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Política

Castañeda sigue en capilla

El viernes 14 de febrero se conocerá la resolución judicial sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses para el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio y sus coinvestigados José Luna Gálvez y Giselle Zegarra, por presuntamente haber recibido sobornos de OAS a cambio de la adjudicación de obras públicas.

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Castañeda sigue en capilla - Luis Castañeda Lossio

La jueza María Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, anunció que este viernes 14 de febrero se dará lectura a la resolución sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva para el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, así como para el presidente del partido Podemos, José Luna Gálvez, y para la exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Giselle Zegarra, que el Ministerio Público realizó en virtud de las investigaciones que se siguen en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos y de organización criminal, entre otros.

Como se recuerda, Castañeda es sindicado por ser el cabecilla de una presunta organización criminal dedicada a lavar dinero de las empresas Odebrecht y OAS, las que financiaron sus campañas electorales en el 2014 y 2026.

Según la tesis de la Fiscalía, Castañeda habría recibido US$ 480 mil para financiar la campaña electoral a la alcaldía de Lima, en 2014. El desembolso por parte de OAS habría sido realizado a cambio de hacerse de las obras como Línea Amarilla, el bypass de la avenida 28 de Julio y también beneficiarse con el aumento tarifario de los peajes en el 2016.

PELIGRO DE FUGA

Para la fiscal Milagros Salazar, el arraigo familiar de Castañeda es nulo y representa un elemento para considerar el riesgo de fuga. “El arraigo familiar que tiene Castañeda Lossio es ninguno. Toda vez que vive solo, está divorciado, sus hijos son mayores de edad. Estos elementos de falta de arraigo nos permite presumir que podría pretender fugar y escapar de una futura condena”, afirmó.

Además, la fiscal del Equipo Especial Lava Jato indicó que el exalcalde de Lima mostró resistencia a cumplir con los mandatos de ley. Según Salazar, Castañeda pretendió manejar, direccionar la investigación a favor suyo y eludir su responsabilidad. En este sentido, recordó que el exalcalde dejó de asistir a citación judicial, presentando un certificado médico de una clínica en Pueblo Libre, aunque sin registrar una historia clínica. A criterio de la fiscal, el certificado médico habría sido hecho con el fin de justificar la ausencia en la diligencia judicial.

También señaló que el investigado exburgomaestre dio una dirección distinta a la de su registro en Reniec y que de la vivienda que actualmente posee solo le corresponde el 33% ya que el resto fue transferido a uno de sus hijos.

NO HABLA, PERO SE RÍE

Durante el desarrollo de la audiencia, la jueza María Álvarez Camacho se vió obligada a llamar la atención al alexalcalde debido a los gestos y sonrisas aparentemente sarcásticos que este realizaba mientras la fiscal Salazar hacía uso de la palabra.

“Al investigado, por favor, la representante del Ministerio Público está cumpliendo con sustentar su tesis, debatiendo los argumentos que ha relatado su abogado. Creo que están demás las gesticulaciones como esa sonrisa o de repente hasta en tono de burla”, señaló la magistrada.

En cuanto a José Luna Gálvez, la fiscal Salazar refirió que las asesorías que habría pagado la universidad privada Telesup, de propiedad del investigado excongresista, a Castañeda Lossio en realidad habrían camuflado los pagos provenientes de la empresa OAS. Ante esto, el abogado de Luna Gálvez, Mateo Castañeda, indicó que mencionar a Telesup “afecta la imagen y el prestigio de la universidad”.

Por otro lado, al presidente del partido Podemos, el Ministerio Público también le imputa haber obstruido las investigaciones al conversar con dos testigos con el fin de influir en sus testimonios, y se consideró la posible “reagrupación de la organización delictiva”, en virtud de que volvió a asumir la presidencia del partido Podemos y potencialmente tendría el poder suficiente para obstruir la labor de la justicia.

En respuesta, su abogado sostuvo que no existe dicha posibilidad que la presunta organización criminal se reintegre porque Luis Castañeda ya no es alcalde y el partido que fundó, Solidaridad Nacional, casi “desapareció” y que en estas elecciones congresales obtuvo “no más del 2 % de la votación nacional”.

Finalmente, a Giselle Zegarra se le acusa de haber facilitado las reuniones entre Castañeda y los representantes de OAS, además de haber sido la mediadora para la recepción del dinero. Para la Fiscalía, existiría peligro de fuga al no tener arraigo laboral ni tampoco de vivienda, aunque esto fue rechazado días atrás por la exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima.

Al hacer uso de la palabra, Castañeda, lejos de responder a las acusaciones en su contra, prefirió defender su gestión municipal alegando ser uno de los alcaldes “que más obras realizó”.

 

José Alfredo Madueño

Política

Limpieza en el sistema de justicia

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Junta Nacional de Justicia (JNJ), el presidente de dicha entidad, Aldo Vásquez

Tras el anuncio del inicio de procesos disciplinarios e investigaciones preliminares contra siete magistrados por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el presidente de dicha entidad, Aldo Vásquez, aseguró que el organismo actuará con la mayor imparcialidad y cumpliendo los más altos estándares constitucionales y convencionales en los procesos contra dos fiscales supremos y cuatro jueces supremos.

En ese sentido, garantizó que la JNJ respetará “todos los derechos propios del debido proceso a quienes son sometidos a investigación”. Como se dio a conocer, los magistrados sometidos a proceso disciplinario inmediato son los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, y los jueces supremos Martín Hurtado y Aldo Figueroa. En tanto, para el ex juez supremo Vicente Walde y los jueces supremos César San Martín y Ángel Romero se dispuso el inicio de una investigación preliminar.

En el programa Nada está dicho, de RPP, Vásquez manifestó que dentro de sus atribuciones la JNJ puede requerir a otras instancias del Estado, así como a otras del ámbito privado, “toda la información que sea necesaria para los procesos disciplinarios a su cargo”. Sin embargo, aclaró que la JNJ no tiene competencias sobre materia penal, ya que eso le corresponde al Ministerio Público.

“La responsabilidad de la JNJ es cautelar la independencia de jueces y fiscales. Eso significa también remover todo obstáculo que impida el ejercicio independiente de juez y fiscal de cualquier poder político, económico o del tipo que fuera”.

MEDIDAS CAUTELARES

En entrevista con Canal N, el presidente de la JNJ señaló que podría aplicarse la separación temporal a los magistrados que cuenten con procesos disciplinarios abiertos a modo de una medida cautelar.

“Esa posibilidad está siempre abierta, es una medida cautelar de suspensión que podría adoptarse. No hablo en ningún caso en particular, todos los casos que llevamos en la JNJ tienen carácter de reservados”, indicó, y advirtió que dichas medidas cautelares se imponen cuando se advierten riesgos de obstaculización o ante la existencia de elementos de convicción sobre actos irregulares por parte de los investigados.

AL TORO POR LAS ASTAS

Para el analista político Miguel Jugo ha sido un acierto por parte de la JNJ darle prioridad al caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la piedra angular del problema de justicia en tanto han sido una red organizada. “Lo que ha habido siempre son grupos al interior del Poder Judicial que ejercían acciones corruptas, pero lo que han intentado los Cuellos Blancos es tejer una red en el Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura para beneficiarse mutuamente al margen de la ley. Evidentemente esto representa un problema importante y la JNJ ha hecho bien en darle prioridad”, afirmó.

Respecto al fiscal supremo Tomás Gálvez, acusado de pertenecer presuntamente a esta red criminal, Jugo recordó que ya el fiscal anticorrupción Martín Salas ha solicitado que sea apartado del Ministerio Público. “Esto es sumamente grave porque gente de su misma institución lo está señalando. Es muy importante que se logre sancionar porque la mayoría de miembros titulares de la Fiscalía están envueltos en procesos por corrupción, y una institución de esta importancia no puede estar con sus miembros más importantes en situaciones complicadas por presuntos actos fuera de la ley”, anotó.

Sobre las eventuales sanciones que recaerían sobre los magistrados investigados, Jugo indicó que existen diversas posibilidades, en tanto la JNJ tiene facultades administrativas de sanción, pero serán otras instancias las que sancionen penalmente por los delitos en que se les encuentre responsabilidad. En esa línea, advirtió la importancia de que el nuevo Congreso asuma “un compromiso de colaborar con la justicia y avanzar en el levantamiento de la inmunidad para que estas personas con protección constitucional puedan ser llevadas a un proceso judicial”.

ALGO MÁS

Finalmente, el analista consideró que el mensaje de la JNJ hacia la ciudadanía debe ser firme, y que “se va a poner mano dura con todos los actos de corrupción en el Poder Judicial y en la Fiscalía”. “Desde la población, también se debe tomar conciencia de que los ciudadanos pueden participar en los actos de fiscalización mediante sus denuncias, se debe arribar al momento en que la gente vaya esperanzada en poder alcanzar justicia cuando acuda a las instancias de justicia en el país”, manifestó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Destacados profesionales, académicos e intelectuales se suman a Nuevo Perú

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Diego Trelles Paz

Ayer, más de 100 profesionales de diversas disciplinas y de reconocida trayectoria participaron en la reunión de afiliación de Nuevo Perú, quienes manifestaron su identificación por la agenda programática de la organización política, que reivindica la democracia y una economía diversa que genere empleo digno.

Durante el evento de afiliación, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, destacó la participación e interés de todos los asistentes a este diálogo abierto y su amor al Perú.

“Estamos aquí porque nos indigna la corrupción y la violencia, porque nos angustia la precariedad y las múltiples discriminaciones, pero también porque amamos a nuestro país y sabemos que más allá de los corruptos y mafiosos que lo tienen secuestrado, hay un país rico y diverso con un pueblo trabajador y creativo. Sí se puede recuperar el Perú”.

“Necesitamos esa fuerza para lograr los cambios que el país necesita. Es el momento histórico para decidir qué país queremos legarle a nuestros hijos e hijas. Nosotros queremos un país con valores, con ciudadanía, con derechos, solidario sin violencia ni corrupción y para ellos queremos construir con ustedes, un Nuevo Perú”, señaló Mendoza.

Entre los profesionales afiliados, podemos destacar Roberto Rodríguez Rabanal, dos veces decano nacional del Colegio de Sociólogos del Perú; Jorge Manco Zaconetti, economista especialista en Hidrocarburos; y Sigfredo Chiroque Chunga, docente y sociólogo, experto en el seguimiento y análisis de las políticas educación, por mencionar a algunos de ellos.

Desde Francia, el reconocido escritor Diego Trelles Paz, anunció también su afiliación a Nuevo Perú. “Las políticas neoliberales son políticas de muerte. Transforman derechos como la educación y la salud en negocios privados. Normalizan la exclusión y la pobreza. No tengo dudas, el Nuevo Perú es la única fuerza progresista con posibilidades electorales que busca un país más justo e igualitario” señaló.

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Política

Accidente que habría causado contaminación en zona de emergencia

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Accidente que habría causado contaminación en zona de emergencia camión chocado en ladera de cerro pista carretera

Al promediar las 3:30 de la tarde del jueves 20 de febrero, un vehículo encapsulado de placa ARB-913, perteneciente a la empresa WARI, que brinda servicios a la compañía minera MMG Las Bambas, sufrió un accidente en el sector CcollpaUma, que forma parte de la comunidad campesina de Urinsaya – Coporaque, zona que actualmente se encuentra en #EstadoDeEmergencia por las protestas en contra de la contaminación extractiva. Los comuneros reportaron, a través de las redes sociales, que a causa del accidente se vienen derramando materiales líquidos en riachuelos que conectan con el río de Urinsaya y el río Apurímac.

Los primeros en llegar a la zona afectada fueron funcionarios de la municipalidad de Espinar. ‘La contaminación es evidente, pudimos constatar la presencia de líquidos extraños que se vertían en los canales que llegan a un bofedal. El accidente fue por la tarde, y no vimos a funcionarios de la fiscalía o de la OEFA’ declaró YenyHuillca, regidora municipal, a través de una entrevista telefónica.

A pesar de que la empresa se ha pronunciado anunciando que ha cumplido con los protocolos pertinentes de mitigación, Isaías K’ana, Presidente Comunal de Urinsaya, a quién también pudimos entrevistar, considera que la situación es preocupante por el contexto de estado de emergencia al que se enfrentan. ‘El agua contaminada es de consumo humano, también la usamos para alimentar a nuestros animales y para la agricultura, con la temporada de lluvias creemos que la contaminación ha sido mayor’ informó K’ana.

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