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Política

Celulares de AG contienen la verdad

Los teléfonos móviles del extinto presidente Alan García servirán para establecer el frenético tráfico de llamadas y mensajes, a nivel nacional e internacional, que efectuó antes de su muerte: pero sobre todo van a revelar quienes formaron parte de la estructura de la corrupción.

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Alan García Pérez

El 17 de noviembre de 2018, cuando se le dicta impedimento de salida del país, fueron los días más lóbregos en la vida de Alan García. Movió todos sus hilos y contactos, e hizo declaraciones que golpearon al gobierno de turno.

En medio de esos manotazos de ahogado, urdió un plan para huir del país: solicitó asilo en la residencia del embajador de Uruguay, pero el intento no le dio resultado, porque se le denegó el pedido.

El gobierno uruguayo consideró que no había persecución contra el político acusado de corrupción. Alan García, desesperado, porque el cerco se le cerraba, mostraba un rostro donde se perfilaba la sombra de la muerte.

El 17 de abril de 2019, cuando fueron a allanar su casa, en un momento sube al segundo piso y, tras breves segundos, se escucha un disparo: Alan García se había suicidado, sus acusaciones prescribieron pero sus celulares señalaban a quienes estaban involucrados en sus hechos de corrupción.

LOS CELULARES SON IMPORTANTES

Más allá del respeto por los deudos del presidente Alan García, de lo que se trata es de llegar a la verdad. Y esto lo afirma al abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL). El letrado hace hincapié en que los celulares están incautados y que servirán, no solo para acusar a Alan García, que con su muerte sus delitos prescribieron, sino para identificar con quiénes tuvo contacto.

“Cuando el juez la denegó los celulares a José Domingo Pérez, le dijo algo importante:

que esos ya están en condición de incautados por el fiscal que entró en ese momento en casa del exmandatario”, expresó.

“Lógicamente -agregó-, lo que tendría que hacer José Domingo Pérez es pedir que esos celulares pasen a su investigación. Pero más allá de eso, la importancia de los aparatos celulares es de relativo interés porque no se estaría investigando a Alan García, porque una vez muerta la persona no se le puede investigar, hay un grupo de personas vinculadas a él, entre ellos sus familiares”.

CRUCE DE LLAMADAS

En este punto, el letrado hace hincapié en que sus familiares y su segunda esposa son sospechosos de lavado de activos y por lo tanto “esos celulares van a servir para dar mayores luces sobre las comunicaciones que tuvo Alan García con determinadas personas”.

“Esas personas pueden ser miembros de su partido, su segunda pareja para hacer cualquier tipo de transacciones. Es decir, hay una pluralidad de personas, por lo cual, el fiscal José Domingo Pérez va a tener en esos celulares una herramienta importante para el equipo Lava Jato”, expresó.

“Lo que van a hacer es el cruce de llamadas, el tráfico de mensajes, van a tener que aperturar los aparatos para ver la importancia de los mensajes que han quedado grabados hasta el día de la muerte de Alan García. Esa perennización de llamadas de Alan García, que frenéticamente hizo antes de morir, va a ser importante, porque se va a establecer que se ha comunicado con gente de su partido, con Atala y el señor Nava, con su exesposa y qué llamadas hizo a otros países, todo eso tiene que ver el operador de la línea de Alan García y que tiene que dar a conocer”, precisó.

El jurista dijo que a pesar de lo que dice su abogado, su esposa no puede hacer nada, “porque la investigación no es contra Alan García, que ya está muerto. Lo que se ha incautado a partir de su muerte y es relevante para la investigación de otros, si va a ser muy importante”, concluyó el abogado Quispe.

QUE SEPA LA VERDAD

Por su parte, el excongresista Juan Pari, y expresidente de la Comisión Lava Jato del Congreso (2011-2016), manifestó que en la investigación está pendiente en lo que respecta a otros personajes que están vinculados.

Por lo tanto, “los celulares tienen una información importante con respecto a las llamadas que Alan García realizó con respecto a los casos por los cuales era investigado”.

Pari comentó que es muy importante, no solo para llegar a la verdad, sino para saber con quienes se relacionó, quiénes se prestaban para las cosas de que se le acusaban, “no para investigar a Alan García que ya murió sino para identificarse a los personajes con lo que se relacionó.

Es importante que se sepa la verdad y para ello no hay vuelta que darle”, concluyó el excongresista Juan Pari.

LA TECNOLOGÍA SERÁ LA CLAVE

En este mismo sentido se expresó al abogado Luis Purizaga, Coordinador de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien dijo que es fundamental “seguir el registro de llamadas, de mensajes; dada la tecnología que se tiene, es el mecanismo más efectivo para poder encontrar y enriquecer las investigaciones, al saberse con quién se comunicaba, alguna red.”.

“También hay otro mecanismo:

el levantamiento del secreto de las comunicaciones y eso se puede llevar a cabo aún sin tener los celulares. Hay un registro que tienen todas las empresas de comunicaciones y eso sería muy importante”, sostuvo.

Después reflexionó y dijo que esas medidas tendrían sentido si se trata de averiguar cosas importantes para la investigación. “Yo presumo que hay cierto tipo de informaciones que se puede conseguir en las empresas de comunicaciones”.

ALGO MÁS

“Hay cierto tipo de información que no se pierde. La idea es obtener todo lo que sea posible, al margen de tener el aparato o no tenerlo”, concluyó el abogado de Justicia Viva.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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