Luminoso o del MRTA son perseguidos políticos, sino que son gente que ha cometido delitos comunes de asesinato o corrupción, pero de ninguna manera son perseguidos políticos. Si ellos se están irrogando esa cualidad es simplemente para mediatizar su caso, pero la Fiscalía debe poner en conocimiento del juez todo esto para determinar si le corresponde al señor Humala salir ante medios nacionales o internacionales a declarar de esta manera”, señaló, ante la eventualidad de que el expresidente podría estar violando alguna regla de comparecencia.

Finalmente, Quispe recordó que en caso se logre acreditar la comisión de los delitos de lavado de activos y cohecho, en un concurso real de delitos se sumarían las penas a imponer y estas podrían llegar hasta los 24 años de cárcel.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

28 de febrero JNE entregará credenciales a congresistas electos

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Jurado Nacional de Elecciones JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará el próximo viernes 28 de febrero, a las 10:00 horas, las credenciales a los parlamentarios que resultaron elegidos en el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del pasado 26 de enero.

El acto se realizará luego de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) culminen con las proclamaciones descentralizadas de resultados y de que estos queden firmes en el Pleno del JNE.

De esta forma, la entrega de credenciales se concretará a escasos 33 días de la fecha de la elección, superando en forma significativa el promedio histórico de 50 días alcanzado en las elecciones generales del 2006, 2011 y 2016.

Este récord se logra porque los 60 JEE procedieron a resolver, con rapidez y estricta sujeción a ley, la carga procesal recibida (11,573 actas observadas), atendiendo a la exhortación que hiciera en su momento el presidente del JNE, Víctor Ticona Postigo.

El supremo tribunal electoral también hizo lo propio con las actas que le llegaron en apelación, celebrando audiencias públicas en estricto respeto al derecho a defensa de las partes procesales y emitiendo las resoluciones respectivas con celeridad y conforme a las normas electorales. A la fecha no tiene carga procesal pendiente.

La ceremonia de expedición de credenciales se llevará a cabo en una sede que se viene coordinando. Una vez recibidos estos documentos, los legisladores electos estarán en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso de la República y completar el período parlamentario 2016-2021.

De esta manera, el JNE y los 60 JEE velan por la legalidad del proceso electoral a fin de asegurar que los resultados reflejen la voluntad popular manifestada en las ánforas.

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Política

Fiscalía cita a Luciana León para que declare en caso Los intocables ediles

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Luciana León Romero

El fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Abia, informó que Luciana León fue citada para este miércoles 09:00 horas a fin que brinde su declaración como testigo en la investigación por el caso Los intocables ediles.

Abia refirió que León rendirá su testimonio en su despacho congresal por tratarse de una persona aforada.

“Dada la investidura de la integrante de la Comisión Permanente se cursó un documento para que diga fecha y lugar donde dará su declaración. (…) Ella indicó que sería el 26 de febrero a las 09:00 horas en su despacho que mantiene en el Congreso”, dijo en Canal N.

El fiscal recordó que la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, viene realizado una investigación a Luciana León, debido a que aún cuenta con prerrogativas de congresista, pero que en este caso es citada como testigo.

“En mi calidad de fiscal provincial no la puedo investigar, pero si la puedo citar como testigo, en tal sentido, saludo que ella esté prestando su colaboración y nos dé su declaración testimonial”, agregó.

León Romero, integrante de la Comisión Permanente, es investigada por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado, peculado doloso y organización criminal.

A la exlegisladora se le imputa haber recibido dinero de Los intocables ediles a cambio de realizar gestiones ilícitas para favorecer a la Municipalidad de La Victoria.

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