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Editorial

Cobriza: una buena noticia inadvertida

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Editorial Diario UNO

Por décadas, Complejo Metalúrgico de La Oroya fue el factor de dinamización de la economía del centro del Perú. Se estableció en 1922 como inversión de la empresa norteamericana Cerro de Pasco Copper Co. y generó la proletarización de parte del campesinado, la ampliación de la carretera central y la mercantilización de la producción comunal para la alimentación de los campamentos mineros, entre otros cambios sensibles. Además, la ciudad de La Oroya creció alrededor de este complejo.

El gobierno militar nacionalizó el complejo y creó Minero Perú, pero volvió a privatizarse en 1997 transfiriéndose la propiedad a la empresa Doe Run Perú (filial del grupo Renco). Pero en esos momentos no existían normas ambientales y el crecimiento vino acompañado de la contaminación, quedando sujeto a un marco legal más exigente. En el 2009, Renco entró en crisis financiera e inició un proceso de reestructuración y, luego, se produciría una vorágine de intentos de liquidación que no resultaron exitosos.

Hoy en día, la mina Cobriza, ubicada en Huancavelica, es el activo más valioso y prácticamente el único realizable. Por ello, el acuerdo suscrito el pasado 7 de abril, entre la empresa Cobre de los Andes SAC con la liquidadora Consultores A1 para la compra de la mina por un monto de 22 millones de dólares, es una excelente noticia económica

Cobre de los Andes SAC es subsidiaria de un fondo canadiense que está dispuesto a ceñirse a los lineamientos de nueva política minera del gobierno, esto es: transformación primaria, tecnología moderna y compromiso social. De hecho, ya mantiene buenas relaciones de trabajo con la vecina comunidad de San Pedro de Coris.

Ahora solo falta que la operación de compra-venta sea ratificada por la Junta de Accionistas, en la que participan el Minem, en representación del Estado, con 65% de las acciones y la empresa Cayman con 35%. La ratificación permitiría generar recursos para pagar la deuda social y comercial del complejo e inyectaría un nuevo influjo económico a la estratégica región central, granero de la Gran Lima.

Quizás por ser tan buena noticia, no solo para el gobierno sino para la economía peruana, los medios de comunicación conservadores ni han reparado en ella. En cambio, los que estamos por la modernidad con justicia social, nos felicitamos que se haya llegado por fin a un buen acuerdo para todos.

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Editorial

¿Inundar Juliaca?

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Editorial Diario UNO

En esta casa, como Aristóteles, «somos amigos de Platón, pero somos más amigos de la verdad». Por ello no hemos vacilado en cuestionar las medidas incomprensibles del presidente Pedro Castillo y en reclamar la máxima transparencia en relación a las graves acusaciones contra sus exallegados, hoy investigados por la fiscalía por presuntos actos de corrupción. Pero ese mismo afán nos impide avalar la acusación fácil y falsa para descalificar al profesor chotano.

Recordamos este hecho, porque ayer las redes sociales se vieron inundadas por una supuesta declaración presidencial en la que anunciaba su propósito de inundar la ciudad puneña de Juliaca. Así, en un video viral se escuchaba: «Este gobierno y a partir de esta fecha, vamos a permitir que Juliaca, a través de las lluvias, se inunde esta gran ciudad», pero en el video original se habían cortado algunas palabras con el fin de desvirtuar lo que Castillo dijo realmente «Y el tema del alcantarillado, nunca más en este gobierno y a partir de esta fecha, vamos a permitir que Juliaca, a través de las lluvias se inunde esta gran ciudad. Por eso, queridos compatriotas, queremos lo más importante que decirles, de que no solo es un honor estar en este pueblo, sino es un compromiso». Ya se han hecho habituales de burla algunas improvisaciones del presidente, que lo hacen ver como un estadista calichín, pero en este caso obviamente sus palabras fueron editadas y sacadas de contexto, con mala fe.

Lo triste es que el presidente se estaba refiriendo al principal problema urbano de Juliaca, la falta de un adecuado sistema de drenaje pluvial, carencia que en épocas de lluvia convierte a las calles de esa pujante ciudad en verdaderos charcos, por carecer de declive. Además, por su cercanía al lago Titicaca y a la laguna Chacas y el río Coata, la napa freática se encuentra muy cercana a la superficie y ello conlleva una dificultad adicional a la adecuada eliminación de las aguas superficiales.

Precisamente, ante estos problemas que no son de ahora, el gobierno ha dispuesto la ejecución de la obra del drenaje de Juliaca con una inversión de 1.200 millones de soles y que para evitar la acción de Zamires y Karelinas, se le ha encargado licitar a la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS). A esta obra era a la que el presidente se refirió cuando mencionó el tema del alcantarillado.

Así que los únicos «inundados» van a ser los críticos de oficio, que no solo desprecian el habla popular, sino que tampoco conocen el país.

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Editorial

Arranca bien, la fiscal Benavides

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Editorial Diario UNO

Aunque parezca increíble, la Fiscalía de la Nación ha sido una más de las instituciones en crisis de nuestro maltrecho Estado, que funcionaba con una junta de fiscales supremos incompleta y rifando el máximo encargo, a quien quisiera tomarlo como el buen Pablo Sánchez. La elección de la fiscal Liz Patricia Benavides Vargas ha abierto una esperanzadora etapa de cambios en el Ministerio Público.

Apenas se conoció su nombramiento, los mentideros limeños se llenaron de preguntas «¿es de derecha o es caviar?. ¿se atreverá a investigar a Castillo o se echará?, ¿es independiente o es parte de la mafia?» fueron solo algunas de las dudas que se levantaron sobre su ejecutoria futura. Pero, su intención de continuar con la investigación abierta a Pedro Castillo, por los hechos que son de dominio general, ha despejado las dudas y anuncia la vuelta del profesionalismo a la Fiscalía de la Nación durante los próximos tres años en los que desempeñará el cargo.

No en vano recibió la más alta calificación, 89.09%, en el concurso de méritos para la selección de fiscales supremos de la Junta Nacional de Justicia. Amén de una trayectoria de más de 27 años en el Ministerio Público, donde se inició como fiscal adjunta hasta lograr ser fiscal suprema adjunta. En esa trayectoria su punto descollante fue cuando, a fines de 2019, adoptó una firme oposición al intento del entonces Fiscal de la nación Pedro Chávarry de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato. En ese momento, Benavides no tuvo temor en dirigirse públicamente a Chavarry, mediante un comunicado, para pedirle que diera un paso al costado para permitir «una salida democrática» a la crisis que se había generado en institución.

Miembro de una familia de abogadas, a la nueva Fiscal de la Nación se le quiso bloquear la elección argumentando forzados cuestionamiento a sus hermanas, que se desempeñaban como juezas de distintas sedes, como si ello fuera un argumento descalificador. Maniobra que superó limpiamente.

Ahora su gran reto es recuperar el buen nombre de la Fiscalía, acelerar las investigaciones claves cuya lentitud genera desánimo y desconfianza de la ciudadanía, no vacilar ante los intereses o poderes con los que se pueda enfrentar, acabar con la corruptela de las filtraciones de información privilegiada y con la injusticia generalizada de pedir medidas extremas contra los investigados, sin que exista suficiente fundamento. Tarea ardua, pero que por lo menos ha empezado bien.

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Dos soldados menos

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Perdida dentro de las noticas internacionales aparece la noticia del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la comunidad de Cerocahui, Tarahumara, en el estado de Chihuahua, México. La zona está asolada por bandas armadas de los narcotraficantes. Uno de estos grupos secuestró a un grupo de personas, asalto del que un guía de turismo logró huir y se refugió en la iglesia local. Sus perseguidores ingresaron armas en mano y no oyeron las invocaciones de los padres Javier Campos y Joaquín Mora para que respetaran la vida del asilado en el templo. La respuesta fue una ráfaga de balas que acabó con los tres. A mayor ignominia, los asesinos cargaron los cadáveres en una camioneta y desaparecieron.

Las bajas no son una novedad en la Compañía de Jesús, en la que profesaron ambos sacerdotes. Fundada como una orden militar ha dado batallas en todo el mundo, al grado que el escritor Jonathan Wright, los llamó en un libro «Los soldados de Dios». La compañía siempre ha tenido un especial compromiso con América Latina de donde el orden virreinal la expulsó en 1767 por sus avanzadas ideas sociales. Cuando regresó, medio siglo después, se dedicó a fundar colegios y universidades de prestigio en todos los países en los que trabajó.

Los dos sacerdotes de Tarahumara no son los primeros en morir en batalla, siguiendo la senda de Ignacio de Loyola. En la década de 1970, El Salvador se encontraba en plena tensión social y llevaba años envuelto en una guerra civil y una represión generalizada, que en 1977 causó el asesinato del también jesuita Rutillo Grande y en 1980 de monseñor jesuita Óscar Arnulfo Romero. Y todavía hubo más. En 1989, la noche del 16 de noviembre, por orden del coronel Inocente Montano, viceministro de Seguridad Pública, un equipo militar entró en la casa de los jesuitas de la Universidad Centroamericana y mató a seis religiosos y dos mujeres que colaboraban con ellos en la casa: Ignacio Ellacuria, rector, filósofo y teólogo, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina.

La Asociación Pro-Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia judicializaron la masacre y lograron que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de El Salvador considerara a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista y lo condenara a 133 años de prisión.

Desde ayer la compañía tiene dos soldados menos y dos santos más.

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