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Política

CGTP pide sueldo mínimo de 850 soles

Central sindical espera que mensaje presidencial de 28 de julio sea positivo para los trabajadores.

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CGTP pide sueldo mínimo de 850 soles

La presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, dijo esperar que el presidente Ollanta Humala anuncie en su mensaje del 28 de julio un incremento del sueldo mínimo a 850 soles mensuales y más empleo.

“Este debe ser el principal mecanismo de lucha contra la pobreza orientando a lo que se denomina inclusión social; a través del trabajo se deben cubrir las necesidades básicas de las familias peruanas”, declaró.

Consideró que el sueldo mínimo debe ser de 850 nuevos soles. “Este monto debe ir subiendo, como lo hacen en todos los países, donde lo primero que hacen cuando termina un año, es subir la remuneración minima vital”, comentó.

CONSULTA PREVIA
Sifuentes consideró que otro de los puntos que debe ser considerado por el Mandatario en su mensaje por 28 de julio es el referido al respeto al derecho de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y los pueblos tribales, a través de la verdadera aplicación de la ley de consulta previa.

“Se vienen problemas en el interior del país, porque se toman medidas que van contra las comunidades campesinas. No se está respetando el derecho a la consulta previa en actividades que atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente”, advirtió.

Asimismo, pidió que se considere al trabajador como un factor fundamental en la producción.

NUEVO GABINETE
Ante el reciente nombramiento de Ana Jara como nueva presidenta del Consejo de Ministros, Sifuentes mencionó que la actual premier se olvidó de los empleados durante su gestión en el sector Trabajo.

“Ella ha prometido el sostenimiento del aumento de índices de empleo y la reducción de la pobreza, sin embargo, nosotros los trabajadores y el pueblo en general le preguntamos ¿qué hizo en el Ministerio de Trabajo a favor de los trabajadores? La respuesta es nada o casi nada”, recordó.

Aseguró que el Consejo Nacional del Trabajador fue ignorado durante los meses de Ana Jara en el Ministerio de Trabajo y no se tomó en cuenta la opinión de sus integrantes para modificar la ley de seguridad y salud en el trabajo.

En referencia al nuevo ministro de Trabajo, Fredy Otárola, la presidenta de la CGTP recordó que como presidente del Congreso no citó ni atendió la agenda laboral, así como tampoco la problemática de los gremios en conflicto.

LEY DEL TRABAJADOR
El vicepresidente de la CGTP, Olmedo Auris, consideró que la creación de una Ley General de Trabajo debe estar dentro del plan de gestión del ministro Otárola.

“Nadie está en contra de que Otárola sea o no el nuevo ministro de Trabajo, pero lo que nosotros queremos es que en un país como el nuestro tengamos una Ley General de Trabajo que norme nuestras obligaciones y derechos, pero también la de los empresarios”, apuntó.

SE VIENE PROTESTA
◘ Carmela Sifuentes dijo que durante la última asamblea nacional de la CGTP se acordó realizar una jornada nacional de protesta que posiblemente será en agosto. “Convocaremos a otra asamblea nacional de delegados para que desde todos los puntos del país tomemos acciones frente a la arremetida contra los trabajadores”, apuntó.

Roberto Contreras
Redacción

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Política

Presidente convoca a elecciones para 11 de abril de 2021

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Presidente convoca a elecciones para 11 de abril de 2021

El presidente de la Repú­blica, Martín Vizcarra, firmó el decreto supremo a través del cual convoca a elecciones generales para el 11 de abril del próximo año. Vea aquí la galería fotográfica

En un pronunciamiento realizado en Palacio de Gobier­no, junto al pleno del Consejo de Ministros, recordó que des­de que asumió la presidencia tras la renuncia Pedro Pablo Kuczynski, se comprometió a culminar su mandato po­niendo “todo su esfuerzo para hacer un gobierno franco, transparente, honesto y de la mano con el pueblo”.

“Cumpliendo mi compro­miso, porque soy una persona de palabra, muestro aquí al país el decreto supremo que dice: convocan a elecciones generales para el 11 de abril de 2021, para la elección del

presidente de la República, vi­cepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante Parlamento Andino”, indicó.

“Hoy, delante de los perua­nos, suscribo esta norma legal y formalizando la convocatoria para elecciones”, subrayó el jefe del Estado.

El mandatario precisó que esta convocatoria está dentro del plazo de ley, pues la norma establece que debe hacerse con un mínimo de 270 días antes del proceso electoral, legislación que dice, además, que tiene que ser el segundo domingo de abril.

“Tenemos poco más de nue­ves meses para un cambio de autoridades y lo que tengamos que corregir hagámoslo, pero hagámoslo bien, una vez más mi compromiso, mi disposición señores congresistas, trabajemos juntos para concluir la reforma política y concluir la reforma del sistema de justicia. Si hay tiempo para hacerlo, hagámoslo bien”, enfatizó.

En ese sentido, Vizcarra explicó que esta reforma debe hacerse pensando no en las próximas elecciones “sino en las próximas generaciones”.

“Esta continuidad demo­crática, con elecciones, no se podría alterar por nada y no lo puede alterar ni los problemas políticos que se solucionarán, ni con la pandemia ni ningún factor externo puede alterar la predictibilidad de las elecciones cada cinco años en nuestro país”, añadió.

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Política

Trabajadores, empleadores y Estado deben aportar a pensiones

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Trabajadores, empleadores y Estado deben aportar a pensiones

El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, propone unir al SNP, SPP y Pensión 65 bajo un modelo mixto dirigido por una autoridad central pública.

El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, propuso un sistema de pensiones unificado y mixto que integre a los sistemas: público y privado y Pensión 65, pero dirigida por una autoridad central pública.

En su propuesta, realizada el pasado 4 de julio, en la Primera Audiencia Pública virtual de la Comisión Especial Multipartidaria del Sistema Pensionario del Congreso de la República, argumentó que este modelo garantizaría una pensión mínima para aquellos que no alcanzaron el número de aportación necesaria.

“El empleador también debe aportar para la pensión de sus trabajadores. El Esta­do financiaría la parte que le hubiera faltado aportar al trabajador y también en parte la pensión no contributiva, es decir, Pensión 65”, afirmó.

Argumentó que este mode­lo, con aportes de trabajadores, empleadores y Estado, se inspi­ra en el sistema pensionario de Suecia que se encuentra implementado en diversos países con gradual éxito; propuesta recogida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Indicó que uno de los problemas en construcción civil es que, como son trabajadores eventuales, la mayoría no logra acumular los 20 años de aportes necesarios en el sistema público, o logran acumular muy poco en el sistema privado, lo que genera pensiones de hambre.

La media de trabajo formal en construcción es de 4 meses al año. Así, un trabajador promedio debería laborar 60 años para acumular 20 años de aportes, lo cual es imposible. Debemos asegurar que todos los peruanos tengan una pensión”, finalizó.

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Política

Comando Vacuna bajo sospecha

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Comando Vacuna bajo sospecha

Una pandemia de malas decisiones parece haberse instalado en el Ejecutivo. El periodista Marco Sifuentes advirtió que el equipo creado por el gobierno para gestio­nar la adquisición de una próxima vacuna contra el coronavirus, denomina­do Comando Vacuna, en realidad fue una inicia­tiva gestada por empre­sarios vinculados a casos de corrupción contra el Estado y secundada por exfuncionarios durante el gobierno aprista.

Sifuentes recordó que la “cara visible” del Co­mando Vacuna, Carlos Neuhaus Tudela, exor­ganizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y nombrado en noviembre de 2019 como presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, señaló en una entrevista a La Repúbli­ca que la idea inicial del grupo de trabajo fue del empresario Raúl Delgado Sayán. En efecto, el 3 de junio, el sitio web que consigna como objetivo “lograr que los peruanos optemos por una econo­mía de libre mercado”, publicó un artículo donde Delgado Sayán anunciaba que las vacunas contra el Covid-19 ya existen y que estarían disponibles en septiembre de 2020.

Sin embargo, Sifuen­tes refirió que represen­tantes de Astrazeneca, la firma farmacéutica alu­dida por Delgado Sayán como posible proveedora de vacunas en septiembre de este año, manifestaron a The Economist que en el mejor de los casos las vacu­nas estarían listas a inicios de 2021.

Además, reveló que entre los promotores del proyecto Comando Vacu­na figuran los exministros apristas Hernán Garrido Lecca y Jorge Del Castillo, quienes impulsaron el tema en redes sociales. De hecho, Del Castillo compartió una entrevista realizada por el diario Perú21 -que dedicó varias portadas a la propues­ta- a Raúl Delgado Sayán, sugiriendo la formación de un equipo para la compra de vacunas. La propuesta también fue difundida en UCI, un canal de noticias en internet dirigido por uno de los hijos de Jorge Del Castillo, de acuerdo a lo señalado por Sifuentes.

INVESTIGADOS EN PALACIO

El periodista recordó que tanto Carlos Neuhaus como Raúl Delgado Sayán están in­volucrados en investigacio­nes por casos de corrupción en perjuicio del Estado, y cuestionó que al parecer de­trás de la conformación del Comando Vacuna habrían conexiones que “no están del todo claras”.

Al respecto, hay que señalar que Raúl Delgado Sayán es presidente de CESEL S.A., una empresa consultora investigada por el caso Lava Jato y que está incluida como tercero civil responsable en el caso de irregularidades y corrup­ción relacionadas al Hospital Antonio Lorena, de Cusco, en el que están implicados la empresa brasileña OAS, los exgobernadores regionales Jorge Acurio y René Concha, además de la exprimera dama Nadine Heredia y otros investigados. Además, supervisó el tramo 3 de la Interoceánica Sur y la Línea 1 del Metro de Lima, obras adjudicadas a consorcios integrados por Odebrecht y Graña y Montero y sobre las cuales se investiga pago de sobornos.

En abril de 2019, la Pri­mera Sala Penal de Ape­laciones Nacional Antico­rrupción confirmó que esta supervisora deberá pagar 214 millones 840 mil soles por reparación civil. Pese a ello, entre el 2019 y 2020, Cesel S.A. facturó al Estado un total de S/ 20’492,583, siendo su principal clien­te el Ministerio de Trans­portes y Comunicaciones, del cual percibió más de S/ 16 millones en el refe­rido periodo. También fue beneficiada por el progra­ma Reactiva Perú, con un préstamo de S/ 10 millones concedido por el Banco de Crédito del Perú, según re­veló Convoca.

En tanto, Carlos Neu­haus también es investiga­do por la Fiscalía por el caso Odebrecht, en relación a los presuntos aportes de la constructora brasileña a las campañas electorales de la exlideresa del PPC, Lourdes Flores, en 2006 y 2011. Se­gún un colaborador eficaz, Neuhaus habría participa­do en las reuniones entre Odebrecht y la excandidata presidencial.

DESCUIDO O COMPLICIDAD

El exparlamentario Yonhy Lescano consideró que todo parece indicar que hay indicios de nego­ciados indebidos con el pretexto del Comando Va­cuna, y que tanto el pre­sidente de la República, Martín Vizcarra, como el primer ministro, Vicen­te Zeballos, deberían to­mar cartas en el asunto atendiendo la presencia de personas investigadas por presuntos delitos de corrupción.

Esto tiene todas las señales de que se estaría utilizando al Estado para fines lucrativos indebidos. Si hay personas cuestiona­das, no se garantiza que se obre legalmente ni de buena fe; además, con el antecedente de estar vinculados a situaciones que están siendo inves­tigados por el caso Lava Jato, el gobierno no debe permitir estas cosas y la Fiscalía debería intervenir e investigar estos hechos”, señaló.

Lescano exigió una ex­plicación e intervención rápida del gobierno, y ad­virtió que “más que un descuido, podría haber hasta complicidad”. “Por eso digo que la Fiscalía debe investigar qué es lo que está pasando. Me da la impresión de que cono­cen todos los hechos pero no hacen nada, entonces hay responsabilidad por omisión, porque dolosa­mente permiten la pre­sencia de estas personas vinculadas a presuntas irregularidades que es­tán siendo investigadas”, cuestionó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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