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Política

Cadena perpetua para corrupción de autoridades en estado de emergencia

PROPONEN EN EL CONGRESO

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Cadena perpetua para corrupción de autoridades en estado de emergencia

Cadena perpetua e incre­mento de penas para los de­litos de corrupción durante el estado de emergencia, así como la vacancia en el car­go para las autoridades que muestran incapacidad en la gestión pública durante este periodo es lo que proponen diversos parlamentarios.

CADENA PERPETUA

Los congresistas Javier Mendoza Marquina, Rubén Ramos, Jim Mamani y Alexander Lozano (UPP) plan­tean sancionar con cadena perpetua los delitos contra la administración pública cometidos durante el esta­do de emergencia.

El proyecto de ley 5389 busca modificar el artículo 401, inciso D, del Código Penal, para añadir como agravante en los delitos de corrupción y contra la administración pública la situación de emergencia nacional y sancionarlo con la prisión de por vida.

Con la misma sanción, el proyecto de ley 05051/2020-CR de la congresista Felicita Tocto Guerrero (SP) formula cas­tigar los delitos de colusión, simple y agravada, para quienes intervengan en su favor en las contrataciones, adquisiciones, concesiones de bienes y servi­cios durante la emergencia.

Para el delito de peculado doloso, culposo y malversación, también durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno, sugiere una pena no menor de 12 años y una máxima de cadena perpetua, y para el delito de negociación incompatible, una pena no me­nor de 6 años y una máxima de cadena perpetua.

INCREMENTO DE PENAS

El congresista Luis Carlos Simeón Hurtado (AP), en tanto, busca sancionar el uso indebi­do de los recursos destinados para la atención de la población durante la declaratoria de es­tado de emergencia nacional, modificando los artículos 46 y 50 del Código Penal.

El proyecto de Ley 5269/2020-CR propone para quien defraude patrimonial­mente al Estado con los recur­sos destinados al auxilio de personas durante estado de emergencia (peculado agra­vado), una prisión no menor de 10 ni mayor de 20 años, para el delito de peculado doloso y culposo penas entre 12 a 15 años y para malversación de fondos no menos de 8 ni más de 12 años de prisión.

Miguel Vivanco Reyes (FP), en tanto, plantea en el proyecto de ley 04998/2020-CR incremen­tar las penas para los funciona­rios y servidores públicos que cometen delitos de colusión y peculado durante el estado de emergencia.

Así propone considerar como agravante la situación de estado de emergencia para el delito de colusión simple y agravada sancionándolo con una pena no menor de 15 años ni mayor de 20; no menos de 12 ni más de 20 años para el delito de peculado doloso y culposo; y no menor de 10 ni más de 15 años para peculado de uso.

VACANCIA DEL CARGO

Por otro lado, el legislador Paul Gabriel García Oviedo (AP) busca incorporar como causal de suspensión en el cargo de las autoridades regionales y locales la incapacidad en la gestión para el manejo de una emergencia.

La suspensión excepcional, de acuerdo al proyecto de ley 05135/2020-CR, será aprobada por mayoría simple del con­sejo regional o el concejo municipal mientras dure la emergencia.

Para el gobernador re­gional o vicegobernador, la suspensión procede cuando la ejecución de gasto públi­co, en un tercio del paso de declaratoria del estado de emergencia, no superó el 30 %.

Carlos Simeón Hurtado (AP), por su parte, propone la vacancia de las autorida­des regionales y locales por incumplir con las disposicio­nes dadas por el Gobierno Nacional durante el estado de emergencia.

Plantea introducir en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipales la causal de incumplimiento de los lineamientos y me­didas de carácter temporal dados por el Gobierno Nacio­nal para anticipar, mitigar y dar respuesta a situaciones de necesidad de salud públi­ca, emergencias sanitarias o desastres, que pongan en riesgo la vida y la salud de las personas.

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Política

Transfieren dinero para financiamiento público de organizaciones políticas

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Transfieren dinero para financiamiento público de organizaciones políticas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la transferencia fi­nanciera y el otorgamiento mensual de la subvención del financiamiento público directo del 2020 a favor de las organizaciones políticas beneficiarias con represen­tación en el Congreso de la República.

Según la Resolución Jefa­tural 000157-2020-JN/ONPE, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el mon­to anual destinado para este fin es de 11 millones 848,061 soles.

En tal sentido, Acción Popular recibirá 1 millón 588,537 soles; seguido por Podemos Perú, 1 millón 394,458 soles; Frente Agrí­cola FIA del Perú, 1 millón 394,458 soles; Alianza para el Progreso, 1 millón 350,602 soles; y Partido Morado, 1 mi­llón 292,874 soles.

Asimismo, también fi­gura la transferencia para Fuerza Popular de 1 millón 262,859 soles; Unión por el Perú, 1 millón 227,278 soles; Frente Amplio, 1 millón 164,313 soles; y Somos Perú, 1 millón 153,120 soles.

El dispositivo establece, además, que se autoriza a la Gerencia de Administración a efectuar las transferencias in­terbancarias de la subvención del financiamiento público directo del 2020 en las cuen­tas del Banco de la Nación que las organizaciones políticas beneficiarias comuniquen a la ONPE.

Firma la resolución je­fatural el jefe interino de la ONPE, Manuel Cox Ga­noza.

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Política

Aprueban en comisión retiro del 95% de aportes al SNP

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Aprueban en comisión retiro del 95% de aportes al SNP

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen que permite a los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) con a los 65 años o más no lograron cumplir los requisitos para recibir una pensión obtener la devolución de sus contribuciones o elegir por una pensión extraordinaria de cesantía.

De acuerdo con la iniciativa que mereció el respaldo unánime del grupo de trabajo que preside el congresista Humberto Acuña (APP), los interesados podrán pedir la devolución del 95.5% de sus aportes acumulados y la ONP atenderá las solicitudes en un plazo máximo de 30 días hábiles.

El retiro será la mitad del monto en un plazo de 30 días hábiles desde la calificación favorable de la solicitud y la otra mitad se entregará a los 60 días hábiles computados a partir del primer desembolso.

El 4.5% del monto restante se transferirá al Seguro Social de Salud (Essalud) para que proceda a su aseguramiento y se garantice así la atención de su salud. La devolución de los aportes más los intereses res­pectivos dispuestos tendrán la condición de intangibilidad.

MEDIDA

EXTRAORDINARIA

De manera excepcional y por única vez, los exaportantes al SNP de 55 años o más, que no hayan acumulado 20 años de aportaciones, podrán optar por solicitar la devolución del 95.5% de los aportes acumu­lados o continuar aportando al SNP.

En el caso de los exapor­tantes del SNP que se encuen­tren actualmente afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), el retiro de sus aportes se puede realizar a través de un bono de reconocimiento transferido a su Administra­dora de Fondo de Pensiones (AFP) o pedir la devolución de su fondo.

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