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Economía

Buscan privatizar empresas estratégicas del Estado

Trabajadores de eléctricas estatales denuncian, y exigen derogar el D.S. 214-2019-EF, que dispone la venta de acciones de empresas públicas sin tope alguno.

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Weninger Vela Ríos, secretario general de la Federación de Luz y Fuerza del Perú.

Diario UNO dialogó con el secretario general de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú, Weninger Vela Ríos, quien alertó que está en marcha una privatización encubierta que pondría en peligro la ampliación de la frontera eléctrica y traería como consecuencia alzas en los recibos de luz, además de despidos de trabajadores. A continuación sus declaraciones:

— Entendemos que ustedes cuestionan el D.S. 214-2019-EF que regula la participación accionaria del sector privado en las empresas del Sector Público No Financiero bajo el ámbito del FONAFE, ¿por qué?

— Porque el Artículo 3 de esa norma, dice a la letra: “El nivel de participación accionaria de un inversionista o grupo económico del sector privado en las empresas del Sector Público No Financiero bajo el ámbito del FONAFE, requerido para aplicar la excepción contenida en la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1436, se fija en al menos el treinta por ciento (30%) de las acciones con derecho a voto de su capital social”.

— ¿Y acaso no se necesita del capital privado?

— Reiteramos con toda firmeza que, para los trabajadores, esta norma no es más que una forma encubierta de privatización y, peor aún, lo que preocupa sobremanera es que esta norma no señala topes, pues si un empresario, sin haber pasado ningún filtro, decide comprar por encima del 30% de las acciones lo hará para luego ser el propietario absoluto de la empresa, por lo tanto, señalamos enfáticamente que las privatizaciones encubiertas, como la que se pretende llevar a cabo a través del Decreto Supremo N° 214-2019-EF, son inviables en el país.

— ¿Usted cree realmente eso?

— Sí y con mayor razón si tenemos en cuenta que los interesados en llevar a cabo este proceso son políticos, gobernantes, ministros y funcionarios involucrados en cuestionados procesos de privatización y concesión. Los trabajadores y el pueblo no permitiremos procesos desnacionalizadores como los que se llevaron a cabo en el gobierno fujimorista y que pretendieron continuar los regímenes posteriores; por el contrario, se debe fortalecer a las empresas eléctricas estatales, concordante con el proyecto de descentralización, para que de esa manera se continúe con la expansión de la frontera eléctrica en nuestro país.

— En ese contexto, ¿qué piensan de las declaraciones del señor Dionisio Romero Paoletti, quien ante la fiscalía reconoció aportes por 3.65 millones de dólares para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el año 2011?

— Esa declaración corrobora y afirma lo que los trabajadores organizados veníamos denunciando por mucho tiempo sobre: que eran los poderosos empresarios los que ponían a los gobernantes quienes una vez ya constituidos en Palacio de Gobierno, gobernaban y gobiernan para devolver estos favores, por supuesto, en perjuicio de los peruanos de a pie y los trabajadores en general. Sin embargo nuestras denuncias fueron utilizadas para que estos empresarios nos tilden de comunistas y hasta de terroristas.

— Pero, más allá de eso…

— Todo esto explica la ineficacia gubernamental en que vivimos y pone en evidencia la poca capacidad de gestión que trae como consecuencia el alto índice de corrupción que vive nuestro país desde hace más de medio siglo.

— ¿Por lo menos el ciudadano de a pie confía en que el presidente Martín Vizcarra encontrará una salida a los problemas que aquejan al país?

— Con Martín Vizcarra la historia se repite ante un impotente Estado que no es capaz de poder enfrentar aquellos gremios empresariales que demuestran haber manipulado presidentes, poniendo en riesgo la economía y que todo esto nos conlleve a unas crisis, sociales, políticas y morales que azotan a nuestros pueblos debido a la sumisión y acatamiento al poder supranacional nada democrático, representada por estos empresarios, en el ámbito nacional; el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, (FMI – BM) quienes sin contemplación alguna siguen aplicando el modelo económico neoliberal.

— Claro, hay motivos para pensar que se requieren ajustes en el modelo económico, pero…

— Estas políticas, o ajustes estructurales siguen “enfermando” de pobreza, desempleo, delincuencia y recesión, a nuestros pueblos, y lejos de dar una solución a estos problemas, los profundizan más y más. Por ello en poco o nada han aportado los partidos políticos, en la consolidación de una democracia económica. La gobernabilidad de nuestro país no funciona, porque los partidos políticos y sus representantes, en las diferentes instituciones gubernamentales, como el Congreso, están sumergidos en la laguna de una profunda crisis moral…

— Volviendo al tema del que hablábamos, el director ejecutivo del Fonafe ha anunciado que las 35 empresas bajo el ámbito de ese holding estatal, han logrado buenos resultados económicos este año, por lo que sus utilidades se incrementarían en un 20%.

— Exactamente, y si recurrimos a la información del Fonafe sobre el estado financiero actual de las empresas eléctricas, vamos a encontrar que todas están en buena posición, además las empresas eléctricas estatales, pese a tener concesión en el interior del país y en zonas de pobreza y extrema pobreza, son viables y tienen rentabilidad económica y social, habiendo obtenido la certificación ISO.

— Bueno en tiempos de incertidumbre las empresas estatales tienen ventaja porque sus metas son concretas, llegar a mayor número de usuarios, por ejemplo, ¿no?

— Incluso, en casos de catástrofe o terremoto como el de Pisco en 2007, varias empresas eléctricas estatales fueron las primeras en apoyar para el restablecimiento del servicio eléctrico en las zonas de desastre, por el contrario, las empresas eléctricas privadas brillaron por su ausencia. El Perú es uno de los pocos países que evita la concentración y el monopolio, precisamente por la vigencia y existencia de empresas eléctricas estatales y privadas.

TOrres de alta tensión

— ¿Una privatización encubierta como la que usted denuncia pondría en peligro la ampliación de la frontera eléctrica, por ejemplo?

— En la actualidad hay aproximadamente tres millones quinientos mil peruanos que aún no tienen energía eléctrica, ellos están ubicados en las ciudades o pueblos alejados y más pobres del país, donde, el empresario privado definitivamente no va a invertir ni un sol, porque lo que ellos buscan por sobre todas las cosas es la ganancia, el lucro, por lo tanto no les sería rentable económicamente, entonces nos preguntamos ¿para qué privatizar las empresas eléctricas? si anteriormente procesos de esta naturaleza ya fracasaron.

— Los privatistas dicen que hay que modernizar…

—Mire, cuando se entregaron al capital privado cuatro empresas eléctricas del centro y norte del país, no invirtieron ni un sol en la ampliación de la frontera eléctrica por las razones ya mencionadas; concluimos, entonces, en que cuando Electrocentro S.A. – Huancayo, Hidrandina S.A. – Trujillo, Electronorte S.A. – Chiclayo y Electronoroeste S.A. – Piura, retornan a la administración del Estado, desde el 2001 hasta la actualidad, crece la cobertura eléctrica en los pueblos de la jurisdicción de estas empresas, es decir son rentables socialmente.

— ¿Pero la economía de esas empresas es realmente sana en la actualidad?

— Conforme a la información de Fonafe podemos señalar que el año 2018 en el Balance Gneral, apreciamos el nivel de Activos que llegan a los S/. 10,540 millones y un Patrimonio de S/. 6,389.4 millones. La Deuda Total del grupo que es expresada en el Pasivo llegó a los S/. 4,151.7 millones y cómo podemos observar no compromete al Activo y el Patrimonio.

— ¿En otras palabras?

— En otras palabras, la deuda total de las empresas no tiene un nivel que puedan afectar el Activo y el Patrimonio. En cuanto a resultados, los Ingresos ascendieron a S/. 5,098.2 millones, con una Utilidad Neta de S/. 609.2 millones; también es importante resaltar que las empresas del grupo pagaron el 2018 S/. 294.9 millones por concepto de Impuesto a la Renta.

— De prosperar lo que ustedes denominan privatización encubierta, ¿qué consecuencias podría tener para el país?

— Se dejaría sin servicio a millones de peruanos en las zonas más pobres del país, donde el capital privado jamás invertirá teniendo en cuenta que solo busca rentabilidad, postergando la inversión social, Asimismo, se pondría en riesgo la soberanía energética, así como los servicios públicos de salud, educación, agua y electricidad, los mismos que son de responsabilidad del Estado.

— ¿El Estado renunciaría, entonces, a su obligación de brindar los servicios esenciales?

La actual política del presidente Martín Vizcarra está llevando a que el Estado renuncie a su obligación de brindar los servicios esenciales a la población, favoreciendo a la élite económica del país en la obtención del lucro, sin importar que esto signifique elevar las tarifas y costos de los servicios públicos, y restringiendo estos servicios solo a lugares “rentables”, con lo cual se dejaría en el desamparo a vastos sectores del territorio nacional y a la población necesitada y vulnerable

Recibo de luz electricidad

— ¿Bueno, pero qué acciones piensan realizar para evitar la privatización de las empresas eléctricas, que además son empresas estratégicas del Estado?

— En primer lugar denunciaremos que las privatizaciones encubiertas, como la que se pretende llevar a cabo a través del Decreto Supremo N° 214-2019-EF, son inviables en el país, y con mayor razón si tenemos en cuenta que los proponentes o interesados en llevar a cabo este proceso son políticos, gobernantes, ministros y funcionarios involucrados en cuestionados procesos de privatización y concesión.

— ¿Y luego?

Lo segundo es dejar expresa constancia de que los trabajadores y el pueblo no permitiremos procesos desnacionalizadores como los que se llevaron a cabo en el gobierno fujimorista y que pretendieron continuar los regímenes posteriores; por el contrario, se debe fortalecer a las empresas eléctricas estatales, concordante con el proyecto de descentralización, para que de esa manera se continúe con la expansión de la frontera eléctrica en nuestro país.

— Ya se han reunido para tratar este asunto, ¿verdad?

— La federación de trabajadores de luz y fuerza del Perú ha realizado dos audiencias públicas una en la ciudad de Arequipa y otra en Trujillo, eventos donde han participado dirigentes sindicales de las diferentes bases de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú, dirigentes del Frente de Defensa de las Empresas Estratégicas del Estado, así como delegados de diversas organizaciones sindicales, populares y políticas representativas de la Región Macro Sur y Norte.

— ¿Y qué han acordado allí?

— Entre otras cosas, hemos acordado exigir al presidente Martin Vizcarra y su gabinete ministerial, la derogatoria del Decreto Supremo N° 214-2019-EF, así como promover un cambio de la Constitución para terminar con las privatizaciones de las empresas estratégicas del Estado y los servicios esenciales, restableciéndose el rol promotor del Estado en estas empresas. Nuestra lucha debe alcanzar trascendencia nacional, con acuerdo de las audiencias públicas a realizarse en las principales ciudades del país, hasta lograr el cese de todos los procesos de privatización bajo cualquier modalidad.

— ¿Algo más?

— Efectuar la III Audiencia Pública en una fecha prudente, en un lugar por determinar previo análisis. También hemos acordado declarar traidores a la nación a todos los gobiernos que han privatizado el patrimonio nacional.

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Títulos y capítulos que se debe mejorar

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Títulos y capítulos que se debe mejorar

Una revisión somera de la Constitución Política de 1993 nos indicaría los principales títulos y capítulos a modificar. Los ajustes intermedios habría que estable­cerlos sobre el título de régimen económico y estructura del Esta­do; mientras que serían menores en los casos de persona y sociedad y, Estado y la Nación. A nuestro juicio los títulos sobre garantías constitucionales y la reforma de la constitución no requerirían de ajustes.

La lista de temas para discutir y concertar (o en su caso precisar) puede tener dos niveles de profun­didad; una agenda mínima y una máxima. Somos de la idea que hay que situarnos en una posición intermedia que postule modifica­ciones concretas a la Carta Magna; no son tiempos para discutirla to­talmente. Como se ha señalado en otras oportunidades se puede par­tir desde los temas más vinculado a la pandemia y a las necesidades de las personas fortaleciendo la garantía plena a los derechos a la alimentación sana y suficien­te, salud, educación en todos los niveles, vivienda digna y acceso a servicios públicos de calidad, acce­sibles y asequibles.

Hay que relievar la importan­cia de las personas y ciudadanos al centro y los negocios como un me­dio, no un fin en sí mismo. Se debe insistir en un Estado con mayores capacidades y recursos, eficaz y eficiente en un nuevo balance más equilibrado con el mercado. Descentralización fiscal a la par de gobiernos regionales y locales con mayores recursos y responsa­bilidades. De acuerdo a los nuevos tiempos hay que incidir en un Es­tado para la transición ecológica con ordenamiento territorial y economía circular. Asimismo, me­jorar el rol de los trabajadores, la defensa de los derechos laborales y sus remuneraciones incluida la mención explícita a la remunera­ción mínima vital. También sería positivo la priorización de las mo­dalidades empresariales autoges­tionarias y cooperativas.

DEFENSA DE CONSUMIDORES

En línea con lo anterior habría que establecer constitucionalmen­te la priorización de la defensa de los derechos los consumidores o usuarios finales respecto de los otros actores en Indecopi y los re­guladores sectoriales. Durante la pandemia algunos de estas insti­tuciones tuvieron comportamien­tos sesgados a favor de las empre­sas reguladas afectando el interés público. De manera complemen­taria habría que insistir en el es­tablecimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo y de res­ponsabilidad social empresarial en todas las empresas públicas de los diferentes niveles de gobierno. De ninguna forma se trataría de mantener la forma tradicional de operación de estas firmas.

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Destacar importancia del planeamiento estratégico

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Destacar importancia del planeamiento estratégico

En una mirada con perspectiva para el mediano y largo plazo se debe destacar la importancia del planeamiento estratégico en los di­ferentes ámbitos nacional, regional y local; como base del resto de siste­mas de gestión pública en particu­lar del presupuesto, programación de la inversión pública y de coordi­nación de inversiones en asociacio­nes público privadas. No se trata de volver a fórmulas del pasado, sino que se alinee el planeamiento con señales de mercado, sea integral, ágil, oportuno y útil.

En la Constitución deben prio­rizarse las actividades de ciencia, tecnología e innovación entendién­dolas como el vehículo para hacer frente al futuro a través de nuevos y mejores procesos de producción y a la mejora de la calidad de vida de la población. Hay que incorporar, en lo que corresponda, las políticas de Estado acordadas en el Foro del Acuerdo Nacional. Otra palabra que debe quedar impresa es la necesi­dad de diversificar nuestro aparato productivo sin menoscabo de las actividades extractivas desarrolla­das en armonía con el ambiente y la sociedad. Priorizar la agricultura campesina y el desarrollo rural. Es­tablecer los criterios de la relación de los sectores extractivos con las comunidades y el medio ambiente, señalando quizás que las empresas privadas deben adscribirse a la Res­ponsabilidad Social Empresarial y a la Creación de Valor compartido.

Como en la Constitución chi­lena hay que establecer mayores facultades de intervención y regu­lación en condiciones de emergen­cia nacional. La Carta Magna debe incluir una preocupación para fre­nar la elevada desigualdad y los ins­trumentos para mitigarla. Sentar las bases para alcanzar una mayor justicia fiscal (progresividad y rein­geniería tributaria) dotando al Esta­do de mayores recursos, exigiendo eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público. Hay otros temas importantes como igualar el trato a la inversión extranjera al nivel de la nacional; la priorización de los De­rechos Humanos y de las instancias internas para la solución de contro­versias como promueve la Unctad. Endogenizar las respuestas de la po­lítica monetaria y fiscal anticíclica ante reducciones significativas en los niveles de ocupación y empleo, tal como lo hace la Reserva Federal y el gobierno estadounidense.

 

ALGO MÁS

A pesar de la convulsionada situación política hay que aceptar el reto del Pacto Perú. Es una oportunidad perfecta para avanzar en la búsqueda de consensos en los temas propuestos, precisar los que están en cartera en el Foro del Acuerdo Nacional y en todos los otros que se han comentado aquí. Desafortunadamente, la evidencia históri­ca muestra que este tipo de convocatoria a menos de un año de terminar el mandato han sido infructuosas. Sin embargo, a pesar de todo puede ser muy útil para que los diferentes actores sociales y políticos definan agendas y plataformas programáticas precisas para el proceso electoral del 2021. Hay que hacer política con P mayúscula.

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Fraccione deudas pendientes

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Fraccione deudas pendientes

Las personas naturales y empresas con deudas pen­dientes de pago por tesoro público o EsSalud pueden solicitar el aplazamiento hasta por seis meses y/o el fraccionamiento hasta en 36 cuotas mensuales, a una tasa de interés mensual del 0.4% y de esta manera poder contar con recursos finan­cieros para la atención de sus necesidades básicas y el desarrollo de sus actividades comerciales.

Se pueden fraccionar deudas exigibles y pendientes de pago en cualquier estado (en cobranza, reclamada, ape­lada, demanda contenciosa administrativa o en proceso de amparo).

Entre las deudas pendien­tes que se pueden aplazar o fraccionar están las referidas a IGV, Pagos a cuenta del Im­puesto a la Renta de tercera categoría de los meses enero, febrero y marzo del 2020, y los saldos de fraccionamien­tos anteriores.

Asimismo, las contribu­ciones a Essalud, las deudas por multas; y liquidaciones de cobranzas de tributos aduaneros, vinculados a re­soluciones de determinación y multas.

Con la presentación de la solicitud de acogimiento al Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF), el contribuyente se desiste de cualquier medio impug­natorio de la deuda (en re­clamación, apelación o pen­diente de pronunciamiento en el Poder Judicial o Tribunal Constitucional).

No están comprendidas las deudas que a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento todavía no sean exigibles, así como los tribu­tos retenidos o percibidos, la deuda concursal o en procesos de liquidación judicial o ex­trajudicial, los recargos y los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 2020, excepto los que corresponden a los periodos de enero, febrero y marzo.

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